Miguel Angel

41.Según el artículo 81 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la convocatoria para una sesión del Pleno, sea ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la apertura del correspondiente expediente, en el que no se incluye expresamente que deba constar: La relación de expedientes conclusos que la Secretaría prepare y ponga a disposición de la Alcaldía o Presidencia. La fijación del Orden del día por el Secretario General del Pleno. Copia del anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento o Diputación y, en su caso, prensa local. Minuta del acta.

42.De acuerdo con el artículo 26 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 7/1985 de 2 de abril, deberán prestar, en todo caso, el servicio de medio ambiente urbano: a). Los Municipios con población superior a 5.000 habitantes. Los mismos Municipios que deben prestar el servicio de transporte colectivo urbano de viajeros. Todos los Municipios que sean capitales de provincia. Los Municipios con población superior a 20.000 habitantes.

43.En relación con los servicios obligatorios que deben prestar los ayuntamientos con independencia de su población, el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que los Municipios deberán prestar, en todo caso, el servicio siguiente: En todos los Municipios: alcantarillado. En todos los Municipios: tratamiento de residuos. En todos los Municipios: protección civil. En todos los Municipios: atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

44.Según el artículo 84 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 7/1985 de 2 de abril, las Entidades Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos, siendo cierto a este respecto que: Los medios de intervención pueden ser las Ordenanzas y Bandos, la comunicación previa o la declaración responsable, sin que esté prevista la previa licencia y otros actos de control preventivo. Entre los principios que deben informar la actividad de intervención de las Entidades Locales, la Ley cita el de igualdad de trato, pero no los de necesidad y proporcionalidad. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales. Todos los enunciados anteriores son incorrectos.

45.En relación con la gestión directa de los servicios de competencia local, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, ¿a quién le corresponde aprobar los estatutos de los organismos autónomos locales?: Al Pleno. A la Junta de Gobierno Local. Al Consejo de Administración del Organismo Autónomo. Al Consejo Rector del Organismo Autónomo.

46.Señale la respuesta incorrecta respecto a las sociedades mercantiles locales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local. La sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. En la escritura de constitución constará el capital que deberá ser aportado por las Administraciones Públicas o por las entidades del sector público dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico público, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas.

47.El artículo 109 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, establece que los bienes inmuebles patrimoniales no podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma: Cuando su valor exceda del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación. Cuando su valor exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación. Cuando su valor exceda del 20 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación. Cuando su valor exceda del 5 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación.

48.Según lo dispuesto en el art. 56 de Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, no es una de las causas de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera: La jubilación parcial. La renuncia a la condición de personal funcionario. La sanción disciplinaria de separación del servicio que tenga carácter firme en vía administrativa. El fallecimiento.

49.Según la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, en su artículo 67.1, las Administraciones públicas deben proveer los puestos de trabajo reservados al personal funcionario de carrera de acuerdo con los principios de: Igualdad, mérito, competencia y transparencia. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Igualdad, mérito, competencia y publicidad. Igualdad, mérito, capacidad y transparencia.

50.En relación con las situaciones administrativas reguladas en la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, señale cuál de las siguientes respuestas es incorrecta: El personal funcionario de carrera que se encuentre en expectativa de destino, y que haya superado el periodo máximo de un año en esta situación administrativa, pasará a la situación de excedencia forzosa. El personal funcionario de carrera que se encuentre en situación de servicios especiales percibirá las retribuciones del puesto o cargo que desempeñe y no las que les corresponda como personal funcionario de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tenga reconocidos en cada momento. El personal funcionario de carrera que adquiera la condición de personal funcionario al servicio de organizaciones internacionales será declarado en la situación de servicio en otras Administraciones públicas. El personal funcionario de carrera en excedencia por cuidado de familiares tiene derecho a la reserva de la plaza que desempeñaba durante todo el tiempo que permanezca en esa situación.

51.Según la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, la duración del mandato de los delegados de personal, de los miembros de los comités de empresa y de quienes formen parte de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas será de: Cuatro años, no pudiendo ser reelegidos en sucesivos períodos electorales. Tres años, pudiendo ser reelegidos en sucesivos períodos electorales. Cuatro años, pudiendo ser reelegidos en sucesivos períodos electorales. Tres años, no pudiendo ser reelegidos en sucesivos períodos electorales.

52.El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, establece que la duración del contrato de trabajo en prácticas: No podrá ser inferior a tres meses ni exceder de un año. No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años. No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de tres años. No podrá ser inferior a un año ni exceder de tres años.

53.Respecto a la forma y efectos del despido disciplinario contemplados en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, señale la afirmación incorrecta: El despido será calificado como procedente, improcedente o nulo. El despido procedente convalidará la extinción del contrato de trabajo que con aquel se produjo, con derecho a indemnización y a salarios de tramitación. El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir. El despido se considerará procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de comunicación.

54.En relación con la prestación por nacimiento y cuidado del menor, regulada en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, si la persona trabajadora tiene cumplidos veintiún años de edad y es menor de veintiséis en la fecha del nacimiento, el período mínimo de cotización exigido será: De ciento ochenta días cotizados dentro de los seis años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso o alternativamente, trescientos sesenta días cotizados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a esta última fecha. De noventa días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso o alternativamente, ciento ochenta y cinco días cotizados a lo largo de su vida laboral. De noventa días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso o alternativamente, ciento ochenta días cotizados a lo largo de su vida laboral. De ciento ochenta días cotizados dentro de los siete años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso o alternativamente, trescientos sesenta días cotizados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a esta última fecha.

55.En virtud de lo dispuesto en el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el periodo previo de cotización para poder ser beneficiario del subsidio de incapacidad temporal en caso de accidente será: Ciento ochenta días dentro de los dos años inmediatamente anteriores al hecho causante. Ciento ochenta días dentro de los tres años inmediatamente anteriores al hecho causante. Ciento ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante. No se exigirá ningún período previo de cotización.

56.Según el artículo 26 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de noviembre, los contratos celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador: Tienen la consideración de contratos administrativos. Tienen la consideración de contratos privados. Tienen la consideración de contratos mixtos. Tienen la consideración de contratos sujetos a regulación armonizada.

57.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total: La Administración procederá en todo caso a la resolución del contrato. La Administración podrá imponer al contratista penalidades diarias en la proporción de 0,50 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. La Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. La Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA incluido.

58.Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones relativas al régimen de garantías de los contratos administrativos es incorrecta?. En todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. En el caso de división del contrato en lotes, la garantía provisional se fijará en función del importe del presupuesto total del contrato. En los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará el importe de la misma, que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

59.Según el artículo 232 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 de 8 de noviembre, a los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y naturaleza, en determinados grupos, entre los que no se citan: Obras de demolición. Obras de conservación y mantenimiento. Obras de especial y singular reparación. Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación.

60.El artículo 257 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece en cuanto al contrato de concesión de obras públicas, una serie de derechos del concesionario. Señale cuál de los enumerados no constituye un derecho del mismo. El derecho a explotar las obras y percibir la tarifa por uso prevista en el contrato durante el tiempo de la concesión como contraprestación económica. El derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en la forma y con la extensión prevista en el artículo 270. El derecho a no tener que indemnizar los daños que se ocasionen a terceros por causa de la ejecución de las obras o de su explotación, cuando le sean imputables de acuerdo con el artículo 196 de la presente Ley. El derecho a ceder la concesión de acuerdo con lo previsto en el artículo 214 y a hipotecar la misma en las condiciones establecidas en la Ley, previa autorización del órgano de contratación en ambos casos.