MATERIAS COMUNES AL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO/

1.- El Letrado José se encargó profesionalmente del divorcio de Juan e Inés, según le solicitaron ambos. Para ello, redactó un convenio de divorcio, que se presentó en procedimiento de mutuo acuerdo por ambos cónyuges. Como parte del acuerdo, Inés pagó la minuta de honorarios de José. Dos años después de haberse dictado sentencia de divorcio, Inés acude al despacho de José al recibir una demanda judicial interpuesta por Juan para modificar las medidas acordadas en el convenio. ¿Puede José llevar el asunto a Inés y contestar la demanda?. a) Sí, siempre que no esté en riesgo el secreto profesional. b) No, ya que el Código Deontológico le prohíbe intervenir en un proceso de modificación de la demanda de divorcio de mutuo acuerdo. c) Sí, porque se entiende liberado de la prohibición ya que Juan eligió un nuevo abogado y, además, quien pagó la minuta fue Inés. d) No, salvo que Juan consienta que José defienda a Inés.

2.- El letrado Benigno contrata la colocación de una valla publicitaria iluminada delante del hospital provincial, ofreciendo sus servicios como abogado experto en reclamaciones por negligencias médicas y responsabilidad derivada de accidentes de circulación. ¿Es correcta la actuación de Benigno?. a) Sí, pero únicamente si tiene formación acreditada en las especialidades citadas en el anuncio, pues la veracidad es el único límite de la publicidad. b) Sí, pues se ajusta al ejercicio profesional en el ámbito de la libertad de mercado. c) No, por la forma en que se realiza, ya que implica dirigirse a quienes sean víctimas de accidentes o infortunios recientes que carecen de la plena y serena libertad de elección. d) No, pues los abogados no pueden anunciarse mediante vallas publicitarias.

3.- Antonio, abogado con una experiencia de más de 25 años, se está planteando ejercer de forma simultánea tanto la profesión de abogado como la de procurador. A tal fin, dirige consulta a su Colegio de Abogados al objeto de conocer si esto es posible. El Colegio de Abogados le responde: a) Que sí es posible, siempre y cuando la colegiación de ambas profesiones se efectúe en el Colegio de Abogados y de Procuradores del mismo ámbito territorial. c) Que sí es posible, sin obstáculo alguno. b) Que sí es posible, aunque no se podrán ejercer de forma combinada ambas profesiones en un mismo asunto judicial. d) Que no es posible, dado que el ejercicio de la abogacía es absolutamente incompatible con el ejercicio de la profesión de procurador, entre otras.

4.- Asier y Jon comparten despacho. Asier le consulta a Jon ciertos pormenores del asunto que el cliente Ibon le tiene encomendado, comentando una curiosa anécdota del cliente. Esa misma noche, Jon comenta en Facebook la anécdota, pero sin revelar datos personales ni identificar a las personas involucradas. Por casualidad, Ibon lo lee y, al sentirse aludido, pone los hechos en conocimiento del Colegio de Abogados. ¿Ha cometido alguna infracción deontológica Jon?. a) No, quien la ha cometido ha sido exclusivamente Asier, que fue quien reveló la información facilitada por el cliente, por lo que deberá dirigirse la denuncia contra él. b) No, porque Jon siempre puede negar que lo contado tenga referencia con Ibon, cuyo nombre no se revela en ningún momento. c) Sí, porque el deber de secreto se extiende respecto de los hechos que se conozcan por la actuación profesional y vincula a todos y cada uno de los integrantes del despacho. d) No, porque la confidencialidad no protege las informaciones meramente personales que no formen parte directa del asunto encomendado.

5.- La letrada Elena defiende a un cliente inmerso en un procedimiento laboral por despido. En el transcurso de dicho procedimiento, Elena ha intercambiado emails con el abogado de la parte contraria. El cliente cambia de letrado y le exige copia de los mensajes. ¿Puede Elena reenviarle esos emails a su cliente?. a) No, Elena no puede darle a su cliente, en ningún caso, las cartas, comunicaciones o notas que reciba del abogado de la otra parte. b) Sí, porque su cliente tiene derecho a recibir toda la documentación que Elena tenga en su poder referente a su caso. c) Sí, porque su cliente tiene derecho a recibir toda la documentación que Elena tenga en su poder, salvo que expresamente el abogado contrario se lo prohíba. d) No, Elena no puede reenviar correos electrónicos de otros compañeros sin su expreso consentimiento.

6.- Patricia, colegiada ejerciente, dirige escrito a su Colegio notificando el cambio de domicilio profesional. En el escrito comunica que, a partir de ahora, dicho domicilio lo constituirán las propias instalaciones colegiales sitas en el Palacio de Justicia, dado que cuentan con una sala de trabajo con ordenadores, impresora, fotocopiadora, Internet, etc., así como con despachos privados para poder recibir a los clientes. Patricia adeuda las cuotas colegiales de los últimos meses. ¿Qué le contestará el Colegio de Abogados?. a) Que no es posible acceder a su petición, recordándole el deber de todo abogado de mantener despacho profesional abierto en el territorio del Colegio en cuyo ámbito esté incorporado y ejerza habitualmente su profesión. b) Que se accede a su petición, dado que, como colegiada, tiene derecho a utilizar las instalaciones colegiales como propias y publicitar que esa será su dirección profesional de ahora en adelante. c) Que se accede a su petición, siempre y cuando abone el uso intensivo y particular de las referidas instalaciones, mediante la suscripción del correspondiente contrato. d) Que no es posible acceder a su petición, dado que adeuda cuotas colegiales, lo que le impide el uso de las instalaciones colegiales para el fin solicitado.

7.- Verónica y Sonia, son dos abogadas que llevan varios meses de negociación en un caso de divorcio, con numerosas llamadas, reuniones y correos electrónicos cruzados. Finalmente, el cliente de Sonia le comunica no estar de acuerdo con las propuestas de la parte contraria y le da instrucciones para que interponga la demanda de divorcio. En fase de contestación a la demanda, Verónica, para demostrar que las partes estaban negociando un acuerdo, aporta exclusivamente los correos electrónicos que ella remitió a Sonia junto con su escrito. ¿Es correcta la actuación de Verónica?. a) Sí, porque no ha aportado las comunicaciones recibidas por la abogada de la parte contraria, que es lo que protege la norma, sino únicamente las propias. b) Sí, porque los correos electrónicos, al no ser documentos con membrete del despacho, no se consideran comunicaciones entre letrados y pueden ser aportados en todo caso. c) Sí, porque las normas deontológicas que regulan el secreto profesional excepcionan el ámbito del derecho de familia, a fin de que el Juzgador conozca todos los datos y pueda reconducir un asunto contencioso a mutuo acuerdo. d) No, porque el secreto profesional, en su vertiente de protección de las comunicaciones entre profesionales, impide aportar éstas (ni las recibidas ni las remitidas), si no existe autorización expresa del abogado que remite o es destinatario o, en su defecto, autorización de la Junta de Gobierno del Colegio competente.

8.- El abogado Sergio, incorporado como ejerciente al Colegio de Abogados de Toledo el 2 de abril de 2019, quiere votar en las elecciones a miembros de junta de gobierno de su Colegio, que han sido convocadas con fecha 1 de septiembre de 2019. ¿Puede Sergio votar en las elecciones conforme a lo que dispone el Estatuto General de la Abogacía Española?. a) No, porque los colegiados no pueden participar en las elecciones que se convoquen en su primer año de colegiación. b) No, porque todavía no lleva seis meses colegiado al convocarse las elecciones. c) Sí, puede participar como elector desde el mismo día de la colegiación. d) Sí, puede participar como elector porque lleva más de tres meses colegiado al convocarse las elecciones.

9.- El Estatuto General de la Abogacía constituye el marco normativo que regula la profesión de abogado. ¿Es posible que una norma con rango de ley de una Comunidad Autónoma, dictada en el marco de sus competencias, regule materias comprendidas en dicho Estatuto?. a) No, ya que el Estatuto es una norma especial que excluye la posibilidad de regulación por otras instituciones. b) Sí, ya que el Estatuto es un compendio de normas deontológicas y de organización profesional sin valor normativo externo a la organización y sus colegiados. c) No, ya que el Estatuto es una norma con rango de ley sobre una materia que es competencia exclusiva del Estado y, por tanto, no puede regularse por las Autonomías. d) Sí, ya que el Estatuto tiene rango de Real Decreto y lo dispuesto en él se entenderá sin perjuicio de lo que sobre esta materia, de acuerdo con la Constitución, la legislación estatal y los Estatutos de Autonomía, disponga la legislación autonómica.

10.- Sebastián y Agustín son socios de Seb-Agus Abogados, SLP, inscrita como tal en el Colegio de Abogados de Melilla. El despacho tiene asumida la defensa de Francisco, conocido de Agustín, en un procedimiento penal. Como consecuencia de esa relación, durante la instrucción ha sido Agustín quien ha estado presente en todas las actuaciones judiciales que se han llevado a cabo, siendo también quien firmó el escrito de defensa. ¿Puede en el acto del juicio ejercitar la defensa Sebastián?. a) Sí, porque cualquier letrado actuante podrá ser sustituido en el acto de la vista por un compañero en ejercicio. b) No, porque ha sido Agustín quien ha llevado el procedimiento desde sus inicios y la actuación de Sebastián en el acto de juicio puede perjudicar a Francisco, al no conocer el procedimiento a fondo. c) No, porque Francisco contrató los servicios del despacho por el hecho de ser conocido de Agustín, lo que le obliga a llevar la defensa a lo largo de todo el procedimiento. d) Sí, siempre y cuando conste expresamente por escrito la autorización de Francisco para que Sebastián actúe en el acto del juicio y Agustín le haya concedido la venia.

11.- Antonio acaba de obtener el título profesional de abogado, por lo que presenta su solicitud de incorporación en el Colegio de Abogados de Ourense. ¿Quién y cómo deberá resolver dicha solicitud, según el Estatuto General de la Abogacía?. a) El Decano, mediante resolución motivada, previo informe de la Junta de Gobierno del Colegio. b) La Junta de Gobierno, previo informe vinculante del Decano. c) El Decano, previo informe vinculante de la Junta de Gobierno. d) La Junta de Gobierno, previas las diligencias e informes que procedan, en resolución motivada.

12.- Marta, colegiada ejerciente, acepta que Juan, licenciado en derecho, trabaje para ella en su despacho, al objeto de - según las propias palabras de Juan- “adquirir la suficiente experiencia que me permita poder colegiarme y ejercer la profesión, sin necesidad de tener que superar la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado”. Tanta es la experiencia y práctica que adquiere Juan, que Marta no tiene inconveniente en enviarlo al Juzgado sustituyéndola en los asuntos de turno de oficio que ella tiene asignados, haciéndose pasar Juan por abogado integrado en el despacho de Marta. Ante esta actuación, ¿Tienen competencia los Colegios de Abogados en materia de intrusismo profesional?. a) No. Los Colegios de Abogados no tienen competencia en materia de intrusismo profesional, ya que ésta corresponde al Ministerio de Justicia. b) Sí, pero solo frente a Marta, dado que ella sí está colegiada, mientras que Juan no lo está. c) Sí. Los Colegios de Abogados tienen, entre sus funciones, las de adoptar las medidas conducentes a evitar y perseguir el intrusismo profesional, lo que implica la adopción de medidas tanto frente al colegiado, como frente a la persona que ejerce la profesión sin estar colegiada. d) No. Al ser una actuación realizada ante los Tribunales de Justicia, son estos los únicos competentes para adoptar las medidas necesarias frente al intrusismo profesional.

13.- Juan Luis acaba de aprobar la prueba de acceso a la profesión de abogado y decide presentar la documentación pertinente para su colegiación ante el Colegio de Abogados de Málaga. La Junta de Gobierno de dicho Colegio acuerda denegar la admisión de Juan Luis, fundamentando la decisión en el hecho de que, en el ámbito territorial del Colegio, la proporción entre abogados y población supera la ratio aconsejable según criterios objetivos, es decir, que hay más abogados en ejercicio de los necesarios. ¿Es correcta la decisión de la Junta de Gobierno?. a) No, porque el Estatuto General de la Abogacía establece que no podrá limitarse el número de los componentes de los Colegios de Abogados, ni cerrarse temporal o definitivamente la admisión de nuevos colegiados. b) No, porque esa competencia la tiene atribuida expresamente el Consejo General de la Abogacía Española. c) Sí, porque los Colegios de abogados tienen, entre sus fines, evitar la masificación de la profesión, siempre que las medidas adoptadas no sean contrarias a las normas de competencia. d) No, porque esa competencia la tiene atribuida expresamente el Decano del Colegio de abogados.

14.- Sergio, Antonio y Olivia se han colegiado y creado un despacho colectivo mediante una sociedad profesional, quedando encargado Antonio, como administrador solidario, de solicitar la inscripción en el registro colegial correspondiente. Como Antonio pospone indefinidamente la tarea, el Colegio, percatándose de que hay varios abogados con una misma dirección profesional, inicia el correspondiente expediente. Indique quién va a recibir el requerimiento colegial. a) La sociedad profesional, exclusivamente. b) El administrador de la sociedad, exclusivamente. c) Todos los abogados integrantes de la sociedad profesional. d) La sociedad profesional y el administrador de la sociedad, exclusivamente.

15.- María suscribe un contrato con un despacho colectivo para prestar sus servicios de abogada por cuenta ajena bajo régimen de derecho laboral. En un momento dado, el Colegio de Abogados requiere al despacho colectivo para que aporte los contratos de colaboración y de trabajo que se hayan suscrito con otros abogados a fin de verificar que se ajustan al Estatuto General de la Abogacía. ¿Es ello posible?. a) No, ya que dichos contratos están bajo secreto profesional. b) Sí, ya que los Colegios de Abogados pueden exigir, a tales fines, la presentación de dichos contratos de colaboración y trabajo. c) No, ya que los Colegios de Abogados pueden exigir la presentación de los contratos de colaboración, pero no los que se sujeten al derecho laboral, pues son competencia exclusiva de la jurisdicción social. d) Sí, ya que los Colegios de Abogados están habilitados para solicitar de los despachos, individuales o colectivos, cuanta documentación puedan conservar sobre su organización y los casos que tramiten, a fin de comprobar la regularidad de su actividad.

16.- En el caso anterior, María se plantea si tiene que darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en la Mutualidad General de la Abogacía, para cubrir sus necesidades de prevención social. En el despacho colectivo le explican que: a) Tiene que darse de alta en el RETA o en la Mutualidad General de la Abogacía, al igual que los abogados que trabajan por cuenta propia. b) No tiene que darse de alta en el RETA, porque se le dará de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, si bien puede darse de alta voluntariamente en la Mutualidad General de la Abogacía para complementar su pensión. c) Tiene que darse de alta obligatoriamente en la Mutualidad General de la Abogacía, pero no en el RETA. d) Queda sujeta al Régimen General de la Seguridad Social y no puede darse de alta en la Mutualidad General de la Abogacía mientras mantenga una relación meramente laboral con el despacho.

17.- El letrado Manuel quiere darse de baja en el RETA al llegar a la edad legal de jubilación y cobrar la pensión correspondiente, pero pretende continuar ejerciendo la abogacía, asegurándose en la Mutualidad. ¿Es posible?. a) No, ya que una vez producido el alta en el mencionado régimen especial, solo puede causarse baja en el mismo por cesar en la actividad laboral por cuenta propia. b) Sí, en la medida en que haya cotizado lo suficiente. c) Puede darse de baja en el RETA y ejercer, pero sin cobrar la pensión hasta que deje de ejercer. d) Puede capitalizar la pensión y seguir ejerciendo como mutualista.

18.- El despacho Nerea y asociadas, con sede en Bilbao, que no realiza ningún tratamiento para el ejercicio de funciones públicas, no ha implantado las medidas de seguridad necesarias respecto a los datos personales de sus proveedores. ¿Cuál es la autoridad competente para sancionar esta infracción?. a) EL Colegio de Abogados de Bizkaia. b) El Consejo General de la Abogacía. c) La Agencia Española de Protección de Datos. d) La Agencia Vasca de Protección de Datos.

19.- El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) requiere al abogado José información sobre su cliente, la empresa Importaciones Kingston, SA, que es trascendente para el cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales. Una vez facilitada esa información al SEPBLAC, José se plantea avisar a su cliente de que está sometido a una inspección. Indique lo más correcto de las siguientes opciones: a) No debe informar a su cliente por estar prohibido por la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. b) Debe informar a su cliente, pues no puede ocultarle información sobre un expediente. c) Debe informar a su cliente, pero solo si todavía no se ha examinado por el SEPBLAC alguna operación. d) No debe informar a su cliente, por estar sujeto al secreto profesional.

20.- El abogado Enrique asesora puntualmente a una empresa de servicios en relación con el despido de un trabajador por supuesta infracción disciplinaria muy grave. Una vez verificado el despido, Enrique, sin comentárselo a la empresa, se pone en contacto con el trabajador, acuerda con él ejercer su defensa y presenta en su nombre una demanda por despido improcedente. ¿Ha podido incurrir en alguna responsabilidad el citado letrado?. a) No, ya que solo ha realizado un asesoramiento puntual y no ha defendido a la empresa ante los tribunales. b) Sí, exclusivamente de naturaleza deontológica, por vulneración del deber de lealtad, pudiendo ser sancionado por su Colegio de Abogados. c) Sí, puede haber incurrido en un delito de deslealtad profesional del artículo 467 del Código Penal. d) No, salvo que la empresa le hubiera prohibido expresamente defender o representar a la parte contraria en caso de conflicto judicial.

21.- La abogada María Fernanda asesora a unos clientes en la compraventa de un inmueble y, como consecuencia de dicha labor, asume el encargo de satisfacer al vendedor la suma de 5.000 €, en concepto de arras, que le entregan sus clientes sin extender ningún recibo. Sin embargo, María Fernanda se gasta el dinero en la compra de un vehículo de segunda mano y, cuando sus clientes le reclaman que devuelva dicha suma, niega haberla recibido. ¿Ha podido incurrir en alguna responsabilidad?. a) Sí, en responsabilidad penal y disciplinaria. b) Solamente en responsabilidad penal. c) Solamente en responsabilidad disciplinaria. d) No, ya que no hay documentación que justifique la recepción del dinero de los clientes.

22.- Ignacio, Pelayo y Arturo constituyen una sociedad profesional y se adhieren, a título personal, al seguro de responsabilidad civil que tiene suscrito el Colegio de abogados. ¿Debe asegurarse también a la sociedad profesional?. a) No, ya que están asegurados todos los abogados de la sociedad. b) No, ya que pueden optar por asegurarse ellos o por asegurar a la sociedad. c) Sí, en todo caso. d) Sí, en el caso de que en la sociedad haya socios que no se dediquen a la abogacía.

23.- La abogada Sonia se dedica a asesorar en materia inmobiliaria y, para ello, tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil para hacer frente a responsabilidades de hasta 500.000 € por siniestro y un máximo anual de un millón de euros. Estando realizando labores de asesoramiento a un cliente, en una operación de más de dos millones de euros, el cliente le pregunta si tiene un seguro de responsabilidad civil y el importe de la cobertura por siniestro. ¿Tiene Sonia obligación de dar esa información al cliente, según el Código Deontológico?. a) No, ya que dicha información está protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos Digitales, mientras no se produzca un siniestro que deba ser indemnizado por la abogada. b) Sí, y, además, debe facilitarse a los clientes dicha información con carácter previo a asesorarles, aunque no la pidan. c) Sí, ya que el cliente lo ha solicitado y así lo prevé el Código Deontológico. d) No, sin perjuicio de que pueda estar obligada por la legislación de protección al consumidor.

24.- Luisa recibe en su despacho a Carla, clienta que está interesada en presentar una demanda de paternidad contra los herederos de un importante empresario, ya fallecido, y que, según la prensa, tenía una fortuna calculada en más de 200 millones de euros. A la vista de la información, datos y pruebas que facilita, la demanda puede tener visos de éxito, pero Carla no tiene medios económicos para hacer frente a los honorarios profesionales. Es por ello por lo que le propone que se fijen los honorarios de Luisa en el quince por ciento de lo que perciba Carla de la herencia del que dice ser era su padre. ¿Es posible el acuerdo que propone Carla?. a) No, porque, en caso de un resultado no positivo, el abogado habrá trabajado sin cobrar, lo cual no está permitido. b) No, porque, en caso de resultado positivo, la cuantía de los honorarios es excesiva y perjudica al cliente. c) Sí, pero siempre y cuando el porcentaje pactado suponga un importe superior al resultado de calcular los honorarios conforme a las normas de honorarios utilizadas para las tasaciones de costas, ya que al asumir el abogado el riesgo de no cobrar ha de tener la contrapartida de unos ingresos mayores en caso de éxito. d) Sí, ya que cada abogado puede pactar libremente la cuantía de los honorarios con el cliente.

25.- Disconforme con la minuta de honorarios que le pasa su letrado, la clienta Carmen, que no es abogada, acude al Colegio para solicitar el baremo orientador sobre honorarios que pueda existir en el indicado Colegio. Indique qué es lo que le contestará el Colegio: a) Que no puede facilitarle el baremo, pues es un documento de uso exclusivo por los abogados. b) Que el Colegio no tiene baremos orientadores, pues están prohibidos. c) Que el baremo orientador solo se facilita al Juzgado y a los letrados. d) El Colegio le entregará un baremo orientador, porque está obligado a hacerlo al ciudadano que se lo solicita.

26.- El Abogado Alejandro recibe de una empresa de alimentación, Cárnicas Manolo, SRL, a la que asesora desde hace diez años, una suma de 100.000 € para ofrecimiento y pago de indemnizaciones a causa de una responsabilidad en que ha incurrido la empresa con diversos consumidores. Alejandro ingresa el dinero en la cuenta del despacho, registrando contablemente en sus libros que dicha suma ha sido depositada por Cárnicas Manolo, SRL. Tras quedar un sobrante de 18.000 €, obtiene autorización escrita del administrador de Cárnicas Manolo, SRL para que detraiga sus honorarios profesionales de dicha suma. Liquidados con una minuta de 15.000 €, Alejandro transfiere el sobrante (3.000 €) a Cárnicas Manolo, SRL. ¿Actuó correctamente el letrado?. a) Sí, porque detrajo sus honorarios con el consentimiento expreso de la empresa y contabilizó adecuadamente el origen de la cantidad ingresada en cuenta. b) No, porque debió mantenerlos depositados con disposición inmediata en una cuenta específica abierta en un banco o entidad de crédito. c) No, porque el abogado nunca debe detraer sus honorarios de los fondos recibidos, ni siquiera con consentimiento del cliente. d) Sí, porque no ha causado ningún tipo de perjuicio económico al cliente.

27.- Vicente recibe la visita de un inspector de Hacienda, quien le exige la exhibición de la contabilidad de su actividad como abogado en ejercicio, incluyendo toda aquella información necesaria para la exigencia de las obligaciones tributarias. Vicente le espeta al inspector que no se la puede facilitar pues, entre otros motivos, debe preservar el secreto profesional. ¿Es correcta esa aseveración?. a) Sí, porque el deber de secreto es de carácter constitucional y el abogado no debe poner en peligro la confidencialidad, ni siquiera ante la autoridad tributaria. b) No, porque el abogado tiene la obligación de facilitar las inspecciones y comprobaciones administrativas. c) Sí, porque, salvo casos de razonable interés público, la solicitud debe notificarse por escrito, dando al obligado tributario el tiempo necesario para preparar la documentación. d) No, porque el secreto profesional solo vincula a los abogados y no tiene por qué ser respetado por la Administración tributaria.

28.- El abogado Javier, que tiene pendiente de celebración una vista en el Juzgado de lo Penal de Segovia, recibe días antes una providencia notificando que, por haber cambiado de destino su titular, la magistrada Esther, el juicio se celebrará por Ernesto, Juez de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al estar la plaza vacante. ¿Puede Javier impugnar este nombramiento por vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley?. a) Sí, porque una vez señalado el juicio, solo puede celebrarlo Esther, aunque haya cambiado de destino. b) No, porque el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley no es un derecho fundamental, sino un mandato dirigido al legislador para la configuración de la organización judicial. c) Sí, porque según la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, las plazas de los Jueces de adscripción territorial se crean en los Tribunales Superiores de Justicia para integrar las salas de los tribunales colegiados, no para suplir a jueces unipersonales. d) No, porque la plaza del Juez de adscripción territorial se crea para el ámbito territorial de la provincia, y su designación está prevista en la ley para realizar, entre otras, funciones jurisdiccionales en caso de plazas vacantes o ausencias del titular.

29.- La abogada Iratxe presenta un recurso de apelación contra una decisión del Juzgado de Instrucción de Ceuta, que el juzgado inadmite por entender que se formuló fuera de plazo. ¿Ante qué órgano y sección debería presentar Iratxe recurso de queja para que se tramite la apelación?. a) Ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. b) Ante la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga. c) Ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz. d) Ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

30.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid tramita una impugnación de una licencia urbanística concedida a la empresa Construcciones Villaviciosa, SL, por el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, representando la abogada Elena a la citada sociedad. Por su parte, un Juzgado de Instrucción de Móstoles tramita unas diligencias penales por prevaricación, contra responsables del Ayuntamiento de Villaviciosa, por la concesión de la misma licencia litigiosa. Enterada de la existencia de las diligencias penales, la abogada Elena se pregunta si es posible plantear algún conflicto de competencia al juzgado de Móstoles y concluye que: a) Sí, es posible plantear un conflicto de competencia ante una Sala especial del Tribunal Supremo, formada por el Presidente y dos magistrados del Tribunal Supremo por cada orden jurisdiccional en conflicto (Penal y Contencioso-Administrativo). b) No es posible, ya que únicamente puede plantear conflictos de competencia el Ministerio Fiscal. c) Sí, es posible plantear un conflicto de competencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, superior común a ambos órganos judiciales. d) No es posible, ya que ningún Juez o Tribunal puede plantear conflicto de competencia a los órganos del orden jurisdiccional penal.

31.- Mary, ciudadana británica con domicilio en Estepona, suscribe en el Reino Unido un seguro de vida con la empresa Canterbury Assurances, domiciliada en Canterbury, Inglaterra, cuyo beneficiario es su hijo John, residente en Londres. En un momento dado, surgen discrepancias con la compañía por el importe de la prima anual y le plantea a su abogada en España, Rosalía, si puede presentar una demanda ante los juzgados españoles. Rosalía le explica que: a) Puede presentar demanda en este caso, ya que tiene su domicilio en España. b) No puede presentar demanda, ya que no tiene la nacionalidad española y, además, está previsto que el Reino Unido salga de la Unión Europea. c) Puede presentar demanda solo si una vez surgida la controversia, pacta con la compañía la sumisión a los tribunales españoles. d) No puede presentar demanda, ya que la competencia corresponde con el domicilio de la demandada, el lugar en el que se suscribió el contrato de seguro o donde resida el beneficiario del seguro.

32.- En sede de casación civil, el abogado Francesc reitera, ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, la solicitud de planteamiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de una cuestión prejudicial acerca de la interpretación de un Reglamento de la Unión Europea que es relevante para el caso. Dicha solicitud ya la planteó a los órganos de instancia, que la rechazaron. El Tribunal Supremo: a) Planteará la cuestión al TJUE, dado que contra la decisión que dicte no caben recursos de derecho interno. b) Denegará el planteamiento de la cuestión al TJUE, dado que ya fue rechazada por los órganos de instancia. c) Planteará la cuestión solo si considera necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. d) Denegará el planteamiento de la cuestión, pues el Tribunal Supremo tiene competencia para fijar la interpretación de las normas internacionales que forman parte del derecho interno.

3.- El joven Jokin es detenido por unos incidentes en Baracaldo durante una manifestación que acabó con daños. La policía le imputa un delito de desórdenes públicos y daños. Jokin informa a su abogada Arantxa que, durante la detención policial, fue sometido a diversas vejaciones y malos tratos por parte de la policía, para que confesara la infracción y delatara a otros posibles implicados. Jokin pregunta a Arantxa si es posible formular directamente una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el Estado español por vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Arantxa le explica que: a) No, ya que el CEDH no permite presentar demandas a las personas físicas, sino a otros Estados contratantes o a los órganos del Estado implicado. b) Sí, ya que el CEDH protege a las personas físicas contra la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. c) No, ya que es necesario primero agotar los recursos internos dentro del Estado español. d) No, ya que la tortura o malos tratos, por parte de funcionarios policiales, no está protegida por el CEDH.

34.- Joaquín, cliente de la abogada Estrella, ingresa en prisión provisional por orden del Juzgado de Instrucción nº 3 de Alicante, por un delito de robo con fuerza en las cosas. Recurrido el auto de prisión ante la Audiencia Provincial, la sección correspondiente desestima el recurso el 25 de enero de 2019. Estrella presenta un recurso de amparo el 28 de febrero, a los 20 días de la notificación de esta última resolución, pero durante el trámite de admisión el Juzgado decide poner en libertad a Joaquín. ¿Examinará el Tribunal Constitucional si Joaquín fue privado de libertad indebidamente?. a) No, ya que el Tribunal Constitucional no controla la regularidad de las privaciones de libertad acordadas por los órganos judiciales. b) Sí, ya que el derecho a la libertad es un derecho fundamental y su vulneración sería imputable a una decisión del órgano judicial. c) No, ya que el recurso ha perdido su objeto, pues Joaquín ya está en libertad. d) No, ya que han transcurrido más de treinta días desde la resolución de la Audiencia Provincial.

35.- La Audiencia Provincial deniega al penado Benedicto, en resolución firme, la suspensión de la ejecución de la condena de un año de prisión que le había impuesto en sentencia. Su letrado, Bartolomé, presenta recurso de amparo para impedir que ingrese en prisión y pide a la Audiencia Provincial que suspenda el cumplimiento de la pena, para que el recurso no pierda su efectividad. ¿Es correcta la petición de Bartolomé a la Audiencia Provincial?. a) Sí, pero es innecesaria, porque la interposición del recurso de amparo suspende de iure los efectos de la resolución recurrida. b) No, porque la suspensión tiene que pedirla expresamente al Tribunal Constitucional, única posibilidad de que se suspenda la resolución recurrida en amparo. c) Sí, ya que la suspensión de la ejecución de la pena solo puede acordarla la Audiencia Provincial. d) No, porque la resolución es ejecutiva mientras no la suspenda el Tribunal Constitucional, de oficio o a instancia de parte.

36.- Lucía y José Luis han suscrito entre ellos un contrato de arrendamiento de vivienda y, en una de sus cláusulas, han pactado que, para cualquier controversia que se pueda suscitar en relación al cumplimiento e interpretación del contrato, las partes se someterán a arbitraje. ¿Es posible tal pacto?. a) No, porque el sometimiento a arbitraje solo puede hacerse en los contratos para uso distinto al de vivienda, donde el poder de disposición de las partes es más amplio. b) No, porque los arrendamientos urbanos son una de las materias excluidas expresamente del arbitraje. c) Sí, siempre que el árbitro o árbitros designados sean abogados especialistas en materia de arrendamientos urbanos. d) Sí, porque la Ley de Arbitraje y la Ley de Enjuiciamiento Civil, permiten que este tipo de contratos puedan ser sometidos a arbitraje.

37.- Manuel y Guillermo suscriben un contrato de suministros en el que acuerdan, entre otras cosas, someter a mediación las controversias que pudiesen derivarse del contrato. Sin embargo, ante el incumplimiento de Manuel, Guillermo decide interponer una demanda ante los juzgados de Primera Instancia. ¿Qué actuación puede realizar el abogado de Manuel ante la demanda?. a) Deberá contestar con una demanda de mediación, dado que ambas partes se sometieron voluntariamente a mediación. b) Podrá denunciar mediante declinatoria haberse sometido el asunto a mediación. c) Deberá contestar a la demanda en todo caso, pues el contrato de suministros es una de las materias sobre las que se excluye la posibilidad de mediación. d) Podrá alegar en su contestación su falta de legitimación pasiva, por haberse sometido la controversia a mediación.

38.- En un procedimiento civil, el Tribunal entiende que Teresa, abogada de la demandada, ha actuado conculcando las normas de la buena fe, por lo que le impone una multa. ¿De qué cuantía puede ser dicha multa?. a) De ninguna, pues las multas no están previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil por conculcar las normas de la buena fe. b) De una cuantía equivalente al perjuicio que se haya ocasionado a la otra parte con la actuación contraria a la buena fe. c) Podrá oscilar entre 180 € y 6.000 €, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio. d) La fijará el Colegio profesional al que pertenezca el abogado, sin que pueda ser fijada por el Tribunal, que deberá limitarse a dar traslado al Colegio de testimonio de las actuaciones.

39.- Fernando, abogado de la parte demandada en un proceso civil, considera que existe una cuestión que, siendo distinta de la que constituye el objeto principal del pleito, guarda con éste una relación inmediata que puede tener influencia en el proceso, por lo que plantea una cuestión incidental de especial pronunciamiento. ¿Qué deberá hacer el Juez ante la cuestión planteada?. a) Suspender el curso de las actuaciones hasta que la cuestión sea resuelta. b) Resolver por Auto la cuestión y, una vez firme el mismo, continuar el pleito sobre la pretensión principal. c) Resolverla oralmente en el acto del juicio, antes de empezar con la práctica de las pruebas. d) Decidir sobre la cuestión separadamente en la Sentencia, antes de entrar a resolver sobre lo que sea objeto principal del pleito.

40.- En un proceso civil, el Juez dicta Sentencia que, a criterio de Jaime, abogado de la demandante, contiene un concepto oscuro que impide su ejecución. Jaime solicita la aclaración de la Sentencia, pero el Juez por Auto resuelve que no es necesaria ninguna aclaración, por no haber conceptos oscuros en la misma. ¿Puede Jaime interponer recurso contra el Auto que deniega la aclaración?. a) Sí, recurso de alzada ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. b) Sí, recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. c) No, pues una vez firmada la Sentencia no cabe aclaración ni corrección alguna. d) No, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la Sentencia.

41.- Durante la práctica de la prueba en un juicio ante el Juzgado de Primera Instancia, se pone de manifiesto que uno de los documentos aportado por Miguel, el abogado del demandado, que fundamenta su pretensión desestimatoria, puede haber sido falsificado. Por este motivo, el Letrado de la Administración de Justicia lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal y se abren diligencias previas en el Juzgado de Instrucción, por un presunto delito de falsedad documental. Arturo, el abogado de la demandante, solicita la suspensión del proceso civil por prejudicialidad penal. ¿Qué resolución deberá adoptar el Juez?. a) Resolver en la Sentencia civil sobre la posible falsedad del documento, a la vista de las pruebas practicadas en el acto del juicio. b) Suspender las actuaciones civiles sin esperar a la conclusión del procedimiento civil, cuando considere que el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto. c) Continuar con el proceso hasta su conclusión, pero no dictar Sentencia hasta que el Juzgado de lo Penal se pronuncie sobre la posible falsedad del documento. d) Continuar con el proceso y dictar sentencia, con independencia de lo que se resuelva en el proceso penal, dado que se trata de dos jurisdicciones diferentes.

43.- Lucía, abogada del Colegio de Cádiz, fue designada para defender los intereses de José Luis, beneficiario de justicia gratuita, para interponer una demanda contra una entidad bancaria por una “cláusula suelo”. La entidad bancaria fue condenada al pago de las costas del procedimiento, lo cual hizo efectivo. ¿A quién pertenece el importe de las costas pagadas por el banco?. a) A José Luis, ya que las costas son siempre del cliente y nunca de los profesionales que han intervenido en el proceso. b) A la Administración, ya que ha sido quien ha pagado al abogado y al procurador y ha de resarcirse del gasto efectuado. c) A los profesionales, abogada y procurador, que han intervenido en el pleito. d) En los casos en los que el beneficiario de justicia gratuita es el beneficiario de las costas, el condenado a ellas no viene obligado a pagar ya que habría un enriquecimiento injusto por la parte contraria que no ha pagado profesionales.

44.- Yolanda, abogada del Colegio de Málaga, recibe el 18 de abril de 2019 una designación provisional de Turno de Oficio para presentar demanda en nombre de Pedro para reclamar determinadas cantidades. Consta que Pedro presentó la solicitud de justicia gratuita el 14 de enero de 2019, cinco días antes de la prescripción de la acción. ¿Está prescrita la acción?. a) Sí, porque la solicitud de justicia gratuita no interrumpe en ningún caso la prescripción de acciones. b) No, porque la solicitud de justicia gratuita interrumpe, en todo caso, los plazos de prescripción, hasta que se resuelva definitivamente la petición. c) Sí, porque la solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita interrumpe el plazo dos meses como máximo, haya o no resolución. d) No, porque la solicitud de justicia gratuita interrumpe, en todo caso, los plazos de prescripción hasta que se resuelva provisionalmente la petición.

45.- En una causa penal seguida por delitos de malversación, desobediencia y otros, en fase de investigación, el encausado Ramón decide recusar al juez instructor Rodrigo, por estimar que su imparcialidad está comprometida. Rodrigo considera que esa recusación es una estratagema o fraude procesal dirigido a dilatar el proceso, por lo que inadmite de plano y sin ulterior recurso el incidente de recusación, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Planteada una nulidad de actuaciones por esa decisión, Rodrigo dicta un nuevo auto en el que mantiene su decisión de inadmisión. Ramón pregunta a su abogado si es posible recurrir en amparo constitucional por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y al derecho a la tutela Judicial efectiva. Su abogado le contesta que: a) Sí, ya que se ha agotado la vía judicial previa, pues no caben más recursos contra el incidente de recusación. b) No, ya que en la decisión del instructor no hay afectado ningún derecho susceptible de amparo. c) Sí, ya que además de no caber recursos ordinarios contra la recusación, se ha promovido incidente de nulidad de actuaciones. d) No, pues hasta que no haya una decisión firme en el proceso penal que determine la culpabilidad o inocencia no se ha agotado la vía judicial previa.

46.- Rafael, abogado ejerciente en Córdoba, fue designado hace dos años para interponer la demanda de divorcio de Silvia, beneficiaria de justicia gratuita, y no ha realizado ninguna actuación al respecto. Silvia quiere presentar una queja por la inactividad del letrado. ¿A qué órgano compete la tramitación de la queja, según la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita?. a) Al Defensor del Pueblo. b) Al Colegio de Abogados de Córdoba. c) A la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Córdoba. d) Al Juzgado Decano del partido judicial competente para conocer de la demanda de divorcio.

47.- Francisco, de nacionalidad española, trabajador de la construcción y residente en el Reino Unido, recibe una oferta de trabajo de Manuel, empresario español con domicilio en Lancaster, quien ha conseguido una concesión de obra pública en la ciudad de Liverpool. El contrato de trabajo se firma en una sede que tiene el empresario en Londres. Como consecuencia de desavenencias con sus trabajadores, Manuel despide disciplinariamente, entre otros, a Francisco. Acuciado por la falta de recursos económicos, Francisco decide abandonar el Reino Unido y volver a España. Una vez allí, le plantea a Ud., abogado, si puede demandar al empresario en España por la extinción del contrato de trabajo, ya que considera injusta la decisión del empleador. Ud. le contesta que: a) Sí, ya que el trabajador, si tiene nacionalidad española, debe presentar su demanda siempre ante los tribunales españoles, con independencia de la nacionalidad o domicilio del empresario. b) Sí, ya que ambos, trabajador y empresario, tienen nacionalidad española. c) No, ya que la competencia para conocer de la demanda es la de prestación de los servicios o el lugar de residencia del trabajador al tiempo de celebrar el contrato, salvo que un tratado internacional disponga otra cosa. d) No, ya que la competencia es, alternativamente, del lugar de celebración del contrato, del lugar de prestación de los servicios o del domicilio del demandado, independientemente de la nacionalidad de empresario y trabajador.

48.- Eva, abogada, interpone una demanda contra una entidad financiera sin haber hecho requerimiento previo de pago, ni haber intentado mediación ni conciliación. Nada más recibir la demanda, la entidad financiera se allana a todas las pretensiones y consigna voluntariamente la cantidad requerida. ¿A quién deben imponerse las costas de este procedimiento?. a) A la entidad financiera por el criterio objetivo de vencimiento, dado que la resolución estimará íntegramente todas las pretensiones del cliente de Eva. b) Al cliente de Eva, dado que no hizo requerimiento previo de pago. c) No procederá la imposición de costas en este procedimiento, ya que en los supuestos de allanamiento nunca se generan costas. d) No procederá la imposición de costas en este procedimiento, salvo que el tribunal aprecie mala fe en la entidad financiera.

49.- A Lorena se le ha dado traslado de la tasación de costas de la parte contraria, que incluye los honorarios del letrado. A continuación, Lorena los impugna al considerarlos excesivos y el Juzgado, tras los trámites oportunos, solicita informe al Colegio de Abogados. Indique si el dictamen de honorarios del Colegio de Abogados es, o no, preceptivo y si vincula al órgano judicial. a) El dictamen del Colegio no es preceptivo pero, una vez solicitado, el tribunal ha de atenerse a lo que dictamine en este sentido el Colegio de abogados. b) El dictamen del Colegio es preceptivo, pero no es vinculante para el órgano judicial. c) El dictamen de honorarios no es preceptivo ni vinculante para el órgano judicial, ya que únicamente procede en caso de impugnación de honorarios indebidos. d) El dictamen del Colegio es preceptivo y vinculante para el órgano judicial.

1.- Gustavo, abogado penalista, defiende a su cliente Vladimir en varias causas penales. En una de ellas el Juzgado requiere al letrado para que comunique a su cliente la citación para comparecer en el Juzgado. El abogado contesta que no es posible la citación a través de él, dado que su cliente se encuentra en busca y captura en otro procedimiento penal, seguido ante el mismo Juzgado. El Juzgado le requiere entonces para que comunique la dirección actual de su cliente, a fin de practicar la notificación por el propio Juzgado. ¿Qué contestará el abogado?. a) Que al no ser el abogado el encargado de citar al cliente, no tiene obstáculo alguno para facilitar la dirección y que sea el Juzgado el que practique la notificación en forma. b) Que no es posible cumplimentar el requerimiento, por cuanto facilitar la dirección de su cliente (que se encuentra en ignorado paradero) supondría vulnerar la obligación de secreto profesional entre abogado y cliente, en perjuicio claro de éste último. c) Que no es posible cumplimentar el requerimiento, salvo que obtenga previamente el consentimiento del cliente. d) Que no es posible cumplimentar el requerimiento, dado que la obligación de comunicar la dirección del cliente corresponde al procurador, al ostentar la representación de aquél.

2.- Según la sentencia de divorcio del matrimonio de Luis y Teresa, la hija común, Raquel, vivirá con su madre, y el padre pagará una pensión mensual de 400 euros a la madre, para su manutención, hasta que Raquel tenga independencia económica, aunque sea mayor de edad. Con 18 años cumplidos, Raquel pasó a vivir con su padre de forma indefinida, con el consentimiento de ambos progenitores. Luis asumió los gastos de alimentación de Raquel y dejó de pagar los 400 euros. Tras plantear Luis a Teresa, a través de su abogado, una modificación de medidas para fijar una pensión a cargo de la madre y no llegar a un acuerdo, Teresa presentó una ejecución judicial reclamando el pago de la pensión del año que Raquel llevaba viviendo con su padre. Luis pregunta a su abogado si tiene alguna posibilidad de oponerse a la ejecución y por qué motivo y este le contesta: a) Que nunca puede oponerse mientras las medidas del divorcio no se modifiquen, por lo que tendrá que pagar lo que deba hasta la fecha. b) Que la pensión alimenticia es un derecho de la madre, con independencia de dónde viva la hija y quién la alimente, por lo que no hay causa jurídica de oposición. c) Que puede alegar abuso de derecho, dado que las circunstancias se modificaron de mutuo acuerdo con su excónyuge y solo él ha asumido los gastos de alimentación de la hija común. d) Que debe pagar la pensión de alimentos y ordenar a su hija que vuelva a vivir con la madre, pues es lo que consta en la sentencia de divorcio.

3.- Mariano solicita que le sea reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita para que se le designe un abogado a fin de instar un proceso judicial. Sin embargo, la Comisión de asistencia jurídica gratuita deniega su pretensión, por lo que Mariano decide recurrir esta denegación. ¿Qué postulación necesitará para plantear esta impugnación?. a) Ninguna, no precisa de abogado ni de procurador. b) Deberá plantearse, en todo caso, con firma del abogado que hubiese sido designado provisionalmente. c) Será necesario abogado, pero no procurador. d) Será necesario abogado, salvo si la cuantía del pleito no supera los 2.000 €.

4.- ¿Quién de las siguientes personas debería presentar el justificante de haber abonado la tasa judicial si quiere interponer una demanda de incidente concursal?. a) La sociedad concursada. b) El administrador concursal en interés de la masa del concurso, previa autorización del Juez de lo Mercantil. c) Un acreedor persona física. d) Ninguno de ellos, ya que los incidentes concursales están exentos de tasa judicial.

5.- En un procedimiento civil, relativo a vicios o defectos de construcción que causan humedades, se dicta sentencia firme en la cual se condena a Construcciones Moro, SL, a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la defectuosa realización del aislamiento de la vivienda de Antonia, a cuantificar en ejecución de sentencia. Sin embargo, en ejecución de sentencia, el Juez dicta un auto en el que concluye que, en realidad, las humedades no se deben a defectos de construcción, sino al defectuoso mantenimiento de la vivienda, por lo que deniega la indemnización. Genaro, abogado de Antonia, tras agotar los recursos ordinarios, se plantea recurrir en amparo alegando vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Es posible?. a) No, dado que no existe ningún derecho fundamental comprometido, sino cuestiones civiles. b) Sí, siempre es posible recurrir en amparo cuando se agotan los recursos ordinarios. c) No, porque el derecho a la tutela judicial efectiva se agota con la obtención de una sentencia y no se extiende a las vicisitudes de la ejecución. d) Sí, porque el derecho a la ejecución de sentencias forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva y, en este caso, el auto de ejecución contradice el fallo de la sentencia firme.

6.- El abogado Juan defiende a Ramón, víctima de una intoxicación alimentaria por contaminación de una bacteria. Juan contacta con otros perjudicados para presentar una demanda en defensa de intereses colectivos pero, como quiere contar con todos los posibles integrantes del colectivo, se plantea pedir al tribunal competente que le auxilie en esa labor para preparar la demanda. ¿Es ello posible?. a) Sí, y el tribunal adoptará las medidas oportunas para la averiguación de los integrantes del grupo, de acuerdo a las circunstancias del caso y conforme a los datos suministrados por el solicitante, incluyendo el requerimiento al demandado para que colabore en dicha determinación. b) Sí, y el tribunal adoptará las medidas oportunas para la averiguación de los integrantes del grupo, de acuerdo a las circunstancias del caso y conforme a los datos suministrados por el solicitante, pero no podrá requerir al demandado para que colabore en dicha determinación. c) No, no es posible solicitar colaboración a un Tribunal para preparar una demanda, ya que es una actividad extraprocesal que corresponde a las partes. d) No, el abogado debe presentar la demanda y solicitar, al tiempo de su presentación, que se requiera al demandado para que aporte información sobre otros afectados, a fin de ampliar la demanda subjetivamente antes de que finalice el plazo de contestación.