María

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocerá, en segunda instancia: Recursos contra actos de los órganos centrales del Ministerio de Defensa en materia de ascensos. Apelaciones contra autos y sentencias de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. Apelaciones contra autos y sentencias de las Salas de lo Contenciosos-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. Apelaciones contra autos y sentencias del Tribunal Económico-Administrativo Central.

¿Cuándo se entenderá emplazada la Administración en el proceso contencioso-administrativo?: Cuando remita acuse de recibo del órgano jurisdiccional que lo emitió. Por la reclamación del expediente. Con la admisión del recurso contencioso-administrativo por parte del órgano jurisdiccional. Por el envío del expediente.

El recurso de alzada se resuelve por: El superior jerárquico del órgano que dictó el acto que se impugna. El mismo órgano que dictó el acto que se impugna. El Ministro competente. La Presidencia del Gobierno.

¿Qué cuestiones podrá decidir el órgano que resuelva el recurso administrativo?: Todas las cuestiones que plantee el procedimiento, alegadas o no por los interesados. Solo las cuestiones alegadas por los interesados en el recurso. Las cuestiones alegadas y, en determinados casos concretados en la Ley, las cuestiones no alegadas. Todas, salvo las expresadas excluidas por los interesados.

Indique cuál de las siguientes materias no es susceptible de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa: Las actuaciones de la Administración electoral. Los actos del Consejo General del Poder Judicial en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las actuaciones de la Administración electoral y los actos del Consejo General del Poder Judicial en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ninguna es correcta.

En los procedimientos contencioso-administrativos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo: El plazo par proponer la prueba se amplía de 30 días, y a 60 días el plazo para practicarla. El plazo para proponer la prueba puede ampliarse indefinidamente a petición fundada del demandante. Corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Se prevé un procedimiento especial en el que se reducen los plazos máximos para resolver.

Señale qué órgano judicial no se corresponde con la organización de la jurisdicción contencioso-administrativa: El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. Los Juzgados Regionales de lo Contencioso-Administrativo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

¿Puede las Administraciones Públicas revisar de oficio actos nulos?: Si, previo dictamen favorable del Consejo de Estado. No, en ningún caso. Sí, siempre que se haya puesto fin a la vía administrativa o no se haya interpuesto recurso. Si, previo dictamen favorable del Consejo de Estado y siempre que se haya puesto fin a la vía administrativa o no se haya interpuesto recurso.

¿Cuál de las siguientes materias no es competencia de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo?: Sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros. Las sanciones administrativas que consistan en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses. Cuestiones de personal que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera. Reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda 30.050 euros.

¿Qué órgano conocerá en única instancia del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra un acto emanado del Defensor del Pueblo?: La Audiencia Nacional. Los Tribunales Superiores de Justicia. El Tribunal Supremo. Los actos emanados del Defensor del Pueblo son irrecurribles.

A diferencia de lo que ocurre en los recursos de alzada o potestativo de reposición, en el recurso extraordinario de revisión es requisito previo a su resolución: Dar trámite de audiencia al interesado. Recabar el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. Celebrar tramite de información pública. Qué finalice, en todo caso, la suspensión acordada.

Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo: Deberá acordar la resolución de los mismos antes de que recaiga pronunciamiento judicial. Deberá abstenerse de su conocimiento. Podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. Deberá, en todo caso, esperar para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.

Señale la respuesta correcta en relación con el recurso de reposición regulado en la Ley 39/2015: El plazo de interposición del recurso de reposición es de un mes en el caso de actos presuntos. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición es de dos meses. Contra la resolución del recurso de reposición podrá interponerse recurso de alzada. Contra la resolución del recurso de reposición solo podrá interponerse contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, del recurso extraordinario de revisión.

En relación con el plazo para la interposición del recurso de reposición, señale la afirmación correcta: Un mes contado desde el día de la notificación del acto recurrible, si fuera expreso. Un mes contado a partir del día siguiente de la notificación del acto recurrible, si fuera expreso, y en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se entiende producido el acto presunto. Dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación del acto recurrible, si fuera expreso. Tres meses contados a partir del día siguiente a la notificación del acto recurrible, si fuera expreso.

Ante la falta de resolución expresa de un recurso de alzada se podrá: Interponer un recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo. Solicitar una certificación de acto presunto, que deberá expedirse en el plazo improrrogable de un mes. Interponer el recurso de queja. Interponer el recurso contencioso-administrativo.

Contra la resolución de un recurso de alzada: Cabe interponer recurso contencioso-administrativo. No cabrá interponer ningún otro recurso administrativo. Cabe la interposición del recurso potestativo de reposición. Cabe platear la reclamación previa al ejercicio de las acciones civiles.

¿La interposición de cualquier recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado?: No, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario. Sí, si se tratase del recurso potestativo de reposición. No, si el recurso interpuesto fuese el extraordinario de revisión. Sí, si el recurso interpuesto fuese el de alzada.

¿Qué recurso se puede interponer contra una disposición de carácter general?: Recurso en vía contencioso-administrativa. Recurso potestativo de reposición. Recurso potestativo de reposición si la disposición ha sido aprobada por un Ministro. Recurso de alzada ante el Consejo de Ministros si la disposición ha sido dictada por un Ministro.

Cuando se hayan interpuesto un recurso de alzada contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud, y haya transcurrido el plazo establecido para dictar resolución expresa sin haberse dictado la misma, se entenderá: Qué se ha estimado el recurso. Que se ha desestimado el recurso. Que se ha convalidado la solicitud. Que la solicitud no ha sido admitida.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los vicios y defectos que hagan anulable un acto: Podrán ser alegados por quienes los hubieran causado. No podrán ser alegados por quienes los hubieran causado. Podrán ser alegados, únicamente por la Administración. Podrán ser alegados, únicamente, por los interesados.

Interpuesto un recurso administrativo erróneamente calificado por el recurrente: Se declarará su inadmisión por el órgano que deba resolver. No será obstáculo para su tramitación siempre que se deduzca su verdadero carácter. Se devolverá al interesado para su subsanación en el plazo de diez días. Se resolverá con arreglo a la calificación efectuada por el recurrente.

Según el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse: Directamente ante el órgano que dictó el acto administrativo. Directamente ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto administrativo. Directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. Directamente ante el superior jerárquico del órgano que dictó dicha disposición.

Según el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿contra qué actos de trámite podrán los interesados interponer los recursos de alzada y potestativo de reposición?: Contra los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento. Contra los que producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Ambas son correctas. Ambas son incorrectas.

Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una disposición legal o reglamentaria establezca lo contrario. La interposición del recurso de alzada. Las resoluciones de los procedimientos de impugnación a que se refiere el artículo 112.2. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que no tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

Si el órgano competente para resolver el recurso extraordinario de revisión hubiese desestimado, respecto al fondo, otros recursos sustancialmente iguales: Podrá acordar la inadmisión a trámite, sin necesidad de otro tipo de actuación. Podrá acordar la inadmisión a trámite, siempre que en los otros recursos se haya contratado la solicitud. Podrá acordar la inadmisión a trámite, en los casos que marca la ley, pero siempre de forma motivada. No podrá declarar la inadmisión del recurso en ningún caso.

El recurso de alzada podrá interponerse frente a: Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa. Los actos administrativos firmes que no pongan fin a la vía administrativa. Los actos administrativos que sean definitivos. Los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa.

El artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que el órgano a quien competa resolver el recurso podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: Qué la ejecución pudiera causar perjuicios de posible reparación. Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley. Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad o anulabilidad previstas en los artículos 47 y 48 de esta Ley. Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.2 de esta Ley.

Según el artículo 119 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿en cuál de los siguientes supuestos se deberá oír previamente a los interesados?: Cuando el órgano que debe resolver el recurso entre a decidir las cuestiones, tanto de forma como de fondo, alegadas por los interesados. Cuando el órgano que debe tramitar el recurso entre a decidir las cuestiones, únicamente de fondo, no alegadas por los interesados. Cuando el órgano que debe resolver el recurso entre a decidir las cuestiones, tanto de forma como de fondo, hayan sido o no alegadas por los interesados. Cuando el órgano que debe resolver el recurso entre a decir las cuestiones, tanto de forma como de fondo, no alegadas por los interesados.

Según el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿puede prolongarse la suspensión de la ejecución de un acto impugnado después de agotada la vía administrativa?: No, en ningún caso. Sí, cuando exista medida cautelar. Sí, cuando hubiendolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Sí, solo en los supuestos enumerados en el artículo 117.

El plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión será de: Tres meses desde que quedó firme la sentencia judicial que declaró que hubo prevaricación en el dictado de la resolución que se impugna. Cuatro años desde que quedó firme la sentencia judicial que declaró falsos los documentos o testimonios que sirviesen para dictar la resolución que se impugna. Tres meses desde que se dictó la sentencia judicial que determina que la resolución impugnada se dictó como consecuencia de cohecho. Tres meses desde que quedó firme la sentencia judicial que declaró que hubo prevaricación en el dictado de la resolución que se impugna y cuatro años desde que quedó firme la sentencia judicial que declaró falsos los documentos o testimonios que sirviesen para dictar la resolución que se impugna.

Si hubieran transcurridos los plazos legalmente establecidos para interponer recurso de alzada frente a un acto administrativo y éste no se hubiera interpuesto: Se podrá interponer recurso contencioso-administrativo frente al acto. Se podrá interponer recurso potestativo de reposición frente al acto. Se podrá interponer recurso extraordinario de revisión frente al acto. La resolución será firme a todos los efectos.

¿Qué recurso administrativo cabrá interponer contra la resolución de un recurso de alzada?: El recurso potestativo de reposición. El recurso contencioso-administrativo. El recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 125.1. El recurso potestativo de reposición o el extraordinario de revisión, según el caso.

¿Qué ocurrirá cuando se agote la vía administrativa y la ejecución del acto estuviese suspendida?: Que se procederá a levantar la suspensión con carácter inmediato. Que si se interpone el recurso contencioso-administrativo y se solicita la suspensión del acto, se mantendrá la suspensión del acto hasta que exista un pronunciamiento judicial sobre la solicitud. Que si se interpone el recurso contencioso-administrativo habrá que esperar a que se produzca la sentencia. odas las contestaciones son incorrectas.

Podrá el órgano competente para resolver el recurso extraordinario de revisión acordar la inadmisión del escrito de interposición?: No, en ningún caso. Solo cuando el escrito de interposición esté basado en las causas primera y segunda del artículo 125.1 de la Ley 39/2015. Sí, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. Sí, motivadamente y sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.

No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de: Los actos que se produzcan en aplicación de una disposición de carácter general. Los actos confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. Los actos anteriores que sean reproducción de otros anteriores. Las actuaciones materiales de la Administración que constituyan vía de hecho.

Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo son competentes para resolver sobre los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las Comunidades Autónomas, cuando tengan por objeto: Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 60.000 euros. Ceses de actividades o privación del ejercicio de derechos que no excedan de un año. Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicios de funcionarios públicos de carrera o procedan de su respectivo Consejo de Gobierno. Sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 90.000 euros.

Señale la respuesta correcta, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 29/1998, en relación con el desistimiento: Para que el desistimiento del representante en juicio produzca efectos será necesario que lo ratifique la parte demandada. El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia. Si fueran varios los recurrentes, el desistimiento de uno de ellos supondrá la finalización del procedimiento para la totalidad. Implica la condena en costas del recurrente que desiste.

Según establece la Ley 29/1998, de 13 junio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo conocerá del: Recurso interpuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado. Recurso contra actos y disposiciones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Recurso contra actos de las Entidades Locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Recurso contra resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político.

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conocerán en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administración Periférica del Estado cuya cuantía sea igual a 60.000 euros: Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Según el art. 16.4 de la Ley 39/2015, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en: En cualquier registro electrónico de los sujetos a los que se refiere la Ley 39/2015 (AGE, Administraciones de las Comunidades Autónomas, Entidades que integran la Administración Local y sector público institucional). En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Señale la afirmación correcta. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, las personas físicas: Podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Deberán elegir al inicio del procedimiento si se comunican con las Administrativas Públicas a través de medios electrónicos o no, aunque estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Podrán elegir al inicio del procedimiento si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos o no, aunque estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Deberán elegir en cualquier momento si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos o no, aunque estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas.

En base al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su apartado de derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, ¿Se puede obligar a las administraciones a relacionarse electrónicamente entre ellas?: No, por el principio de multicanalidad, tanto las administraciones, empresas como los ciudadanos pueden escoger siempre la vía para relacionarse y la vía escogida inicialmente no les vincula a lo largo de los procedimientos. Sí, es obligatorio. Sólo si hay una norma con rango de ley que así lo establezca. No, todas las comunicaciones han de ser electrónicas entre administración-ciudadano, administración-empresa, pero no entre administraciones.

Según el artículo 10 de la Ley 39/2015, en el caso de que los interesados optarán por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: Sistema de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Señale a quiénes se considera interesados en el procedimiento administrativo, según el artículo 4 de la Ley 39/2015: A los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. A aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución, aunque no se personen en el procedimiento. Únicamente a quienes lo promuevan como titulares de derechos e intereses legítimos individuales o colectivos. A todos aquellos que tengan capacidad de obrar.

Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿cómo se acreditará la representación en los supuestos en que deba serlo?: Por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna. La representación siempre se presumirá, no es necesario acreditarla. Mediante apoderamiento apug acta efectuado por comparecencia personal del interesado. Por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna y mediante apoderamiento apug acta efectuado por comparecencia personal del interesado.

¿Qué lengua podrán utilizar los interesados que se dirijan a órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma?: Únicamente el castellano al tratarse de la Administración General del Estado. En todo caso, la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma donde tiene sede el órgano de la Administración General de Estado. El castellano o la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma donde tiene sede el órgano de la Administración General del Estado. La lengua española que determine el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

En relación al artículo 53 de la Ley 3972015, de 1 de octubre, señale la respuesta correcta: Los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan o no la condición de interesados. Los interesados en un procedimiento tienen derecho a presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento, que ahí se encuentren en poder de las Administraciones Públicas. Los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. Todas las alternativas anteriores son correctas.

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen entre otros los siguientes derechos: El de acceso sin limitación a los archivos y registros de las Administraciones Públicas. El de utilización de todas las lenguas cooficiales en el territorio de cualquier Comunidad Autónoma, aparte de la suya propia. El de no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate o que ya se encuentre en poder de la Administración actuante. El de formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la resolución.

¿Los menores de edad tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas?: Sí, siempre. No, nunca. Solo para el ejercicio y defensa de aquellos derechos cuya actuación está permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de representante legal. Solo para el ejercicio y defensa de aquellos derechos cuya actuación está prohibida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de representante legal.