TEST MERCANTIL ISDE

En la compraventa de activos se produce: Una adquisición indirecta de la empresa. Una adquisición directa o indirecta de la empresa dependiendo de la sociedad titular de la empresa. Una adquisición directa de la empresa.

En la compraventa de acciones: (señale la opción correcta). El vendedor es el empresario físico, siendo la forma de adquisición indirecta. El vendedor es el socio o socios de la sociedad titular, siendo la forma de adquisición indirecta. El vendedor es el socio o socios de la sociedad titular, siendo la forma de adquisición directa, no operando el cambio de titularidad.

Los “Carve-outs” son: Son los activos, excluyendo los pasivos seleccionados por el comprador. Son los acuerdos específicos de exclusión de activos o pasivos a realizar por el vendedor antes de la transmisión de las acciones. Son los acuerdos específicos de exclusión de activos o pasivos a realizar por el vendedor después de la transmisión de las acciones.

En los procesos de subasta, los tres principales documentos que la diferencia de una venta negociada son: El Teaser, la Due Diligence y la Process Letter. La Process Letter, el Info Memo y la Due Diligence. El Teaser, el Info Memo y la Process Letter.

El acuerdo de confidencialidad, dentro de su contenido típico, suele recoger: La definición de lo que se ha de considerar como información confidencial, el destinatario de la información confidencial y la duración del acuerdo. La definición de lo que se ha de considerar como información confidencial, las excepciones a la obligación del comprador de mantener confidencial dicha información, el destinatario de la información, la duración del acuerdo así como la obligación de usar dicha información a efectos exclusivos de dichas negociaciones. Todo lo anterior se recoge, exceptuando la definición de lo que se ha de considerar como información confidencial si está se puede deducir indirectamente del resto del acuerdo, siempre amparándose bajo la buena fe de las partes contratantes.

Las cartas de intenciones se configuran como: Una declaración de voluntad de comprar o vender de las partes. Una declaración de voluntad de negociar de las partes, sirviendo como prueba en caso de ruptura de las negociaciones. Una declaración de voluntad de negociar de las partes, en las que se delimita el objeto de negociación y los aspectos esenciales a negociar, pero no sirviendo como prueba en caso de ruptura.

En el proceso de Due Diligence, la observancia de contingencias o riesgos no previstos se pueden materializar en el contrato a través de: Minorar el precio ofertado por la empresa y si el riesgo sí se ha materializado retener parte del precio como garantía durante un periodo de tiempo. Exigir la inclusión de condiciones suspensivas, no siendo necesarias su cumplimiento para perfeccionar el contrato. Exigir al vender una serie de manifestaciones y garantías, así como indemnizaciones específicas, o minorar el precio ofertado de la empresa, entre otras.

El régimen específico de compraventa de empresas se establece: En el Código Civil y en el Código de Comercio. No se establece ni el Código Civil ni en el Código de Comercio. No se establece específicamente en la legislación española pero existen mecanismos en el Código Civil que protegen al comprador y al vendedor.

La doctrina distingue varios tipos de conocimientos del vendedor en función de su aptitud para exonerar al comprador de responsabilidad: El conocimiento efectivo en contrario y el conocimiento debido. En todo caso, el conocimiento efectivo. Ninguna es correcta.

Las limitaciones cuantitativas a la responsabilidad del vendedor pueden ser de tres tipos: Franquicia individual, franquicia colectiva e importe máximo de responsabilidad. Franquicia individual, tipping basket y deductible. De minimis, tipping basket o excess liability basket y cap.

Respecto al precio de una empresa: Coincide con la valoración que se le asigne a la misma. No tiene por qué coincidir con la valoración que se le asigne ya que hay que valorar otros parámetros como la expectativa de crecimiento futuro de la empresa y el valor adicional creado al integrarse la empresa adquirida en el negocio del comprador. Ninguna de las anteriores es correcta.

El entreprise value es: El precio que se paga al vendedor por la empresa. El valor de la empresa asumiendo cero de caja y cero de deuda. El valor de la empresa teniendo en cuenta su estructura de capital.

Dentro de los mecanismos de ajuste al precio encontramos: Completion Accounts y Leakages. Completion Accounts, Locked Box y Leakages. Completion Accounts y Locked Box.

Señale la afirmación correcta: El mecanismo de Locked Box resulta más apropiado para las operaciones de compraventa con un periodo interino corto y para empresas con flujos de caja estables. Tanto el mecanismo de Completion Accounts como el de Locked Box transfieren el riego al comprador en la fecha de cierre. El mecanismo de Completion Accounts prohíbe la salidas de caja o Leakages.

Dentro de los mecanismos de garantía del comprador, en los contratos de depósito los principales puntos de interés a negociar entre las partes son: Los intereses y gastos devengados por la suscripción del depósito. Las disposiciones o liberación de cantidades depositadas y el nombre de quién se abre la cuenta asociada al contrato de depósito. Las opciones a) y b) son correctas.

En el seguro de manifestaciones y garantías, los seguros de vendedor a diferencia de los seguros de comprador: Cubren el propio dolo del vendedor. Cubren el dolo del comprador, dando una mayor protección al vendedor. No cubren el propio dolo del vendedor y son menos habituales en la práctica.

En relación con los pactos de accionistas, señale la afirmación correcta: Los pactos de accionistas tienen naturaleza contractual y solo tendrán eficacia entre los firmantes del pacto. El derecho de arrastre o drag along consiste en el derecho de un socio que recibe una oferta de un tercero por el 100% del capital social de la empresa a obligar al resto de socios a vender su participación accionarial al precio ofertado. Las respuestas a) y b) son correctas.

En relación con los pactos de accionistas, señale la afirmación incorrecta: Los pactos de accionistas, al igual que los estatutos sociales, tienen eficacia erga omnes si los suscriben todos los socios y la propia sociedad. La clasificación más extendida de los pactos de accionistas proviene de la doctrina italiana que los clasifica en pactos de atribución, pactos de relación y pactos de organización. Las restricciones a la transmisión de acciones o participaciones incluidas en un pacto de accionistas no podrán trasladarse a los estatutos sociales si el periodo de restricción supera los 2 años para las sociedades anónimas y los 5 para las limitadas.

Las condiciones suspensivas a las que se puede condicionar la consumación de la compraventa: Se dan tanto en las consumaciones simultáneas como diferidas. El cumplimiento de la condición no puede quedar a la mera voluntad de una de las partes, so pena de declararlas nulas. Las respuestas a) y b) son incorrectas.

El período interino: Es el período de tiempo que transcurre desde la firma del contrato hasta el cierre cuando la consumación de la compraventa es diferida. Es el período de tiempo que transcurre desde la fecha de las Locked Box Accounts hasta el cierre cuando la consumación de la compraventa es diferida. Establece una serie de medidas que protegen al vendedor ante el incumplimiento del pago del precio por el comprador.

De las funciones propias del concurso de acreedores, la denominada de represión consiste en: Satisfacer a los acreedores mediante convenio o mediante liquidación. La formación y tramitación de la denominada “sección de calificación”. Prohibición de iniciar ejecuciones singulares contra el patrimonio del deudor común. a y c son correctas.

El principio informador característico del Derecho concursal español se ilustra en: La Universalidad. La Unidad. La seguridad jurídica. La pars condicio creditorum.

El Derecho concursal español reconoce un procedimiento para las pequeñas y medianas empresas: Falso. Verdadero. Procedimiento Abreviado. Son ciertas b) y c).

La insolvencia punible se corresponde con: La insolvencia inminente. La insolvencia actual. La insolvencia cualificada. Un ilícito penal.

Las entidades deportivas son susceptibles de aplicárseles el Texto Refundido 2020. Sí, como cualquier otro sujeto. No, porque son grandes empresas. No, porque le es de aplicación su legislación especial. Ninguna de las anteriores afirmaciones son correctas.

Las cláusulas que establezcan la posibilidad de resolución o extinción del contrato por causa de la declaración del concurso se tendrán por NO PUESTAS. Falso. Verdadero. Art.111 TRLCon. Son ciertas b) y c).

Dentro de la masa activa, son bienes inembargables: Los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas. Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio. El mobiliario y el menaje de la casa. Son válidas las anteriores afirmaciones.

La determinación de la Masa Pasiva le corresponde: Al juez de lo concursal. A la administración concursal. Al secretario judicial. Ninguno de los anteriores.

Son créditos subordinados: Los créditos derivados de indemnizaciones por despidos improcedentes. Los créditos con garantía real. Créditos por multas y demás sancione pecuniarias. Los recargos por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral.

La cesión en pago a los acreedores está permitida como contenido del convenio. Sí, salvo a los acreedores públicos. No está permitido en ningún caso. Sí es permitido con independencia de la categoría de los acreedores. Ninguna de las anteriores es correcta.

Cuál es el orden cronológico de la situación de insolvencia para poder negociar un plan de reestructuración. insolvencia inminente, insolvencia actual, insolvencia cualificada. probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente, insolvencia actual. probabilidad de insolvencia, insolvencia actual, insolvencia inminente. Ninguna de las anteriores es correcta.

Cuando el deudor es persona jurídica, el sujeto legitimado para iniciar negociaciones de plan de reestructuración es: La Junta de acreedores. La administración societaria. Todas son correctas. Ninguna de las anteriores es correcta.

La comunicación de negociaciones a los acreedores no afecta y excluye a los créditos de naturaleza pública. No, siempre que se hayan satisfecho y así se acredite. Sí, siempre en todo caso quedan fueran. Ninguna de las anteriores es correcta. Se excluyen siempre.

Señale a continuación cuál es la afirmación correcta: Desde la presentación de la comunicación de negociar un instituto preconcursal por parte del deudor se paralizan todas las acciones procesales incluidas las acciones que atañen a los créditos de derecho público. Desde la presentación de la comunicación no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Desde la presentación de la comunicación podrán iniciarse ejecuciones judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Ninguna es correcta.

Entre los efectos más sobresalientes de la comunicación de negociaciones se encuentran. La vigencia de los contratos y la inadmisión de cláusulas de vencimiento anticipado. La paralización durante el período de comunicaciones de acciones judiciales y extrajudiciales. Ambas son correctas. Todas son incorrectas.

La exclusión de los créditos de derecho público de la regla general de prohibición de inicio de actuaciones o suspensión de las iniciadas es según normativa: Correcta. No correcta. Indiferente. No se aprecia.

Se pueden prorrogar los efectos de la comunicación: Por 1 mes más. Por 2 meses más. Por 3 meses más. Por 12 meses.

Se define el plan de reestructuración con el siguiente tenor: objeto la modificación de la composición, de las condiciones o de la estructura del activo y del pasivo del deudor, esto significa que: No cabe la transmisión, ni la venta de unidades productivas. Sí cabe la posibilidad de la transmisión y venta de unidades productivas. Ninguna de las anteriores es correcta. Todas son correctas.

Los créditos de Derecho público afectados por el plan de reestructuración deberán ser íntegramente satisfechos en los siguientes plazos: Doce meses a contar desde la fecha del auto de homologación del plan de reestructuración, con carácter general. Seis meses a contar desde la fecha del auto de homologación del plan de reestructuración, en el caso de que sobre dichos créditos se hubiese concedido un aplazamiento o fraccionamiento previamente. Ambas son correctas. Ninguna es correcta.

En el caso de que la clase de créditos estuviera formada por créditos con garantía real, el plan de reestructuración se considerará aprobado si hubieran votado: El 66%. El 75%. El 85%. Ninguna es correcta.

La Propiedad Industrial, acoge: La Patente de Invención, el Modelo de Utilidad. La Patente de Invención, el Modelo de Utilidad y los signos distintivos. La Patente de Invención, el Modelo de Utilidad, la Marca, el Nombre Comercial y el Rótulo de Establecimiento. Las invenciones, los signos distintivos y la competencia desleal.

El signo que identifica a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y desde la perspectiva de la Propiedad Industrial, se identifica: Con la Marca. Con el Rótulo de su Establecimiento. Con el Nombre Comercial. Con la Razón Social.

El requisito de patentabilidad que se refiere a que el objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola, se identifica con: La Actividad Inventiva. La Novedad. La Aplicación Industrial. Con el Modelo de Utilidad.

El Modelo de Utilidad, caso de ser concedido, obtiene una protección durante: 10 años. 15 años. 20 años. 12 años.

Los signos distintivos se someterán, de oficio, a eventuales: Prohibiciones absolutas. Prohibiciones relativas. Prohibiciones absolutas y relativas. Causas de nulidad.

Las acciones por Competencia Desleal tienen, por lo general, una prescripción de: 1 año. 2 años. 3 años. 4 años.

La cláusula general de Competencia Desleal requiere: Conducta eventualmente reprochable. Conducta engañosa. Conducta de venta a pérdida. Conducta contraria a la buena fe.

Las acciones de Competencia Desleal acogen: Las acciones de protección de las patentes. Las acciones de la publicidad ilícita. Las acciones de protección de las marcas. Las acciones de protección de los nombres comerciales.

La acción de nulidad de una marca se ejercita ante: El Juzgado de Primera Instancia. Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo. El Tribunal Superior de Justicia. Ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Las acciones civiles en protección de una marca prescriben: Por el transcurso de 1 año. Por el transcurso de 3 años. Por el transcurso de 5 años. Por el transcurso de 7 años.

Las fuentes del Derecho mercantil de contratos y obligaciones son: La ley mercantil, los usos mercantiles y el Derecho civil. La ley, el Derecho civil y la analogía. El Código de comercio y la ley de contratos del sector público. La ley, los usos interpretativos y los convenios internacionales.

Los convenios internacionales sobre contratos en el Derecho de los negocios: Se aplican únicamente en defecto de norma de conflicto imperativa. Se aplican con preferencia a la ley nacional conforme a sus propios términos. Tienen un claro influjo en la redacción de normas domésticas y en ocasiones en la jurisprudencia se aplican más allá de su estricto ámbito de aplicación. Las respuestas b y c son correctas.

Los formularios contractuales, estándares y principios de uso voluntario en la contratación internacional: No son tomados en cuenta en ninguna medida por las normas. No tienen ninguna relevancia en la formación o evolución del Derecho mercantil de contratos. Son tomados en cuenta por las normas e incluso tratados puntualmente como normas jurídicas. Están prohibidos en la contratación en los sectores regulados.

Conforme a las normas especiales sobre interpretación de los contratos mercantiles: Las dudas interpretativas de una cláusula o condición se resolverán en favor del deudor de la obligación. No toman en cuenta la literalidad del contrato para determinar la efectiva voluntad de las partes. Se basan en el principio in dubio pro reo. No presentan especialidad alguna respecto de las normas sobre interpretación de los contratos del Código civil.

Las normas sobre contratación con condiciones generales: Se aplican únicamente a los contratos con consumidores. Pueden ser modificadas mediante pacto entre las partes. Se aplican en las relaciones entre empresarios o profesionales como predisponentes y terceros como adherentes, sean consumidores o no. Se aplican cuando el contrato no contenga cláusulas no negociadas individualmente.

La compañía Suministros Salvajes SA es uno de los proveedores regulares de Windy Techs Inc., una sociedad estadounidense. En sus relaciones regulares, el cliente suministrado acepta normalmente las condiciones generales que figuran en la “orden de venta” tipo que usa Suministros Salvajes, que remiten a la legislación española como ley aplicable al contrato. Con todo, uno de sus comerciales tiene algunas dudas, y necesita que le aclaren cuál de estas afirmaciones es correcta: Las condiciones de la compañía, su incorporación al contrato y su eficacia están sujetas en España a la normativa especial sobre contratación con condiciones generales, que se aplica entre empresarios. Con todo, aun si quedan válidamente incorporadas al contrato, quedan sometidas a las normas del convenio internacional en vigor para los contratos de compraventa de mercancías (la Convención de Viena de 1980) y a las normas sobre morosidad en el pago de las obligaciones comerciales. Las condiciones de la compañía, su incorporación al contrato y su eficacia han de ser determinadas por la normativa del Código civil, al no quedar sujetas en España a la normativa especial sobre contratación con condiciones generales, que se aplica en las relaciones entre empresarios y consumidores. Las condiciones de la compañía no quedarán incorporadas al contrato conforme a la ley española, por ser transfronterizas las relaciones entre los citados empresarios. Las condiciones de la compañía, su incorporación al contrato y su eficacia están sujetas en España a la normativa especial sobre contratación con condiciones generales, que se aplica entre empresarios. Si quedan válidamente incorporadas al contrato, tienen aplicación preferente a las normas del convenio internacional en vigor para los contratos de compraventa de mercancías (la Convención de Viena de 1980, al tener sus normas carácter dispositivo), pero están sujetas a las normas imperativas sobre morosidad en el pago de las obligaciones comerciales.

El control de incorporación de las condiciones generales a un contrato requiere: Que el predisponente facilite un ejemplar de dichas condiciones al adherente previamente a la conclusión del contrato, le forme de su existencia y obtenga su consentimiento firmado. Que las condiciones estén redactadas con arreglo al principio de concreción, claridad y sencillez. Que el adherente redacte las condiciones de buena fe y con justo equilibrio entre las prestaciones de las partes. Las respuestas a y b son correctas.

El tipo de interés legal aplicable en caso de incumplimiento de las obligaciones comerciales pecuniarias es: Un tercio del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples por día, incrementado en cuatro puntos porcentuales. El interés aplicable a la mora del asegurador para casos de incumplimiento. El interés aplicado por el Banco Central Europeo en su última operación de financiación a tipo fijo previa al primer día del semestre natural corriente, incrementado en 8 puntos porcentuales. El interés social, entendido como el interés común de los socios.

Las cláusulas abusivas se tipifican y regulan: En las normas para la protección de los consumidores y usuarios. En las normas sobre medidas de lucha contra la morosidad en las obligaciones comerciales. En las normas generales sobre obligaciones y contratos mercantiles. Las respuestas a y b son correctas.

Enjuto Mojamuto acaba de adquirir a través de un sitio web de venta minorista de productos (Sportful SA) una bicicleta de montaña para sus ratos de ocio. Al abrir el paquete comprueba con alegría que han grabado en el carbono su nombre correctamente en letras amarillas bien visibles, pero se da cuenta de que la talla de la bicicleta (una L) es demasiado grande, por lo que piensa en contactar al comercio para que se la cambien. Al ser una compra online, le asaltan varias dudas, y no sabe qué debe esperar entre las cuatro opciones: A pesar de que la ley le reconoce un derecho unilateral de desistimiento para las ventas a distancia con consumidores, Enjuto ha perdido su derecho al haber optado por la personalización del producto. Enjuto podrá ejercitar el derecho de desistimiento unilateral que le concede la legislación sobre consumidores, pero al no presentar defectos el producto el vendedor podrá denegar el reembolso de los gastos de transporte. Enjuto podrá ejercitar el derecho de desistimiento unilateral que le concede la legislación sobre consumidores, y el vendedor deberá restituirle todo el dinero pagado a resultas de la transacción. Enjuto deberá ir en la bicicleta hasta el establecimiento del vendedor si quiere ganarse el derecho a desistir del contrato.

En caso de fallecimiento de un accionista ¿tiene la Sociedad un derecho de adquisición preferente?. Como norma general no. Si, en todo caso. Si, siempre y cuando lo prevean los estatutos. Solo en aquellos casos en los que la sociedad fuera una sociedad cotizada en un mercado secundario oficial.

¿Puede la junta general impartir instrucciones al órgano de administración?. Si pero deberá preverse en los estatutos los asuntos concretos en los que la junta podrá impartir instrucciones. Si, sujeto en cualquier caso a las atribuciones propias del órgano de administración. No, salvo que la sociedad esté administrada por un administrador único. Si en cualquier caso pues la junta general es el órgano soberano de administración.

¿Puede ser dos personas propietarias de una misma acción?. Si, pero deberán ser personas físicas. No, la acción es indivisible. Si, pero el ejercicio de los derechos del socio deberá ser ejercido por una única persona que actúe como representante. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿Pueden las sociedades de capital asumir o suscribir sus propias acciones o participaciones?. Solo las sociedades anónimas. Solo las sociedades de responsabilidad limitada. Solo las sociedades anónimas y en este caso deberá desembolsarse el 100% de la participación no siendo de aplicación la posibilidad de suscribir el 25%. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

En caso de usufructo de participaciones, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. La cualidad de socio reside en el usufructuario. La cualidad de socio reside en el nudo propietario. El nudo propietario tendrá derecho a los dividendos que en cada momento se acuerden. El ejercicio de todos los derechos como socio reside en el usufructuario.

Una sociedad de responsabilidad limitada está interesada en adquirir un inmueble por un importe de 35.000.000€. Teniendo en cuenta que (i) la totalidad del activo de la sociedad asciende a 20.000.000€; y (ii) el objeto social de la sociedad consiste en la adquisición de bienes inmuebles, ¿es necesario que la junta general de la sociedad autorice la transacción planteada?. Si pues así lo exige el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de capital. No, pues al tener la sociedad en su objeto social la adquisición de bienes inmuebles ya no es necesario. Si salvo que la sociedad disponga de un consejo de administración. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿Se puede solicitar un complemento de convocatoria en una sociedad de responsabilidad limitada. Si, siempre que esta posibilidad esté prevista en los estatutos sociales. Si, además no es necesario incluir esta posibilidad en los estatutos sociales. No, solo se prevé esta posibilidad en las sociedades anónimas. Si, siempre que lo solicite un socio que disponga más del 5% del capital social de la sociedad.

¿Puede un socio de forma unilateral proceder con la convocatoria de una junta general?. Si, siempre que los administradores no hayan convocado la junta general ordinaria o las previstas en los estatutos, pero la persona convocante será el secretario judicial o el registrador mercantil. Si, además no es necesario incluir esta posibilidad en los estatutos sociales. No solo se prevé esta posibilidad en las sociedades anónimas. Si, siempre que lo solicite un socio que disponga más del 5% del capital social de la sociedad.

Con carácter general. Los acuerdos sociales de una sociedad de responsabilidad limitada se adoptarán por un mayoría absoluta de votos. Los acuerdos sociales de una sociedad de responsabilidad limitada se adoptarán por una mayoría de dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en las que se divide el capital social. Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divide el capital social, no computándose los votos en blanco. Si el acuerdo se adopta en segunda convocatoria basta con mayoría simple.

En una sociedad anónima ¿qué quórum de constitución se exige para la adopción de un acuerdo relativo al aumento de capital social?. El quórum de constitución es indiferente, pero el acuerdo deberá adoptarse mediante mayoría reforzada. En primera convocatoria deberán estar presentes accionistas presentes o representados que posean al menos el 50% del capital suscrito con derecho de voto y en segunda convocatoria el 25%. En primera convocatoria deberán estar presentes accionistas presentes o representados que posean al menos el 60% del capital suscrito con derecho de voto y en segunda convocatoria el 30%. En primera convocatoria deberán estar presentes accionistas presentes o representados que posean al menos el 25% del capital suscrito con derecho de voto y en segunda convocatoria el 50%.

En sede de junta universal se acuerda ampliar el capital social de una sociedad habiéndose concedido a los socios un derecho de asunción preferente para que los socios que estuvieran interesados suscribieran un número de participaciones proporcional a su participación en la sociedad a ejercer durante el plazo de 2 meses a contar desde la adopción del acuerdo. El presidente del consejo de administración nos consulta el procedimiento a seguir y si resulta necesario comunicar a los socios los acuerdos adoptados así como las condiciones del aumento para que éstos ejerciten, en su caso, su derecho de asunción preferente. No, ya que la junta general se ha celebrado con el carácter presencial de todos los socios y por lo tanto ya son conocedores de las condiciones del aumento. No, ya que con carácter previo a la celebración de la junta general el consejo de administración facilitó a los socios el preceptivo informe elaborado por el consejo de administración con la propuesta de aumento de capital. Si, salvo que los socios acuerden por unanimidad renunciar a que la sociedad les notifique de forma individualizada los acuerdos adoptados. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿Qué ocurre si en una ampliación de capital dineraria por importe de 10.000.000€ de una sociedad de responsabilidad limitada los socios en ejercicio de su derecho de asunción preferente únicamente han desembolsado la cantidad de 5.000.000€?. Que la ampliación de capital quedará sin efecto. Que el capital quedará aumentado en la cuantía de 5.000.000€ siempre que las condiciones de la ampliación hubieran previsto esta posibilidad. Que el capital social quedará aumentado en la cantidad de 5.000.000€ salvo que expresamente se hubiera previsto lo contrario. Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.

¿Sería posible una reducción de capital por pérdidas de una sociedad de responsabilidad limitada cuando la sociedad cuente con reservas?. No, esta posibilidad no es posible. Si, pero es necesario que la sociedad apruebe un balance intermedio que sirva de base para la reducción, debiendo este balance estar auditado. Si, pero deberá mantenerse una reserva indisponible durante un plazo de 5 años por el importe de la reducción de capital. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

En una reducción de capital de una sociedad de responsabilidad limitada ¿existe derecho de oposición de los acreedores de la sociedad?. Si, pues derivado de la reducción de capital los acreedores verían perjudicada su posición. Si, siempre que esté previsto en los estatutos de la sociedad. Si, ejercitable durante el plazo de un mes desde la publicación del acuerdo de reducción en el boletín oficial del Registro Mercantil. Todas las respuestas anteriores son correctas.

En una sociedad anónima con unas pérdidas muy significativas y en la que la junta general ha acordado una operación acordeón ¿es necesario respetar el derecho de suscripción preferente?. Si, en todo caso. Si, salvo que la ampliación de capital esté pensada para la entrada de nuevos accionistas en el marco de un acuerdo de reestructuración bajo la ley concursal. No, la junta general puede suspender este derecho. Ninguna de las anteriores es correcta.

En una sociedad anónima cuyas pérdidas han dejado reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, ¿qué acción deberíamos llevar a cabo si fuéramos el administrador único?. Solicitar el concurso de acreedores si la sociedad fuera insolvente. Convocar una junta general al objeto de acordar la disolución de la sociedad o, en su caso, solicitar el concurso de acreedores. Solicitar la disolución judicial de la sociedad. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Es una causa legal de separación de una sociedad de responsabilidad limitada. La modificación del régimen de transmisión de participaciones sociales. El incumplimiento de los deberes de los administradores. La modificación estatutaria del régimen de mayorías reforzadas. Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.

¿Qué mayoría es necesaria para la inclusión en los estatutos sociales de una sociedad anónima de una causa estatutaria de separación?. Mayoría simple. Mayoría absoluta. Unanimidad. Dependerá de si el acuerdo se adopta en primera o en segunda convocatoria.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?. Con carácter general, una vez adoptado el acuerdo de disolución los administradores de la sociedad se convertirán en liquidadores de ésta. En determinadas situaciones el Gobierno podrá acordar la continuidad de una sociedad cuya junta general hubiera acordado su disolución. El acuerdo de disolución implica la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad. Con carácter general, los liquidadores ejercerán su cargo por tiempo indefinido.

¿Deben los liquidadores formular las cuentas anuales de una sociedad disuelta pero no liquidada?. No, solo deben llevar la contabilidad. Si, puesto que la sociedad debe cumplir con sus obligaciones contables. Los liquidadores solo deben formular el balance final de liquidación. Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿Cuáles son los motivos para la recusación de un árbitro en Derecho español?: Si concurre en el cualquiera de las circunstancias legales de abstención o recusación de jueces y magistrados, o si no posee las cualificaciones convenidas por las partes. Si concurren en él circunstancias que den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia, o si no posee las cualificaciones convenidas por las partes. Únicamente si concurren en él circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia. Únicamente si no posee las cualificaciones convenidas por las partes.

Una empresa francesa dedicada a la fabricación de tablas de surf; por otra, una empresa domiciliada en Estados Unidos que encarga a la primera el suministro de una partida de tablas de surf infantiles. Entregada la mercancía adquirida, la compradora no abona el precio. El contrato de suministro recoge un convenio arbitral en virtud del cual las partes se someten a un arbitraje en la CAM, con sede en Madrid. En este sentido: Nos encontramos ante un arbitraje internacional al que será́ de aplicación la normativa procesal que pacten las partes. Nos encontramos ante un arbitraje internacional al que será́ de aplicación la Ley 60/2003 de Arbitraje por encontrarse la sede en España, sin perjuicio de lo establecido en tratados internacionales o leyes que contengan disposiciones especiales. Nos encontramos ante un arbitraje internacional al que será́ de aplicación la Ley 60/2003 de Arbitraje por tener una de las partes su domicilio en España, sin perjuicio de lo establecido en tratados internacionales o leyes que contengan disposiciones especiales. Nos encontramos ante un arbitraje nacional toda vez que la sede del arbitraje se encuentra en territorio español.

Iniciado el arbitraje anteriormente descrito, el Tribunal Arbitral se encuentra con que la empresa compradora opone en su escrito de contestación a la solicitud de arbitraje que el Tribunal no es competente ya que las disputas relativas a impago de facturas no estaban sometidas a arbitraje sino a los Tribunales de Nueva York. El Tribunal Arbitral está facultado para decidir sobre la validez del convenio arbitral, de conformidad con el art. 22 de la LA. Ello no obsta que, en sede de reconocimiento y ejecución del laudo, la empresa compradora pueda instar su anulación por entender que el convenio arbitral no es válido. El Tribunal Arbitral está facultado para decidir sobre la validez del convenio arbitral, siendo su decisión vinculante y no susceptible de recurso, de conformidad con el art. 22 de la Ley 60/2003 de Arbitraje. El Tribunal Arbitral deberá́ suspender el procedimiento y solicitar el auxilio judicial de los Tribunales de Nueva York para analizar la validez del convenio arbitral, de conformidad con el art. 8 de la Ley 60/2003. La empresa compradora tendrá que haber acudido a los Tribunales Nueva York para interponer la correspondiente declinatoria.

El principio competencia-competencia: Faculta a los árbitros para decidir únicamente sobre su propia competencia cuándo ésta es cuestionada por alguna de las partes. Imposibilita a los tribunales ordinarios de conocer de una controversia sobre la que ya estén conociendo los árbitros. Ambas respuestas son correctas.

Las fuentes del arbitraje interno son, por el orden correcto: La autonomía de la voluntad de las partes, la Ley 60/2003 de Arbitraje (la “LA”), la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (“LEC”) en aquello no regulado por la LA y, en último lugar, normativa específica. La LA, la autonomía de la voluntad de las partes, la LEC para cuestiones especificas y, en último lugar, normativa específica. La autonomía de la voluntad de las partes manifestada en el convenio arbitral, la LA, la LEC para cuestiones específicas y, en último lugar, normativa específica sobre la controversia que se refiera. La autonomía de la voluntad de las partes, la LA, normativa específica y, en último lugar, la LEC para aquellas cuestiones no reguladas en las anteriores.

Juan y Helena, tras una década casados, han decidido solicitar el divorcio. Para hacer el “trance” menos amargo han optado por someter su disputa a un arbitraje ad hoc. A este respecto: Juan y Helena no deberían someter esta disputa a arbitraje pues no se trata de una materia de libre disposición, de conformidad con el art. 2 de la Ley de Arbitraje. No obstante, en caso de dictarse un laudo, podrían acudir a los tribunales competentes para solicitar su homologación. La autonomía de la voluntad de las partes es fuente principal del arbitraje, motivo por el cual ambos cónyuges son libres de someter a un arbitraje ad hoc su disputa. No es posible someter cuestiones relativas al estado civil a arbitraje, de conformidad con el art. 2 de la Ley de Arbitraje, existiendo el riesgo de que el laudo que pudiera dictarse fuera anulado en sede judicial.

El principio de separabilidad: Considera el convenio arbitral como un acuerdo independiente o autónomo del contrato principal del que trae causa y en el que eventualmente se integra como una de sus cláusulas. Permite separar a los árbitros en caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Este principio es propio de la jurisdicción ordinaria, pero no tiene cabida en el arbitraje.

La Audiencia provincial del lugar en que se hubiera dictado. La sala de lo Civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en que se hubiera dictado. El Juzgado de lo Mercantil del lugar donde se hubiera dictado. El Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se hubiera dictado. La Audiencia provincial del lugar en que se hubiera dictado.

Julián y Paco realizaron un contrato de compraventa y en su última cláusula consta que ambos se someten a arbitraje en caso de controversia. Actualmente, ambos discuten sobre la validez del contrato y Julián presenta demanda contra Paco ante el Tribunal de Instancia. Paco se plantea qué transcendencia tiene la presentación de esa demanda: Al haberse iniciado la vía judicial, la cláusula arbitral carece definitivamente de efectos. Paco deberá alegar mediante declinatoria la cláusula arbitral, si quiere que la controversia se resuelva mediante arbitraje. Paco deberá́ alegar mediante recurso de queja la cláusula arbitral, si quiere que la controversia se resuelva mediante arbitraje. Paco deberá́ alegar mediante incidente de nulidad la cláusula arbitral, si quiere que la controversia se resuelva mediante arbitraje.

Sara, abogada en ejercicio, ha defendido a un cliente en un procedimiento de arbitraje del que ha obtenido un laudo arbitral favorable para su cliente. Pretende instar la ejecución del mismo. ¿Ante qué órgano deberá́ instar dicha ejecución?: Ante el propio órgano arbitral que dictó el laudo. Ante el Tribunal de Instancia del lugar en que se haya dictado el laudo. Ante la Audiencia Provincial del lugar en que se haya dictado el laudo. Ante el Tribunal Superior de Justicia del lugar en que se haya dictado el laudo.