María

Es correcta la siguiente definición: Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Todas las definiciones son correctas.

La política en materia de prevención se orientará a la coordinación de las distintas Administraciones públicas competentes en materia preventiva y a que se armonicen con ellas las actuaciones que conforme a esta Ley correspondan a sujetos públicos y privados, a cuyo fin: La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración local se prestarán cooperación y asistencia para el eficaz ejercicio de sus respectivas competencias en el ámbito de lo previsto en este artículo. La elaboración de la política preventiva se llevará a cabo con la participación de los empresarios y de los trabajadores a través de sus organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Ambas son correctas. Ambas son incorrectas.

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas por los sindicatos. No poner fuera de funcionamiento y no utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Todas las respuestas son ciertas.

Forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo: Los derechos de información, celeridad y participación. Derecho a la formación en materia preventiva. Derechos a la inspección de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud. Todas las respuestas son ciertas.

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: Evitar los riesgos. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Combatir los riesgos en su origen. Todos ellos.

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son: La evaluación de riesgos laborales. La planificación de la actividad preventiva. Ambas son correctas. Ambas son incorrectas.

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por las empresas específicamente contratadas para ello. Ambas son correctas. Ambas son incorrectas.

La formación en esta materia: Deberá impartirse, en todo caso, dentro de la jornada de trabajo. Deberá impartirse, si fuera posible, dentro de la jornada de trabajo, o, en su defecto, en otras horas, pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. Deberá impartirse, en todo caso, fuera del horario de la jornada de trabajo. Deberá impartirse, si fuera posible, dentro de la jornada de trabajo, o, en su defecto, en otras horas.

Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. Todas son ciertas.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para: La protección de la seguridad y de la salud. La eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo. La información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva. Todas son correctas.

Se entiende por riesgo laboral grave e inminente: Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Aquel que resulte cierto racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro mediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato o pueda suponer un daño grave la salud de los trabajadores.

Se consideran como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos aquellos que: Originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan, aunque existan medidas preventivas generales. Originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan, en ausencia de medidas preventivas específicas. Originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utiliza, aunque existan medidas preventivas específicas. Originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan, en ausencia de medidas preventivas generales o específicas.

Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente: Las características del centro de trabajo y las condiciones personales del trabajador. La probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. La existencia de procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente peligrosos» y con las medidas preventivas adoptadas. El tipo de riesgo y el número de posibles afectados.

Se considerarán como daños derivados del trabajo: Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador. Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria. Enfermedades profesionales y riesgos no laborales.

La Ley de PRL y sus normas de desarrollo no serán de aplicación: En el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En el ámbito de las relaciones de carácter administrativo del personal al servicio de las Administraciones Públicas. A las actividades de las Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. En el ámbito de las relaciones de carácter estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

A efectos de la Ley de PRL, es definido como el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo: El equipo de protección individual. El equipo de trabajo. Prevención. La condición de trabajo.

Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible: Pudiendo ser modificadas en los convenios colectivos. No pudiendo ser reguladas en los convenios colectivos. No pudiendo ser mejoradas o desarrolladas en los convenios colectivos. Pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.

Es definido como cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo: La condición de trabajo. El equipo de protección individual. El equipo de trabajo. Un agente susceptible de causar daños.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto: Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Promover la seguridad de los trabajadores mediante la aplicación de medidad y el desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante el desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Promover la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.

Los principios de la acción preventiva por parte del empresario no incluyen: Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva. Tener en cuenta la evolución de la técnica. Adaptar el trabajo a la persona. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

En cuanto a la evaluación inicial de los riesgos laborales que debe realizar el empresario en su plan de prevención no es correcto: Será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo. Se tendrá en cuenta con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Independientemente del resultado de la evaluación, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.

En el caso de que se haya producido un daño para la salud de los trabajadores, ¿Quién se debe encargar de llevar a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos?: El Comité de Seguridad y Salud. El empresario. El trabajador o los trabajadores afectados. Los Delegados de Personal o los representantes de los trabajadores.

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización o a los trabajadores específicamente capacitados para ello. Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los trabajadores específicamente capacitados para ello. Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los encargados de dicha utilización.

En cuanto a la formación de los trabajadores: El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva en el momento de su contratación, salvo que se trate de un contrato temporal. Su coste recaerá sobre los trabajadores. Deberá impartirse siempre dentro de la jornada de trabajo. Se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos.

El empresario deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de (señala la incorrecta): Lucha contra incendios. Evacuación de los trabajadores. Primeros auxilios. Riesgo sanitario.

La vigilancia periódica del estado de la salud de los trabajadores es obligatoria cuando: El trabajador no preste su consentimiento. Así se establezca en el plan de prevención. Sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. Lo considere oportuno el empresario previo aviso a los representantes legales de los trabajadores.

Respecto a la información médica de carácter personal no es correcto: Se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores. En ningún caso podrá facilitarse al empresario. El empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.

No se incluye en el plan de prevención elaborado por el empresario: Recursos necesarios para realizar la acción de prevención. Las responsabilidades en materia de prevención. Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo. Estructura organizativa de la empresa.

Respecto a los daños para la salud de sus trabajadores producidos con motivo del desarrollo de su trabajo, el empresario: Deberá comunicarlo por escrito a la autoridad laboral. Deberá comunicarlo verbalmente a la autoridad laboral. Deberá comunicarlo a la autoridad laboral si así se establece en el plan de prevención de la empresa. No está obligado a comunicarlo.

Según el artículo 5 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, la política en materia de prevención de riesgos laborales deberá promover la integración eficaz de la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la empresa, y tendrá en cuenta: Las necesidades y dificultades específicas de las pequeñas y medianas empresas. No se hará distinción entre pequeñas, medianas y grandes empresas. Las necesidades y dificultades específicas de las empresas químicas. Las necesidades y dificultades específicas de las grandes empresas.

Según la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente peligrosos: Aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. Aquellos que originen solo riesgos muy graves a los trabajadores. Los que determine la Seguridad Social. Los que determine la Inspección de Trabajo.

Qué aspectos debe analizar el empresario para adoptar medidas de emergencia según el artículo 20 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales?. El tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma. Solo la ubicación de la empresa. Exclusivamente la existencia de riesgos químicos en el centro de trabajo. La capacidad económica de la empresa para implementar medidas.

¿Cuándo debe el empresario actualizar la evaluación de riesgos laborales según el artículo 16 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales?. Cada cinco (5) años obligatoriamente. Cuando lo soliciten los delegados de personal. Cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando lo soliciten los Comité Intercentros.

Según el artículo 94.3 del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad: Se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración. Se seguirá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración. Se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes no vinculan a la Administración. Solo si la infracción es muy grave se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración.

El trabajador respecto a cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores debe informar de inmediato: A su superior jerárquico directo. A los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención. Al servicio de prevención. A su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención.

El acuerdo de paralización de la actividad de los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de: 24 horas, anulará o ratificará la paralización acordada. 48 horas, anulará o ratificará la paralización acordada. 72 horas, anulará o ratificará la paralización acordada. 5 días, anulará o ratificará la paralización acordada.

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención, con arreglo al principio general de: Combatir los riesgos en su destino. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Adaptar la persona al trabajo. Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos tendrá la consideración de: Incumplimiento contractual o de falta conforme a la normativa de funcionarios. Incumplimiento laboral o de falta. Falta. Ninguna es correcta.

Los derechos que específicamente forman parte del derecho a la protección eficaz de los trabajadores son: Información, consulta, participación, formación, paralización y vigilancia. Información, consulta, participación, formación, paralización, vigilancia y protección de la maternidad. Información, consulta, participación, paralización y vigilancia. Información, consulta, participación, formación, paralización, vigilancia y evaluación de riesgos.

El personal encargado de las medidas de emergencia: Debe obtener permiso previo para poder actuar en caso de necesidad. Es designado por el servicio de prevención. Es renovado parcialmente cada dos años. Debe poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado.

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada: Su aplicación dentro del presupuesto de la empresa. La revisión de la misma por el empresario. Su correcta utilización. La rapidez y eficacia de las mismas.

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa: Al empresario y a los órganos de participación y representación. A los sindicatos. A los Delegados de Prevención. Al empresario.

La protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo: Es un deber de los trabajadores, del empresario y de las Administraciones Públicas. Es un derecho y un deber de los trabajadores, del empresario y de las Administraciones Públicas. Es un derecho de los trabajadores y un deber del empresario y de las Administraciones Públicas. Es un derecho de los trabajadores y del empresario y un deber de las Administraciones Públicas.

A las zonas de riesgo grave y específico: Solo podrá acceder el empresario. Solo podrán acceder los trabajadores que cuenten con los equipos de protección adecuados. Solo podrán acceder los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada. No podrá acceder ningún trabajador.

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determine la afirmación correcta: Es de aplicación en el Servicio del hogar familiar. No será de aplicación en la Policía, seguridad y resguardo aduanero, en aquellas actividades cuyas particularidades lo impiden en el ámbito de sus funciones. Ambas son correctas. Ambas son incorrectas.

En relación con lo reconocido en el artículo 20 de la Ley 31/1995. De 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, el/la empresario/a, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de: Primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los/las trabajadores/as. Primeros auxilios, reorganización de los/las empleados/as y evacuación de estos/as. Reorganización de los/las empleados/as, evacuación de estos/as, primeros auxilios e higienización de las zonas de trabajo. d. Ninguna respuesta es correcta. Todas son incorrectas.

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el empresario deberá realizar una evaluación inicial de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores teniendo en cuenta: Las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. La elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos. El acondicionamiento de los lugares de trabajo. Todas son correctas.

Entre los principios de la acción preventiva recogidos por el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no figura: Tener en cuenta la evolución de la técnica. Evitar los riesgos. Evaluar los riesgos que se puedan evitar. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, cuando el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores: Cualquier representante legal de los trabajadores podrá decidir la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por el riesgo grave e inminente. Los representantes legales de los trabajadores deberán comunicar a la Autoridad Laboral la situación de riesgo grave e inminente para que esta adopte, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, las medidas oportunas. Los representantes legales de los trabajadores podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Los trabajadores afectados deberán presentar demanda por el incumplimiento del empresario ante el Juzgado de los contencioso administrativo.

Para la aplicación de las medidas de emergencia adoptadas: El empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. El empresario puede contactar, en su caso, con servicios externos a la empresa, cuando se trate de lucha contra incendios. El empresario deberá organizar las relaciones necesarias con servicios externos, únicamente en materia de primeros auxilios.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 31/1995, ¿Qué carácter tienen las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta ley y en sus normas reglamentarias?. Son de aplicación supletoria, solo en caso de que no exista un convenio colectivo que regule la materia. Son recomendaciones de buenas prácticas que pueden ser adoptadas voluntariamente por las empresas. Constituyen un Derecho necesario mínimo indisponible, que puede ser mejorado por convenios colectivos. Tienen el carácter de legislación básica del Estado, no pudiendo ser desarrolladas por las Comunidades Autónomas.

El artículo 22 regula la vigilancia de la salud. Como norma general, esta vigilancia es voluntaria para el trabajador. Sin embargo, la ley contempla excepciones. ¿Cuál de las siguientes es una de esas excepciones?. Cuando la empresa contrate un seguro de accidentes que exija reconocimientos médicos. Cuando lo solicite el empresario para comprobar la productividad del trabajador. Siempre que se introduzca una nueva tecnología en el proceso productivo. Cuando se imprescindible para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para otros.

El artículo 15.1 establece los principios de la acción preventiva. ¿Qué principio se relaciona con la concepción de los puestos de trabajo y la elección de equipos y métodos para atenuar el trabajo monótono?. Adaptar el trabajo al a persona. Planificar la prevención. Tener en cuenta la evolución de la técnica. Combatir los riesgos en su origen.

¿Qué debe hacer el empresario si, tras una evaluación de riesgos iniciales, el resultado lo hiciera necesario, según el artículo 16.2.a?. Paralizar la actividad de la empresa hasta eliminar todos los riesgos. Informar a la autoridad laboral de la existencia de riesgos no controlados. Realizar controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores. Contratar obligatoriamente un servicio de prevención ajeno.

En caso de riesgo grave e inminente, ¿Quién puede adoptar el acuerdo de paralización de la actividad si no resulta posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal?. Cualquier trabajador afectado por el riesgo. El servicio de prevención de la empresa. El empresario, como única autoridad competente. Los Delegados de Prevención por decisión mayoritaria.

De acuerdo con la definición del artículo 4. ¿Qué dos elementos se valoran conjuntamente para calificar la gravedad de un “riesgo laboral”?. La naturaleza del agente peligros y el tiempo de exposición. La antigüedad del puesto de trabajo y la formación del trabajador. El coste de la medida preventiva y el número de trabajadores expuestos. La probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.