MI ope 1.1.

Tienen derecho a formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco: Guipúzcoa y Vizcaya. Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra. Álava y Vizcaya.

Según el Decreto 149/2007, de 18 de septiembre, podrán solicitar la segunda opinión médica: Las personas usuarias residentes en España que tengan derecho a la asistencia sanitaria. Sólo las personas usuarias residentes en Madrid que tengan derecho a la asistencia sanitaria de cobertura pública. Las personas usuarias residentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi que tengan derecho a la asistencia sanitaria de cobertura pública a cargo del Sistema Sanitario. a) b) y c) son correctas.

Cuando así sea necesario por las especiales circunstancias de una técnica diagnóstica y/o terapéutica, se podrá obtener una segunda opinión médica en centros concertados o centros sanitarios integrados en el sistema sanitario público de otra Comunidad Autónoma: Previa autorización del Departamento de Sanidad. Sin previa autorización del Departamento de Sanidad si se solicita con 15 días de antelación. Sin previa autorización del Departamento de Sanidad si se solicita con 10 días de antelación. Sin previa autorización del Departamento de Sanidad si se solicita con 7 días de antelación.

Según el Decreto 149/2007, de 18 de septiembre, en el caso de que no se considere adecuada una segunda opinión médica, conforme los criterios que establece el presente Decreto: Se emitirá por la Dirección Médica un informe razonado en el que se valore la solicitud del paciente con arreglo a criterios clínicos. Se emitirá por la Dirección Médica un informe razonado en el que se valore la solicitud del paciente con arreglo a criterios subjetivos. Se emitirá por la Dirección Médica un informe razonado en el que se valore la solicitud del paciente con arreglo a criterios administrativos. Se emitirá por la Dirección Médica un informe razonado en el que se valore la solicitud del paciente con arreglo a criterios según la edad.

Según el Decreto 149/2007, de 18 de septiembre, transcurrido el plazo establecido sin recibir comunicación de la petición de una segunda opinión médica, el paciente o quien actúe en su representación o interés lo pondrá en conocimiento del órgano competente del Departamento de Sanidad, quien lo resolverá desde que tuviere entrada esta comunicación en un plazo no superior a: 5 días. 1 día. 3 días. 7 días.

El Gobierno, a través de las correspondientes normas reglamentarias y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, regulará: Requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Limitaciones o prohibiciones que afectarán a las operaciones, los procesos y las exposiciones laborales a agentes que entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. a) y b) son correctas. a) y b) son incorrectas.

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptará sus acuerdos: Por mayoría. A tal fin, los representantes de las Administraciones públicas tendrán cada uno un voto y dos los de las organizaciones empresariales y sindicales. Por unanimidad. A tal fin, los representantes de las Administraciones públicas tendrán cada uno un voto y dos los de las organizaciones empresariales y sindicales. Por mayoría. A tal fin, los representantes de las Administraciones públicas tendrán cada uno cinco votos y tres los de las organizaciones empresariales y sindicales. Por mayoría. A tal fin, los representantes de las Administraciones públicas tendrán cada uno diez votos y dos los de las organizaciones empresariales y sindicales.

Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que: Tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. NO tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter potestativo. NO tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter potestativo.

La Ley 40/2015, en relación a los órganos de las Administraciones Públicas, establece que la competencia es: Revocable. Irrenunciable. Eludible. Rehusable.

Contra un acuerdo de avocación: Cabrá rectificación de errores. NO cabrá rectificación de errores. Cabrá recurso. NO cabrá recurso.

La encomienda de gestión supone. El traspaso de la titularidad. Renunciar a la titularidad. Ceder la titularidad. a) b) y c) son incorrectas.

En cuanto a la delegación de firma: Altera la competencia del órgano delegante. Es necesaria la validez para su publicación. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar la delegación de firma. Los actos firmados por delegación NO requieren que se haga constar la autoridad de procedencia.

Los órganos colegiados tendrán: Un Secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. Un Secretario que podrá ser un miembro del propio órgano y dos personas al servicio de la Administración Pública correspondiente. Un Secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o tres personas al servicio de la Administración Pública correspondiente. Un Secretario que podrá ser un miembro del propio órgano y cuatro personas al servicio de la Administración Pública correspondiente.

Corresponde a los miembros de los órganos colegiados de la Administración General del Estado: Asegurar el cumplimiento de leyes. Participar en los debates de las sesiones. Moderar el desarrollo de los debates. Acordar la convocatoria de las sesiones.

Tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas: Ley 40/2015. Real Decreto Legislativo 5/2015. Decreto 106/2008. Ley 31/1995.

Indica el personal que se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el Estatuto Básico del Empleado Público, y por la legislación de las comunidades autónomas, con respecto a la autonomía local: El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Personal retribuido por arancel. Personal del Centro Nacional de Inteligencia. El personal funcionario de las Entidades Locales.

Personal al que se aplicarán directamente las disposiciones del Estatuto Básico del Empleado Público cuando así lo disponga su legislación específica: El personal funcionario de las Entidades Locales. Los Cuerpos de Policía Local. Personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

En la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público al personal de investigación. Se regirán por la legislación específica dictada por el Estado. Dispondrá de legislación específica propia. Se regirán por la legislación de las comunidades autónomas. Se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades.

En el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, las leyes reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado serán aprobadas por: El Senado y las Direcciones Generales. Las Cortes Generales y las asambleas legislativas. El Consejo de Gobierno. Presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros.

El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, en materia de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, de lactancia y parental, se regirá por: Lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público. La legislación laboral. La legislación específica propia. Normas singulares.

Al empleado público que, en virtud de nombramiento legal, está vinculado a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente, se le denomina: Funcionario de carrera. Funcionario de carrera. Personal de servicios especiales. Personal de obra y servicio.

Causa por la que la Administración formaliza de oficio la finalización de la relación de la interinidad: Razones organizativas que dan lugar a la supresión o la amortización de los puestos asignados. La plaza sigue vacante y no hay proceso selectivo. Cesión motivada por insatisfacción con el rendimiento del profesional. Estar a menos de un mes del plazo autorizado expresamente recogido en el nombramiento.

Al empleado público que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas, se le denomina: Funcionario de carrera. Personal laboral. Funcionado interino. Personal eventual.

En relación al personal eventual: Su nombramiento y cese serán libres. La condición de personal eventual podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública. Le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios interinos. a) y b) son correctas.

La Comisión paritaria de seguimiento del desarrollo profesional tiene como función: Establecer y actualizar los criterios para la promoción interna del personal de Osakidetza. Determinar las fechas para las convocatorias correspondientes al periodo transitorio. Informar a las Centrales Sindicales de los criterios de baremación establecidos para las convocatorias. Recibir información sobre el desarrollo de los procedimientos de evaluación y de reconocimiento de grado.

Entre los aspectos adicionales al Acuerdo 2007-2009 recogidos en el Decreto 106/2008 se incluye la aprobación en el plazo de seis meses de: Un protocolo ante riesgos biológicos. Un protocolo de seguridad del paciente y de buenas prácticas. Un protocolo de coordinación sociosanitaria. Un protocolo ante situaciones de discriminación por razón de sexo.

El abono de cantidades a cargo de retribuciones correspondientes a un trabajo no efectuado se considera: Adelanto de nómina. Anticipo. Préstamo. Retribución extrasalarial.