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La Constitución Española de 1978 se configura como norma suprema del ordenamiento jurídico, lo que implica una serie de consecuencias jurídicas respecto del resto de normas y de la actuación de los poderes públicos. Desde esta perspectiva, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta conforme al texto constitucional?. La Constitución tiene valor político y programático, pero carece de eficacia jurídica directa, requiriendo desarrollo legal para su aplicación. La Constitución vincula únicamente a los poderes públicos, quedando los ciudadanos sujetos exclusivamente a las leyes ordinarias. La Constitución vincula únicamente a los poderes públicos, quedando los ciudadanos sujetos exclusivamente a las leyes ordinarias. La Constitución solo puede ser aplicada por el Tribunal Constitucional, correspondiendo a los tribunales ordinarios la aplicación exclusiva de las leyes.

El Preámbulo de la Constitución Española de 1978 cumple una función específica dentro del texto constitucional. En relación con su naturaleza jurídica y su eficacia, señale la opción correcta: Tiene carácter normativo pleno y es directamente exigible ante los tribunales. Carece de toda relevancia jurídica y no puede utilizarse como criterio interpretativo. No tiene valor normativo directo, pero posee un importante valor interpretativo de los principios y fines constitucionales. Tiene eficacia normativa limitada exclusivamente a los derechos fundamentales.

El artículo 1.1 de la Constitución Española define a España como un Estado social y democrático de Derecho. Esta definición implica, entre otras consecuencias, que. El Estado garantiza exclusivamente derechos y libertades individuales, quedando excluida la intervención pública en el ámbito social. La actuación de los poderes públicos se somete a la ley, se fundamenta en la soberanía popular y persigue la igualdad real y efectiva. La democracia se ejerce únicamente mediante mecanismos de participación directa, como el referéndum. El carácter social del Estado tiene un valor meramente programático sin efectos jurídicos.

Los valores superiores del ordenamiento jurídico español, recogidos en el artículo 1.1 de la Constitución, cumplen una función esencial dentro del sistema constitucional. ¿Cuál de las siguientes opciones los identifica correctamente?. Legalidad, jerarquía normativa, seguridad jurídica y responsabilidad de los poderes públicos. Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Dignidad de la persona, libre desarrollo de la personalidad y respeto a la ley. Soberanía nacional, unidad de la Nación y autonomía de las nacionalidades y regiones.

El principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española debe interpretarse conforme a la doctrina constitucional. Desde esta perspectiva, dicho principio implica que: Toda diferencia de trato entre ciudadanos es contraria a la Constitución. La igualdad se limita a la prohibición de discriminación por razón de sexo. La igualdad ante la ley permite tratamientos diferenciados cuando exista una justificación objetiva y razonable. La igualdad solo tiene eficacia en el ámbito de los derechos fundamentales.

El Título I de la Constitución Española regula los derechos y deberes fundamentales, estableciendo distintos niveles de protección jurídica. En relación con los principios rectores de la política social y económica, señale la afirmación correcta: Son directamente exigibles ante los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional. Carecen de toda eficacia jurídica y no vinculan a los poderes públicos. Deben informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Gozan de la misma protección que los derechos fundamentales y libertades públicas.

Entre las garantías específicas de los derechos fundamentales reconocidas por la Constitución Española, se encuentra el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este recurso se caracteriza por: Ser un recurso ordinario que puede interponerse directamente sin acudir previamente a los tribunales. Proteger exclusivamente los principios rectores de la política social y económica. Tener carácter subsidiario y extraordinario, una vez agotadas las vías judiciales ordinarias. Poder interponerse frente a cualquier actuación administrativa sin limitación material.

La figura del Defensor del Pueblo, regulada en la Constitución Española, tiene como finalidad principal: Ejercer funciones jurisdiccionales en defensa de los derechos fundamentales. Representar políticamente a la ciudadanía ante el Gobierno. Supervisar la actividad de las administraciones públicas para la defensa de los derechos fundamentales. Aprobar normas con rango de ley en materia de derechos fundamentales.

La Constitución Española prevé distintos procedimientos de reforma constitucional. El procedimiento agravado, regulado en el artículo 168, se aplica cuando la reforma afecta, entre otros aspectos, a: Cualquier precepto del Título VII relativo a Economía y Hacienda. La revisión total de la Constitución o la modificación del Título Preliminar, del Título I o del Título II. La modificación de leyes orgánicas de desarrollo constitucional. Únicamente a la forma de organización territorial del Estado.

El procedimiento agravado de reforma constitucional se caracteriza por una serie de garantías reforzadas. ¿Cuál de las siguientes fases forma parte necesariamente de dicho procedimiento?. Aprobación por mayoría simple de las Cortes Generales y ratificación posterior por el Gobierno. Aprobación por mayoría absoluta de una sola de las Cámaras y referéndum opcional. Aprobación por mayoría de dos tercios, disolución de las Cortes, nuevas elecciones y referéndum obligatorio. Aprobación exclusiva mediante referéndum sin intervención de las Cortes Generales.

La configuración de la Corona en la Constitución Española de 1978 responde a un modelo concreto de Estado y de distribución del poder político. Desde esta perspectiva constitucional, señale la afirmación correcta: El Rey ejerce funciones ejecutivas propias y participa directamente en la dirección política del Estado. La Corona se configura como un poder del Estado al mismo nivel que el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. El Rey es Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y ejerce funciones esencialmente representativas y moderadoras. La legitimidad del Rey deriva directamente del sufragio universal periódico.

El principio de irresponsabilidad del Rey, recogido en el artículo 56.3 de la Constitución Española, se garantiza constitucionalmente mediante: La inviolabilidad absoluta de todos sus actos, con independencia de su naturaleza. El control exclusivo del Tribunal Constitucional sobre los actos del Rey. El refrendo obligatorio de sus actos por las autoridades políticamente responsables. La aprobación parlamentaria previa de todas sus decisiones.

Las Cortes Generales, como órgano constitucional, se caracterizan por una serie de notas esenciales conforme al Título III de la Constitución. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Son un órgano unicameral que representa exclusivamente a las Comunidades Autónomas. Representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado. Ejercen únicamente funciones legislativas, sin competencias de control político. Su composición y funciones pueden modificarse mediante ley ordinaria.

En el sistema parlamentario español, el Congreso de los Diputados ocupa una posición central frente al Senado. Esta posición se manifiesta especialmente en que: El Senado tiene la última palabra en todos los procedimientos legislativos. El Congreso participa de forma exclusiva en la función legislativa. El Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante instrumentos específicos. El Congreso representa territorialmente a las Comunidades Autónomas.

El Senado se define constitucionalmente como Cámara de representación territorial. Desde el punto de vista de su composición y funciones, esta afirmación implica que: Todos sus miembros son designados exclusivamente por las Comunidades Autónomas. Participa en el procedimiento legislativo como Cámara de segunda lectura, con capacidad de veto o enmienda. Tiene capacidad para disolver el Congreso de los Diputados. Ostenta la función principal de investidura del Presidente del Gobierno.

El Poder Judicial, conforme al Título VI de la Constitución Española, se configura como un poder independiente. Esta independencia se garantiza, entre otros aspectos, mediante: La subordinación de jueces y magistrados al Gobierno. El sometimiento exclusivo de jueces y magistrados al imperio de la ley. La designación directa de jueces por las Cortes Generales. La posibilidad de cesar libremente a los jueces por razones de oportunidad política.

El Consejo General del Poder Judicial tiene atribuido el gobierno del Poder Judicial. En relación con este órgano constitucional, señale la opción correcta: Forma parte del Poder Ejecutivo y depende jerárquicamente del Gobierno. Es un órgano jurisdiccional integrado en el Tribunal Supremo. Garantiza la independencia de jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. Ejerce funciones legislativas en materia de justicia.

El Tribunal Constitucional ocupa una posición singular en el sistema constitucional español. Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, puede afirmarse que: Forma parte del Poder Judicial como órgano superior en materia constitucional. Es un órgano constitucional independiente, ajeno al Poder Judicial. Depende orgánicamente de las Cortes Generales. Actúa exclusivamente como órgano consultivo del Gobierno.

Entre las funciones del Tribunal Constitucional se encuentra la protección de los derechos fundamentales. Esta función se ejerce, principalmente, a través de: La cuestión de inconstitucionalidad planteada por los jueces ordinarios. El control previo de constitucionalidad de todas las leyes orgánicas. El recurso de amparo constitucional. La supervisión de la actuación administrativa.

El Defensor del Pueblo, regulado en el artículo 54 de la Constitución Española, se configura como una institución con funciones específicas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Es un órgano jurisdiccional encargado de resolver conflictos entre ciudadanos y la Administración. Depende jerárquicamente del Gobierno y actúa bajo sus directrices. Supervisa la actividad de las administraciones públicas para la defensa de los derechos fundamentales. Puede dictar resoluciones administrativas de obligado cumplimiento.

La Constitución Española de 1978 atribuye al Gobierno una serie de funciones que lo configuran como órgano central del sistema político. Desde una interpretación sistemática del artículo 97 de la Constitución, puede afirmarse que el Gobierno: Ejerce exclusivamente funciones ejecutivas, quedando la dirección política reservada a las Cortes Generales. Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, ejerciendo además la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Actúa como órgano meramente administrativo, sin capacidad normativa propia. Comparte en igualdad la potestad reglamentaria con las Comunidades Autónomas en todo caso.

El principio de responsabilidad política del Gobierno en el sistema constitucional español se manifiesta principalmente en que: El Gobierno responde jurídicamente ante el Tribunal Constitucional por sus decisiones políticas. El Gobierno responde colectivamente ante el Congreso de los Diputados, que puede exigirle responsabilidad política. El Gobierno responde únicamente ante el Rey como Jefe del Estado. Cada Ministro responde de forma individual ante el Senado por su gestión.

La Administración General del Estado, conforme al artículo 103 de la Constitución Española, se caracteriza por una serie de principios que orientan su actuación. Entre ellos, el principio de objetividad implica que: La Administración actúa conforme a criterios de oportunidad política. La Administración sirve con imparcialidad los intereses generales, sin atender a intereses particulares. La Administración puede actuar discrecionalmente sin sometimiento al Derecho. La Administración queda subordinada a los intereses del Gobierno de turno.

La distinción entre Gobierno y Administración resulta esencial en el sistema constitucional español. Desde un punto de vista jurídico-administrativo, esta distinción implica que: El Gobierno carece de funciones administrativas. La Administración actúa como órgano político del Estado. El Gobierno define la orientación política y la Administración ejecuta y gestiona las políticas públicas. Gobierno y Administración son términos equivalentes en la Constitución.

La Administración central del Estado se organiza fundamentalmente en torno a los Ministerios. En relación con estos órganos, señale la afirmación correcta: Los Ministerios son órganos exclusivamente técnicos sin responsabilidad política. Los Ministros dirigen los Ministerios y asumen responsabilidades políticas y administrativas. Las Direcciones Generales tienen rango superior a las Secretarías de Estado. Los Ministerios actúan únicamente dentro del ámbito territorial de las Comunidades Autónomas.

En el marco del Estado autonómico, la Administración central del Estado desempeña un papel específico. Desde esta perspectiva, puede afirmarse que: Carece de competencias normativas básicas en materias descentralizadas. Garantiza la unidad de acción administrativa y la igualdad básica de los ciudadanos. Sustituye de forma general a las Administraciones autonómicas. Actúa únicamente en materias de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.

La Administración periférica del Estado responde a una finalidad concreta dentro del sistema administrativo español. Dicha finalidad consiste principalmente en: Centralizar la gestión administrativa en el ámbito territorial. Ejecutar las políticas estatales a nivel territorial y acercar la Administración a los ciudadanos. Sustituir a las Administraciones locales en la prestación de servicios. Ejercer funciones legislativas en el ámbito autonómico.

El Delegado del Gobierno en una Comunidad Autónoma desempeña un papel relevante en la Administración periférica del Estado. Entre sus funciones principales se encuentra: Dirigir políticamente a la Comunidad Autónoma. Representar al Gobierno de la Nación y coordinar la Administración periférica estatal. Aprobar normas con rango de ley en el ámbito autonómico. Ejercer funciones jurisdiccionales en conflictos entre administraciones.

Los Subdelegados del Gobierno desarrollan su actuación principalmente en el ámbito provincial. Desde el punto de vista de su posición institucional, puede afirmarse que: Actúan con plena autonomía respecto del Delegado del Gobierno. Dependen jerárquicamente del Gobierno autonómico. Ejercen funciones bajo la dependencia del Delegado del Gobierno. Sustituyen al Delegado del Gobierno en todas sus funciones.

La organización de la Administración General del Estado en una Administración central y una Administración periférica responde, desde un punto de vista constitucional y administrativo, a la necesidad de: Limitar la actuación del Estado a los órganos centrales. Garantizar exclusivamente la descentralización política. Compatibilizar la unidad de acción del Estado con la proximidad territorial a la ciudadanía. Eliminar la coordinación entre administraciones públicas.

El artículo 2 de la Constitución Española establece los principios básicos de la organización territorial del Estado. Desde una interpretación sistemática de dicho precepto, puede afirmarse que: Reconoce la soberanía de las nacionalidades y regiones que integran el Estado. Proclama la unidad de la Nación española y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, dentro del marco constitucional. Establece un modelo federal clásico con reparto cerrado de competencias. Reconoce exclusivamente la autonomía administrativa de los entes territoriales.

El Estado autonómico español se caracteriza por una descentralización política profunda. Desde el punto de vista constitucional, esta afirmación implica que: Las Comunidades Autónomas ejercen soberanía propia independiente del Estado. Las Comunidades Autónomas disponen de autonomía política, legislativa y administrativa dentro del marco constitucional. Las Comunidades Autónomas se sitúan jerárquicamente por encima del Estado. La descentralización se limita exclusivamente al ámbito administrativo.

El principio de lealtad constitucional, elaborado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional, resulta esencial en las relaciones interterritoriales. Dicho principio implica, entre otros aspectos, que: El Estado puede intervenir libremente en cualquier competencia autonómica. Las Comunidades Autónomas pueden actuar al margen del marco constitucional. Los entes territoriales deben ejercer sus competencias respetando las de los demás y el interés general. La cooperación entre administraciones es meramente voluntaria y no exigible.

Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas se articulan mediante diversos instrumentos jurídicos. Entre ellos, los convenios de colaboración se caracterizan por: Permitir la transferencia definitiva de competencias del Estado a las Comunidades Autónomas. Ser instrumentos de coordinación para actuaciones de interés común, respetando el reparto competencial. Sustituir la legislación estatal en materias compartidas. Tener rango de ley orgánica.

El Tribunal Constitucional desempeña un papel esencial en el modelo territorial del Estado. En relación con los conflictos territoriales, puede afirmarse que: Carece de competencia para resolver conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Actúa como órgano consultivo sin capacidad decisoria. Garantiza la supremacía de la Constitución y resuelve los conflictos de competencias. Depende jerárquicamente del Gobierno de la Nación.

Las Comunidades Autónomas, desde el punto de vista constitucional, pueden definirse como: Entes soberanos con poder constituyente propio. Entes territoriales dotados de autonomía política, legislativa y administrativa dentro del Estado. Órganos administrativos dependientes del Estado. Entidades locales de ámbito regional.

El acceso a la autonomía previsto en la Constitución Española se caracteriza por: Un procedimiento único y homogéneo para todos los territorios. Un sistema rígido que impide la adaptación a la diversidad territorial. Un sistema flexible que permitió distintos procedimientos de acceso a la autonomía. Un modelo exclusivamente reservado a determinadas regiones históricas.

Los Estatutos de Autonomía ocupan una posición singular en el ordenamiento jurídico español. Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, puede afirmarse que: Son normas reglamentarias subordinadas a las leyes autonómicas. Son normas con rango constitucional equiparables a la Constitución. Son leyes orgánicas que constituyen la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma. Son leyes ordinarias aprobadas por los Parlamentos autonómicos.

Las instituciones de autogobierno de las Comunidades Autónomas reproducen, en términos generales, el esquema del sistema parlamentario. Entre dichas instituciones destaca: La Asamblea Legislativa, que ejerce la potestad legislativa autonómica y el control político del Ejecutivo. El Tribunal Constitucional autonómico, como órgano jurisdiccional propio. El Senado autonómico, como Cámara territorial interna. El Delegado del Gobierno, como órgano de autogobierno autonómico.

El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas se articula principalmente a través de: Los artículos 2 y 14 de la Constitución. Los artículos 148 y 149 de la Constitución. Los Estatutos de Autonomía exclusivamente. La legislación ordinaria del Estado sin límites constitucionales.

La Unión Europea se caracteriza por una naturaleza jurídica singular que la diferencia de las organizaciones internacionales clásicas. Desde esta perspectiva, puede afirmarse que la Unión Europea: Es una organización internacional de cooperación sin capacidad normativa propia. Carece de personalidad jurídica y actúa exclusivamente a través de los Estados miembros. Es una organización de integración dotada de personalidad jurídica y de un ordenamiento jurídico propio. Es una confederación de Estados con soberanía compartida plena.

El sistema institucional de la Unión Europea se fundamenta en el principio de equilibrio institucional. Este principio implica que: Todas las instituciones europeas ejercen las mismas funciones. La Comisión Europea concentra la totalidad del poder ejecutivo y legislativo. Las funciones de la Unión se reparten entre distintas instituciones que cooperan entre sí. El Parlamento Europeo ejerce en exclusiva la función legislativa.

El Parlamento Europeo ocupa una posición central en la estructura institucional de la Unión Europea. Desde el punto de vista de su legitimidad democrática, puede afirmarse que: Sus miembros son designados por los Parlamentos nacionales. Representa directamente a los Estados miembros en el proceso legislativo. Sus miembros son elegidos por sufragio universal directo por la ciudadanía europea. Actúa como órgano consultivo sin capacidad decisoria.

En el ejercicio de la función legislativa de la Unión Europea, el Parlamento Europeo actúa: De manera exclusiva y autónoma, sin intervención de otras instituciones. Junto con el Consejo de la Unión Europea, en un procedimiento legislativo compartido. Bajo la dependencia jerárquica de la Comisión Europea. Únicamente mediante la emisión de dictámenes no vinculantes.

El Consejo Europeo desempeña un papel específico dentro del sistema institucional de la Unión Europea. En relación con sus funciones, es correcto afirmar que: Ejerce la función legislativa ordinaria junto con el Parlamento Europeo. Define las orientaciones políticas generales y las prioridades estratégicas de la Unión. Gestiona directamente el presupuesto anual de la Unión Europea. Actúa como órgano jurisdiccional en conflictos entre Estados miembros.

El Consejo de la Unión Europea se diferencia del Consejo Europeo, entre otros aspectos, en que: Representa directamente a la ciudadanía europea. Está compuesto por jueces designados por los Estados miembros. Representa a los gobiernos de los Estados miembros y ejerce funciones legislativa. Carece de competencias en materia presupuestaria.

La Comisión Europea se configura como el órgano ejecutivo de la Unión Europea. Entre sus funciones principales destaca: La aprobación definitiva de las leyes europeas sin intervención de otras instituciones. La iniciativa legislativa y la vigilancia del cumplimiento del Derecho de la Unión. La representación exclusiva de los Estados miembros en el Consejo Europeo. La resolución de conflictos jurisdiccionales entre Estados miembros.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea desempeña una función esencial en el sistema jurídico europeo. Desde esta perspectiva, su función principal consiste en: Elaborar normas jurídicas con rango de reglamento europeo. Garantizar la interpretación y aplicación uniforme del Derecho de la Unión. Controlar políticamente a la Comisión Europea. Resolver únicamente conflictos internos entre instituciones europeas.

El Banco Central Europeo ocupa una posición singular dentro de la Unión Europea. En relación con su actuación, puede afirmarse que: Está subordinado políticamente a los gobiernos de los Estados miembros. Define la política fiscal de la Unión Europea. Actúa con independencia y tiene como objetivo principal la estabilidad de precios. Gestiona directamente el presupuesto general de la Unión.

El Tribunal de Cuentas Europeo contribuye al funcionamiento democrático de la Unión Europea principalmente mediante: La resolución de litigios financieros entre Estados miembros. El control jurisdiccional de las instituciones europeas. La supervisión de la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos de la Unión. La aprobación del presupuesto anual de la Unión Europea.