mcp-1

Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es correcto indicar que: El nombramiento y cese del personal eventual no serán libres. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter fijo, por tiempo indefinido o temporal dependiendo del caso, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el mismo convenio del personal laboral.

Según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de sociedad de la Información y de comercio electrónico, señale la respuesta correcta: En la celebración de un contrato por medios electrónicos, el oferente está obligado a confirmar la recepción de la aceptación del contrato por cualquier medio electrónico en un plazo máximo de 72 horas. Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual. Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico. No obstante lo anterior, será necesario almacenar una copia en papel de la que se pueda verificar su veracidad en formato impreso. Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica es necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos.

Según el Real Decreto 414/2015, por el que se modifica el RD 1553/2005, por el que se regula la expedición del DNI y sus certificados de firma electrónica, en relación con la vigencia de los certificados electrónicos reconocidos incorporados al DNI electrónico: Es de 30 meses. No podrá ser superior a 5 años. Es de 2 años. No podrá ser superior a 4 años.

En relación con la indemnización derivada de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, señale la opción correcta: a. Se calculará con referencia al día en el que efectivamente se produjo la lesión, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad. b. No podrá ser sustituida por una compensación en especie, pero sí puede ser abonada mediante pagos periódicos, si así conviene al interés público y existe acuerdo del interesado. c. Se calculará con referencia al día en el que efectivamente se produjo la lesión, sin que proceda su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad. d. Podrá ser sustituida por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, si así conviene al interés público y con independencia de que exista o no acuerdo del interesado.

En el ámbito de la contratación pública, cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, ¿por qué régimen se regirá el expediente de contratación?. a. Tramitación de alarma. b. Tramitación urgente. c. Tramitación de emergencia. d. Tramitación de apremio.

¿Cuál es el procedimiento ordinario de concesión de las subvenciones públicas?. a. Concesión directa. b. Régimen de concurrencia competitiva. c. Subasta. d. Concesión nominativa.

Indique cuál de las siguientes es una característica de la Comisión Europea: a. Su Presidente lo nombra el Parlamento Europeo por mayoría cualificada. b. Está formada como máximo por un número de Comisarios igual a 2/3 del número de Estados Miembros. c. La duración del mandato de la Comisión es de 5 años. d. Entre sus competencias no está la de proponer nueva legislación.

Indique sobre cuál de las siguientes materias tiene competencia exclusiva el Estado: a. Asistencia social. b. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. c. Legislación sobre propiedad industrial e intelectual. d. La gestión en materia de protección del medio ambiente.

El recurso extraordinario de revisión: a. Nunca procede contra actos firmes en vía administrativa. b. Se interpondrá, en cualquier caso, dentro del plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. c. Procede contra actos firmes cuando concurran una serie de circunstancias previstas en la Ley 39/2015. d. Nunca puede ser inadmitido.

Señale la opción correcta respecto de los actos emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares: a. Nunca pueden ser recurridos. b. Ponen fin a la vía administrativa. c. Contra ellos procede el recurso de alzada. d. Ni de los Ministros, ni los Secretarios de Estado emanan actos administrativos.

¿Cuál de los siguientes se considera un instrumento de coordinación del Sistema Nacional de Empleo?. a. El Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo. b. La Red estatal de agencias de colocación. c. El Plan PREPARA. d. El Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021.

El ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público NO incluye: a. Las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. b. Las Administraciones de las entidades locales. c. Las Universidades Públicas. d. Las agencias y demás entidades de derecho privado con personalidad jurídica propia.

El tratamiento de datos personales de manera tal, que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable, se denomina: a. Segregación. b. Seudonimización. c. Anonimización. d. Desintegración.

Según la normativa vigente de protección de datos, el principio de minimización implica que los datos personales: a. Serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. b. Serán exactos y, si fuera necesario, actualizados, suprimidos o rectificados sin dilación. c. Serán adecuados, pertinentes y no excesivos. d. Se mantendrán anonimizados.

La organización administrativa de la Administración General del Estado, sus principios y competencias de organización y funcionamiento así como su estructura, se regulan en: a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. b. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. c. La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. d. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado se clasifican en: a. Organismos autónomos, Entidades Públicas Empresariales y autoridades administrativas independientes. b. Organismos autónomos, consorcios y fundaciones del sector público. c. Organismos autónomos y Entidades Públicas Empresariales. d. Organismos autónomos y autoridades administrativas independientes.

Según el artículo 1.1 del Código Civil, son fuentes del ordenamiento jurídico: a. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho. b. La ley, el reglamento y la doctrina legal del Tribunal Supremo. c. La ley y los tratados internacionales con independencia de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». d. La ley y la jurisprudencia.

El Tribunal de Cuentas: a. Limita sus funciones a la Administración General del Estado. b. Fiscaliza la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. c. Limita sus funciones a la fiscalización externa y enjuiciamiento contable de las Cortes Generales. d. Es independiente de las Cortes Generales.

El Estatuto Básico del Empleado Público: a. Define un modelo único para la evaluación del desempeño de sus empleados. b. Faculta a las Administraciones Públicas para que establezcan un sistema que permita la evaluación del desempeño de sus empleados. c. No establece ninguna relación entre la evaluación del desempeño y la continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso. d. Define un modelo para la gestión de competencias.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios/as de carrera pierden su condición de tal, entre otros, en el siguiente supuesto: a) Por sanción de demérito. b) Por excedencia forzosa. c) Por incapacidad temporal. d) Por renuncia a la condición de funcionario.

¿Qué norma recoge que: Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados?. A) Ninguna. Ya nos gustaría. B) El EBEP. C) La LOFP. D) La 39/2015.

El Consejo Europeo está formado por. A) los Ministros de cada país de la UE, en función del tema que se vaya a tratar. B) un equipo de comisarios, uno por cada país de la UE. C) 705 diputatos. D) los Jefes de Estado o de Gobierno de los países de la UE, el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea.

¿Cuál de estos NO es un derecho digital recogido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales?. a) Derecho a la neutralidad de Internet. b) Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes. c) Derecho al testamento digital. d) Derecho a los servicios de salud digital.

La duración de un convenio suscrito por una Administración Pública, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (sin considerar las posibles prórrogas): a. Deberá tener una duración determinada, que no podrá ser superior a 6 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. b. Deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a 4 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. c. Deberán tener una duración determinada o determinable, de conformidad con las normas establecidas en el propio convenio, sin que en ningún caso, pueda ser superior a 6 años. d. La Ley 40/2015 no regula la duración de los convenios que puedan suscribir las Administraciones Públicas.

El que España sea uno de los países de la Unión Europea con indicadores más altos de concentración de la renta: a. Es una medida de la equidad en su distribución. b. Garantiza una mayor estabilidad social. c. Es consecuencia del efecto regresivo de la crisis. d. Es síntoma de la reducción en la desigualdad.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, más conocida como LSSI, los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico siempre que: a. Haya consentimiento y el resto de requisitos necesarios para su validez como cualquier otro contrato. b. Actúe un tercero como testigo. c. A posteriori se ratifiquen ante notario o registrador. d. En los mismos intervenga un abogado o procurador.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, en relación con la oferta directa a niños de servicios de la sociedad de la información, reconoce: a. 14 años como la edad límite para que el consentimiento del menor sea válido para el tratamiento de sus datos personales, siempre que haya prestado su consentimiento expreso y tenga capacidad de obrar plena para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento. b. 16 años como la edad límite para que el consentimiento del menor sea válido para el tratamiento de sus datos personales, siempre que haya prestado su consentimiento expreso y tenga capacidad de obrar plena para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento. c. La edad del menor no es el dato determinante, solo es lícito el consentimiento del menor si consta el del titular de la patria potestad o tutela. d. No es lícito el tratamiento de datos personales de un menor basado en su consentimiento.

Según el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, no es una institución de la Unión Europea: a) El Comité de las Regiones. b) El Banco Central Europeo. c) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Contribuir a la financiación de ayudas orientadas a reforzar la cohesión económica, social y territorial corrigiendo los principales desequilibrios regionales de la Unión Europea a través del desarrollo sostenible y el ajuste estructural de las economías regionales, así como de la reconversión de las regiones industriales en declive y de las regiones con un retraso de desarrollo es tarea del: a) Fondo de Cohesión. b) Fondo Social Europeo. c) Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

El Tribunal de Cuentas es el: a. Supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público. Se relaciona con las Cortes Generales a través del Consejo General del Poder Judicial, en el que se integra, y del que recibe el mandato para ejercer sus funciones relativas al examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. b. Supremo órgano que ejerce la intervención previa de los gastos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. c. Supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público. Depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. d. Supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público. Depende orgánicamente de las Cortes Generales y funcionalmente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ejerciendo sus funciones por delegación de este último en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.