MASTER ADMINISTRATIVO 2024-25

1. En qué casos procede interponer recurso administrativo: A. Contra las resoluciones y actos de trámite. B. Contra las resoluciones que pongan fin al procedimiento. C. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. D. Contra las resoluciones que agotan la vía administrativa y contra los actos de trámite si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

2. Las infracciones graves: A. Caducan a los dos años. B. Prescriben a los dos años. C. Prescriben al año. D. Caducan al año, salvo que una ley establezca otro plazo.

3. La duración máxima del ingreso de una persona extranjera en un centro de internamiento durante la tramitación de un procedimiento de extranjería en el que se puede acordar su expulsión es de: A. 60 días como máximo. B. 60 días, prorrogables por otros 60. C. 30 días. D. dos meses, prorrogables.

4. ¿Qué es la capacidad procesal en el orden judicial contencioso-administrativo?. A. La relación de la parte procesal con el objeto del proceso. B. La facultad para poder realizar actos con eficacia jurídica dentro de un proceso judicial. C. La necesidad de comparecer con procurador ante algunos tribunales de lo contencioso-administrativo. D. El derecho a comparecer sin procurador ante algunos tribunales de lo contencioso-administrativo.

5. En el procedimiento ordinario de expropiación forzosa ¿Cuándo puede llevarse a cabo la ocupación de la finca o bien expropiado?. A. Cuando el Jurado de Expropiación Forzosa haya dictado resolución sobre el justiprecio. B. Cuando se haya hecho efectivo el justiprecio o, en su caso, haya sido consignado en legal forma. C. De inmediato tras la declaración de urgencia. D. Después de la declaración de necesidad de ocupación.

6. En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, el silencio administrativo: A. Es siempre positivo. B. Es negativo únicamente cuando la solicitud pretenda la adquisición de facultades sobre el dominio público. C. Es positivo, salvo que se refiera a solicitudes sobre el dominio público, servicio público o reclamaciones de responsabilidad patrimonial. D. Es positivo siempre que una norma sectorial así lo disponga.

7. ¿Es posible la solicitud de medidas cautelares con anterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo?. A. No. Deben solicitarse con el escrito de interposición del recurso contencioso administrativo. B. Sólo en el supuesto de recurrir contra la inactividad material de la Administración. C. Sólo en los supuestos de inactividad o de vía de hecho de la Administración. D. Sólo si ya se habían acordado medidas provisionales en sede administrativa.

8. Deben tramitarse por el procedimiento abreviado los recursos contencioso-administrativos sobre los siguientes asuntos: A. Todos los asuntos que correspondan a los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo. B. Dominio público, servicio público y separación de funcionarios. C. Materias de extranjería y asilo político. D. Materias de extranjería, asilo político, disciplina deportiva y todos aquellos asuntos de cuantía inferior a 30.000 euros.

9. La declaración de una causa que haga imposible, legal o materialmente, ejecutar una sentencia corresponde: A. Al órgano administrativo encargado de la ejecución de la sentencia. B. Al Juez o Tribunal que hubiere dictado la sentencia. C. Al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma cuando el acto o disposición anulados por la sentencia fuere de una entidad local sita en su territorio. D. A la Administración que dictó el acto o disposición que fue impugnado en el proceso contencioso-administrativo en el que recayó la sentencia a ejecutar.

10. Para que se declare la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas es preciso que exista un daño: A. Efectivo, patrimonial, evaluable y antijurídico. B. Potencial, económicamente evaluable y antijurídico. C. Efectivo, económicamente evaluable, individualizable y antijurídico. D. Efectivo, individualizable y antijurídico.

11. El contratista tendrá derecho a instar la resolución del contrato y el reconocimiento de los perjuicios sufridos frente a la Administración cuando ésta se demore en el pago debido más allá del siguiente plazo: A. diez meses. B. seis meses. C. ocho meses. D. tres meses.

12. Respecto de las técnicas de intervención administrativa, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo, salvo: A. Cuando se trate de actividades vinculadas a la defensa nacional. B. Exclusivamente cuando se trate de actividades sobre el dominio público o sobre servicios públicos sometidos a tarifas reguladas. C. Cuando las instalaciones o infraestructuras físicas no sean desmontables. D. Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad.

13. La Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional: A. Conoce de los recursos en materia electoral contra los actos de la Junta Electoral Central. B. Conoce de los recursos contra actos de los Ministros y Secretarios de Estado. C. Conoce de los recursos contra los actos y disposiciones del Consejo de Ministros. D. Conoce de los recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico.

14. En el proceso contencioso-administrativo ¿en qué momentos es posible proponer prueba?. A. Exclusivamente en los escritos de demanda y contestación. B. En los escritos de demanda y de contestación, y tras la contestación cuando ésta introdujera hechos nuevos. C. En los escritos de demanda, de contestación y en los de conclusiones. D. En los escritos de demanda, de contestación, de alegaciones complementarias y por hechos nuevos introducidos en la contestación, así como en el trámite de interposición y oposición al recurso de apelación.

15. En la contratación del sector público los contratos sujetos a regulación armonizada se caracterizan por: A. Quedar excluidos de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. B. La participación de un poder adjudicador y superar ciertos umbrales económicos en función del tipo contractual de que se trate. C. Ser encomendados siempre a un medio propio de la Administración, de los regulados en los artículos 32 y 33 de la Ley de Contratos del Sector Público. D. Consistir en las modalidades de contratos atípicos y/o mixtos.

16. Todo documento que se presenta ante la Administración Tributaria en el que se reconoce o manifiesta un hecho relevante para la aplicación de tributos es: A. Una declaración tributaria. B. Una autoliquidación. C. Una comunicación. D. Una comprobación de datos.

17. En los supuestos de vía de hecho por la Administración pública, el recurso contencioso-administrativo debe interponerse: A. En el plazo de dos meses desde que se produjo la vía de hecho. B. En los dos meses siguientes al vencimiento del requerimiento por 10 días formulado por el interesado. C. En los dos meses siguientes al vencimiento del requerimiento por 3 meses formulado por el interesado. D. En el plazo de 10 días siguientes al vencimiento del requerimiento previamente formulado por el interesado, o, de no mediar dicho requerimiento, en el plazo de 20 días desde que se produjo la vía de hecho.

18. Son supuestos que excluyen la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: A. La concurrencia de culpa del perjudicado. B. La concurrencia de varias Administraciones en la causación del daño. C. El funcionamiento normal del servicio público. D. La fuerza mayor.

19. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, en los procedimientos sancionadores la falta de resolución expresa dentro del plazo establecido dará lugar a: A. La caducidad y el archivo. B. La prescripción de la infracción. C. El silencio administrativo positivo. D. El silencio administrativo negativo.

20. El trámite de conclusiones: A. No puede servir para incluir argumentos nuevos. B. Solamente se celebra si se ha admitido el proceso a prueba. C. No tiene lugar en el procedimiento abreviado. D. Solamente se celebra si lo solicitan todas las partes personadas.

21. El proceso contencioso-administrativo especial sobre prohibición o propuesta de modificación de las reuniones previstas en la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión se caracteriza por: A. El plazo de 48 horas para la interposición del recurso ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo competentes por razón de la ubicación de la reunión. B. El plazo de 72 horas para la interposición del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. C. El plazo de 48horas para la interposición del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. D. La competencia especial atribuida a los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo.

22. El incidente de falta de jurisdicción se puede tramitar en los siguientes momentos procesales: A. Alegaciones previas, contestación a la demanda y en la vista o conclusiones. B. Demanda, alegaciones previas, contestación a la demanda y en la vista o conclusiones. C. Alegaciones previas y contestación a la demanda, únicamente. D. Demanda y contestación a la demanda, únicamente.

23. La representación del recurrente a través de procurador en el proceso contencioso-administrativo: A. Es obligatoria en cualquier caso y procedimiento. B. Es potestativa ante los órganos judiciales unipersonales y obligatoria ante los órganos judiciales colegiados. C. Es obligatoria siempre, salvo en el caso de funcionarios que actúen en defensa de sus derechos estatutarios. D. Es potestativa ante los órganos judiciales unipersonales y obligatoria ante los órganos judiciales colegiados, salvo para los funcionarios en defensa de sus derechos estatutarios, siempre que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.

24. ¿En qué supuestos se presume que existe interés casacional objetivo para interponer un recurso de casación?. A. Cuando el recurso pretenda fundarse en la infracción de normas de derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes del fallo. B. Cuando la cuantía del recurso supere los 600.000 euros. C. Cuando la sentencia recurrible haya aplicado normas sobre las que no existe jurisprudencia. D. Cuando la sentencia se hubiere dictado en única o segunda instancia por la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

25. La ejecución provisional de sentencias: A. No cabe cuando la sentencia haya declarado la nulidad de una disposición de carácter general. B. Se puede plantear en relación con sentencias que no hayan alcanzado firmeza. C. Conlleva, en todo caso, la prestación de garantías por la parte que la ha instado. D. Solamente cabe en relación con sentencias dictadas en procesos cuya cuantía sea superior a 30.000 euros.

26. La nota diferenciadora entre el contrato de concesión de obras o servicios y el contrato de obras y servicios es: A. Las distintas prestaciones que se obliga a realizar el contratista y el concesionario. B. La asunción del riesgo operacional en las concesiones. C. La exclusión del principio de riesgo y ventura en los contratos de obra y servicios. D. No existe un criterio definido, todo depende de la normativa sectorial o especial aplicable.

27. El procedimiento tributario para investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en su caso, su regulación, es: A. El procedimiento de comprobación. B. El procedimiento de inspección. C. El procedimiento de verificación. D. El procedimiento de apremio.

28. La potestad expropiatoria corresponde exclusivamente a: A. La Administración institucional y a las corporaciones de derecho público. B. La Administración General del Estado, como expresión de la competencia exclusiva del Estado en la materia. C. La Administración de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, incluidos los cabildos y consejos insulares. D. La Administración territorial.

29. En un proceso contencioso administrativo con una cuantía establecida en 29.000 euros ¿qué recurso cabe interponer contra la sentencia dictada en la instancia?. A. No cabe ningún recurso por razón de la cuantía establecida. B. Recurso de apelación, previa interposición del recurso de reposición. C. Recurso de queja, sin posibilidad de ulterior apelación en caso de ser desestimado. D. Recurso de apelación sólo en el supuesto de que la sentencia hubiera declarado la inadmisibilidad del recurso o se hubiera dictado en un proceso especial para la protección de los derechos fundamentales.

30. Respecto de la exigencia de visado para la entrada en España señale el enunciado erróneo: A. Los ciudadanos de la Unión Europea están exentos del requisito del visado. B. El visado de residencia permite residir sin realizar actividad laboral o profesional. C. No se exige visado para estancias de hasta seis meses. D. No se exige visado para quienes dispongan de una tarjeta de identidad de extranjero.

31. Contra la resolución del Alcalde del Ayuntamiento denegando el otorgamiento de una licencia de obras, cabe interponer: A. Directamente el recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo contencioso competente por el territorio. B. Recurso de alzada ante el pleno del Ayuntamiento. C. Recurso de reposición, con carácter potestativo. D. Las respuestas A y C son correctas.

32. Señale la respuesta incorrecta respecto del cómputo de los plazos en vía administrativa: A. Para el cómputo por días se excluyen los sábados, domingos y festivos. B. Si el último día del plazo es inhábil se pasa al siguiente día hábil inmediato. C. Los plazos por meses se computan de fecha a fecha. D. El mes de agosto es inhábil excepto para el procedimiento para la defensa de los derechos fundamentales.

33. Señale el enunciado correcto respecto del recurso especial en materia de contratación pública (artículos 44 y ss. Ley de Contratos del Sector Público): A. Es posible interponerlo en cualquier modalidad de procedimiento de contratación (ordinaria, de urgencia y de emergencia). B. Su interposición conlleva la suspensión inmediata de la ejecución del contrato cuando se dirige contra el acto de adjudicación. C. Es potestativo y contra la resolución que se dicte cabrá recurso de reposición. D. Se interpone ante el Tribunal Económico Administrativo Central o Regional según corresponda.

34. En el proceso contencioso-administrativo, en el supuesto de producirse un allanamiento y según lo dispuesto por el art. 75 de la Ley 29/1998: A. El órgano judicial debe dictar sentencia conforme a lo solicitado por el recurrente ante la voluntad expresa de las partes. B. El órgano judicial debe dictar sentencia conforme a lo solicitado por el recurrente, salvo que aprecie una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. C. El órgano judicial debe recabar informe, no vinculante, de la Administración demandada con carácter previo a dictar sentencia. D. El órgano judicial debe acordar el archivo y sobreseimiento del proceso por satisfacción extraprocesal.

35. En el régimen especial de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia: A. Es preceptivo solicitar informe del Consejo de Estado (u órgano consultivo autonómico) si la cuantía es igual o superior a 50.000 euros. B. Es preceptivo solicitar informe de Consejo General del Poder Judicial. C. Es potestativa la solicitud de informe al órgano consultivo competente por la materia. D. Es preceptivo solicitar informe del Ministerio Fiscal.

36. En un procedimiento en el que entre en juego la institución del silencio administrativo, la Administración: A. Ya no puede dictar resolución expresa en garantía de los derechos del interesado. B. Debe instar la revisión de oficio o declaración de lesividad del acto presunto ganado por el interesado. C. Podrá resolver expresamente en cualquier sentido en caso de haberse producido el silencio negativo y sólo a favor del interesado en caso de silencio positivo. D. Sigue obligada a dictar resolución expresa, con plena libertad decisoria en el ejercicio de sus competencias y potestades.

37. En qué supuestos no es posible solicitar una extensión de efectos de una sentencia firme: A. Cuando se trate de una sentencia que declaró la inadmisibilidad del recurso. B. En materia tributaria, de personal al servicio de la Administración, o de unidad de mercado, una vez que existe una sentencia firme que reconoce una situación jurídica individualizada a una o más personas concretas, en la fase procesal de ejecución de sentencia. C. Cuando quien pretende la extensión de efectos de la sentencia firme, cuenta para sí ya con una resolución administrativa firme en la materia frente a la cual decidió no recurrir en sede judicial. D. Las respuestas A y C son correctas.

38. El plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo contra un acto presunto, al entrar en juego el silencio administrativo negativo, es de: A. Seis meses, si bien no es aplicable por doctrina expresa del Tribunal Constitucional. B. Dos meses. C. Seis meses por mandato legal. D. 20 días, tras el previo requerimiento a la Administración.

39. El derecho a la reversión tras los procedimientos expropiatorios queda excluido: A. Cuando han transcurrido 5 años de efectiva afectación a un uso público. B. Cuando han transcurrido 10 años de efectiva ocupación del bien expropiado. C. No se puede excluir nunca, es un derecho constitucionalmente protegido que nace con ocasión de la expropiación de la que trae causa. D. Cuando se altera el destino del bien expropiado pero se mantiene la utilidad pública o interés social.

40. Contra un auto que resuelve un recurso de reposición o aclaración: A. Cabe recurso de queja. B. Cabe recurso de apelación. C. No cabe ningún recurso. D. Sólo cabe el recurso de casación si el auto fue dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia.

1. La revisión de oficio: A. Es un recurso extraordinario que puede interponer el interesado por motivos tasados y contra actos firmes. B. Es un remedio de la Administración para declarar de oficio la nulidad de sus propios actos, sin intervención del interesado. C. Es un remedio de la Administración para declarar de oficio, o a instancia de parte, la nulidad de sus propios actos. D. Es un recurso especial del interesado para que la Administración declare la nulidad o anulabilidad de sus propios actos.

2. Las sanciones por faltas leves prescriben: A. A los seis meses. B. Al año. C. A los ocho meses. D. A los tres meses.

3. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo frente a la inactividad de la Administración es de: A. tres meses. B. seis meses. C. dos meses. D. 20 días.

4. ¿Qué es la legitimación en el orden judicial contencioso-administrativo?. A. La relación de la parte procesal con el objeto del proceso. B. La facultad para poder realizar actos con eficacia jurídica dentro de un proceso judicial. C. La necesidad de comparecer con procurador ante algunos tribunales de lo contencioso-administrativo. D. El derecho a comparecer sin procurador ante algunos tribunales de lo contencioso-administrativo.

7. Las medidas cautelares en un proceso contencioso-administrativo que impugne una disposición de carácter general pueden solicitarse: A. En cualquier momento del proceso. B. Necesariamente con carácter previo a la interposición del recurso contencioso, debiendo solicitar su ratificación al interponerlo. C. No cabe la suspensión de las disposiciones generales. D. Únicamente e el escrito de interposición del recurso contencioso o en el escrito de demanda.

11. A efectos de la aplicación subjetiva de la Ley de Contratos del Sector Público, no se considera Administración pública: A. Las entidades públicas empresariales. B. Los organismo autónomos. C. Las autoridades administrativas independientes. D. Las universidades públicas.

12. En relación con las técnicas de intervención administrativa, la declaración responsable: A. Es una técnica de intervención "ex ante" consistente en un acto administrativo del interesado para la remoción de obstáculos o limitaciones establecidas por las leyes (generalmente de policía) para el ejercicio de ciertos derechos o facultades por los administrados. B. Es una técnica de intervención "ex post" por la cual el interesado informa a la Administración de su intención de ejercer un derecho o actividad sin esperar de la Administración un acto expreso de aceptación. C. Es una técnica de intervención "ex post" por la cual el interesado declara ante la Administración, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos previstos legalmente para el reconocimiento o ejercicio de un derecho, que dispone de la documentación que lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el plazo de reconocimiento o ejercicio, sin esperar de la Administración un acto expreso de aceptación. D. Es una técnica de intervención por la cual el interesado requiere de la Administración la comprobación "ex post" de que la actividad que realiza se ajusta a las condiciones y limitaciones establecidas por la normativa de aplicación.

13. La impugnación de un acuerdo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores corresponde conocerla a: A. La Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. B. La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. C. La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia. D. Los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo.

17. La duración máxima de la situación de residencia temporal es: A. Tres años. B. Diez años. C. Un año. D. Cinco años.

22. La cuestión de ilegalidad: A. Se presenta antes de dictar sentencia. B. se presenta tras dictar sentencia. C. Se presenta cuando la sentencia ya es firme. D. Se presenta cuando la sentencia es firme salvo que esté pendiente un recurso de apelación o casación.

23. La intervención del Ministerio Fiscal en el proceso contencioso-administrativo es obligada: A. en ningún caso. B. siempre. C. en los procedimientos especiales de protección de los derechos fundamentales. D. en los procedimientos abreviados.

26. Un acto administrativo a favor de un particular para que este explote un bien de dominio público o gestione un servicio público durante un plazo concreto, sometido a condiciones y normalmente mediante el pago de un precio o canon es una: A. Licencia. B. Autorización. C. Encomienda de gestión. D. Concesión.

31. El recurso de alzada puede interponerse contra: A. Los actos definitivos que no agotan la vía administrativa, ante el superior jerárquico del órgano que los dictó. B. Los actos definitivos que agotan la vía administrativa, ante el superior jerárquico del órgano que los dictó. C. Los actos firmes siempre que no hayan transcurrido 4 años. D. Los actos anulables que sean favorables al interesado, ante el mismo órgano que los hubiera dictado.

34. En relación al desistimiento como modalidad de terminación del proceso contencioso-administrativo, señale la respuesta correcta: A. Como regla general el desistimiento no conlleva la imposición de las costas del proceso. B. La Administración nunca puede desistir. C. Si fueren varios los recurrentes y desistiera alguno, el proceso continuará para el resto. D. Las respuestas A y C son correctas.

37. Una vez firme una sentencia que condene a la Administración al pago de una suma líquida en concepto de indemnización por daños y perjuicios, la ejecución de la resolución judicial exige: A. Comunicar a la Administración la sentencia para que la lleve a puro y debido efecto en el plazo de dos meses. B. Comunicar a la Administración la sentencia para que la lleve a puro y debido efecto en el plazo de tres meses. C. Comunicar a la Administración la sentencia para que la lleve a puro y debido efecto en un plazo máximo a determinar, requiriéndole para que identifique al órgano responsable de la ejecución. D. Comunicar a la Administración la sentencia para que la lleve a puro y debido efecto en el plazo de tres meses, requiriéndole para que identifique al órgano responsable de la ejecución.

39. El obligado al pago del justiprecio en una expropiación será: A. La Administración expropiante. B. El expropiado. C. El beneficiario de la expropiación, que en ocasiones coincidirá con la figura de la Administración expropiante. D. El beneficiario de la expropiación por cuenta de la Administración expropiante, quien le reembolsará el coste.

1. Señala cuál de las siguientes opciones no es una forma de terminación de un procedimiento de apremio: A. El pago de la cantidad debida. B. El acuerdo que, tras declararse fallidos todos los obligados al pago, declare que ese crédito es incobrable, en todo o en parte. Mientras no prescriba, el apremio se puede reanudar. C. El acuerdo de haber quedado extinguida esa deuda, por cualquier causa prevista en la Ley. D. La imposición de una sanción.

2. ¿Cuál de los siguientes no es un principio del procedimiento sancionador tributario?. A. Legalidad. B. Tipicidad. C. Irretroactividad. D. Optimización fiscal.

4. ¿Cuál de los siguientes supuestos no permite imponer la sanción de expulsión del territorio español a un extranjero?. A. Haber cometido infracción muy grave prevista en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. B. Haber cometido determinadas infracciones graves previstas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. C. Haber sido condenado en cualquier país por conducta dolosa que España esté sancionada con privación de libertad por más de 1 año, y cuyos antecedentes no estén cancelados. D. La denegación de una petición de asilo anterior.

5. El órgano competente para conocer de las impugnaciones de las resoluciones de inadmisión de la petición de asilo es: A. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. B. Los Juzgados centrales de los Contencioso-administrativo. C. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. D. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

7. De acuerdo con la regulación de la Ley de Contratos del Sector Público vigente, en el concepto de Administración pública: A. Se incluyen las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. B. No se incluye a las entidades públicas empresariales estatales ni a los organismos asimilados dependientes de las comunidades autónomas y entidades locales, aunque unas y otros sí formen parte del sector público. C. Se incluye a las entidades públicas empresariales estatales y a los organismos asimilados dependientes de las comunidades autónomas y entidades locales. D. Se incluyen las fundaciones públicas.

8. Señala la respuesta incorrecta en relación con el recurso administrativo especial en materia de contratación (art. 44 y sig., LCSP, Ley 9/2017): A. es potestativo. B. es gratuito. C. sustituye a los recursos de alzada y reposición. D. se tramita ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

9. No procede la reversión expropiatoria en caso de: A. Exceso de expropiación. B. Desafectación del bien o derecho expropiado. C. Manifestación formal por la Administración de su intención de no ejecutar la obra o establecer el servicio previsto. D. Retraso en la terminación de la ejecución de la obra o establecimiento del servicio previsto.

10. En el procedimiento ordinario. A. Lo habitual es interponer el recurso contencioso-administrativo y formular la demanda simultáneamente. B. La demanda debe formularse sin tener acceso al expediente administrativo. C. La demanda se interpone una vez que se ha tenido acceso al expediente administrativo, con carácter general. D. Ninguna de las opciones es correcta.

11. El documento que emite el interesado en ejercer un derecho o iniciar actividad y en el cual manifiesta cumplir los requisitos legales para que se le reconozca tal derecho y, además, disponer de la documentación acreditativa (poniéndola a disposición de la Administración, si se la requiere), comprometiéndose a mantener tales condiciones durante el tiempo que dure ese reconocimiento es una: A. Solicitud. B. Declaración responsable. C. Comunicación. D. Instancia.

12. Un acto administrativo a favor de un particular, con la finalidad de que este explote un bien de dominio público o gestione un servicio público durante un plazo concreto, sometido a condiciones, y usualmente mediante pago de precio o canon es una: A. Licencia. B. Autorización. C. Encomienda de gestión. D. Concesión.

13. La ejecución de las sentencias es competencia: A. Del órgano de mayor rango que haya intervenido en relación con el objeto del proceso, incluidos aquellos que hayan participado en la resolución de los recursos contra la misma. B. De los juzgados y tribunales de este orden jurisdiccional y, en concreto, a aquel que haya conocido el asunto en primera o única instancia. C. Del Letrado de la Administración de Justicia. D. Del Ministerio Fiscal, cuando así se establezca en el fallo.

15. Señala la respuesta correcta, en relación con el recurso de apelación: A. Se resuelve por el mismo órgano que dictó la resolución impugnada. B. Puede interponerse contra cualquier sentencia dictada por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. C. Se tramita ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. D. Es admisible a efectos devolutivo y suspensivo.

16. Señala la resolución que es propia del letrado de la Administración de justicia: A. Sentencia. B. Auto. C. Providencia. D. Diligencia de ordenación.

17. Cuando la impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo se dirige contra una sanción tributaria: A. su pago se suspende automáticamente, siempre que se ofrezcan garantías. B. su pago no se suspende automáticamente. C. su pago se suspende automáticamente, cuando la cuantía de la sanción impuesta sea inferior a 30.000 euros. D. su pago se suspende automáticamente, sin necesidad de aportar garantías.

18. Cuando el obligado tributario presenta algún recurso administrativo contra un acto administrativo que le obliga al pago de un tributo, tiene derecho a: A. solicitar la suspensión del ingreso correspondiente, en tanto se resuelve esa reclamación. B. la tramitación preferente de su recurso contencioso-administrativo. C. actuar por sí mismo ante el órgano jurisdiccional, sin necesidad de conferir la representación a un procurador. D. beneficiarse de la justicia gratuita.

19. Las medidas provisionales, en el orden Contencioso-administrativo. A. No pueden ser dejadas sin efecto con posterioridad a su adopción, hasta que la sentencia haya sido dictada. B. Pueden estar sujetas a su eventual extinción o modificación según evolucionen las circunstancias que llevaron a determinar que hubieran de adoptarse en su día. C. Implican necesariamente la necesidad de constituir garantía por parte del recurrente. D. Constituyen una manifestación más de la posición de prevalencia de la Administración con respecto del ciudadano.

20. La valoración de la prueba por el órgano jurisdiccional, en el ámbito contencioso - administrativo: A. Debe basarse en la sana crítica y la razón. B. Debe dar preferencia a los elementos aportados por la Administración, por tener presunción de veracidad. C. Resulta improcedente en aquellos casos en que la prueba admitida sea, exclusivamente, el expediente administrativo. D. Debe dar preferencia siempre a la documental sobre cualquier otro medio de prueba.

21. Señala el caso en que no es preceptivo conferir la representación de la parte a un procurador: A. Recursos tramitados ante órganos unipersonales. B. Recursos tramitados ante el Tribunal Supremo. C. Recursos contencioso-administrativos especiales. D. Recursos contra actuaciones en vía de hecho.

23. El procedimiento legal para la protección de los derechos fundamentales. A. Es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional. B. Es el recurso contencioso-administrativo, tramitado como procedimiento abreviado, cuando dicha protección se refiera a una actuación administrativa. C. Tiene carácter preferente. D. No tiene plazo de ejercicio, dada la relevancia legal de su objeto.

25. Señala la respuesta correcta, en relación con el allanamiento como forma de terminación de un recurso contencioso-administrativo: A. Es un acto unilateral del demandado. B. Requiere del acuerdo con el demandante. C. Evita que el órgano jurisdiccional dicte sentencia. D. Libera automáticamente de la imposición de condena en costas.

26. Señala la respuesta correcta, en relación con el desistimiento como forma de terminación de un recurso contencioso-administrativo: A. No conlleva automáticamente la condena en costas. B. Conlleva automáticamente la condena en costas. C. Libera automáticamente la condena en costas. D. Solamente se puede realizar por causas tasadas.

27. ¿Cuál es el plazo para impugnar en vía jurisdiccional una actuación administrativa por parte de otra Administración?. A. Un mes. B. Dos meses. C. Tres meses. D. Un año.

28. De acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el incidente de ejecución: A. Solo puede ser iniciado a instancia de la Administración recurrida. B. Solo puede ser iniciado a instancia del Ministerio Fiscal. C. No puede ser apreciado de oficio por el órgano jurisdiccional. D. Puede tramitarse a instancia de parte.

29. Señala el órgano jurisdiccional competente para conocer de las impugnaciones contra las resoluciones dictadas por Ministros y Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros. A. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. B. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. C. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. D. La Sala de lo Contencioso-administrativo del respectivo Tribunal Superior de Justicia.