Mancomunitat Rio Mijares

Según establece el artículo 167.1 de la CE, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados: Por mayoría absoluta del Senado. Por mayoría de dos tercios de cada una de las cámaras. Por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Por mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta atendiendo a lo dispuesto en la CE?. No se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el art. 2 de la CE, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos.

¿Cuál de los siguientes órganos existen sólo en los municipios?. Los Consejos sectoriales. Los órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de servicios. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Las Juntas municipales de distrito.

¿Percibe retribución el Alcalde por el ejercicio de su cargo?. Siempre. Nunca. Cuando lo desempeñe con dedicación exclusiva o parcial y establecido por acuerdo plenario. En municipios de más de 5.000 habitantes.

¿Podrá conceder la Administración una ampliación de plazos establecidos, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Podrá hacerlo, salvo precepto en contrario, siempre que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros. No, no se recoge en la Ley la posibilidad e ampliación de plazos. Si, podrá hacerlo por el tiempo que estime necesario para la resolución del procedimiento. Solo se podrá conceder si resulta beneficioso para la persona interesada.

En relación con la representación, la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las AP, dispone. En los casos en que el interesado intervenga por medio de representación, no podrá hacerlo personalmente hasta la finalización del procedimiento. La falta o insuficiente acreditación de la representación determinará el archivo del procedimiento sin más tramite. Las AP podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de cualquier clase de transacción presencial en representación de los interesados. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento la persona que interviene ante la Administración.

Indique cual es la afirmación incorrecta. El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas: Permitirá la presentación de documentación todos los días del año durante las veinticuatro horas. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las AP será determinado por el órgano competente y comunicado al interesado.

Tendrán el carácter de acto administrativo. Los actos de gobierno. Las Leyes formales. Las operaciones materiales. Los Decretos.

No forman parte de los recursos económicos de las mancomunidades. Ingresos procedentes de su patrimonio y otros de derecho privado. Multas y sanciones en el ámbito de su competencia. Ingresos procedentes de operaciones de crédito. Todas forman parte.

¿Cuál de las siguientes fases no supone una fase de ejecución del presupuesto de gasto?. Autorización. Compromiso o Disposición. Reconocimiento del Derecho. Reconocimiento de la obligación.

El art. 10 de la Ley 40/2015 recoge la avocación, que significa. Posibilidad de recusar a un órgano. Posibilidad de reclamar la resolución desde un órgano jerárquicamente superior a un órgano jerárquicamente inferior. Posibilidad de delegar la firma de resoluciones en los titulares de los órganos. Posibilidad de reclamar la resolución desde un órgano jerárquicamente inferior hacia otro que sea superior.

¿Quién aprueba las ordenanzas fiscales para imponer tributos?. El Pleno. El Alcalde. La Junta de Gobierno Local. Los tributos solo se pueden imponer por Ley de Estado.

Junto al procedimiento selectivo de Ley 4/2021 admite que el personal funcionario de carrera pueda incorporarse también por la vía. Del nombramiento. Del contrato. De la transferencia. De la libre designación.

El conductor al servicio de un Conseller es personal: Laboral. Eventual. Funcionario de carrera. Cualquiera es correcta.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta según dispone la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de la Generalitat, de mancomunidades de la CV?. Corresponde a las mancomunidades de municipios, para la prestación de los servicios o la ejecución de las obras de su competencia, de conformidad con la normativa básica de régimen local, las potestades contempladas en la misma que determinen sus estatutos. Los municipios asociados podrán decidir la encomienda de gestión a la mancomunidad de determinadas actividades de carácter material, técnico o de servicios a realizar por el personal de la administración encomendada. El encargo deberá formularse siempre en forma electrónica. Las potestades financiera y tributaria estarán limitadas al establecimiento y ordenación de tasas por prestación de servicios o realización de actividades, imposición de contribuciones especiales y fijación de tarifas y precios públicos. Aunque no exista previsión estatutaria que atribuya a la mancomunidad alguna competencia, potestad o prerrogativa, se entenderá que le corresponde siempre que sea precisa para el cumplimiento de los fines recogidos en sus estatutos y conforme con lo establecido por la legislación básica aplicable.

La Mancomunidad Rio Mijares es. Una asociación voluntaria de municipios que se constituye para gestionar y/o ejecutar planes, realizar proyectos y obras o prestar servicios de su competencia. Una asociación obligatoria de municipios para gestionar servicios públicos. Una corporación de derecho privado formada por municipios colindantes. Ninguna de las anteriores respuestas es la correcta.

Indique cuales de éstos municipios se integran en la Mancoumnidad del Rio Mijares. Arañuel, Cirat, Cortes de Arenoso, Torrechiva, y Montanejos. Cirat, Montán, Montanejos, Puebla de Arenoso y Zucaina. Cirat, Cortes de Arenoso, Montanejos, Montán y Puebla de Arenoso. Arañuel, Cirat, Montán, Puebla de Arenoso y Torrechiva.

Indique cuál de los siguientes vienen establecidos como derechos individuales de los empleados públicos en el art. 6 de la Ley 4/2021, de 16 de abril de la Generalitat. Derecho a la inamovilidad en la condición de empleado público. A la asistencia, defensa jurídica y protección por parte de la administración en la que presten servicios en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia de las acciones realizadas durante la jornada laboral. Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo. Al disfrute de las vacaciones, descansos, permisos, licencias y flexibilidad horaria.

En relación al consentimiento de los menores que regula la ley orgánica 3/208, de Protección de datos ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años, salvo en los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. Para el tratamiento de los datos de un menor requiere la audiencia del Ministerio Fiscal. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será licito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela. Las dos de catorce años son correctas.

De conformidad con el art.4 de la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que éste adoptara todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, una exactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos: Fueran obtenidos por el responsable directamente del afectado. Fueran sometidos a tratamiento por el responsable por recibirlos de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad conforme el art. 20 del Reglamento (EU) 2013/679 y el previsto en esta ley orgánica. Fueran obtenidos de un registro público por el responsable. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según la Ley 3/2019, de 19 de SS inclusivos en al CV, la intervención en el sistema público valenciano de SS de los profesionales de SS. Consiste en la atención individual centrada en la persona, familia o unidad de convivencia, desde un enfoque de desarrollo positivo y de efectiva participación de la persona en el proceso de intervención, así como de las personas menores de edad, en su caso. Será diseñada e implementada por los equipos de forma interdisciplinaria mediante una metodología participativa y basada en el trabajo en equipo, a partir de una valoración integral de las necesidades, de una evaluación conjunta de las actuaciones que estará orientada a garantizar el apoderamiento y la atención integral de las necesidades de las personas. Se basará en un enfoque individual y comunitario, cuando sea pertinente, favoreciendo la dinamización social, el análisis de la realidad del territorio de cada zona básica o área de SS, incorporando la perspectiva de género y la generación de respuestas colectivas mediante la participación activa de la ciudadanía. La intervención se realizará en horario extenso y flexible, que podrá distribuirse en horario de mañana y de tarde en función de la tipología del centro o servicio.

El art. 9 de la Ley 3/19,de 18 de febrero, de la Generalitat, de SS inclusivos de la CV, establece que serán titulares de los derechos subjetivos reconocidos en el SPVSS todas las personas en condiciones de igualdad, dignidad y privacidad, sin discriminación alguna por circunstancias personal o social. Son residencia efectiva en cualquier municipio de la CV. Con residencia legal en cualquier municipio de la CV. Personas empadronadas y con residencia legal y efectiva en cualquier municipio de la CV. Con vecindad administrativa en cualquier municipio de la CV.

El equipo de intervención social de la zona básica de SS, según establece la Ley 3/2019 en su art. 64, estará compuesto por. Personas con titulación universitaria en las disciplinas o las áreas de conocimiento de trabajo social, educación social y psicología, además de por personas con formación profesional en integración social. Personas con titulación universitaria en las disciplinas o las áreas de conocimiento de trabajo social, educación social y psicología, además de por personas con formación profesional en atención a la dependencia. Personas con la titulación de técnico superior en integración social. Personas con titulación universitaria en disciplinas o áreas de conocimiento relacionadas con el ámbito de lo social.

La Ley 3/2019 de SS inclusivos de CV establece tres tipos de prestaciones, ¿Cuáles son?. Prestaciones asistenciales, económicas y preventivas. Prestaciones económicas, personales y comunitarias. Prestaciones profesionales, económicas y tecnológicas. Prestaciones profesionales, personales y económicas.

Atendiendo a la estructura funcional del sistema público valenciano de SS (SPVSS) estipulado en la ley 3/2019. El servicio de inclusión social perteneciente a los servicios de atención primaria, tiene por objeto. Asumir la prevención, el diagnóstico, la intervención y el seguimiento para la cobertura de las necesidades básicas de las personas, familiar o, en su caso, unidades de convivencia, así como fomentar su participación en el proceso, con carácter periódico. Desarrollar la prevención, diagnóstico e intervención en situaciones de diversidad funcional o discapacidad, dependencia o vulnerabilidad, fomentando las relaciones convivenciales durante todo el ciclo vital de las personas. Desarrollar la prevención, intervención y promoción de la convivencia en la comunidad de referencia, a través de dispositivos de intervención comunitaria efectivos, basados en el fomento de los recursos comunitarios presentes en el territorio, en especial en los centros de SS, hacia la consecución de objetivos comunes que permitan favorecer y mejorar las condiciones sociales desde un enfoque global e integrador. Ninguna de las anteriores.

Según lo establecido en la Ley 3/2019, de SS inclusivos, la Historia Social única (señala la respuesta correcta). Se conservará un mínimo de veinte años desde la fecha de alta de cada proceso de intervención. La Generalitat podrá seleccionar y destruir los documentos que no son relevantes para la intervención transcurridos cinco años desde la última atención. En el caso de personas fallecidas, el plazo de conservación se limitará a cinco años. Todas las opciones son correctas.

Cual de las siguientes no es una función del Equipo Social de intervención según el Decreto 38/2020 de 20 de marzo de coordinación y financiación de la atención de primaria de SS. Planificación, programación y seguimiento de los servicios y prestaciones necesarias para atender las necesidades detectadas en el ámbito de la atención primaria de carácter básico. Registro, gestión y tramitación de la documentación generada desde la Atención Primaria de carácter básico y específico en su caso. Aplicación de las técnicas de su competencia profesional para la intervención y prevención de las necesidades sociales individuales o colectivas que le correspondan en la intervención. Coordinación técnica con las personas profesionales integrantes del equipo, con profesionales de los servicios de carácter específico y con otras personas profesionales de las entidades locales, del sistema autonómico, de organismos públicos y de entidades de iniciativa social.

Según el Decreto 38/2020, de 20 de marzo, de coordinación y financiación de la atención primaria de SS y posteriores modificaciones, cuales de las siguientes comisiones de coordinación técnica no será preceptiva. Comisión de intervención social. Comisión organizativa. Comisión de seguimiento y valoración de prestaciones económicas. Ninguna de las anteriores es correcta.

El contrato programa se define como. Convenio interadministrativo anual suscrito para la gestión de la ejecución de las prestaciones en materia de SS. Documento administrativo de colaboración que tiene la finalidad de regular las relaciones jurídicas y financiera, así como las relaciones de colaboración interadministrativas, en materia de SS. Convenio interadmistrativo plurianual suscrito para la gestión de la ejecución de las prestaciones en materia de SS. Contrato administrativo anual que tiene como finalidad como regular las relaciones de colaboración interadministrativas, en materia de SS.

La definición "Es el instrumento dirigido a las personas usuarias, familias o unidades de convivencia, diseñado para garantizar el carácter integral de la atención, su continuidad y homogeneidad en las intervenciones entre distintos equipos profesionales" se refiere a. Plan intervención social y educativo familiar. Proyecto personalizado de inclusión social. Plan personalizad de inclusión social. Plan personalizado de intervención social.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 64 de la ley de SS inclusivos, el equipo de profesionales de la zona básica de SS constituye el núcleo de intervención del sistema público valenciano de SS y estará compuesto por. El equipo de intervención social. La unidad de igualdad y las unidades de apoyo jurídico. Las unidades de apoyo administrativo. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Cuál de las siguientes funciones no se enmarca dentro de las propias del equipo de intervención social, reguladas en el artículo 64.3 de la ley de SS inclusivos. Acogida a las personas usuarias en la primera cita por parte de la persona profesional de referencia, que llevará a cabo la valoración y diagnóstico de la situación social, así como la propuesta inicial de las prestaciones profesionales, económicas o tecnológicas más adecuadas, y derivación si corresponde. Atención directa a las personas, familias y unidades de convivencia, así como a asociaciones y colectivos que tengan que ver con su competencia profesional y nivel de atención. Asesoramiento e información en materia de derecho sociolaboral, derecho civil, derecho administrativo y derecho penal. Diseño, seguimiento y evaluación de Plan Personalizado de intervención social en coordinación con el resto de profesionales de los distintos niveles funcionales de atención y, en su caso, con las unidades de apoyo jurídico y con las unidades de igualdad.

Según el Decreto 34/2021 de 26 de febrero, del consell, de regulación de Mapa de SS de la CV son criterios básicos y complementarios para la zonificación. Señala la respuesta incorrecta. El respeto a las organizaciones supramunicipales en su forma de mancomunidades actualmente existentes para la gestión de sus competencias en materia de SS. La consideración al despliegue en el territorio de la red de recursos sociales privados que componen la atención secundaria, para lo que deberá tenerse en cuenta la situación previa en la configuración de los SS. Los rasgos sociodemográficos en las delimitaciones territoriales tales como la densidad de población, las características de la distribución de las poblaciones en el territorio o las vinculaciones funcionales de municipios próximos, entre otros. Las infraestructuras existentes en el territorio en materia de comunicación tales como carreteras y transportes públicos, así como las características inherentes y obstáculos del terreno con especial atención a las dificultades.

Según el Decreto 34/2021 de 26 de febrero, del consell, de regulación del Mapa SS de la CV, en relación a la coordinación y supervisión de área de SS por la Generalitat tendrá las siguientes funciones. Funciones de coordinación de los servicios de atención primaria de carácter específico de competencia autonómica que no hayan sido delegados. Supervisión de todos los servicios de atención primaria específica que se desarrollen en las distintas áreas que conforman el departamento y garantizará una correcta coordinación de todos los servicios de casa área y de estas entre sí. Dirección de la atención primaria básica y específica de competencia local en todo su territorio de actuación delegados y no delegados. Promoverá que se desarrollen los órganos, los protocolos y las técnicas de coordinación entre los servicios del área y entre estos y los equipos de intervención de las zonas básicas.

La mapificación se define como. La mapificación es el conjunto de actuaciones llevadas a cabo por los SS de atención secundaria, tendentes a disponer de una herramienta básica de localización de las prestaciones de SS en la estructura funcional y territorial del sistema. La mapificación es el conjunto de actuaciones llevadas a cabo por los órganos directivos de la conselleria competente en SS responsables de la ordenación del SPVSS, para la organización de las prestaciones profesionales, tecnológicas y garantizadas en todo el territorio en el que se despliega el SPVSS. La mapificación es el conjunto de actuaciones llevadas a cabo por los órganos directivos de la conselleria competente en SS responsables de la ordenación del SPVSS, tendentes a disponer de una herramienta básica de localización de las prestaciones de SS en la estructura funcional y territorial del sistema, de información actualizada en todo momento sobre las prestaciones sociales, sus características y su ubicación en los niveles de atención. La mapificación recogerá la información relativa a los servicios y centros de SS que figuran en el mencionado registro general, independientemente de su titularidad y de su integración o no en el SPVSS.

Según el Decreto 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de SS. Se considera centro de SS. La unidad de organización, física y funcional, dotada de una infraestructura material, con ubicación autónoma e identificable, en la que se ofrecen o desde la que se materializan prestaciones de SS. Unidad organizativa que contemple una o más prestaciones profesionales, económicas o tecnológicas. Los servicios podrán presentar diferentes modalidades, en función del objeto que persigan, con respecto a la población destinataria, la intensidad y duración o el tipo de prestación que articules, y podrán proveerse a través de centros y programas. Conjunto ordenado y previamente planificado de actuaciones que están dirigidas a intervenir ante situaciones de necesidad de carácter individual, grupal o comunitario. Aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que sean titulares de servicios y centros de SS, así como aquellas personas físicas que tengan como objeto la realización de actividades con carácter permanente dentro del ámbito de los SS.

Las comisiones técnicas de seguimiento y evaluación de los contratos programa tendrán las siguientes funciones. Supervisar la ejecución del contrato programa. Realizar evaluaciones puntuales de seguimiento. Plantear y comunicar las controversias técnicas que puedan, eventualmente, plantearse. Realizar seguimiento de evaluación de ejecución y gasto.

Los contratos programa deberán especificar, como mínimo, según el art. 12 del Decreto 38/2020, de 20 de marzo de coordinación y financiación de la atención primaria de SS. Denominación de la parte que impulsa la celebración el contrato programa, capacidad jurídica con la que actúa. Cuantía total de las obligaciones económicas que únicamente asume, de una parte, la hacienda de la Generalitat o la diputación provincial correspondiente. Compromisos y obligaciones de ambas partes: la conselleria competente en SS o la diputación provincial correspondiente y la entidad local. Título del contrato programa, que constará del nombre de la zona básica de SS.

Según establece la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, considera el grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía personal. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.

Según establece la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, son titulares de derechos los españoles que cumplan los siguientes requisitos: Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos. Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales os deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Para los menores de cinco años el periodo de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia. Tener cumplidos 18 años en la fecha de presentación de la solicitud y ser menor de 65 años. Encontrarse y residir son correctas.

Según establece la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece que se determinarán mediante la aplicación del baremo que se acuerde en el Consejo Territorial de SS y del sistema para la autonomía atención a la dependencia para su posterior aprobación por el Gobierno mediante real decreto. El baremo establecerá los criterios objetivos de valoración del grado de autonomía de la persona, de su capacidad para realizar las distintas actividades de la vida diaria, los intervalos de puntuación para cada uno de los grados de dependencia y el protocolo con los procedimientos y técnicas a seguir para la valoración de las aptitudes observadas, en su caso. El baremo valorará la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí misma las actividades básicas de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y supervisión para su realización por personas con discapacidad intelectual o con enfermedades mental. Para el reconocimiento de la discapacidad se valoran las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación que presenten la persona, como en su caso, los factores contextuales/barreras ambientales. Las dos de barremos con correctas.

Respecto a los servicios de valoración de la situación de dependencia, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones previstas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Se efectuarán directamente por las Administraciones Públicas pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas. Se efectuarán directamente por las AP no pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas. Se efectuarán únicamente por contratación o concierto con entidades privadas. Todas son correctas.

En el marco del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones correspondientes, la Ley 39/2006, de 4 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, recoge que los SS correspondientes del sistema público establecerán: Un programa individual de atención. El baremo para la valoración de los grados de dependencia. Resolución expedida por la administración local. Ninguna es correcta.

El Programa individual de Atención será revisado según se establece en la Ley 39/2006, de 14 de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. La ley no permite revisión del programa individual de atención. Por fallecimiento. Con motivo del cambio de residencia a otra CCAA. Ninguna es correcta.

El grado de dependencia será revisable según la Ley 39/2006S, de 14 de diciembre, de Promoción Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia. Solo por empeoramiento de la situación de dependencia. Error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo. Mejoría y error son correctas.

La percepción de una de las prestaciones económicas previstas Según establece la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, deducirá de su cuantía cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social. El complemento de gran invalidez. El complemento de gran invalidez y el de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva. El complemento de gran invalidez, el complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 75% el de necesidad de otra persona de la pensión de invalidez no contributiva, y el subsidio de ayuda a tercera persona (LISMI). No se deducirá de la cuantía reconocida cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social.

Señale la opción incorrecta. Según el Decreto 62/2017 de 19 de mayo, del Consell, por el que se estable el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, en relación al informe social de entorno, el informe será elaborado. Cuando una persona resida en un recurso residencial público, por el trabajador o trabajadora social del citado recurso. Cuando la persona se encuentre en hospitales públicos de corta estancia, por el trabajador o trabajadora social de dicho centro hospitalario. Cuando la persona se encuentre en hospitales privados de larga estancia, por el trabajador o la trabajadora social de los SS correspondientes al municipio en que se encuentre el centro hospitalario. Cuando la persona se encuentre en instituciones penitenciarias, por el trabajador o trabajadora social de dicho organismo.

Según el Decreto 62/2017 de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, con que otro recurso no es compatible la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. El servicio de centro de atención diurna. El servicio de ayuda a domicilio. El servicio de teleasistencia. La prestación económica vinculada al servicio de promoción de la autonomía personal de atención temprana.

Una persona con una puntuación de 75 puntos en la valoración para el reconocimiento de grado ¿Qué calificación obtendrá en su dictamen técnico de Dependencia?. Grado I. Dependencia moderada. Grado II. Dependencia severa. Grado III. Gran dependencia. Grado I. Dependencia leve.

Según el Decreto 62/2017 por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia y el acceso al sistema público de SS, con respecto al Programa individual de Atención (PIA). La resolución PIA deberá dictarse y notificarse en plazo de 6 meses desde la fecha de resolución del grado. El seguimiento del PIA lo realizará la Conselleria con competencia en materia de dependencia. El PIA deberá contener la identificación de la persona en situación de dependencia; servicio o servicios reconocidos con la indicación de las condiciones específicas de la prestación de estos; prestación o prestaciones con la indicación de las condiciones específicas; obligación de la persona en situación de dependencia. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

De acuerdo con el art. 10 de la ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia: La personas menor de edad que sea objeto de alguna de las formas de violencia a que se refiere el art. 10 de esta ley tiene prioridad para ser atendida en los servicios sanitarios y para acceder a los centros educativos, a los servicios y programas sociales y a las subvenciones y ayudas públicas que resulten necesarias para satisfacer las necesidades derivadas de su condición de víctima. La Generalitat debe proporcionar a las niñas, niños o adolescentes que hayan sufrido cualquier tipo de maltrato, incluidos hijos e hijas menores de violencia de género, una atención parcial que dé respuesta a sus distintas necesidades como víctimas. La Generalitat debe proporcionar a las niñas, niños o adolescentes que hayan sufrido cualquier tipo de maltrato, incluidos hijos e hijas menores de violencia de género, una atención temporal que dé respuesta a sus distintas necesidades como víctimas. La personas menor de edad que sea objeto de alguna de las formas de violencia a que se refiere el art. 9 de esta ley tiene prioridad para ser atendida en los servicios sanitario y para acceder a los centros educativos, a los servicios y programas sociales y a las subvenciones y ayudas públicas que resulten necesarias para satisfacer las necesidades derivadas de su condición.

Según la ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y adolescencia, la competencia para detectar, valorar, intervenir, declarar y determinar el cese de la situación de riesgo corresponde a. Solo la Generalitat. La UFAM. La entidad local donde resida de hecho la persona protegida. La Fiscalía.

¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta?. La situación de riesgo se declarará mediante una resolución motivada del órgano que tenga atribuida la competencia. La declaración de riesgo especificará las acciones o omisiones a las que vienen obligados el padre, la madre o las personas que ejerzan la tutela o la guarda, de hecho o de derecho, de la persona protegida. Las medidas de apoyo o atención directa a la persona protegida previstas en el proyecto no podrán llevarse a cabo sin contar con el consentimiento de sus representantes legales. El órgano competente para dictar la declaración de riesgo podrá, a propuesta del órgano colegiado, prorrogarla o, si ya no se dieran los presupuestos para considerar que la persona protegida está en tal situación, revocarla.

Según el art. 11.1 de la ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos garantías de la infancia y la adolescencia. Cuando la violencia se produzca en el propio entorno familiar, se procurará, siempre que sea compatible con el interés superior de la persona protegida, que la protección se lleve a cabo mediante el acercamiento de la persona maltratadora y no mediante la salida de la víctima de su medio familiar. Cuando la violencia se produzca en el propio entorno familiar, se procurará, siempre que sea compatible con el interés superior de la persona protegida, que la protección se lleve a cabo mediante el acercamiento de la persona maltratadora y sí mediante la salida de la víctima de su medio familiar. Cuando la violencia se produzca en el propio entorno familiar, se procurará, siempre que sea compatible con el interés superior de la persona protegida, que la protección se lleve a cabo mediante el alejamiento de la persona maltratadora y no mediante la salida de la víctima de su medio familiar. Cuando la violencia se produzca en el propio entorno familiar, se procurará, siempre que sea compatible con el interés superior de la persona protegida, que la protección se lleve a cabo mediante el acercamiento de la persona maltratadora y siempre mediante la salida de la víctima de su medio familiar.

De acuerdo a la normativa actual vigente, el acogimiento familiar podrá adoptar las siguientes modalidades. Acogimiento familiar en familia extensa y acogimiento de urgencia. Acogimiento familiar de urgencia, acogimiento familiar temporal y acogimiento familiar permanente. Acogimiento familiar permanente. Acogimiento familiar de urgencia con familia educadora.

Según la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y adolescencia, la acción protectora de las situaciones de riesgo con infancia y adolescencia tendrá por objeto. Salvaguardar y restituir los derechos de la persona protegida. Ayudar a la familia del menor a cumplir sus objetivos. Disminuir los factores de riesgo de medio. Ninguna de las anterioes.

Según el Decreto 93/2001, 22 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Protección Jurídica del Menor en la CV, ¿cuál de las siguientes se corresponde con una situación de desamparo?. Aquellas perjudiciales para el desarrollo físico, psíquico y emocional en las cuales el menor no dispone de una satisfactoria adecuada relación con algún familiar, o bien su edad, estatus físico, cognitivo, emocional o temperamental limitan su capacidad de autoprotección ante las mismas. Aquellas de precariedad, dificultad de afrontamiento de la realidad social, dificultades parentales y relacionales, y otras potencialmente perjudiciales para el menor, en las que no se cuenta con el consentimiento y colaboración de los padres, tutores o guardadores para su superación, no pudiéndose abordar las mismas desde los recursos generales o especializados disponibles en la comunidad con el menor integrado en la familia. La negligencia en la atención física, psíquica o educativa del menor por parte de sus padres, tutores o guardadores, cuando las omisiones en el cuidado del menor sean sistemáticas o graves. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La Ley que regula las medidas de protección integral contra la violencia de género. Ley orgánica 1/2004, de 28 diciembre. Ley orgánica 3/2008, de 28 diciembre. Ley orgánica 15/2008, de 28 diciembre. Ley orgánica 5/2004, de 28 diciembre.

Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a SS de. Atención y emergencia. Apoyo y acogida. Recuperación integral. Todas son correctas.

Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género, las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a SS de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La atención multidisciplinar comprenderá. Apoyo educativo a la unidad familiar. Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer. Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos. Todas las respuestas son correctas.

Según el art. 60 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la CV, además de la Red de la Generalitat de Asistencia Social integral a las víctimas de violencia sobre la mujer, los poderes públicos garantizarán la existencia de otros servicios. De carácter rehabilitador de atención a la mujer. De carácter complementario de atención a la mujer. De carácter generalista de atención a la mujer. De carácter garantista de atención a la mujer.

¿Cuál es la duración del ingreso mínimo vital?. Se prolongará mientras pesista la situación de vulnerabilidad económica y se mantenga los requisitos que originaron su derecho a la percepción. Se prolongará mientras pesista la situación de vulnerabilidad económica, aunque falte el requisito de residencia. Se prolongará durante 2 meses. Se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad económica, pero con un máximo de 24 meses.

Entre los requisitos de acceso a la prestación del IMV se encuentra. Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma ininterrumpida durante al menos al año anterior a la solicitud. Encontrarse en situación de vulnerabilidad social. Tener residencia legal y efectiva en España y ser víctima de trata de seres humanos y de explotación sexual. Todas las respuestas son correctas.

El art. 6 de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana de inclusión define esta prestación como. Un derecho objetivo que se concreta a través de una prestación económica y/o una prestación profesional para realizar un proceso de inclusión social. Sus prestaciones estarán dirigidas a cubrir las necesidades básicas y garantizar la calidad de vida. Está vinculada, necesariamente, a los instrumentos de apoyo regulados en está Ley. Todas las respuestas son correctas.

El art. 13 de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana de inclusión, establece los requisitos de acceso a la prestación económica de la renta valenciana de inclusión, que se desarrollan en. El Decreto 62/2018, de 11 de mayo del Consell, por el que se desarrolla la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana de inclusión. El Decreto 60/2018, de 11 de mayo del Consell, por el que se desarrolla la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana de inclusión. El Decreto 7/2020, de 11 de junio del Consell, por el que se desarrolla la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana de inclusión. El Real Decreto 62/2018, de 11 de mayo del Consell, por el que se desarrolla la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana de inclusión.

Según de Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de Renda Valenciana de Inclusión, ¿cómo se define la condición de vulnerabilidad social?. Aquellas situaciones en las que las personas no tienen los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas, para el ejercicio de sus derechos sociales, con limitaciones en su participación social y se encuentran en un estado de dificultad personal o social para su inclusión social, y en su caso inserción laboral. Una situación de riesgo, de dificultad que inhabilita e invalida, de manera inmediata o en el futuro a las personas o grupos afectados, en la situación de su subsistencia y de calidad de vida. Ambas son correctas. Ambas son incorrectas.

¿En qué ley se recoge la definición de espacios vulnerables?. Ley 26/2018 de 21 de diciembre de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y adolescencia. Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de la Renta Valenciana de Inclusión. Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de SS inclusivos de la CV. Ninguna es correcta.

El itinerario de inclusión social como instrumento de inclusión social de la renta valenciana de inclusión social, se define como: El compromiso voluntario de ser persona perceptora, personas titulares y beneficiarias mayores de edad con capacidad de obrar, de la renta de garantía de inclusión social, una vez realizado el diagnóstico social, y del que se deriva la prescripción de participar o no participar en el programa personalizado de inclusión, itinerario social o laboral. La valoración de la situación de exclusión y vulnerabilidad social, los objetivos y las acciones específicas de carácter personal, familiar, educativo, social y laboral oportunas para prevenir o mejorar dicha situación. El conjunto de actividades secuenciales que se ofrece a la o las personas destinatarias de la renta de garantía de inclusión social mediante ayudas personales y recursos sociales para que gestionen con autonomía su propio proceso de inclusión social. Acciones técnicas puntuales y aisladas, que darán cuerpo al programa personalizado de inclusión.

Los itinerarios de inclusión social tienen la siguiente característica. Estos recursos no tendrán en cuenta las necesidades e intereses de las personas en los ámbitos de la familia, salud, vivienda, habilidades personales familiares, parentales y sociales, educación y formación, justicia, cultura, deporte y participación social. Los itinerarios de inclusión social constituyen una estrategia específica de intervención integral por medio de un conjunto de acciones, instrumentos y procedimientos técnicos de apoyo ajustados a las necesidades de las personas destinatarias. Los itinerarios de inclusión están basados en la metodología de trabajo generalizada y grupal, desde el compromiso la dirección de las personas técnicas. Su objeto principal no es el de prevenir las situaciones de exclusión social o de riesgo de exclusión social y favorecer la inclusión social y la inserción laboral.

El servicio de ayuda a domicilio (señale la respuesta correcta). Se encuadra dentro del catálogo de servicios del sistema público valenciano de SS que recoge la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de SS inclusivos de la CV. Es una prestación profesional. Consiste en el cuidado y actuaciones realizadas principalmente fuera del domicilio y en el entorno social de la persona con la finalidad de atender las necesidades de la vida diaria y de prestar apoyo personal de carácter polivalente y preventivo, seguimiento y acompañamiento para las personas y, en su caso, unidad de convivencia, que presenten dificultades físicas, intelectuales, cognitivas, de salud mental o sociales, o se encuentren en situación de vulnerabilidad. Todas las afirmaciones son correctas.

En relación con el Servicio de ayuda a domicilio, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. La atención domiciliaria es una prestación que tiene por objeto la mejora de las condiciones de calidad de vida de las personas mediante la atención domiciliaria a estas y en su caso a la unidad de convivencia de acuerdo con sus necesidades. Para garantizar la eficiencia y la calidad de la prestación del SAD, deberá coordinarse con el Equipo de Atención Primarias de salud en los casos de atención a las personas en situación de dependencia y diversidad funcional o sensorial, así como con los servicios de salud mental, en su caso. El desarrollo de la prestación del SAD se caracteriza por la intervención de un primer nivel, compuesto por las personas profesionales de TS de atención primaria, que ejercen una intervención de carácter técnico (diagnóstico, seguimiento y evaluación), y un segundo nivel en el que intervendrán los y las auxiliares de ayuda a domicilio y atención a la dependencia como profesionales que se encargan de la ejecución del servicio. Todas las respuestas son ciertas.

Según la Ley de SS inclusivos de la CV, la atención domiciliaria será una prestación. Tecnológica y gratuita. Profesional y garantizada. Económica y gratuita. Profesional y no garantizada.

Según la ordenanza municipal que regula el servicio de ayuda a domicilio, en su ámbito de aplicación, el servicio de ayuda a domicilio de la mancomunidad río mijares va dirigido a las personas empadronadas y que están residiendo en los municipios integrantes de la mancomunidad. Personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, no reconocidas como personas en situación de dependencia. Personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, que tengan reconocida la situación de dependencia, en cualquiera de sus grados. Personas o familias con necesidad de apoyo socio-familiar. No reconocidas y familias son correctas.

Según la ordenanza municipal que regula el servicio de ayuda a domicilio de la mancomunidad río mijares, para acceder el servicio de ayuda a domicilio en la modalidad de urgencia se requerirá. LA permanencia en la lista de espera del servicio de ayuda a domicilio de más de 6 meses. Tener reconocida la situación de dependencia, en cualquier de sus grados. Tener reconocida la situación de dependencia, en grado 3. La existencia de una situación sobrevenida debidamente justificada (enfermedad, accidente, incapacidad) que merme la capacidad para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria de la persona solicitante y que ésta no disponga de apoyos suficientes en su entorno habitual.

Según la ordenanza municipal que regula el servicio de ayuda a domicilio de la mancomunidad río mijares, tendrán la consideración de bajas temporales aquellas que signifiquen un cese temporal en la prestación del servicio, por alguna de las siguientes circunstancias. Hospitalizaciones. Ingresos temporales en centros residenciales. Acogimiento familiar temporal. Todas son correctas.

Respecto a las ayudas de emergencia social. Las ayudas de emergencia social son inembargables y tienen carácter finalista, debiendo destinarse únicamente al objeto para el que hayan sido concedidas. Las ayudas de emergencia social tienen carácter subsidiario y, en su caso, complementario de todo tipo de recursos y prestaciones sociales de contenido económico previstos en la legislación vigente que pudieran corresponder a la persona beneficiaria o a cualquiera de las personas miembros de su unidad familiar o de convivencia, siempre que estas últimas no cubran la totalidad de la necesidad para la que se solicita la ayuda. Estas ayudas tendrán la consideración de instrumentales en la resolución de problemas sociales y no serán un fin en sí mismas. Todas son correctas.

Según la ordenanza reguladora de las bases para la concesión de prestaciones económicas individualizadas en materia de SS de la mancomunidad río mijares, es requisito de las personas solicitantes para optar a una prestación económica para la mejora y autonomía de las personas mayores. Ser mayor de 60 años. Que la persona solicitante presente dificultades de carácter motor o sensorial que le impidan su movilidad. Que la solicitud esté referida a elementos relacionadas con las necesidades de accesibilidad y comunicación, excluyéndose expresamente aquellos que signifiquen una mejora en el hogar o en el edificio que no estén directamente relacionados con los impedimentos físicos y/o sensoriales. Todas son correctas.

Según la ordenanza reguladora de las bases para la concesión de prestaciones económicas individualizadas en materias de SS de la mancomunidad río mijares, se consideran situaciones de emergencia aquellas que originan gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico y urgencia, tales como. Gastos para suministros básicos energéticos. Gastos digitales de la vivienda habitual. Bono social para electricidad. Todas son correctas.

Según la ordenanza reguladora de las bases para la concesión de prestaciones económicas individualizadas en materias de SS de la mancomunidad río mijares, podrán solicitar una ayuda de emergencia, aquellas personas que, hallándose en situación grave de necesidad, reúnan los siguientes requisitos. Que renta per cápita anual de los miembros de la unidad familiar o de convivencia a la que pertenezca la persona no exceda del 100% del IPREM vigente, en cómputo anual con doce pagas. Que renta per cápita anual de los miembros de la unidad familiar o de convivencia a la que pertenezca la persona no exceda del 150% del IPREM vigente, en cómputo anual con doce pagas. Que renta per cápita anual de los miembros de la unidad familiar o de convivencia a la que pertenezca la persona no exceda del 200% del IPREM vigente, en cómputo anual con doce pagas. Ninguna es correcta.

En el código deontológico del TS se establecen como principios generales. Respeto activo a la persona, al grupo o a la comunidad como centro de toda intervención. Aceptación de categorización derivadas de esquemas prefijados. Universalización expresada en la necesidad de superar en la intervención profesional las particularidades específicas de cada persona, grupo o comunidad. Dependencia profesional conociendo y respetando el proyecto y la normativa de la institución donde trabaja.

Se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia en. Real decreto 291/2015, de 17 de abril. Real decreto 174/2011, de 11 de febrero. Decreto 62/2017, de 19 de mayo. Real decreto 274/2011, de 11 de febrero.

Según el Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del GV, por el que se aprueba el reglamento de medidas de protección jurídica del menor en la CV, ¿cuál de las siguientes se corresponde con una situación de desamparo?. Aquellas perjudiciales para el desarrollo físico, psíquico y emocional en las cuales el menor no dispone de una satisfactoria y adecuada relación con algún familiar, o bien su edad, estatus físico, cognitivo, emocional o temperamental limitan su capacidad de autoprotección ante las mismas. Aquellas de precariedad, dificultad de afrontamiento de la realidad social, dificultades parentales y relacionales, u otras potencialmente perjudiciales para el menor, en las que no se cuenta con el consentimiento y colaboración de los padres, tutores o guardadores para su superación, no pudiéndose abordar las mismas desde los recursos generales o especializados disponibles en la comunidad con el menor integrado en la familia. La negligencia en la atención física, psíquica o educativa del menor por parte de sus padres, tutores o guardadores, cuando las omisiones en el cuidado del menor sean sistemáticas o graves. Todas las respuesta son correctas.

Según la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la generalitat, de renta valenciana de inclusión, el régimen competencial y organizativo, en el artículo 46 Disposición general establece: Los competencias en materia de Renta Valenciana de Inclusión, en el marco de los SS generales, corresponderán a la generalitat, a las diputaciones y a las entidades locales en su respectivo ámbito territorial, y deberán ejercerse bajo los principios generales de coordinación y cooperación, sin perjuicio de la autonomía que corresponde a cada una de ellas, y de acuerdo con lo previsto en el estatuto de autonomía que corresponde a cada una de ellas, y de acuerdo con lo previsto en el estatuto de autonomía de la CV, en la legislación autonómica de SS y en la legislación de régimen local. La Ley apuesta por el municipalismo, reconociendo como actores principales en la inclusión social a los municipios. Dichas direcciones territoriales serán, asimismo, las competentes para la instrucción y resolución de las solicitudes de prestación de renta complementaria de ingresos. Finalmente, merece destacar que el plazo de resolución se establece en cuatro meses, estableciéndose además de carácter estimatorio del silencio administrativo. Se establece como novedad la eliminación de la distinción entre entidades municipales colaboradoras y no colaboradoras, aportando a favor de la municipalización en la instrucción, tramitación y seguimiento de la renta de garantía, en sus dos modalidades, quedando asignadas las competencias de resolución y pago de la prestación que corresponda a la Generalitat, a través de las direcciones territoriales de la conselleria con competencia en materia de renta valenciana de inclusión.

El servicio de Ayuda a Domicilio puede desarrollarse en las siguientes modalidades. Señala la respuesta incorrecta. Apoyo psicológico. Apoyo personal. Apoyo doméstico. Apoyo socioeducativo.