Lisianthus 3

170. A las personas titulares de las Consejerías, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, les corresponderán: Desempeñar la Jefatura Superior de Personal. Nombrar y cesar a los titulares de puestos de trabajo de libre designación. Ambas respuestas son verdaderas.

171. Según el Decreto 212/1991 de organización de los departamentos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia presupuestaria no son funciones de las secretarías generales técnicas: Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Departamento integrando las propuestas de los demás órganos. Coordinar la elaboración de los presupuestos de los organismos autónomos, así como los presupuestos de explotación y capital y los programas de actuación, inversiones y financiación de las empresas públicas y participadas dependientes funcionalmente del Departamento. Autorizar disponer y efectuar las modificaciones presupuestarias.

172. Según el Decreto 212/1991 de organización de los departamentos de la Comunidad Autónoma de Canarias, las personas titulares de las Direcciones Generales: Salvo lo establecido en norma leqal las direcciones qenerales tienen competencia para incoar y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones calificadas como leves. En ningún caso, las direcciones generales tienen competencia para incoar y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones calificadas como leves. Las direcciones generales tienen competencia para incoar y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones calificadas como leves, salvo que una norma legal les autorice para resolver las graves y muy graves.

173. Según el Decreto 212/1991 de organización de los departamentos de la Comunidad Autónoma de Canarias: Las jefaturas de servicio, sección y negociado son cubiertas de entre empleados públicos, en los términos que precise la correspondiente relación de puestos de trabajo, mediante los procedimientos de concurso de méritos o libre designación con convocatoria pública regulados por la Ley de la función pública canaria. Las jefaturas de servicio, sección y negociado son cubiertas de entre funcionarios de carrera o interinos, mediante los procedimientos de concurso de méritos o libre designación con convocatoria pública regulados por la Ley de la función pública canaria. Las jefaturas de servicio, sección y negociado son cubiertas de entre funcionarios de carrera, en los términos que precise la correspondiente relación de puestos de trabajo, mediante los procedimientos de concurso de méritos o libre designación con convocatoria pública reculados por la Ley de la función pública canaria.

174. Según el Decreto 212/1991 de organización de los departamentos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación a los Jefes/as de Servicio, les corresponderá: Instruir y formular la propuesta de resolución en aquellos procedimientos en que deban resolver los órganos departamentales a que estén adscritos y resolver los procedimientos reglados que consistan en la simple confrontación de hechos o en la aplicación automática de normas. Notificar las resoluciones administrativas y expedir certificaciones de los expedientes que tramiten o cuyos antecedentes custodien. Ambas respuestas son verdaderas.

175. Según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias respecto de las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma: Se ejercen de forma íntegra, la potestad de dirección política, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, sin perjuicio de la concurrencia de otros títulos competenciales del Estado y los Cabildos. Se ejercen de forma integra, la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en todo caso. Se ejercen de forma integra, la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva sin perjuicio de la concurrencia de otros títulos competenciales del Estado.

176. Según lo dispuesto en el artículo 97 del Estatuto de Autonomía de Canarias respecto de las competencias ejecutivas de la Comunidad Autónoma: Corresponden a la Comunidad Autónoma, en todo caso, la potestad de organización de su propia administración, así como las potestades de inspección y de sanción y, en general, todas aquellas funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración Pública. Además, la potestad reglamentaria, que comprende la aprobación de reglamentos internos de orqanización de los servicios. Corresponden a la Comunidad Autónoma, en todo caso, la potestad de ejecución de su propia administración y de las entidades locales, así como las potestades de inspección y de sanción y, en general, todas aquellas funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración Pública. Además, la potestad reglamentaria, que comprende la aprobación de reglamentos internos de organización de los servicios. Corresponden a la Comunidad Autónoma, en todo caso, la potestad de organización de su propia administración, asi como las potestades de exacción, presupuestos y expropiación y, en general, todas aquellas funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración Pública. Además, la potestad legislativa limitada.

177. Según el Estatuto de Autonomía de Canarias en su artículo 114.1: Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exdusiva en materia de planificación y promoción de la actividad económica en Canarias, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 149 1 11 a y 13 a de la Constitución. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia ejecutiva en materia de planificación y promoción de la actividad económica en Canarias, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 149.1.11.a y 13.a de la Constitución. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia ejecutiva en materia de planificación y promoción de la actividad económica en Canarias, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 149.1.29.a y 20.a de la Constitución.

178. Según el artículo 121 del Estatuto de Autonomía de Canarias la competencia en materia de consumo: Se considera exclusiva para la Comunidad Autónoma de Canarias. Se considera de desarrollo legislativo para la Comunidad Autónoma de Canarias. Se considera ejecutiva para la Comunidad Autónoma de Canarias.

179. En materia de universidades, el artículo 134 del Estatuto de Autonomía de Canarias dispone que: Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, respetando la autonomía universitaria, la competencia de desarrollo legislativo en materia de enseñanza universitaria. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, respetando la libertad de cátedra, la competencia de ejecución en materia de enseñanza universitaria. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias respetando la autonomía universitaria la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de enseñanza universitaria.

180. El artículo 137.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece que (señale la correcta): Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre el patrimonio cultural sin perjuicio del artículo 149.2 de la Constitución. En todo caso la competencia no incluye la regulación del régimen jurídico de los bienes, actividades y demás manifestaciones que lo integran por sus valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos, paleontológicos, científicos o técnicos. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre el patrimonio cultural, sin perjuicio del artículo 149.3 de la Constitución.

181. La modulación de la normativa estatal por razón de la condición ultraperiférica de Canarias que predica el artículo 101 del Estatuto de Autonomía viene referido a: Que la normativa que dicte el Estado en el ejercicio de sus competencias, sean exclusivas o compartidas, tendrá en cuenta las singularidades derivadas del carácter ultraperiférico de Canarias reconocidas por la Unión Europea. Que la normativa que dicte Canarias en el ejercicio de sus competencias, sean exclusivas o compartidas, tendrá en cuenta las líneas dispuestas por la Constitución española y la legislación básica estatal al ser un territorio ultraperiférico. Que la normativa exclusiva que dicte el Estado en el ejercicio de sus competencias tendrá en cuenta las singularidades derivadas del carácter ultraperiférico de Canarias reconocidas por la Unión Europea y los tratados internacionales.

254. Dispone el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales que los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores podrán ser usados con fines discriminatorios o en perjuicio del trabajador: Sólo en caso de enfermedades contagiosas. Si, siempre que se notifique al trabajador afectado. No en ningún caso.

255. El incumplimiento de los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales: Dará Iugar a su despido inmediato de la empresa o perdida de la condición de funcionario público. No Ileva aparejada ninguna consecuencia si no se produce muerte del trabajador. Tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, según la normativa de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos o del Personal Estatutario al servicio de las Administraciones Publicas.

256. “El conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asistiendo y asesorando para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados” es, de acuerdo con la Ley 31/1995, la definición de: Comité de seguridad y Salud. Delegados de Prevención. Servicio de Prevención.

257. El artículo 26 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales recoge medidas de protección adicionales para: Las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto. El personal con edad superior a los 62 años, para aquellos trabajos que puedan generar un riesgo en su salud. El personal que trabaja con animales peligrosos.

258. Según la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales corresponde a: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Servicios de Medicina Preventiva.

259. Los delegados de prevención serán: Nombrados entre los trabajadores con titulación de técnico básico en prevención de riesgos laborales. Designados por y entre los representantes de los trabajadores. Son designados por la autoridad sindical estatal.

260. De acuerdo a lo indicado en la Ley 31/1995, la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo constituye. Daño en el trabajo. Riesgo Laboral. Condición a soportar de la relación laboral.

261. De acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario podrá: Designar uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad. Constituir un servicio de prevención propio. Las opciones anteriores están previstas en la Ley 31/1995.

262. Según el art. 35 de la Ley 35/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, los delegados de Prevención serán designados de manera que: De 100 a 500 trabajadores le corresponden 3 delegados. De 501 a 1000 trabajadores le corresponden 4 delegados. De 2000 a 3000 trabajadores le corresponden 6 delegados.

263. De acuerdo con el art. 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, tendrán el deber de: Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos imprevisibles, I máquinas, aparatos, herramientas y en general cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Informar de inmediato a la autoridad laboral, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe por motivos razonables un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.

264. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, para constituir un Comité de Seguridad y Salud ¿Qué número mínimo de trabajadores debe tener la empresa?. 30. 40. 50.

265. ¿Qué norma regula la inspección de trabajo?. Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ley 8/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ley 20/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

266. ¿En qué norma están reguladas las infracciones y sanciones en materia de prevención de riesgos Iaborales‘7. En la normativa de riesgos laborales, esto es, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Desde el año 2000 en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En la Ley General de la Seguridad Social.

267. En virtud de lo dispuesto en el Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos, señala la opción correcta: La designación de Delegado de Prevención podrá recaer en aquellos funcionarios y funcionarias de carrera que preste sus servicios en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos. El número de Delegados de Prevención que podrán ser designados, por cada Departamento, Administración de Justicia, Área de Salud o Centro Educativo o el Servicio Canario de Empleo, se ajustará a la escala establecida en la normativa vigente, designándose un delegado más, por cada cien trabajadores a partir de los 1000 empleadas y empleados. Los Delegados de Prevención serán designados y distribuidos por las organizaciones sindicales de forma proporcional a la representatividad que cada una de éstas ostente en los órganos de representación del personal funcionario, estatutario y laboral del sector respectivo.

268. ¿En virtud de lo dispuesto en el Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, quiénes dictarán las instrucciones precisas en materia de prevención de riesgos laborales?. Los titulares de los Órganos de los que dependen los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Los Delegados de prevención elegidos democráticamente. Las Secretarias Generales Técnicas.

269. De conformidad con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, con las adaptaciones correspondientes para la Administración previstas en el Decreto 168/2009, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el sistema de prevención se someterá a una auditoría o evaluación externa. ¿Quién se encargará de llevarla a cabo: La Dirección General de Trabajo a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral, como órgano técnico en materia preventiva de la Comunidad Autónoma, en colaboración con la Inspección General de Servicios y al Servicio Canario de la Salud para la auditoria del sistema en lo referente a la vigilancia de la salud de los empleados públicos. La intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, al Servicio Canario de la Salud para la auditoría del sistema en lo referente a la vigilancia de la salud de los empleados públicos. La Dirección General de Trabajo a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral, como órgano técnico en materia preventiva de la Comunidad Autónoma, en colaboración con la Intervención General Delegada de dicha Consejería, y al Servicio Canario de la Salud para la auditoría del sistema en lo referente a la vigilancia de la salud de los empleados públicos.

271. En relación a las posibles responsabilidades derivadas de los incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral, señale la opción correcta: El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará Iugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento. El incumplimiento por los sindicatos de clase de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales en empresas de más de 3 trabajadores dará Iugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento. El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará Iugar a responsabilidades sociales, así como, en su caso, a responsabilidades civiles y mercantiles.

286. ¿Qué artículo del Estatuto de Autonomía de Canarias regula las asignaciones complementarias para compensar los sobrecostes derivados de la condición ultraperiférica y el déficit en la prestación de los servicios públicos básicos que pueda producirse por el factor poblacional, por razones derivadas de las características diferenciadas de la economía canaria y de la fragmentación territorial. El artículo 177. El artículo 167. El artículo 157.

311. ¿Cuál es la fuente típica del Derecho administrativo?. La doctrina. El Reglamento. La costumbre.

312. Una de las siguientes características que se citan de los Reglamentos es incorrecta: Son disposiciones de naturaleza normativa. Ha de emanar y proceder del poder Legislativo. Generalmente, complementan a la Iey.

313. Respecto a la Iey, el Reglamento constituye una norma: Prioritaria. Superior. Complementaria.

317. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Así se indica textualmente en: El artículo 128 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. El artículo 129 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

319. Según lo dispuesto en el Decreto 15/2016, 11 marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura, ¿puede presentarse simultáneamente el texto articulado con el informe de iniciativa?. SÍ se puede ya que no será necesaria la fase previa de pronunciamiento del Gobierno sobre la procedencia de la iniciativa, por lo que el texto articulado podrá presentarse simultáneamente con el informe de iniciativa. No se puede, ya que se necesita la fase previa de pronunciamiento del Gobierno sobre la procedencia de iniciativa. Sí se puede, pero sólo de las iniciativas reglamentarias que no impliquen un aumento del presupuesto.

320. Según lo dispuesto en el Decreto 15/2016, 11 marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura, señale cuáles de estos documentos deberá contener el informe de iniciativa reglamentaria: Memoria económica, que deberá dar respuesta precisa a las cuestiones planteadas en los numerales de la norma decimoquinta. Explicación y evaluación de los aspectos relacionados con el proceso de participación ciudadana que, en su caso, se hubiera seguido. Ambas respuestas son verdaderas.

321. Según lo dispuesto en el Decreto 15/2016, 11 marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura, en relación al informe de iniciativas de reglamentos orgánicos, señale la opción correcta: Comprenderá el análisis pormenorizado de las áreas funcionales afectadas, la justificación de la propuesta de distribución de competencias en cada sector material de funciones, los organigramas que expresen con claridad gráfica la posición jerárquica de los distintos órganos en la estructura del departamento y el régimen de sus relaciones administrativas y la valoración económica todo ello de acuerdo con su normativa especifica. Comprenderá el análisis pormenorizado de las áreas funcionales afectadas, la justificación de la propuesta de distribución de competencias en cada sector material de funciones, y el régimen de sus relaciones administrativas y la valoración económica, todo ello de acuerdo con su normativa específica. Opcionalmente, podrá incorporar un anexo con los organigramas que expresen con claridad gráfica la posición jerárquica de los distintos órganos en la estructura del departamento. Comprenderá el análisis pormenorizado de las áreas funcionales afectadas, la justificación de la propuesta de distribución de competencias en cada sector material de funciones. Sólo en el caso de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, los organigramas que expresen con claridad gráfica la posición jerárquica de los distintos órganos en la estructura del departamento y el régimen de sus relaciones administrativas y la valoración económica, todo ello de acuerdo con su normativa especifica.

322. Según dispone la Ley 4 /2023 de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, señale la opción correcta: Las comisiones delegadas del Gobierno podrán dictar reglamentos cuando sean habilitadas para ello por la Iey y dentro del ámbito propio de su competencia. Las comisiones delegadas del Gobierno no podrán dictar reglamentos en ningún caso. Las comisiones del Gobierno podrán dictar reglamentos cuando sean habilitadas para ello por la Iey y dentro del ámbito propio de su competencia y siempre y cuando estas no sean delegadas.

323. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 4/2023 de la Presidencia y del Gobierno de Canarias cuál de las siguientes no es una forma de disposición reglamentaria: Orden de los Directores. Decretos. Decretos de Comisión Delegada.

324. De conformidad con la Ley 4/2023, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias: El Gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad y de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía, podrá dictar normas con rango de Iey, que recibirán el nombre de decretos legislativos. El Gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad y de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía, podrá dictar normas con rango de Iey, que recibirán el nombre de decretos leyes. El Gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad y de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía, podrá dictar normas con rango de Iey, que recibirán el nombre de decretos delegados.

325. Uno de los objetos que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas. ¿Cuál es la justificación jurídica de esta reserva material. El Preámbulo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957. El artículo 149.1.18 de la Constitución española de 1978.

326. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, ¿a qué se refiere el concepto de validez de un acto administrativo?. La validez de un acto administrativo se refiere a la capacidad de este para generar efectos ante terceros. La validez de un acto administrativo se refiere exclusivamente a que la notificación del mismo se haya practicado de forma satisfactoria. La validez de un acto administrativo se refiere a la adecuación a derecho de todos sus elementos.

327. El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, que es objeto de regulación por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿incluye el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas?. No, el procedimiento de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas se regula en el Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial . Sí, el procedimiento de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas se incluye en el procedimiento administrativo común, aunque la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deriva su regulación al Real decreto 429/ 1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba et Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. Sí.

328. ¿Pueden incluirse trámites adicionales o distintos de los contemplados en la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre?. Sí, mediante disposición administrativa y de manera motivada. SI, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento. Solo mediante Iey cuando resulte eficaz proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.

329. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas: Podrán dictarse de oficio y a instancia del interesado. Requieren de su producción por órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. Ambas opciones son correctas.

330. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso. La fecha en que se notifiquen, en cualquier caso. La fecha en que se dicten salvo que en ellos se disponga otra cosa.

331. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse éste presente en el momento de entregarse la notificación, y si nadie se hiciera cargo de la misma: Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, dando por efectuado el trámite. Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez, y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez, y en una hora distinta dentro de los dos dias siguientes.

332. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la nulidad o anulabilidad de un acto administrativo: Va a implicar la nulidad o anulabilidad de los sucesivos en el procedimiento, en todos los casos que el interesado así lo solicite. No implicará la nulidad o anulabilidad de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Implicará la de los sucesivos en el procedimiento, sean o no independientes del primero, siempre que se trate de actos desfavorables o de gravamen.

333. Según la Ley 39/2015, las notificaciones se practicarán: Siempre por medios electrónicos. Siempre en papel. Preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

334. En relación con los actos administrativos nulos, señale la respuesta falsa: La Administración podrá convalidarlos, subsanando los vicios de los que adolezcan. La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Los actos nulos que contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.