De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán, entre otros supuestos, de las pretensiones que se deduzcan en relación con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley las disposiciones generales con rango de Ley los Decretos-leyes los Decretos legislativos, siempre y en todo caso. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de: Tres meses, en todo caso. Tres meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Seis meses, en todo caso. Seis meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el silencio tendrá efecto desestimatorio, si se trata de procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, entre otros casos - exclusivamente si se trata de procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público exclusivamente si se trata de procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público exclusivamente si se trata de procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al servicio público. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Todos los que comparezcan en el trámite de información pública. Sólo aquéllos que lo promuevan como titulares de derechos legítimos. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Cualquier ciudadano. El derecho a ejercitar la acción de responsabilidad patrimonial contra la Administración: Es imprescriptible. Prescribe en el plazo de cuatro años. Prescribe en el plazo de un año. Caduca en el plazo de seis meses. Son nulos de pleno derecho los actos que lesionen derechos, sean o no susceptibles de amparo constitucional los actos dictados por órgano incompetente por razón de la jerarquía los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. los actos dictados prescindiendo total o parcialmente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas, sean esenciales o no, para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Contra la resolución del recurso especial en materia de contratación: Sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo y del recurso potestativo de reposición. Procede la revisión de oficio. No procede la revisión de oficio. Puede interponerse cualquier recurso administrativo. La Administración quiere dejar sin efecto una autorización que ha concedido a una empresa, porque considera que al hacerlo ha incurrido en un vicio de nulidad de pleno derecho. Sin embargo no está muy segura de si puede hacerlo, porque se trata de un acto favorable para el particular, que nadie ha recurrido. ¿Puede la Administración dejar sin efecto dicho acto por este motivo sin acudir para ello a los Tribunales? Aunque sea un acto favorable podrá, cumpliendo los requisitos legalmente establecidos, declarar de oficio la nulidad del acto, sin necesidad de acudir para ello a los Tribunales Aunque sea un acto favorable podrá, cumpliendo los requisitos legalmente establecidos, y en el plazo máximo de cuatro años, declarar de oficio la nulidad del acto, sin necesidad de acudir para ello a los Tribunales Por ser un acto favorable, y aunque se trate de un caso de nulidad de pleno derecho, la Administración no puede declarar de oficio la nulidad del acto, sino que deberá declararlo lesivo para el interés general e impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa Tratándose de un acto favorable la Administración no puede ni declarar de oficio su nulidad, ni tampoco declararlo lesivo para el interés general ni impugnarlo ante la jurisdicción contencioso administrativa, en ningún caso. Hace 15 años la administración expropió a un cliente suyo una finca para la construcción de una instalación militar. La finca ha quedado afectada a dicho fin durante todo este tiempo (15 años) perom en la actualidad ha desaparecido dicha afectación.Su cliente pretende recuperar el bien, por lo que acude a Ud. para preguntarle si tiene derecho a la reversión. Ud.le contesta que Sí, tiene derecho de reversión porque, habiendo desaparecido la afectación, el derecho de reversión no tiene excepciones Sí, tiene derecho de reversión porque, habiendo desaparecido la afectación, el derecho de reversión sólo queda exceptuado en el caso de haberse producido una nueva afectación a otro fin de utilidad pública o interés social, lo que no se ha producido en este caso Sí tiene derecho de reversión porque, habiendo desaparecido la afectación, el derecho de reversión sólo queda exceptuado cuando la afectación al fin que justificó la expropiación se prolongue durante treinta años, lo que no se ha producido en este caso No tiene derecho de reversión porque no hay derecho de reversión cuando la afectación al fin que justificó la expropiación se prolongue durante diez años. - En el día de hoy se le ha notificado resolución de la Ministra de Agricultura por la que desestima el recurso de alzada que Vd. interpuso contra una resolución por la que se le denegaba determinada ayuda agrícola. Está Vd. pensando interponer recurso de reposición contra la desestimación del recurso de alzada. ¿Es ello posible? Sí, porque el recurso de reposición cabe contra los actos que ponen fin a la vía administrativa, como es un acto dictado por un Ministro. No, porque contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión. No, pero puede interponer un nuevo recurso de alzada Sí, puede elegir entre interponer recurso de reposición o un nuevo recurso de alzada. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con: Los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico. Las resoluciones dictadas por los Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros. Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales. Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa La Administración autora de un acto NO está legitimada para impugnarlo ante este orden jurisdiccional, aunque haya declarado su lesividad para el interés público. En los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público los citados órganos tendrán la consideración de parte demandada. Si el demandante fundara sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, se considerará también parte demandada a la Administración autora de la misma, aunque no proceda de ella la actuación recurrida. Si la legitimación de las partes derivare de alguna relación jurídica transmisible, el causahabiente podrá suceder en el proceso a la persona que inicialmente hubiere actuado como parte, aunque sólo si todavía no se ha practicado la prueba propuesta. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, si las partes estimasen que el expediente administrativo no está completo, Podrán solicitar, hasta el momento de formular conclusiones, que se reclamen los antecedentes para completarlo. Podrán solicitar, dentro del plazo para formular la demanda o la contestación, que se reclamen los antecedentes para completarlo. Podrán solicitar, hasta el momento de la práctica de la prueba que se reclamen los antecedentes para completarlo. Podrán solicitar, hasta el momento de declararse el pleito concluso para sentencia que se reclamen los antecedentes para completarlo. De conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, el escrito de demanda, Consignará con la debida separación los hechos, los fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración. Se reducirá a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando esta Ley disponga otra cosa. Se consignará con la debida separación los hechos, los fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, siempre que hayan sido previamente planteados ante la Administración. Se consignará con la debida separación los hechos, los fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, siempre que hayan sido previamente planteados en el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo. Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales: Serán siempre susceptibles de recurso de apelación. Serán susceptibles de apelación cuando la disposición general se refiera a materia urbanística Solo serán apelables aquellas cuya cuantía no exceda de 30.000 euros. Serán siempre susceptibles de recurso de reposición. De conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y su ejercicio compete al que haya conocido el asunto en primera o única instancia la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y su ejercicio compete al que haya conocido el asunto en apelación o casación en ningún caso a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo tendrán la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones firmes sólo muy excepcionalmente, en el caso de que la Administración hubiera dictado un acto con la finalidad de eludir el cumplimiento de una sentencia, tendrán los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones firmes, correspondiendo su ejercicio al que haya conocido del asunto en apelación o casación. Su vecino Antonio ha sufrido daños como consecuencia de un accidente de tráfico. En concreto, el accidente ha consistido en una colisión en cadena de varios vehículos ocasionada tanto por el mal estado de la carretera como por un conductor que circulaba con exceso de velocidad. Su vecino está estudiando la posibilidad de exigir responsabilidad a la Administración, pero se plantea si, una vez llegado el momento de exigir dicha responsabilidad en vía judicial, debería demandar a la Administración ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, o ante el orden jurisdiccional civil, por concurrir en este caso un particular a la producción del daño. Por ello acude a Vd. para que le asesore. Vd le indica que, de acuerdo con lo que dispone la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el orden iurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas (es decir, las Administraciones Públicas) por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad. no pudiendo ser demandadas aquellas (es decir, las Administraciones Públicas) por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, salvo cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad. no pudiendo ser demandadas aquellas (es decir, las Administraciones Públicas) por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, salvo cuando en la producción del daño concurran con particulares (pero no cuando cuenten con un seguro de responsabilidad). sin perjuicio de lo cual aquellas (es decir, las Administraciones Públicas) podrán ser demandadas por este motivo indistintamente ante los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo, civil o social, cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad. El Consejo de Ministros ha dictado un Acuerdo por el que impone una sanción de 700.000 euros a una importante empresa como consecuencia de un vertido de aguas residuales. La compañía está decidida a recurrir la sanción ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, porque considera que no ha cometido dicha infracción. Por ello, acude a Vd. para que le asesore sobre el recurso y, en concreto, sobre cuál sería el órgano judicial competente para conocer del mismo. Vd. le indica que dicho órgano serí Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Alicante ha dictado una Sentencia por la que desestima el recurso interpuesto por la sociedad titular de determinado bar musical contra un acto del Ayuntamiento de Alicante por el que impuso a dicha sociedad una sanción de 50.000 euros, por superar ampliamente los niveles de ruido admisibles. La empresa quiere recurrir la Sentencia del Juzgado, pero no sabe si puede interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Por ello acude a Vd., que le indica que Sí puede interponer un recurso de apelación, porque se trata de un asunto cuya cuantía excede de 30.000 euros No puede interponer recurso de apelación, porque se trata de un asunto de cuantía inferior a 600.000 euros Sí puede interponer recurso de apelación, porque siempre cabe interponer recurso de apelación contra las Sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente. Sí puede interponer recurso de apelación, porque aunque como regla general sólo son recurribles en apelación las sentencias recaídas en asuntos de cuantía superior a 600.000 euros, sin embargo siempre son recurribles en apelación las sentencias que resuelven recursos en materia sancionadora, con independencia de su cuantía. De acuerdo con la regulación de las medidas cautelares contenida en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados podrán solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia. Y añade que el incidente cautelar se sustanciará en pieza separada, con audiencia de la parte contraria. Ahora bien, ¿puede en algún caso el órgano judicial adoptar una medida cautelar sin oír a la parte contraria (y sin perjuicio de que se dé audiencia con posterioridad a dicha parte contraria con la finalidad de decidir sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada)? No, nunca Sí, cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el caso y así lo apreciare el órgano judicial. Sí, cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el caso, el órgano judicial está obligado a adoptar la medida cautelar solicitada Sí, cuando de la medida cautelar pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza. De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuando el Juez o Tribunal competente para conocer de un recurso contra un acto fundado en la invalidez de una disposición general lo fuere también para conocer del recurso directo contra ésta la sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición general. si hubiera dictado sentencia estimatoria, deberá plantear la cuestión de ilegalidad si hubiera dictado sentencia estimatoria, deberá plantear la cuestión de inconstitucionalidad si hubiera dictado sentencia estimatoria se limitará a anular el acto administrativo impugnado, sin pronunciarse sobre la validez o nulidad de la disposición general.
