María

¿Es necesario tener la vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Canarias, para el reconocimiento de la condición política de canario?. Afirmativo, el EAC es claro y expreso al respeto. No siempre. Negativo, el EAC no exige en supuesto alguno la vecindad administrativa, para la condición política de canario. Solo cuando necesite acreditar tal condición para el percibo de subvenciones públicas procedentes de las administraciones públicas canarias.

A tenor de lo establecido en el EAC, ¿Los poderes públicos canarios velarán por el fomento de la paz?. El EAC no hace mención expresa en tal sentido. No es una función de la CAC fomentar la paz en el mundo, más bien es una cuestión de Estado. Afirmativo, así lo manda expresamente el EAC. Aún no habiendo manifestación expresa en el EAC, la CE/78 lo exige de todo poder público.

Disponer de una segunda opinión facultativa sobre sus procesos de salud, ¿es un derecho reconocido a los canarios en el EAC?. A tanto no llega el EAC, aunque lo deja abierto a su reconocimiento mediante la aprobación de una ley territorial. Sí, aunque solo en supuestos muy específicos establecidos en el propio texto estatutario. Negativo. Sí, así se recoge expresamente en el EAC, aunque habrá que desarrollarse en una norma de rango legal el ejercicio de tal derecho.

La Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana es la: Ley 5/2010, de 21 de julio. Ley 6/2010, de 21 de julio. Ley 6/2010, de 21 de julio. Ley 5/2010, de 21 de junio.

Son canales de comunicación con la ciudadanía: La información presencial en las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano. La información en internet se prestará a través de los portales constitucionales. Los convenios de colaboración. Todos ellos.

Presentada una propuesta de iniciativa reglamentaria por los ciudadanos, se tendrá por denegada si no se ordena el inicio de su tramitación como proyecto de disposición reglamentaria en un plazo de: Un mes. Dos meses. Tres meses. Seis meses.

Se inscribirán obligatoriamente los distintos procesos participativos que se activen por parte del Gobierno de Canarias, y se configura como un instrumento abierto a la ciudadanía en: La Red de Participación Ciudadana. El Registro de Participación Ciudadana. Las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano. Los paneles ciudadanos.

Son espacios de información constante e inmediata que se crean con carácter temporal, sobre cuestiones de interés para la ciudadanía, en temas de gestión pública, mediante los que la Administración informa o realiza consultas relacionadas con cualquier asunto de interés público: Los paneles ciudadanos. Los foros de consulta. Los jurados ciudadanos. Las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano.

A los efectos de la Ley de Participación Ciudadana, conforman la ciudadanía: Aquellas personas que tienen la condición política de canarios en los términos del Estatuto de Autonomía. En la medida que no lo impida la legislación correspondiente, quienes residan en Canarias, con independencia de su condición política y nacionalidad. Los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad administrativa en Canarias y acrediten esta condición en el correspondiente consulado de España. Todos ellos.

Los jurados ciudadanos estarán compuestos: Por diez personas seleccionadas por el órgano administrativo que quiera conocer la valoración de una actividad pública mediante sorteo, como muestra representativa de la sociedad, entre los inscritos en el Registro de Participación, y por un número de expertos en la materia objeto de valoración que no podrá exceder de un quinto de sus miembros; sin embargo cuando la iniciativa haya sido sometida a un proceso de participación ciudadana a través de foros de consulta, el jurado se constituirá con diez miembros del foro. Por diez personas seleccionadas por el órgano administrativo que quiera conocer la valoración de una actividad pública mediante sorteo, como muestra representativa de la sociedad, entre los inscritos en el Registro de Participación, y por un número de expertos en la materia objeto de valoración que no podrá exceder de un tercio de sus miembros; sin embargo cuando la iniciativa haya sido sometida a un proceso de participación ciudadana a través de foros de consulta, el jurado se constituirá con quince miembros del foro. Por diez personas seleccionadas por el órgano administrativo que quiera conocer la valoración de una actividad pública mediante sorteo, como muestra representativa de la sociedad, entre los inscritos en el Registro de Participación, y por un número de expertos en la materia objeto de valoración que no podrá exceder de un tercio de sus miembros; sin embargo cuando la iniciativa haya sido sometida a un proceso de participación ciudadana a través de foros de consulta, el jurado se constituirá con diez miembros del foro. Por diez personas seleccionadas por el órgano administrativo que quiera conocer la valoración de una actividad pública mediante sorteo, como muestra representativa de la sociedad, entre los inscritos en el Registro de Participación, y por un número de expertos en la materia objeto de valoración que no podrá exceder de un cuarto de sus miembros; sin embargo cuando la iniciativa haya sido sometida a un proceso de participación ciudadana a través de foros de consulta, el jurado se constituirá con quince miembros del foro.

El derecho a la información implica: El derecho a consultar los informes o memorias de gestión, en su caso. El derecho a obtener información y orientación de los procedimientos en los que se establezca un periodo de información pública. El derecho a ser informados de los resultados de las diferentes gestiones públicas. Todas las respuestas son correctas.

Las entidades ciudadanas deberán tener recogido en sus estatutos, al menos, alguno de los siguientes objetivos: Estimular la participación ciudadana en la vida pública, bien actuando como cauce, mecanismo o instrumento de dicha participación, o bien implantando y desarrollando dichos mecanismos. Representar y defender ante la Administración Pública canaria los intereses tanto de sus miembros como de la ciudadanía en general. Promover el desarrollo de actuaciones de carácter cívico o social dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Cualquiera de ellos.

De acuerdo con el artículo 105 de la CE: Un Ley Orgánica regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. La Ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. La Ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, en todo caso, la audiencia del interesado. Una Ley Orgánica regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, en todo caso, la audiencia al interesado.

En el objeto de la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de fomento de la participación ciudadana; ¿Se contempla la participación colectiva?. No, el objeto de esta ley está relacionado con la participación ciudadana de personas físicas o jurídicas. Se prevé en casos relacionados con consultas referentes a la vida económica, política, cultural y social de Canarias. Afirmativo, así se expresa específicamente en el articulo de la Ley 5/2010 reguladora del objeto de la misma. No se expresa directamente en la Ley 5/2010 pero se evidencia afirmativamente de su contenido, pues de lo contrario contradice la CE.

Establecer mecanismos de evaluación de las políticas públicas: ¿Podría considerarse una finalidad de la Ley 5/2010?. Afirmativo. Excepcionalmente y solo en los supuestos establecidos en la citada ley. No exactamente, salvo que vaya precedido de una consulta pública activada desde alguna administración pública canaria. Negativo.

Cuando la Ley 5/2010 se refiere al deber de la administración pública de la CAC acerca de establecer códigos de buen gobierno: ¿A que se refiere exactamente?. A impulsar principios éticos y de conducta necesarios que garanticen el ejercicio del derecho de participación ciudadana. La Ley 5/2010 no contempla tal deber por parte de la Administración de la CAC. A impulsar principios éticos y de conducta necesarios para que el personal a su servicio garantice el ejercicio del derecho de participación ciudadana. A facilitar la participación ciudadana colectiva con la colaboración y cooperación del personal que preste servicios en la administración de la CAC.

En el ámbito de aplicación del derecho a la información contemplado en la Ley 5/2010; ¿Se contempla la posibilidad de constituir un Observatorio de Servicios Públicos?. Sí, lo exige expresamente la Ley 5/2010 como requisito necesario en el ejercicio del derecho a la información de la ciudadanía. La Ley 5/2010 no contempla tal posibilidad. Afirmativo, no como posibilidad sino como realidad, dado que se crea por la propia Ley 5/2010. Afirmativo.

En cuando a los medios de información previstos en la Ley 5/2010, y con relación al cumplimiento de sus objetivos, la información facilitada por las unidades de información se clasificará en…. Información general o particular debidamente clasificada en función de las materias sometidas a consulta pública. Información general y especializada distribuida por los canales que se establezcan reglamentariamente. Información general, especializada y particular distribuida específicamente a través del portal web creado al respecto. Información general, especializada y particular, distribuida en áreas en función de las materias susceptibles de consulta e información.

¿La Administración Pública colaborará con la ciudadanía para la realización de actividades sin ánimo de lucro que fomenten la participación ciudadana?. Siempre será una opción disponible para la administración y ciudadanía. Afirmativo, constituye el derecho a recabar la colaboración en la realización de actividades ciudadanas. Negativo, no existe alusión en la Ley 5/2010 en tal sentido. Afirmativo, se recoge expresamente como una obligación de las administraciones públicas canarias en la Ley 5/2010.

A los efectos de la Ley 5/2010, se considerarán entidades ciudadanas…. Aquellas personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos establecidos expresamente al respecto en la Ley 5/2010. Todas aquellas personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan con el requisito de que su ámbito de actuación esté vinculado al interés de Canarias, tanto interior como en el exterior. Todas aquellas personas físicas o jurídicas cuyo objetivo sea sin ánimo de lucro que cumplan con los requisitos previsto en la propia Ley 5/2010. Todas aquellas entidades que estén constituidas, y estén reguladas por la normativa vigente en materia de asociaciones, fundaciones, usuarios y consumidores y cualquiera otra permitida por el ordenamiento jurídico.

¿A través de las entidades ciudadanas, los ciudadanos podrán ejercer colectivamente el derecho de participación ciudadana?. Negativo. Excepcionalmente en aquellos supuestos previsto expresamente en la Ley 5/2010. Afirmativo. Aunque nada mencione al respecto la Ley 5/2010, si que se podrá en aplicación de normativa sectorial.

Las Entidades Ciudadanas en el ámbito de la participación ciudadana en Canarias; ¿Ostentan el Derecho de acceso a archivos y registros en las mismas condiciones y requisitos que se establecen para la ciudadanía en la Ley 5/2010?. Negativo. Excepcionalmente. Afirmativo. Sí, aunque previa autorización de sus integrantes.

¿Cual es el objeto de la Red de Participación Ciudadana?. Formación destinada a la organización e impulso de cursos, jornadas, talleres y encuentros dirigidos a las entidades ciudadanas con la finalidad de profundizar y actualizar en los aspectos relativos a la participación ciudadana. Ofrecer un espacio de comunicación, trabajo y encuentro entre las entidades ciudadanas, y entre éstas y los ciudadanos en general. Ofrece un espacio de comunicación, trabajo y encuentro entre las entidades ciudadanas. Establecer vías de diálogo entre administración y ciudadanía relacionándose electrónicamente.

¿El Gobierno de Canarias podrá, a instancias del presidente, recabar la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés general de competencia autonómica, mediante sondeos, encuestas o cualquier otro instrumento de participación ciudadana?. Negativo. Afirmativo, previa autorización del Parlamento de Canarias. Podrá hacerlo a propuesta de su Presidente o del Parlamento de Canarias adoptada por la mayoría absoluta de sus integrantes, siempre que no adquiera valor de referéndum. Afirmativo, con la excepción de que tenga carácter de referéndum.

La creación de órganos de participación ciudadana deberá respetar los principios de…. Transparencia y publicidad. Igualdad, eficacia, coordinación y cooperación con clara delimitación competencial y funcional. Eficacia, economía y coordinación, y tener claramente delimitadas sus funciones y competencias. Igualdad, publicidad y eficacia dentro de las funciones que deba desarrollar dicho órganos.

Según el Artículo 1 de la Ley 5/2010, ¿Cuál es el objeto principal de esta ley?. Establecer los procedimientos para la celebración de referéndums autonómicos. Fomentar la participación ciudadana, individual y colectiva, en la actividad administrativa y en la vida económica, política, cultura y social de Canarias. Crear un registro obligatorio para todos los residentes de Canarias con el fin de canalizar sus quejas. Regular exclusivamente la participación de las entidades ciudadanas en la actividad administrativa.

Conforme el Artículo 2. ¿Quiénes conforman la ciudadanía a efectos de esta ley?. Únicamente las entidades ciudadanas debidamente inscritas en el Registro de Participación Ciudadana. Solo las personas mayores de edad con nacionalidad española que residan en cualquier municipio de Canarias. Las personas con condición política de canarios, los residentes en Canarias (con ciertos límites), los exresidentes con última vecindad en Canarias y las entidades ciudadanas. Exclusivamente aquellas personas que tienen la condición política de canarias según el Estatuto de Autonomía.

De acuerdo con el Artículo 3, ¿Cuál no es una de las finalidades de la Ley 5/2010?. Regular el sistema de financiación de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Canarias. Garantizar a la ciudadanía la información en los procedimientos para conseguir mayor transparencia. Fomentar la vida asociativa en Canarias garantizando la convivencia solidaria. Establecer mecanismos de evaluación de las políticas públicas por parte de la ciudadanía.

Según el Artículo 4, ¿Qué debe promover la Administración Pública de la CAC para garantizar el derecho de participación ciudadana?. La creación de Códigos de Buen Gobierno para el personal a su servicio y Código de Buenas Prácticas para la ciudadanía. La externalización de todos los servicios de atención ciudadana a empresas privadas. La reducción de las estructuras administrativas para agilizar la toma de decisiones. La eliminación de todas las ayudas y subvenciones para evitar la dependencia de las asociaciones.

¿Qué canal de comunicación se establece como preferente para prestar información a la ciudadanía, según el Artículo 6?. El correo postal certificado para garantizar la recepción. Internet, a través de los portales institucionales. La atención presencial en las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano. La atención telefónica a través de un número único para toda la Comunidad Autónoma.

¿Qué tipo de iniciativas o propuestas ciudadanas no se admitirán, de acuerdo con el Artículo 10?. Iniciativas que defiendan intereses individuales o corporativos ajenos al interés general. Propuestas que implique una modificación presupuestaria significativa. Iniciativas que critiquen la gestión de un departamento específico del Gobierno. Propuestas presentadas por ciudadanos que no residan en la Comunidad Autónoma.

Según el Artículo 12 de la Ley 5/2010, para presentar una propuesta de iniciativa reglamentaria que afecte a toda la CAC, ¿Qué combinación de requisitos es necesaria?. Debe estar respaldada por al menos tres entidades ciudadanas y un mínimo de 15.000 firmas. Debe recaer sobre materias de desarrollo de la ley de iniciativa legislativa popular y contar con 5.000 firmas. Debe ser presentada por una única entidad ciudadana y contener el texto propuesto sin necesidad de memoria justificativa. Debe estar respaldada por al menos 10.000 firmas y una entidad ciudadana de interés público.

Conforme el Artículo 15, ¿Qué se inscribe obligatoriamente en el Registro de Participación Ciudadana?. Todos los ciudadanos residentes en Canarias mayores de 16 años. Únicamente las entidades ciudadanas que soliciten subvenciones. Las actas de todas las reuniones de los ayuntamientos y cabildos canarios. Los distintos procesos participativos que se activen por parte del Gobierno de Canarias.

¿Cuál es uno de los servicios que debe prestar la Red de Participación Ciudadana, según el Artículo 16?. La representación legal de las entidades ciudadanas en litigios contra la Administración. La creación de un Centro de Información y Documentación para el intercambio de datos y conocimientos. La organización de las elecciones al Parlamento de Canarias. La gestión directa de las subvenciones y ayudas públicas.

Al finalizar un proceso participativo, el Artículo 18 exige la elaboración de un informe. ¿Qué debe especificar este informe respecto a las aportaciones ciudadanas?. Una comparativa económica entre el coste del proceso y el ahorro generado por las propuestas. Únicamente el número total de participantes en el proceso. Qué sugerencias o recomendaciones de la ciudadanía han sido incorporadas al texto. La identidad y datos personales de todas los ciudadanos que ha participado.

¿Sobre qué colectivos tendrán una especial incidencia las campañas informativas y formativas mencionadas en el Artículo 19?. Sobre los empleados públicos de la AGE. Sobre las necesidades de las personas con discapacidad y de los sectores socialmente más desfavorecidos. Sobre los empresarios y grandes corporaciones para fomentar su inversión en Canarias. Sobre los turistas que visitan las islas para fomentar su regreso.

¿Cuál es la función principal de los Jurados Ciudadano, descrita en el Artículo 23?. Valorar la eficacia y el resultado de una iniciativa concreta o un programa de actuación ya llevado a cabo por la Administración. Decidir sobre la concesión de subvenciones a entidades ciudadanas. Elaborar propuestas de nuevas leyes para ser tramitadas en el Parlamento. Sustituir a los tribunales de justicia en conflictos entre ciudadanos y la Administración.

En la composición de los Jurados Ciudadanos (Artículo 23), ¿Cuál es el número de personas seleccionadas por sorteo y cuál es la proporción máxima de expertos?. Veinte personas por sorteo y un número de expertos que no exceda la mitad. Quince personas por sorteo, sin presencia de expertos para garantizar la perspectiva ciudadana. Diez personas por sorteo y un número de expertos que no exceda de un tercio de sus miembros. Diez personas seleccionadas por el departamento y diez expertos en la materia.

Según el Artículo 25, ¿Cómo considera la ley al asociacionismo y al voluntariado?. Como actividades que deben ser reguladas estrictamente para limitar su influencia política. Como entidades con ánimo de lucro que colaboran con la Administración. Como la expresión colectiva del compromiso de la ciudadanía. Como formas de participación subsidirias, solo aplicables cuando fallan los canales individuales.

Al otorgar subvenciones y ayudas públicas (Artículo 26), ¿Qué se valorará en las entidades ciudadanas beneficiarias?. La productividad y la calidad de los servicios, en adecuación a las políticas de fomento de los procesos participativos. Exclusivamente su antigüedad y número de socios. Su alineamiento político con el Gobierno de turno. Su capacidad para generar beneficios económicos y autofinanciarse.

La disposición adicional primera equipara a un colectivo específico con las entidades ciudadanas, ¿Cuál es?. Las agrupaciones de interés económicos (AIE). Los colegios profesionales de Canarias. Las federaciones deportivas canarias. Las Entidades Canarias en el Exterior.

De acuerdo con el Artículo 2.4, ¿Cómo pueden los cabildos y ayuntamientos canarios aplicar los instrumentos de participación de esta ley?. Tienen prohibido utilizar estos instrumentos, debiendo crear los suyos propios desde cero. Solo pueden aplicarlos si reciben una subvención específica para ello del Gobierno de Canarias. Pueden incorporarlos a sus reglamentos de organización y funcionamiento. Están obligados a aplicarlos de forma idéntica a como lo hace la Comunidad Autónoma.

¿Qué principio debe promoverse en el funcionamiento de los instrumentos de participación ciudadana según el Artículo 17.3?. La igualdad de representación de mujeres y hombres. El principio de representación exclusiva de las entidades más grandes. El principio de voto ponderado según la aportación económica. El principio de antigüedad, dando preferencia a las opiniones de los ciudadanos de mayor edad.

Los programas o políticas que ya tuvieran un trámite de información pública, ¿Deben someterse a un nuevo trámite de audiencia ciudadana según el Artículo 8?. Nunca, la información púbica sustituye en todos los casos a la audiencia ciudadana. Solo si el trámite de información pública tuvo una participación inferior a 100 personas. Sí, la audiencia ciudadana es siempre un trámite adicional y obligatorio. No, como regla general no tendrán nuevo trámite de audiencia, salvo que la naturaleza de la materia lo aconseje.

¿Cuál es la naturaleza de la colaboración de los empleados públicos jubilados regulada en la Disposición adicional séptima?. Una prestación social sustitutoria de la pensión de jubilación. Un contrato de servicios de alta dirección. Un nombramiento como personal eventual de confianza. Una relación voluntaria y no retribuida para transferir conocimiento.

La Ley canaria de igualdad entre mujeres y hombres. La Ley 3/2007, de 22 de marzo. La Ley 1/2010, de 26 de febrero. La Ley 12/2014, de 26 de diciembre. La Ley 3/2018, de 5 de diciembre.

Constituye acoso por razón de sexo: Cualquier comportamiento no deseado, fundamentado en la desigualdad de género, realizado con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo. El condicionamiento de un derecho, o de una expectativa de derecho, a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo. Ambas son correctas. Ambas son incorrectas.

Conforme al artículo 11 del EAC, la prohibición de discriminación: No impedirá acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas. Impedirá acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas. No impedirá acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas. Impedirá acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas.

Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad: Constituye discriminación directa por razón de sexo. Constituye discriminación indirecta por razón de sexo. Constituye acoso por razón de sexo. Constituye acoso sexual.

En los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo: Podrá recabar la tutela judicial cualquier persona. La persona acosada será la única legitimada. Corresponde a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo. Corresponde exclusivamente al Ministerio Fiscal.

La Ley canaria 1/2010 será de aplicación: A la Administración autonómica de Canarias: a sus organismos autónomos, a sus entidades públicas empresariales, a las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa del Gobierno de Canarias. A las entidades que integran la Administración local, tanto ayuntamientos como cabildos, sus organismos autónomos, consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa de dichas entidades. A las universidades canarias públicas y privadas. Todas las respuestas son ciertas.

Es un principio general de actuación de los poderes públicos: La especial protección del derecho a la igualdad de trato de aquellas mujeres o colectivos de mujeres que se encuentren en riesgo de padecer múltiples situaciones de discriminación o de exclusión. La promoción del acceso a los recursos de todo tipo a las mujeres que viven en el medio rural y su participación plena, igualitaria y efectiva en la economía y en la sociedad. El fomento de la participación o composición equilibrada entre mujeres y hombres en los distintos órganos de representación y de toma de decisiones. Todas son correctas.

En la aplicación de la transversalidad de género se debe tener en cuenta lo siguiente: El fomento de la colaboración de todas las administraciones implicadas, de ámbito internacional, comunitario, estatal, autonómico, insular y local, en las políticas de igualdad e igualdad de oportunidades; así como los partidos políticos, sindicatos de trabajadoras y trabajadores, asociaciones empresariales, colegios profesionales y cualquier otra asociación. La consecución de la igualdad de oportunidades en la política económica, laboral y social, sin que se permitan diferencias salariales por razón de sexo. Ambas son correctas. Ambas son incorrectas.

Se emitirá un informe de evaluación del impacto de género respecto a: Todos los proyectos de ley y disposiciones reglamentarias que apruebe el Gobierno de Canarias. Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias. Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y circulares que apruebe el Gobierno de Canarias. Los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias, planes, circulares e instrucciones que apruebe el Gobierno de Canarias.

El comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado, de naturaleza sexual, realizado con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo constituye: Acoso por razón de sexo. Acoso sexual. Discriminación indirecta. Acoso por razón de sexo y acoso sexual.

El instrumento director que articula y define las prioridades, la estrategia general del Gobierno de Canarias para la implantación de la transversalidad de género y los métodos de trabajo para llevarla a cabo es: El Plan Estratégico de Igualdad de Género. El informe de impacto de género. El Plan estadístico de igualdad de género. El Programa indicativo de las desigualdades de género en Canarias.

Los planes de igualdad en la empresa deben contemplar actuaciones integrales en relación con el conjunto de desigualdades de género puestas de manifiesto por un diagnóstico sistemático en el seno de la empresa, que pueden extenderse a la siguiente casuística: Condiciones de acceso al empleo. Contratación. Estabilidad laboral. Todos ellos.

Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán: Anulables. Una irregularidad jurídica no invalidante. Nulos de pleno derecho. Convalidables.

Una empresa con 40 trabajadores, ¿deberá tener plan de igualdad?. Sí, cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable. Sí, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan. Ambas son correctas. Ambas son incorrectas.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres exige que el Gobierno apruebe un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos vinculados o dependientes de ella: Anualmente. Periódicamente. Al inicio de cada período de sesiones. Al inicio de cada legislatura.

Determina la Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que los Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad establecidos por las corporaciones locales tienen como objetivo: Avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres. Avanzar hacia un reparto de los tiempos entre los ciudadanos, independientemente de su sexo. Avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos de trabajo entre mujeres y hombres. Avanzar hacia un reparto equitativo del empleo público municipal entre mujeres y hombres.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, considera discriminación indirecta por razón de sexo: La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Cualquier comportamiento, verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Cualquier comportamiento realizado en función de sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro.

Con respecto a la igualdad por razón de sexo o igualdad de género, el artículo 14 de la Constitución Española de 1978 establece que: Todos somo iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal, política o social. Los españoles son iguales, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal, política o social. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal, política o social. Los ciudadanos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal, política o social.

La discriminación que se produce cuando el trato desigual emana directamente de las leyes, normas o prácticas, debido a una desigualdad existente, se denomina: Discriminación positiva. Discriminación indirecta. Discriminación real. Discriminación efectiva.

Será obligatorio la elaboración y la aplicación de un plan de igualdad cuando: Así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos pactados libremente entre la empresa y los trabajadores. Así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos por la administración. Nunca será obligatorio. Así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos en él.

Los planes de igualdad, en las empresas de más de 250 trabajadores, deberán ser objeto de: Negociación, en la forma que determine la legislación laboral. Negociación, en la forma que se determine en la legislación administrativa. Negociación, entre la Administración y las empresas. Libre acuerdo entre las partes.

Será obligatorio la elaboración y la aplicación de un plan de igualdad en las empresas de más de: 50 trabajadores. 2500 trabajadores. 250 trabajadores afiliados a un sindicato. 250 trabajadores.

Definimos mainstreaming de género como: La integración sistemática de las situaciones prioridades y necesidades respectivas de las mujeres y de los hombres en todas las políticas con vistas a promover la igualdad entre mujeres y hombres. La integración sistemática de las situaciones, prioridades y necesidades de las mujeres en todas las políticas con vistas a promover la igualdad entre mujeres y hombres. La integración sistemática de las situaciones, prioridades y necesidades respectivas de las mujeres y de los hombres en determinadas políticas con vistas a promover la igualdad entre mujeres y hombres. Todas son falsas.

a figura jurídica de la titularidad compartida, en el sector agrario, tiene como fin: Que se reconozcan plenamente los derechos de los trabajadores agrarios, la correspondiente protección de la Seguridad Social, así como el reconocimiento de su trabajo. Que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres, la correspondiente protección de la Seguridad Social, así como el reconociendo de su trabajo. Que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres, la protección en materia de asistencia sanitaria, así como el reconocimiento de su trabajo. Que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres, la correspondiente protección de la Seguridad Social, así como el reconocimiento de su trabajo por cuenta ajena.

Los planes de igualdad de las empresas son: Un conjunto de buenas intenciones del empresario, tendentes a alcanzar en las empresas la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en las empresas la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de acoso sexual. Un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en las empresas la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en las empresas públicas la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.

Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado, qué porcentaje de plazas, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación, se reservará para su adjudicación a aquellas que reúnan los requisitos establecidos: Un 40%. Al menos, un 40%. Al menos, un 45%. Al menos, un 50%.

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un/una: Principio rector del derecho. Principio informador de las materias reguladas por ley. Fuente de interpretación del ordenamiento jurídico. Principio informador del ordenamiento jurídico.

Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro: Sí, en todo caso. No, en ningún caso. Si, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Si, salvo que dicha disposición, criterio o práctica sean razonables y proporcionados en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

La estrategia destinada a establecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de medidas que permitan contrastar y corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas sociales, es la: Discriminación directa. Empowerment. Gender budgeting. Acción positiva.