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1. Conforme al artículo 3.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Base de Régimen Local, son Entidades Locales territoriales: a) El Municipio y la Isla en el archipiélago balear y canario. b) El Municipio, la Provincia, la Isla en el archipiélago balear y canario y los organismos autónomos vinculados a los mismos. c) El Municipio, la Provincia, la Isla en el archipiélago balear y canario, las Comarcas, Las Áreas Metropolitanas y Las Mancomunidades de Municipios. d) El Municipio, la Provincia, la Isla en el archipiélago balear y canario.

2. El reconocimiento de que las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos aparece contemplado en: a) El artículo 140 de la Constitución. b) El artículo 141.1 de la Constitución. c) El artículo 141.4 de la Constitución. d) El artículo 142 de la Constitución.

3. Conforme a la Disposición adicional decimocuarta.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Base de Régimen Local, Régimen especial de organización de los Cabildos Insulares canarios, serán órganos insulares necesarios de los Cabildos: a) El Pleno, el Presidente, Vicepresidente y el Consejo de Gobierno Insular. b) El Pleno, el Presidente, la Junta de portavoces y el Consejo de Gobierno Insular. c) El Pleno, el Presidente y el Consejo de Gobierno Insular. d) Pleno, el Presidente, las Comisiones de Pleno y el Consejo de Gobierno Insular.

4. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18.2 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el acta de cada sesión de un órgano colegiado podrá aprobarse: a) Únicamente en la sesión inmediata siguiente. b) Únicamente en la misma reunión, tras someter a votación el acta al finalizar la sesión. c) En la misma reunión, tras someter a votación el acta al finalizar la sesión, o en la inmediata siguiente. d) En la misma reunión o en la inmediata siguiente. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 77 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, las sesiones del Pleno pueden ser: a) Ordinarias y Extraordinarias. b) Ordinarias, Extraordinarias y de Emergencia. c) Ordinarias, Extraordinarias, Extraordinarias de carácter urgente y de Emergencia. d) Ordinarias, Extraordinarias, Extraordinarias de carácter urgente.

6. Conforme a lo dispuesto en el artículo 79 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, las sesiones convocadas por el Alcalde o Presidente cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles, exigida por la Ley 7/1985, de 2 de abril, son: a) Sesiones urgentes. b) Sesiones de emergencia. c) Sesiones extraordinarias urgentes. d) Sesiones extraordinarias de emergencia.

7. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril de cabildos insulares, en cuanto su naturaleza, los cabildos insulares son: a) Órganos de gobierno, administración y representación de cada una de las siete islas en que se articula territorialmente la Comunidad Autónoma de Canarias. b) Instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como órganos de gobierno, administración y representación de cada una de las siete islas en que se articula territorialmente la Comunidad Autónoma de Canarias. c) Órganos de gobierno y administración de cada una de las siete islas en que se articula territorialmente la Comunidad Autónoma de Canarias y de representación de la Comunidad Autónoma de Canarias. d) Instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como órganos de gobierno y administración de cada una de las siete islas en que se articula territorialmente la Comunidad Autónoma de Canarias.

8. De acuerdo con el artículo 6.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril de cabildos insulares, qué ámbito competencial no tienen atribuido los cabildos insulares: a) Las funciones propias de la Agencia de Extensión Agraria. b) Patrimonio histórico-artístico insular. c) Turismo. d) Educación.

9. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 8/2015, de 1 de abril de cabildos insulares, respecto a la forma de las normas y de los actos de los cabildos insulares, adoptarán la forma de resolución: a) Las normas y actos del presidente del cabildo insular. b) Los actos del presidente del cabildo insular. c) Únicamente los actos de los consejeros insulares en el ejercicio de sus competencias. d) Los actos de los consejeros insulares en el ejercicio de sus competencias y los actos administrativos de los órganos directivos de los cabildos insulares.

10. Respecto al cómputo de plazos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son: a) Naturales. b) Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. c) Naturales, excluyéndose del cómputo los declarados festivos. d) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

11. Respecto a la ampliación de plazos en los procedimientos el artículo 32.1 de la 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas establece que: a) La Administración en cualquier momento podrá conceder de oficio una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. b) La Administración a petición de los interesados, podrá conceder una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de diez días hábiles, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. c) La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. d) La Administración, cuando exista una disposición reglamentaria que la ampare, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de quince días hábiles, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.

12. La motivación de los actos administrativos aparece contemplada: a) En el artículo 35 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. b) En el artículo 35 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. c) En el artículo 35 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. d) En el artículo 35 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

13. En cuanto a la forma de los actos administrativos, el artículo 36.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas establece que: a) Los actos administrativos se producirán siempre por escrito. b) Los actos administrativos se producirán únicamente por escrito a través de medios electrónicos. c) Los actos administrativos se producirán por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. d) Los actos administrativos, previa elección y motivación del órgano competente, se producirán verbalmente o por escrito a través de medios electrónicos.

14. De acuerdo con el artículo 36.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias: a) No podrán refundirse en un único acto. b) Podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. c) Podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, sin necesidad de especificar las circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. d) Podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, siempre que el interesado hubiera mostrado expresamente su consentimiento a este respecto.

15. De acuerdo con el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, si la solicitud de iniciación del procedimiento no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable: a) Se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días naturales, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21. b) Se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21. c) Se requerirá al interesado para que, en un plazo de quince días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21. d) Se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se entenderá que renuncia de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.

16. Conforme al artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba: a) Por un plazo no superior a veinte días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a cinco días. b) Por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días. c) Por un plazo no superior a a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a cinco días. d) Por un plazo no superior a veinte días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.

17. Conforme al artículo 69.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos de dicha Ley, se entenderá por comunicación: a) El documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio. b) El documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida. c) Aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. d) El documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

18. De acuerdo al artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de: a) Tres meses. b) Seis meses. c) Seis meses en los procedimientos iniciados de oficio y tres en los iniciados a solicitud del interesado. d) Treinta días.

19. Conforme al artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que : a) Transcurridos 30 días, se producirá la caducidad del procedimiento. b) Transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. c) Transcurridos 10 días, se producirá la caducidad del procedimiento. d) Transcurridos seis meses, se producirá la caducidad del procedimiento.

20. Según lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio, en el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender: a) Estimadas sus pretensiones por silencio administrativo. b) Desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. c) La caducidad del procedimiento. d) El desistimiento de su solicitud.

21. Conforme lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el defecto de forma determinará la anulabilidad del acto de la administración: a) En todo momento. b) Siempre que tenga lugar en la fase de instrucción de un expediente. c) Sólo cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. d) Sólo cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

22. Conforme lo dispuesto en el artículo 48.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas: a) Sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. b) Implicará siempre la anulabilidad del acto. c) Sólo implicará la anulabilidad del acto dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. d) Sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del órgano manifiestamente incompetente, por razón de la materia o del territorio.

23. Conforme lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones: a) No podrá disponer la conservación de actos y trámites. b) Dispondrá siempre la conservación de trámites debidamente realizados por los administrados en el procedimiento. c) Dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. d) Podrá disponer la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

24. Según lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad para el interés público de actos anulables: a) No podrá adoptarse una vez transcurridos seis meses desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82. b) No podrá adoptarse una vez transcurridos dos años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82. c) No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82. d) No podrá adoptarse una vez transcurridos tres años desde que se dictó el acto administrativo y no exigirá trámite de audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.

25. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad de actos anulables si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, se adoptará por: a) El Alcalde/Presidente de la Corporación. b) El Alcalde/Presidente o Consejero o Concejal en quien delegue. c) La Junta de Gobierno Local o Consejo de Gobierno. d) El Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.

26. A tenor de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán rectificar, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos: a) Antes de que transcurran cuatro años desde que se dictó el acto administrativo, de oficio o a instancia de los interesados. b) En cualquier momento, únicamente de oficio. c) En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados. d) Dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se dictó el acto, de oficio o a instancia de los interesados.

27. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente: a) Conllevará su inadmisión a trámite. b) Únicamente conllevará su admisión a trámite si el órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige está identificado. c) No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. d) Conllevara el desistimiento de la solicitud del recurrente.

28. Conforme a lo dispuesto en el artículo 125.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá contra los actos firmes en vía administrativa, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada cuando: a) Aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. b) La resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. c) Al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. d) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.

29. A tenor de lo dispuesto en el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición: a) Ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. b) Indistintamente ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. c) Ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. d) Únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

30. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento, no podrá exceder y se computará a partir de: a) Siete meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior. b) Siete meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir del primer día hábil siguiente al de la finalización del plazo presentación de solicitudes en la correspondiente convocatoria. c) Seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior. d) Seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir del primer día hábil siguiente al de la finalización del plazo presentación de solicitudes en la correspondiente convocatoria.

31. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá a: a) Los cinco años. b) Los dos años. c) Los dos, cuatro años o seis años, dependiendo de que el incumplimiento constituya infracción leve, grave o muy grave. d) Los cuatro años.

32. Según lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva la iniciación de oficio se realizará siempre mediante: a) Retención de crédito presupuestario al que se imputa la subvención. b) Convocatoria aprobada por el órgano competente. c) Bases reguladoras aprobadas por el órgano competente. d) Publicación, en el diario oficial que corresponda, de las bases reguladoras aprobada por el órgano competente.

33. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán concederse de forma directa: a) Únicamente las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. b) Sólo las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones y aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa. c) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones, aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa, y con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. d) Únicamente y con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

34. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa cuando la expropiación implique sólo la necesidad de ocupación de una parte de finca rústica o urbana, de tal modo que a consecuencia de aquélla resulte antieconómica para el propietario la conservación de la parte de finca no expropiada: a) No podrá éste solicitar de la Administración que dicha expropiación comprenda la totalidad de la finca. b) Podrá negarse motivadamente a la expropiación inicial. c) Podrá éste solicitar de la Administración que dicha expropiación comprenda la totalidad de la finca, debiendo decidirse sobre ello en el plazo de diez días. d) Podrá éste solicitar de la Administración que dicha expropiación comprenda la totalidad de la finca, debiendo decidirse sobre ello en el plazo de cinco días.

35. De acuerdo con los artículos 3 y 4 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, las actuaciones del expediente expropiatorio se entenderán: a) Únicamente con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación. b) Únicamente con el propietario de la cosa. c) Únicamente con los titulares de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable. d) En primer lugar, con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación. Siempre que lo soliciten, acreditando su condición debidamente, se entenderán también las diligencias con los titulares de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable, así como con los arrendatarios cuando se trate de inmuebles rústicos o urbanos.

36. Conforme con el artículo 21.1 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, inicia el expediente expropiatorio: a) La previa declaración de utilidad pública del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado. b) La previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado. c) El acuerdo de necesidad de ocupación. d) La fijación del justo precio, encabezada por la exacta descripción del bien concreto que haya de expropiarse.

37. Son órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. a) Las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia. b) Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. c) La Sección de Enjuiciamiento. d) Los Juzgados de lo Contencioso administrativo y las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales superiores de Justicia.

38. De conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: a) El Ministerio Fiscal nunca puede estar legitimado ante el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo. b) Las personas físicas o jurídicas aunque no ostenten un derecho o interés legítimo. c) Los miembros de los órganos colegiados de una Administración, en ejercicio de la acción popular. d) La Administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo ante este orden jurisdiccional, previa declaración de lesividad para el interés público en los términos establecidos por la Ley.

39. Según lo regulado en el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa ¿Contra qué actos es admisible un Recurso Contencioso Administrativo?. a) El recurso contencioso administrativo no es admisible contra la inactividad de la Administración ni contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. b) El recurso contencioso administrativo es admisible contra las resoluciones y actos de la Administración, cuando no pongan fin a la vía administrativa. c) El recurso contencioso administrativo es admisible contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa, siempre que previamente se haya interpuesto Recurso de Reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado. d) El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

40. De conformidad con el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local ¿qué órgano de una entidad local es el competente para la aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas?. a) Consejo de Gobierno. b) Comisión del Pleno de Hacienda. c) Alcalde/Presidente. d) Pleno.

41. Según los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local ¿qué trámite de los indicados a continuación es necesario para la aprobación de una ordenanza local?. a) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de quince días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. b) Aprobación inicial por el Consejo de Gobierno, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. c) Publicación del texto íntegro de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia. d) Aprobación definitiva por Decreto del Alcalde/Presidente y elevación del acto a escritura pública para conocimiento general.

42. A tenor de lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿qué regulan las ordenanzas fiscales?. a) La organización complementaria de la entidad local en el marco de lo establecido en las leyes estatales y autonómicas que regulan el régimen local. b) La adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y características de una entidad local. c) Los tributos propios de la entidad local. d) El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero de la entidad local.

43. A los efectos del artículo 3.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son poderes adjudicadores: a) Las fundaciones públicas. b) Las Corporaciones de derecho Público, en todo caso. c) Las fundaciones privadas. d) Las Cooperativas.

44. Según el artículo 18 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público ¿Cuál de estas afirmaciones referidas al contrato mixto, es correcta?. a) Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de la misma clase. b) Se entenderá por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase. c) Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación del contrato, cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios se atenderá siempre a la voluntad de la Administración. d) Para la determinación de las normas que regirán la adjudicación del contrato, cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios se atenderá siempre al carácter de la prestación del contrato de obras.

45. Según el artículo 65.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿qué afirmación es correcta en cuanto a la aptitud de los empresarios para contratar con el sector público?. a) Los contratistas deberán contar, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. b) Los contratistas están exentos de contar con habilitación empresarial o profesional. c) La Ley de Contratos del Sector Púbico prohíbe que las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente contraten con el sector público. d) Puede contratar con el sector público cualquier contratista aunque no se halle al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen.

46. Según el artículo 106 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la exigencia de garantía provisional en el procedimiento de contratación: a) No procederá, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. b) Siempre es preceptiva la exigencia de garantía provisional. c) En los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional, el importe de la misma se determinará por la Mesa de Contratación. d) La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores junto con la garantía definitiva.

47. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece en su artículo 124 en cuanto al documento de prescripciones técnicas particulares que: a) El documento que contiene las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la Ley, será aprobado por la Mesa de Contratación siempre antes de la licitación. b) El documento que contiene las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la Ley, serán aprobadas por el órgano de contratación siempre antes de la licitación. c) El documento que contiene las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la Ley, serán aprobadas por el órgano de contratación siempre en el momento de la formalización del contrato. d) El documento que contiene las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la Ley no necesita ser aprobado por ningún órgano para su incorporación al procedimiento de licitación.

48. Diga qué afirmaciones, según el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son correctas en cuanto a la adjudicación de los contratos que celebren las Administraciones Públicas: a) La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando un único criterio de adjudicación basado en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando siempre el procedimiento abierto. b) Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público. c) En el procedimiento abierto, solo los operadores económicos previamente seleccionados por el órgano de contratación pueden presentar una oferta, estando excluida toda negociación sobre los términos y condiciones del contrato. d) La Ley de Contratos del Sector Público prohíbe siempre la utilización del procedimiento negociado sin publicidad.

49. Según el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: a) El pago del precio solo podrá hacerse al término del contrato. b) El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado. c) Se prohíbe los abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo. d) La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados.

50. Respecto a la modificación de los contratos regulada en el artículo 203 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se de alguno de los siguientes supuestos: a) Siempre que así se haya recogido en el pliego de prescripciones técnicas particulares. b) Sólo cuando exista previa solicitud del adjudicatario y acuerdo adoptado por mayoría de la Mesa de Contratación. c) Únicamente cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204 y nunca de manera excepcional. d) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204, y, excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.