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En virtud del artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos (señale la opción INCORRECTA): A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente, pero únicamente por vía judicial.

Según el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas: A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. A la protección de datos de carácter personal, excepto a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, solo si actúan por medios electrónicos. A acceder a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, pero sin que ello implique el acceso a archivos y registros.

De conformidad con el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes NO es un derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas?. A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. A obtener una copia auténtica de los documentos que formen parte del procedimiento, pero solo si se solicita presencialmente.

Según el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a: Los ciudadanos en general. Los interesados en el procedimiento administrativo. Los empleados públicos. Las autoridades administrativas.

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el derecho a la protección de datos de carácter personal comprende, en particular: La seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. La publicidad de todos los datos personales. La cesión de datos a terceros sin consentimiento. La eliminación automática de todos los datos tras la finalización del procedimiento.

Según el artículo 13 de la Ley 39/2015, ¿cómo se entienden los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas regulados en dicho precepto?. Se entienden con carácter preferente y exclusivo sobre cualquier otro derecho procedimental. Se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo. Substituyen íntegramente a los derechos del artículo 53 cuando el ciudadano no ostente la condición de interesado. Se aplican únicamente a los interesados en un procedimiento administrativo ya iniciado de oficio.

Revisando los derechos generales del artículo 13, las personas con capacidad de obrar tienen derecho a ser asistidas en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. ¿A qué otro derecho del artículo 13 se vincula directamente esta garantía electrónica?. Al derecho a comunicarse a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. Al derecho a exigir la responsabilidad disciplinaria inmediata del personal al servicio de la Administración. Al derecho a la traducción obligatoria de todos los documentos al castellano sin necesidad de solicitud expresa. Al derecho a comparecer verbalmente ante cualquier órgano sin necesidad de constancia escrita posterior.

e conformidad con el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que: Estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Tengan más de 65 años. Residan en el extranjero. No dispongan de certificado electrónico.

Según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos (señale la opción INCORRECTA): Las personas jurídicas. Las entidades sin personalidad jurídica. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. Las personas físicas que no ejerzan actividad profesional alguna y que no estén obligadas por razón de su capacidad económica o técnica.

De acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del colectivo de quienes ejercen una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, se entenderán incluidos en todo caso: Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Los médicos y abogados. Los arquitectos e ingenieros. Todos los colegiados en general.

Según el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que: Tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Tienen más de 65 años. Residen en el extranjero. No disponen de certificado electrónico.

De conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿están obligados los empleados de las Administraciones Públicas a relacionarse electrónicamente con ellas?. Sí, para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. No, en ningún caso. Solo si lo solicitan voluntariamente. Solo si tienen más de 50 años.

Atendiendo al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, ¿cuál de los siguientes sujetos NO está obligado a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite?. Las entidades sin personalidad jurídica. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, únicamente para los trámites que realicen en su esfera personal. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Los empleados de las Administraciones Públicas por razón de su condición de empleado público, en la forma que se determine reglamentariamente.

Conforme al artículo 14.3 de la Ley 39/2015, las Administraciones podrán establecer reglamentariamente la obligación de relacionarse electrónicamente para ciertos colectivos de personas físicas. ¿Qué requisitos deben quedar expresamente acreditados para ello?. Que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos tengan acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Que ostenten la condición de interesados en procedimientos de naturaleza exclusivamente sancionadora. Que su residencia habitual se encuentre en municipios de más de 50.000 habitantes con cobertura digital plena. Que hayan modificado previamente su opción de comunicación del medio físico al electrónico en más de dos ocasiones.

De acuerdo con el artículo 53.1.a), para quienes se relacionen electrónicamente con la Administración, ¿dónde tendrán derecho a consultar el estado de la tramitación de sus procedimientos?. Exclusivamente en el Boletín Oficial del Estado del día correspondiente. En el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. En el registro electrónico general de la respectiva Comunidad Autónoma de forma presencial. En la base de datos central de la Secretaría General de Administración Digital de manera telefónica.

egún el tenor literal del artículo 53.1.a), ¿cómo se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos a quienes se relacionen por medios electrónicos?. Mediante su remisión certificada al correo electrónico facilitado por el interesado en un plazo máximo de diez días. Mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan. Mediante la entrega física de copias auténticas digitalizadas en las oficinas de asistencia en materia de registros. Mediante la expedición de un código seguro de verificación de uso obligatorio para su consulta presencial.

Según el artículo 53.1.c), ¿cuál es el régimen literal respecto a la aportación de documentos originales por parte de los interesados en el procedimiento administrativo?. Tienen la obligación de aportar siempre los documentos originales, salvo que se trate de copias digitalizadas por un notario. Tienen derecho a no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. Las Administraciones Públicas podrán exigir originales en cualquier trámite de mero soporte documental sin justificación motivada. Queda absolutamente prohibido que la normativa de un procedimiento administrativo exija la aportación de un documento original.

Al amparo del artículo 53.1.e), ¿en qué momento del procedimiento administrativo tienen derecho los interesados a formular alegaciones y aportar documentos que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución?. En cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. Únicamente durante los primeros quince días contados desde la notificación del acuerdo de iniciación. En cualquier momento, incluso con posterioridad a la firma de la propuesta de resolución por el órgano instructor. Exclusivamente durante el período de información o actuaciones previas regulado en el artículo 55.

De conformidad con el artículo 53.1.g), ¿qué derecho se reconoce expresamente a los interesados en relación con la defensa de sus intereses durante la tramitación del procedimiento?. A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. A exigir la presencia obligatoria de un Letrado de la Administración de Justicia en todas las comparecencias. A suspender de forma potestativa el procedimiento si el asesor designado no puede asistir a las actuaciones de instrucción. A que la Administración sufrague los costes derivados de su defensa técnica en caso de estimarse su solicitud.

El artículo 53.2 de la Ley 39/2015 reconoce derechos específicos a los presuntos responsables en procedimientos de naturaleza sancionadora. ¿Cuál de los siguientes enunciados refleja fielmente la literalidad de la norma?. Derecho a la presunción de inocencia penal mientras no recaiga sentencia firme en vía judicial. Derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Derecho al sobreseimiento inmediato del procedimiento si el instructor no es identificado en el acuerdo de iniciación. Derecho a no ser notificado de las sanciones que pudieran imponerse hasta que la resolución sea definitiva en vía administrativa.

Según el artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a (señale la opción INCORRECTA): A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, pero únicamente de forma presencial.

De conformidad con el artículo 53.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos (señale la opción INCORRECTA): A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer. A ser notificado de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. A no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, pero solo si cuenta con asistencia letrada.

Según el artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. Cuando se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, este derecho se entiende cumplido: Mediante la puesta a disposición de las copias en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan. Únicamente mediante notificación postal. Solamente si se solicita cita previa en la oficina de registro. No se entiende cumplido por medios electrónicos en ningún caso.

De conformidad con el artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar: La propuesta de resolución. La resolución definitiva. El informe jurídico. La notificación.

Según el artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a actuar asistidos de asesor: Cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. Únicamente cuando el procedimiento sea sancionador. Solo si lo autoriza el instructor del procedimiento. Nunca, salvo en vía judicial.

De acuerdo con el artículo 53.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán derecho a ser notificados de (señale la opción INCORRECTA): Los hechos que se le imputen. Las infracciones que tales hechos puedan constituir. Las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer. Las pruebas de cargo antes de que se practiquen.

Según el artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas. Este derecho se reconoce: Sin excepciones. Salvo que la Administración los requiera de nuevo. Salvo que el interesado se oponga expresamente. Salvo que la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso.

De conformidad con el artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en: El artículo 98.2. El artículo 14.2. El artículo 13.2. El artículo 53.2.

Según el artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. Este derecho incluye: El sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo. El sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración dicte y notifique resolución expresa en plazo. Únicamente el estado de tramitación, sin más detalles. Solo si se solicita por escrito.