LLIRIA PARTE 2AI✦
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Título del Test:
![]() LLIRIA PARTE 2 Descripción: Con legislación actualizada |



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Según el artículo 82.3 del Decreto 129/2026, ¿qué apartados debe contemplar, en todo caso, la estructura de los programas de intervención de los centros y programas de servicios sociales?. Definición y justificación, objetivos generales y específicos, contenidos en módulos y submódulos, metodología, evaluación y plan o proyecto de calidad. Definición, justificación, objetivos, contenido en módulos y submódulos, plan de intervención, metodología y evaluación. Definición, justificación, objetivos, plan de intervención, metodología y evaluación. Justificación, objetivos, contenido en módulos y submódulos, plan de intervención, metodología y evaluación. ¿Cuál NO es un principio metodológico recogido en el artículo 32 del Decreto 129/2026?. Modelo de Atención Integral Centrado en la Persona (AICP). Centralidad en la persona desde una perspectiva holística. Equidad económica. Práctica basada en la evidencia. Conforme al artículo 4.3 del Decreto 129/2026, ¿cuál de las siguientes opciones define correctamente el concepto de centro social de atención primaria?. Conjunto ordenado, planificado y metodológicamente orientado de actuaciones destinadas a intervenir ante situaciones específicas de necesidad de carácter individual, grupal, familiar o comunitario, con el fin de mejorar las condiciones de vida y reducir el riesgo de vulnerabilidad social, favorecer la inclusión social y garantizar el ejercicio de derechos sociales. Unidad organizativa y funcional que despliega, desarrolla y provee de manera regular prestaciones o actividades de servicios sociales organizadas técnicamente a través de centros o programas. Instrumento a través del cual los centros o programas informan a las personas usuarias sobre los servicios concretos que tienen encomendados, las condiciones en las que se prestan y los compromisos de calidad en su prestación. Unidad organizativa de carácter físico y funcional, dotada de una infraestructura material, con ubicación autónoma e identificable, donde se proveen servicios de atención primaria, de carácter básico o específico, de manera integral y sostenida en el tiempo. En relación con las posibles limitaciones a los derechos de las personas familiares y allegadas de las personas usuarias, según el artículo 10 del Decreto 129/2026, señala la afirmación que NO es correcta: El ejercicio del derecho de las personas familiares y allegadas a realizar visitas ordinarias a las personas usuarias de un centro de servicios sociales dependerá, en todo caso, de la voluntad de estas últimas expresada mediante consentimiento informado y que constará en la historia social única de la persona usuaria. En situaciones en las que la persona usuaria no pueda tomar dicha decisión, o ante grandes necesidades de apoyo a nivel cognitivo y/o de comunicación para la participación y toma de decisiones, se autorizarán las visitas de personas familiares o allegadas de acuerdo a la mejor interpretación posible de su voluntad y preferencias contando para ello con la participación de aquellas personas que mejor la conocen, así como la voluntad manifestada por ella con anterioridad, que deberá constar en su historia social única, y que podrá ser acreditada, en caso necesario, por las personas profesionales de los servicios sociales de atención primaria conocedoras de su situación. Las personas usuarias de un servicio o centro de servicios sociales podrán solicitar a la persona responsable del servicio o centro, de manera libre y expresa, que impida o limite la comunicación de información o el acceso a la misma a personas familiares o allegadas. Dicha solicitud deberá ser expresa, y si es posible escrita debiendo quedar registrada en su historia social única. Cuando la persona responsable del centro considere perjudicial la relación de una persona usuaria con quien ejerce su apoyo, no deberá comunicar esa circunstancia al Ministerio Fiscal ni a la autoridad judicial. Según lo establecido en el art. 2.3 de Ley 39/2006, ¿se entiende por Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)?. Las tareas más básicas de la persona, que le permiten desenvolverse con autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas. Las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas. Las tareas más básicas de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. Ninguna es correcta. La Ley 39/2006, en su art.27.2 establece con respecto a la valoración de la situación de dependencia: Los grados de dependencia, a efectos de su valoración, se determinarán mediante la aplicación del baremo que se acuerde en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para su posterior aprobación por el Gobierno mediante real decreto. Los grados de dependencia, a efectos de su valoración, se determinarán mediante la aplicación del baremo que se acuerde por la Comunidad Autónoma y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para su posterior aprobación por el Gobierno mediante real decreto. Los grados de dependencia, a efectos de su valoración, se determinarán mediante la aplicación del baremo que se acuerde en el Consejo Estatal de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para su posterior aprobación por el Gobierno mediante real decreto. Los grados de dependencia, a efectos de su valoración, se determinarán mediante la aplicación del baremo que se acuerde en el Consejo Interterritorial y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para su posterior aprobación por el Gobierno mediante real decreto. Según la Ley Orgánica 1/2004, en el Artículo 19, la organización de los servicios de atención, emergencia, apoyo y acogida y recuperación integral para mujeres víctimas de violencia de género por parte de las comunidades autónomas y las corporaciones locales responde a los siguientes principios: Principios de actuación inmediata. Principios de equidad e igualdad. Principios de atención permanente. Ninguna es correcta. Según el art. 19.2 de la Ley Orgánica 1/2004, la atención multidisciplinar implicará especialmente (señala la incorrecta): Información a las víctimas. Apoyo social. Atención psicológica. Asistencia jurídica. El art. 5 del Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Llíria establece como requisitos de acceso a dicho servicio en cuanto a personas usuarias lo siguiente: Podrán ser beneficiarias del SAD todas aquellas personas y unidades de convivencia empadronadas en el municipio de Llíria, que necesiten apoyo para el ejercicio de su autonomía y requieran asistencia para continuar en su entorno habitual, siempre que la Renta per Cápita (RPC) no supere 2 veces el IPREM anual (12 pagas) y en el caso que corresponda, que obtenga una puntuación mínima de 100 puntos, una vez aplicado del baremo establecido. Podrán ser beneficiarias del SAD todas aquellas personas y unidades de convivencia empadronadas y con residencia efectiva en el municipio de Llíria, que necesiten apoyo para el ejercicio de su autonomía y requieran asistencia para continuar en su entorno habitual, siempre que la Renta per Cápita (RPC) no supere 2,5 veces el IPREM anual (14 pagas) y en el caso que corresponda, que obtenga una puntuación mínima de 100 puntos, una vez aplicado del baremo establecido. En aquellos casos en que el motivo de la prestación del SAD sea para atender a menores en situación de riesgo o vulnerabilidad social no se aplicará ningún baremo socioeconómico. Se atenderán los criterios técnicos del PPIS. Ninguna es correcta. El art. 15 del Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Llíria establece como modalidades de prestación de servicio: Carácter psicosocial, personal y doméstico. Carácter personal, doméstico y rehabilitador. Carácter psicosocial, personal, doméstico y socioeducativo. Ninguna es correcta. Según lo establecido en el art 10 del Real Decreto 888/2022, la tramitación de urgencia para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad: La Administración competente podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de reconocimiento de grado de discapacidad siempre a instancia de la persona interesada en cualquier circunstancia. La tramitación por vía de urgencia no implicará que los plazos establecidos para la realización de los trámites del procedimiento reduzcan su duración. La Administración competente podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de reconocimiento de grado de discapacidad siempre de oficio cuando concurran razones de interés público que así lo aconsejen, entre otras las relacionadas con la salud, la violencia de género, la esperanza de vida u otras de índole humanitaria. La Administración competente podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de reconocimiento de grado de discapacidad, de oficio o a instancia de la persona interesada, con o sin medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, cuando concurran razones de interés público que así lo aconsejen, entre otras las relacionadas con la salud, la violencia de género, la esperanza de vida u otras de índole humanitaria. Tal y como establece la Ley 8/2021, ¿cuándo se llevará a cabo el nombramiento de la figura del Defensor Judicial para personas con Discapacidad y necesidad de apoyos? (señala la incorrecta): Cuando, por cualquier causa, quien haya de prestar apoyo no pueda hacerlo, hasta que cese la causa determinante o se designe a otra persona. Cuando la persona con discapacidad no requiera el establecimiento de medidas de apoyo de carácter ocasional. Cuando exista conflicto de intereses entre la persona con discapacidad y la que haya de prestarle apoyo. Cuando, durante la tramitación de la excusa alegada por el curador, la autoridad judicial lo considere necesario. Según lo establecido en el art. 267 de la Ley 8/2021, ¿cuándo se extingue la guarda de hecho? (señala la incorrecta): [REVISADA 2026]. Cuando la persona a quien se preste apoyo solicite que este se organice de otro modo. Cuando la persona con discapacidad cumpla 65 años, de manera automática y sin otra circunstancia. Cuando, a solicitud del Ministerio Fiscal o de quien se interese por ejercer el apoyo de la persona bajo guarda, la autoridad judicial lo considere conveniente. Cuando el guardador desista de su actuación, en cuyo caso deberá ponerlo previamente en conocimiento de la entidad pública que en el respectivo territorio tenga encomendada las funciones de promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad. El III Plan Municipal de Igualdad de Llíria establece diferentes principios orientadores que fundamentan dicho plan siendo algunos de ellos los siguientes: Diversidad. Universalidad. Equidad. Ninguna es correcta. Según lo establecido en el art. 5 del Reglamento municipal que regula el taller para personas con enfermedad mental PENTAGRAMA, el perfil de las personas usuarias es: Edades comprendidas entre 16 y 60 años. Edades comprendidas entre 16 y 65 años. Edades comprendidas entre 18 y 60 años. Edades comprendidas entre 18 y 65 años. Según el apartado 2.4.1 del anexo del Decreto 129/2026, ¿qué conjunto de actuaciones está previsto expresamente en el programa SASEM? [REVISADA 2026]. Programa de rehabilitación psicosocial, programa de promoción de la autonomía, programa para la prevención e intervención en crisis. Fomento de la vinculación con los servicios sociales y sanitarios, atención domiciliaria y acompañamiento, y prevención de las crisis mediante detección precoz de síntomas. Programa de rehabilitación psicosocial, programa de intervención socio-familiar, programa para la prevención e intervención en crisis. Programa de rehabilitación psicosocial, programa de trabajo comunitario, programa de rehabilitación ocupacional o laboral. Según el apartado 2.5.7 del anexo del Decreto 129/2026, ¿qué son los centros de día para personas con problemas graves de salud mental? [REVISADA 2026]. Son recursos de atención integral e individualizada para personas con problemas de salud mental grave y necesidades de apoyo específicas. Son recursos de atención especializada e individualizada para personas con problemas de salud mental grave y necesidades de apoyos. Centros especializados de atención integral e individualizada para personas con problemas graves de salud mental que presentan dificultades en su funcionamiento psicosocial autónomo y limitaciones cognitivo-conductuales y de integración. Ninguna es correcta. Según lo establecido en el Decreto 102/2022, por el cual se modifica el Decreto 62/2017, con respecto a la prestación económica por cuidados en entorno familiar, ¿quiénes podrán asumir la condición de personas cuidadoras?. Personas cuidadoras con relación familiar y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, así como padres y madres de acogida. Siempre podrán ser cuidadoras con relación familiar las personas allegadas a las personas en situación de dependencia a instancia de la persona allegada. Personas cuidadoras con relación familiar y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado. Excepcionalmente, podrán ser cuidadoras con relación familiar las personas allegadas a una persona en situación de dependencia cuando así lo acredite el preceptivo informe social de entorno. Personas cuidadoras con relación familiar y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado. Podrán ser cuidadoras con relación familiar las personas allegadas a una persona en situación de dependencia a instancia de la persona dependiente. Personas cuidadoras con relación laboral: Aquellas personas idóneas de acuerdo a lo establecido en el correspondiente informe social de entorno. A los efectos correspondientes, se deberá formalizar el oportuno contrato de trabajo de acuerdo con la legislación vigente en cada momento. Según el artículo 32.5.i) del Decreto 62/2017, tras su modificación por el artículo 67 de la Ley 3/2026, en relación con la atención simultánea de dos personas en situación de dependencia por una misma persona cuidadora, señala la opción CORRECTA: [REVISADA 2026]. Cuando estas se encuentren en situación de gran dependencia o dependencia leve, siempre que convivan con la persona cuidadora en el mismo domicilio y que cuente con el informe favorable de entorno. Cuando estas se encuentren en situación de dependencia severa siempre que vivan en el mismo municipio que la persona cuidadora o que la distancia de sus domicilios no supere los 10 km y que cuente con el pronunciamiento favorable en el informe social de entorno. Cuando estas se encuentren en situación de dependencia moderada siempre que vivan en el mismo municipio que la persona cuidadora o que la distancia de sus domicilios no supere los 20 km y que cuente con el pronunciamiento favorable en el informe social de entorno. La persona cuidadora que se acoja a esta excepción no podrá desempeñar actividad laboral alguna, a excepción de la que, es su caso, esté prestando a las personas en situación de dependencia de la cual es la persona cuidadora. El Decreto 102/2022, por el cual se modifica el Decreto 62/2017, establece con respecto a la PATI lo siguiente: Podrá mantenerse con carácter excepcional hasta la edad de 21 años cuando no se cumplan los requisitos de acceso a PAP, se continúe permaneciendo en sistema educativo y exista prescripción técnica en informe emitido por SS.SS. de atención primaria. Podrá mantenerse con carácter excepcional hasta la edad de 21 años cuando no se cumplan los requisitos de acceso a PAP, se continúe permaneciendo en sistema educativo o laboral y exista prescripción técnica en informe emitido por SS.SS. de atención primaria. Podrá mantenerse hasta la edad de 21 años cuando no se cumplan los requisitos de acceso a PAP, se continúe permaneciendo en sistema educativo o laboral y exista prescripción técnica en informe emitido por SS.SS. de atención primaria. No existe posibilidad de continuidad tras cumplir los 18 años siendo obligatorio solicitar la PAP. El Decreto 102/2022, en su Anexo IV establece las intensidades de protección del servicio de ayuda a domicilio (SAD) e intensidad e importe de su prestación vinculada (PVS-SAD), señala la incorrecta: Grado 2: 31/mes ----- 465€. Grado 3: 70h/mes -----1050€ mediante solicitud de la persona dependiente sin necesidad de prescripción técnica. Grado 3: 56h/mes -------840€. Grado 3: 70h/mes --------1050€ Se podrá conceder cuando sea prescrita expresamente en el Informe Social/Informe Social Técnico de los servicios sociales de atención primaria del ayuntamiento, previa petición de la persona usuaria en situación de dependencia. Según el artículo 12 del Decreto 62/2017, sobre revisión de grado de dependencia, señala la opción INCORRECTA: [REVISADA 2026]. El grado de dependencia podrá revisarse a instancia de la persona interesada, su representante o persona de apoyo, con la documentación que lo justifique. La revisión solo podrá solicitarla la persona interesada directamente, sin intervención de representantes ni personas de apoyo. Podrá realizarse de oficio por la dirección general con competencias en materia de atención a las personas en situación de dependencia, tras la instrucción del correspondiente procedimiento. Se instará mediante la presentación de la solicitud según modelo normalizado que la Consellería competente en servicios sociales, promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia establezca. El artículo 33 de la Ley 2/2026, para la mejora de la renta valenciana de inclusión, regula la solicitud anticipada. Señala la opción INCORRECTA: [REVISADA 2026]. Podrá presentarse en cualquier caso con una antelación de hasta doce meses respecto de la fecha en que se cumplirán los requisitos. Podrá presentarse dentro de los tres meses anteriores a la fecha objetiva y conocida del cumplimiento de los requisitos. Se admite cuando la persona vaya a cumplir la edad mínima establecida en la ley. Se admite cuando se vaya a dejar una plaza residencial incompatible, siempre que se conozca el nuevo lugar de residencia y se derive a los servicios sociales correspondientes. Según el artículo 15 de la Ley 2/2026, para la mejora de la renta valenciana de inclusión, ¿qué se entiende por acuerdo de inclusión? [REVISADA 2026]. El compromiso realizado por la persona beneficiaria en nombre propio y de las personas titulares, de recibir la prestación económica orientada a la inclusión social. El acuerdo suscrito por la persona solicitante, en nombre de la unidad de convivencia, que compromete a sus integrantes mayores de 16 años al cumplimiento responsable del proceso de intervención social orientado a la inclusión. El compromiso preceptivo realizado por la persona solicitante y personas beneficiarias de recibir la prestación económica orientada a la inclusión social. Ninguna es correcta. Según el artículo 9.1 de la Ley 2/2026, para la mejora de la renta valenciana de inclusión, ante la imposibilidad de empadronamiento, puede acreditarse excepcionalmente la residencia efectiva mediante los siguientes medios. Señala la opción INCORRECTA: [REVISADA 2026]. Disponer de la tarjeta SIP de la Comunitat Valenciana. La mera inscripción como demandante de empleo durante seis meses, sin acreditar el periodo de residencia exigido por la ley. La ocupación de una plaza de acción concertada en el sector de atención a personas en riesgo de exclusión pertenecientes a colectivos vulnerables. Tener descendientes menores de 18 años escolarizados en la Comunitat Valenciana, acreditando este hecho mediante certificado del centro escolar. Según el artículo 38 de la Ley 2/2026, para la mejora de la renta valenciana de inclusión, ¿qué circunstancia puede motivar la modificación de la cuantía reconocida? [REVISADA 2026]. Únicamente el transcurso de cinco años desde la concesión, aunque las circunstancias económicas y personales no cambien. Exclusivamente la solicitud de revisión presentada por los servicios sanitarios. Los cambios en el número de integrantes de la unidad familiar o en los recursos económicos declarados que impliquen variación del importe reconocido. Solo una sanción administrativa firme, con independencia de los ingresos y de la unidad de convivencia. Según la Instrucción 4/2022 relativa al procedimiento de funcionamiento del Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia los EEIIA: (señala la incorrecta). Desarrollan actuaciones de atención especializada y apoyo a la infancia y adolescencia, principalmente en personas menores de edad en situación de vulnerabilidad, riesgo o desamparo. Desarrollan actuaciones de atención integral y apoyo a la infancia y adolescencia, principalmente en personas menores de edad en situación de vulnerabilidad, riesgo o desprotección. Son equipos de intervención interdisciplinar enmarcados dentro de los equipos de atención primaria específica. Sus actuaciones van dirigidas tanto a niños y adolescentes como a sus familias y personas convivientes. Según la Instrucción 4/2022 relativa al procedimiento de funcionamiento del Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA) son personas beneficiarias del mismo: Personas menores de edad que hayan realizado conductas antisociales o delictivas y sean imputables. Personas que no forman parte del núcleo de convivencia y de referencia de las personas menores de edad y que el equipo técnico considere necesario. No intervendrán con personas víctimas de cualquier tipo de violencia. Personas menores de edad en Acogimiento Residencial con un Plan de Protección cuyo objetivo sea la reunificación familiar con familiar de origen. Según el artículo 6 de la Ley 3/2019, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, son principios de carácter metodológico: (Señala la respuesta incorrecta). Orientación centrada en la persona. Mínima restricción de la movilidad personal y de la plena conciencia. Eficiencia y eficacia. Interdisciplinariedad de las intervenciones. La Ley 3/2019, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana establece que es un deber de las personas profesionales de los servicios sociales: La supervisión profesional, estableciéndose para ello equipos supervisores de servicios sociales reconocidos para ejercer estas tareas. Asistir, en función de las necesidades del servicio correspondiente, a los cursos, jornadas y a otras actividades de formación y de supervisión, que sus respectivas entidades programen en sus planes de formación del personal y tengan relación directa con su puesto de trabajo. La autonomía técnica y científica en la intervención, sin más limitaciones que las establecidas en esta ley, en el ordenamiento jurídico y en los respectivos códigos deontológicos. Disponer de los instrumentos y medios necesarios para desarrollar su trabajo adecuadamente y de acuerdo con los criterios de calidad que exige la normativa correspondiente. Según el artículo 64 de la Ley 3/2019, el equipo de personas profesionales de la zona básica está compuesto por: (Señala la respuesta incorrecta). Personas profesionales de la unidad de igualdad. Personas profesionales de la asesoría técnica específica. El equipo de intervención social. Personas profesionales de apoyo jurídico y administrativo. Según el artículo 66 de la Ley 3/2019, el equipo de área estará formado por los siguientes profesionales: 3 profesionales como máximo. 3 profesionales como mínimo. No se establece mínimo. Un profesional por área. ¿En qué artículo de la Ley 3/2019 se recogen de forma expresa los derechos de las personas profesionales de Servicios Sociales?. Articulo 11. Articulo 10. Articulo 12. Articulo 13. En el artículo 25 de la Ley 3/2019 se definen los espacios vulnerables como: Lugares ubicados en el territorio español que, por sus características urbanísticas/residenciales, sociales, laborales o económicas, precisan de una intervención preferente. Lugares ubicados en el territorio de la comunidad valenciana que, por sus características urbanísticas/residenciales, sociales, laborales o económicas, precisan de una actuación integral. Lugares ubicados en el territorio de la comunidad valenciana que, por sus características urbanísticas/residenciales, sociales, laborales o económicas, precisan de una intervención preferente. Lugares ubicados en el territorio español que, por sus características urbanísticas/residenciales, sociales, laborales o económicas, precisan de una actuación integral. El Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, según establece el artículo 71 la Ley 3/2019, dispondrá, en relación con las personas usuarias, de los siguientes instrumentos técnicos: Plan personalizado de acción social. Tarjeta de identificación personalizada. Ficha social. Historia social única. Según la Ley 3/2019, el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales se organiza territorialmente en las siguientes demarcaciones: Zonas básicas, departamentos y equipos base. Primaria básica, primaria específica y especializada. Provincias, comarcas y municipios. Zonas básicas, áreas y departamentos. La cartera de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales viene recogida en la Ley 3/2019, 18 febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana en: En el título II, capítulo III. En el título II, capítulo I. En el título III, capítulo III. En el título II, capítulo II. Según el Código Deontológico de Trabajo Social, la actuación profesional se basa en los siguientes principios básicos: Dignidad, igualdad y justicia social. Igualdad, solidaridad y autodeterminación. Dignidad, libertad e igualdad. Libertad, igualdad y solidaridad. Según establece el Código deontológico de trabajo social son instrumentos específicos del trabajo social: (señale la respuesta incorrecta). Informe social. Diagnóstico social. Escala valoración social. Ficha social. El dictamen técnico que sirve de instrumento documental, que elabora y firma con carácter exclusivo el profesional de Trabajo social, corresponde a la definición de: Historia social. Proyecto de intervención social. Informe social. Ficha social. Según la ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la infancia y adolescencia, es una línea de actuación para garantizar el cumplimiento del objeto de dicha ley y la aplicación real y efectiva de sus principios: La consideración de las interseccionalidades, atendiendo especialmente a quienes pertenecen a colectivos en situación de exclusión o minoritarios. La prioridad presupuestaria, en el ámbito de las distintas administraciones, de las políticas destinadas a hacer efectivos los derechos de la infancia y adolescencia. El desarrollo y la implementación de políticas familiares de apoyo, para que las familias puedan asumir plenamente las responsabilidades de crianza. La participación activa y directa, tanto individual como colectiva, de la infancia y adolescencia en todos los asuntos que les conciernen. Según establece el artículo 103 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos de la infancia y adolescencia, la situación de riesgo: será declarada por resolución motivada del órgano que tenga atribuida la competencia por las disposiciones de organización local, a propuesta de un órgano colegiado interdisciplinar, y previa audiencia a la persona protegida, practicada conforme a lo dispuesto en la Ley orgánica 1/1996, y de sus personas progenitoras o quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad. será declarada por resolución motivada del órgano que tenga atribuida la competencia por las disposiciones de organización autonómica, a propuesta de un órgano colegiado interdisciplinar, y previa audiencia a la persona protegida, practicada conforme a lo dispuesto en la Ley orgánica 1/1996, y de sus personas progenitoras o quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad. será declarada por resolución motivada del órgano que tenga atribuida la competencia por las disposiciones de organización autonómica, a propuesta de un órgano colegiado interdisciplinar, y posterior audiencia a la persona protegida, practicada conforme a lo dispuesto en la Ley 1/1996, y de sus personas progenitoras o quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad. será declarada por resolución motivada del órgano que tenga atribuida la competencia por las disposiciones de organización local, a propuesta de un órgano colegiado interdisciplinar, y posterior audiencia a la persona protegida, practicada conforme a lo dispuesto en la Ley 1/1996, y de sus personas progenitoras o quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad. Según el artículo 97 de la ley 26/2018, la acción preventiva de la Generalitat se tiene que llevar a cabo de acuerdo con: El Consejo Valenciano de Infancia y Adolescencia. La planificación prevista en la Estrategia Valenciana de Infancia y Adolescencia. La planificación prevista en la Comisión de Infancia y adolescencia. La planificación anual del Observatorio Valenciano de Infancia y Adolescencia. Según el artículo 169 de la ley 26/2018, de derechos de la Infancia y Adolescencia ¿cuál de las siguientes competencias corresponde a las entidades locales?. Aprobar el protocolo integral frente a la violencia contra la infancia y adolescencia. La protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes en materia de uso y consumo dentro de su ámbito material y territorial de competencia. Aprobar la estrategia valenciana de la infancia y adolescencia. La atención holística y comunitaria a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia o discriminación. Según establece el artículo 100 de la Ley 26/2018, la competencia para detectar, valorar, intervenir, declarar y determinar el cese de la situación de riesgo corresponde a: la entidad local donde resida de hecho la persona protegida. Cuando no resida en la Comunitat Valenciana o su residencia no pueda determinarse, ejercerá estas competencias la entidad local donde los progenitores se encuentren empadronados. En las situaciones de riesgo prenatal será competente la entidad local de origen de la mujer embarazada. la entidad local donde resida de hecho la persona protegida. Cuando no resida en la Comunitat Valenciana o su residencia no pueda determinarse, ejercerá estas competencias la administración autonómica. En las situaciones de riesgo prenatal será competente la entidad local de residencia de la mujer embarazada. la entidad local donde resida de hecho la persona protegida. Cuando no resida en la Comunitat Valenciana o su residencia no pueda determinarse, ejercerá estas competencias la entidad local donde la persona menor de edad se encuentre empadronada. En las situaciones de riesgo prenatal será competente la entidad local de origen de la mujer embarazada. la entidad local donde resida de hecho la persona protegida. Cuando no resida en la Comunitat Valenciana o su residencia no pueda determinarse, ejercerá estas competencias la entidad local donde la persona menor de edad se encuentre. En las situaciones de riesgo prenatal será competente la entidad local de residencia de la mujer embarazada. Según establece el artículo 138.2 de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos de la infancia y adolescencia, atendiendo a sus características funcionales, los recursos de acogimiento residencial pueden ser: (Señala la respuesta incorrecta). De acogimiento general. Hogares o unidades de convivencia. Específicos para problemas graves de conducta. De recepción. Según establece el artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor y de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las autoridades sanitarias pondrán en conocimiento de la autoridad judicial las situaciones de riesgo por negativa a los tratamientos médicos: Cuando se valore pertinente. De forma inmediata, directamente o a través de la entidad pública. Inmediatamente, directamente o a través del Ministerio fiscal. Solo lo comunicarán a la entidad pública competente. Según el artículo 11 del Decreto 38/2020, de 20 de marzo, de coordinación y financiación de la atención primaria de servicios, se entiende por contrato programa: Aquellos convenios administrativos anuales suscritos para la gestión de la ejecución de las prestaciones en materia de servicios sociales, con la finalidad de regular las relaciones jurídicas y financieras, así como las relaciones de colaboración interadministrativa, en materia de servicios sociales. Aquellos acuerdos de colaboración suscritos para la gestión de la ejecución de las prestaciones en materia de servicios sociales, con la finalidad de regular las relaciones financieras, así como las relaciones de colaboración interadministrativa, en materia de servicios sociales. La concesión administrativa para la prestación de servicios sociales. Aquellos convenios interadministrativos plurianuales suscritos para la gestión de la ejecución de las prestaciones en materia de servicios sociales, con la finalidad de regular las relaciones jurídicas y financieras, así como las relaciones de colaboración interadministrativa, en materia de servicios sociales. El Manual de organización de y funcionamiento de los servicios sociales de atención primaria básica (MOF) fue elaborado por: El Consell. La Conselleria competente en materia de servicios sociales. La Generalitat. La Dirección General de Atención Primaria y Autonomía Personal. Según se establece en el artículo 26 del Decreto 34/2021, de 26 de febrero, de regulación del Mapa de servicios sociales de la comunidad valenciana el plan de infraestructuras se aprobará y publicará: Anualmente. Por un periodo de 4 años, sin perjuicio de las posibles adendas anuales que puedan establecerse. Por un periodo de 2 años, sin perjuicio de las posibles adendas anuales que puedan establecerse. Semestralmente. El Reglamento municipal que regula el Taller de Atención e Intervención con familiares y personas enfermas de Alzheimer establece en su art. 5 las características de las personas usuarias como: (señala la incorrecta). Persona diagnosticada por una enfermedad neurológicamente degenerativa, demencias, enfermedad de Alzheimer, etc. Persona empadronada en Llíria. Persona que desarrolle o haya desarrollado su trabajo habitual en Llíria. Aceptar el Reglamento de funcionamiento del Taller. Según la Ley 3/2019, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana la competencia para declarar un espacio como vulnerable corresponde a: Los Servicios Sociales. El Ayuntamiento. La Conselleria competente. La Generalitat. |




