MATERIAS COMUNES PARTE 2 OPOS

El sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón puede definirse, desde un punto de vista jurídico- administrativo, como: El conjunto de órganos exclusivamente políticos que integran el Gobierno de Aragón. El conjunto de entes, organismos y entidades que actúan bajo la dirección o control de los poderes públicos autonómicos para la gestión de los intereses generales. Únicamente las entidades con personalidad jurídica privada participadas por la Comunidad Autónoma. El conjunto de órganos estatales que actúan en el territorio de Aragón.

La existencia de un sector público autonómico propio encuentra su fundamento principal en: La delegación permanente de competencias del Estado a las Comunidades Autónomas. El principio de jerarquía administrativa estatal. El derecho al autogobierno reconocido constitucionalmente y desarrollado por el Estatuto de Autonomía. La potestad exclusiva del Gobierno autonómico para crear entes públicos sin control.

Dentro de la estructura del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Administración autonómica en sentido estricto se caracteriza por: Tener personalidad jurídica independiente del Gobierno. Ejercer funciones consultivas exclusivamente. Actuar como instrumento ordinario de ejecución de las políticas públicas bajo dirección del Gobierno. Carecer de sometimiento al control jurisdiccional.

Las entidades que integran el sector público institucional autonómico se caracterizan, con carácter general, por: Carecer de personalidad jurídica propia. Disfrutar de autonomía de gestión, pero estar sometidas al control y tutela de la Administración autonómica. Actuar con plena independencia del interés general. No estar sujetas a los principios del sector público.

La Administración consultiva se diferencia de la Administración activa fundamentalmente en que: Adopta decisiones ejecutivas y gestiona servicios públicos. Ejerce funciones jurisdiccionales. Desarrolla una función asesora y preventiva mediante la emisión de dictámenes jurídicos. Carece de relevancia en el control de la legalidad administrativa.

La función consultiva tiene un valor esencialmente preventivo porque: Sustituye el control de los tribunales de justicia. Evita la aprobación de normas con rango de ley. Permite detectar posibles ilegalidades antes de la adopción de decisiones administrativas o normativas. Elimina la responsabilidad política de los órganos decisores.

El Consejo de Estado se configura en el ordenamiento jurídico español como: Un órgano jurisdiccional superior en materia administrativa. Un órgano dependiente jerárquicamente del Parlamento. El supremo órgano consultivo del Gobierno del Estado. Un órgano consultivo exclusivo de las Comunidades Autónomas.

Los dictámenes emitidos por el Consejo de Estado se caracterizan, con carácter general, por: Tener siempre carácter vinculante. Ser actos administrativos decisorios. Poder ser preceptivos o facultativos, según los casos previstos legalmente. Sustituir la voluntad del órgano consultante.

El Consejo Consultivo de Aragón se configura como: Un órgano administrativo dependiente del Gobierno de Aragón. El órgano superior de consulta de la Comunidad Autónoma de Aragón. Un órgano judicial integrado en el Poder Judicial. Una delegación territorial del Consejo de Estado.

Los dictámenes del Consejo Consultivo de Aragón se caracterizan principalmente por: Tener carácter vinculante en todos los casos. Carecer de valor jurídico. Poseer una elevada autoridad jurídica y técnica, aunque generalmente no sean vinculantes. Sustituir el control parlamentario del Gobierno.

La autonomía local reconocida en la Constitución Española debe entenderse, desde un punto de vista jurídico, como: La soberanía plena de las entidades locales frente al Estado y las Comunidades Autónomas. La capacidad de autogobierno de las entidades locales dentro del marco constitucional y legal. La independencia absoluta de los municipios en el ejercicio de sus competencias. Una delegación temporal de competencias estatales.

La Administración Local se configura como un pilar del principio democrático principalmente porque: Sustituye al Estado en la gestión de los intereses generales. Garantiza la participación ciudadana en los asuntos públicos desde el nivel territorial más próximo. Actúa al margen del control jurisdiccional. Ejerce competencias exclusivas en todas las materias administrativas.

El municipio, como entidad local básica, se caracteriza jurídicamente por: Carecer de personalidad jurídica propia. Ser un órgano administrativo dependiente de la Comunidad Autónoma. Tener personalidad jurídica propia y plena capacidad para la gestión de sus intereses. Ejercer únicamente funciones consultivas.

Ejercer únicamente funciones consultivas. Sustituir a los municipios en la prestación de servicios. Ejercer funciones exclusivamente políticas. Coordinar, cooperar y asistir a los municipios, especialmente a los de menor capacidad. Actuar como órgano legislativo territorial.

La intervención de las Comunidades Autónomas en el régimen local se justifica principalmente por: La inexistencia de autonomía local en el sistema constitucional. La necesidad de adaptar la organización local a las características territoriales propias. La subordinación jerárquica de las entidades locales a las Comunidades Autónomas. La imposibilidad de los municipios de ejercer competencias propias.

En el ámbito de Aragón, la creación de entidades supramunicipales responde a: Un modelo federal de organización territorial. La supresión de la provincia como entidad local. La necesidad de mejorar la eficacia administrativa y la cohesión territorial. Una imposición directa del Estado.

La comarcalización de Aragón encuentra su fundamento jurídico principal en: La legislación básica estatal sobre régimen local. El Estatuto de Autonomía de Aragón. Los reglamentos municipales. La iniciativa exclusiva de las diputaciones provinciales.

Las comarcas aragonesas se configuran jurídicamente como: Órganos administrativos sin personalidad jurídica. Delegaciones territoriales de la Comunidad Autónoma. Entidades locales territoriales con personalidad jurídica propia. Asociaciones voluntarias de municipios sin reconocimiento legal.

Las competencias atribuidas a las comarcas en Aragón se caracterizan por: Coincidir plenamente con las competencias estatales. Sustituir las competencias municipales. Ejercerse en materias que resultan más eficaces a escala supramunicipal. Limitarse exclusivamente al ámbito cultural.

La importancia de la comarcalización en Aragón se manifiesta especialmente en que: Centraliza la gestión administrativa en la capital autonómica. Elimina las desigualdades territoriales mediante la supresión de los municipios pequeños. Mejora la prestación de servicios públicos y la cohesión social en el medio rural. Reduce la participación ciudadana en los asuntos locales.

La prevención de riesgos laborales debe entenderse, desde una concepción moderna y jurídica, como: Un conjunto de medidas técnicas aplicables únicamente tras la producción de un accidente. Una actuación puntual destinada a corregir situaciones peligrosas ya existentes. Una política preventiva integral integrada en la organización del trabajo y orientada a evitar o reducir los riesgos. Un sistema de sanciones aplicable a trabajadores y empleadores.

La finalidad principal de la prevención de riesgos laborales es: Incrementar la productividad empresarial. Reducir los costes económicos derivados de los accidentes. Proteger la seguridad y la salud de las personas trabajadoras frente a los riesgos derivados del trabajo. Sustituir el control jurisdiccional en materia laboral.

El principio de “combatir los riesgos en su origen” implica que: Deben priorizarse los equipos de protección individual. La prevención debe centrarse en corregir las consecuencias del daño. Debe actuarse sobre las causas que generan el riesgo y no solo sobre sus efectos. La responsabilidad preventiva recae exclusivamente en los trabajadores.

El derecho a la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo se caracteriza por: Tener un carácter meramente formal. Limitarse a la prevención de accidentes físicos. Exigir una actuación activa del empleador para garantizar una protección eficaz. Ser un derecho renunciable por el trabajador.

El contenido del derecho a la protección en materia de seguridad y salud se extiende a: Únicamente a las condiciones materiales del puesto de trabajo. Todos los aspectos relacionados con el trabajo, incluidos los riesgos psicosociales. Exclusivamente a los riesgos reconocidos como enfermedades profesionales. Solo a los trabajadores del sector privado.

Entre los derechos específicos de los trabajadores en materia preventiva se encuentra: El derecho a decidir unilateralmente las medidas de prevención. El derecho a recibir información, formación y participar en cuestiones preventivas. El derecho a eximir al empleador de su responsabilidad preventiva. El derecho a rechazar cualquier medida de seguridad.

La vigilancia de la salud de los trabajadores tiene como finalidad principal: Controlar el rendimiento laboral. Sustituir la evaluación de riesgos. Detectar de forma precoz daños derivados del trabajo con fines preventivos. Imponer sanciones disciplinarias.

Entre las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención se encuentra: Garantizar la seguridad del centro de trabajo. Utilizar correctamente los equipos de trabajo y de protección individual. Diseñar las medidas preventivas. Evaluar los riesgos laborales.

La obligación básica del empleador en materia de prevención consiste en: Delegar la prevención en los trabajadores. Garantizar una protección eficaz de la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Actuar solo cuando se produce un accidente. Limitar la prevención a la formación inicial.

El incumplimiento de las obligaciones preventivas por parte del empleador puede dar lugar a: Únicamente responsabilidades disciplinarias internas. Exclusivamente responsabilidades administrativas leves. Responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales. Ningún tipo de responsabilidad si el trabajador incumplió sus obligaciones.

La Constitución Española de 1978 se configura jurídicamente como norma suprema del ordenamiento porque: Es una ley ordinaria aprobada por las Cortes Generales con mayoría simple. Es una norma jurídica subordinada a los tratados internacionales. Vincula a todos los poderes públicos y ciudadanos y establece el sistema de fuentes del Derecho. Tiene eficacia únicamente programática.

El principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos implica que: Los poderes públicos pueden actuar discrecionalmente sin motivación. Toda actuación pública debe estar fundada en la ley y ser razonable y motivada. Solo los tribunales están sujetos a dicho principio. Se limita exclusivamente al ámbito sancionador.

El Gobierno, dentro del sistema constitucional español, se caracteriza fundamentalmente por: Ejercer en exclusiva la función legislativa. Ser un órgano dependiente jerárquicamente de las Cortes Generales. Dirigir la política interior y exterior y ejercer la función ejecutiva. Integrarse en el Poder Judicial.

El Tribunal Constitucional se diferencia del resto de órganos jurisdiccionales porque: Forma parte del Poder Judicial. Resuelve exclusivamente conflictos administrativos. Es el intérprete supremo de la Constitución. Depende orgánicamente del Consejo General del Poder Judicial.

La Administración Pública se caracteriza, desde el punto de vista jurídico, por: Actuar con plena discrecionalidad política. Estar sometida exclusivamente al control parlamentario. Servir con objetividad los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Carecer de personalidad jurídica.

El principio de descentralización administrativa implica que: Todas las competencias se concentran en la Administración central. Las funciones administrativas se distribuyen entre distintos entes territoriales o institucionales. Se elimina la jerarquía administrativa. Se suprime el control de legalidad.

El Estatuto de Autonomía de Aragón se configura jurídicamente como: Una ley ordinaria autonómica. Una norma reglamentaria del Gobierno de Aragón. Una ley orgánica que constituye la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma. Un tratado internacional.

El Justicia de Aragón se caracteriza por: Ser un órgano jurisdiccional. Ejercer funciones ejecutivas. Defender los derechos de los ciudadanos y el ordenamiento estatutario frente a la Administración. Depender jerárquicamente del Gobierno de Aragón.

El sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón incluye: Exclusivamente la Administración autonómica central. Únicamente sociedades mercantiles públicas. La Administración autonómica y las entidades que actúan bajo su control para la gestión de intereses generales. Solo órganos de carácter consultivo.

La función esencial del Consejo Consultivo de Aragón es: Ejercer potestad reglamentaria. Resolver recursos administrativos. Asesorar jurídicamente a los órganos de la Comunidad Autónoma mediante dictámenes. Sustituir al Consejo de Estado.

La autonomía local reconocida constitucionalmente supone que: Las entidades locales son soberanas. Los municipios actúan al margen del control legal. Las entidades locales gestionan sus intereses propios dentro del marco legal. Las Comunidades Autónomas pueden suprimir libremente los municipios.

La comarcalización de Aragón responde principalmente a: La eliminación de la provincia como entidad local. Un modelo federal de organización territorial. La necesidad de mejorar la prestación de servicios en un territorio con población dispersa. Una imposición directa del Estado.

Las comarcas en Aragón se configuran jurídicamente como: Órganos administrativos sin personalidad jurídica. Entidades locales territoriales con personalidad jurídica propia. Delegaciones del Gobierno autonómico. Asociaciones privadas de municipios.

El principio de acción preventiva de “adaptar el trabajo a la persona” implica que: El trabajador debe adaptarse siempre a las exigencias del puesto. La prevención se limita a la entrega de equipos de protección individual. Deben tenerse en cuenta las características personales, ergonómicas y organizativas del trabajo. Solo es aplicable en el sector privado.

La obligación principal del empleador en materia de prevención de riesgos laborales consiste en: Trasladar la responsabilidad preventiva a los trabajadores. Garantizar una protección eficaz de la seguridad y salud en el trabajo. Actuar únicamente cuando se produce un daño. Limitar la prevención a la formación inicial.