Mis supuestos III

La Delegación del Gobierno en Asturias tramita durante septiembre de 2026 diversos expedientes administrativos. En un procedimiento sancionador seguido contra Norte Digital, S. L., persona jurídica obligada a relacionarse electrónicamente, una resolución se pone simultáneamente a disposición de la empresa en la sede electrónica de la Delegación y en la Dirección Electrónica Habilitada única. El representante accede a la notificación en la sede el 8 de septiembre de 2026 a las 9:10 horas y en la DEHú el 9 de septiembre a las 8:30 horas. La Delegación utiliza también un certificado electrónico basado en código seguro de verificación. La resolución que autoriza este sistema permite verificar la integridad del documento durante cuatro años. Por su parte, doña Carmen Álvarez, persona física, presenta presencialmente varios documentos en una oficina de asistencia en materia de registros, pero el empleado le indica que el recibo no podrá expedirse hasta que los documentos lleguen al órgano destinatario. El 1 de septiembre se recibe una solicitud de acceso a datos personales formulada por Carmen. La unidad considera que la solicitud no es compleja y que no existe un número elevado de solicitudes, pero prevé contestar el 10 de octubre sin comunicar ninguna ampliación. Carmen presenta además electrónicamente un escrito el sábado 12 de septiembre. El plazo, establecido en días hábiles, finaliza el lunes 14 de septiembre y ninguna norma permite expresamente su presentación con efectos en día inhábil. En otro expediente, una resolución expresa que pone fin a la vía administrativa fue notificada el 25 de agosto. La interesada desea acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa. Además, un acto firme de 20 de julio reconoció a una asociación una ayuda de 6.000 euros. La asociación solicitó su ejecución el 1 de agosto, pero el 2 de septiembre la Administración todavía no lo había ejecutado. Durante la instrucción de otro procedimiento se solicita, antes de vencer, una ampliación de siete días sobre un plazo inicial de diez días. Las circunstancias aconsejan conceder una ampliación, no se perjudican derechos de terceros y ninguna norma especial fija una duración diferente. También se adoptó el 20 de agosto, antes de iniciar un procedimiento, una medida provisional urgente; llegado el 5 de septiembre, el procedimiento todavía no se había iniciado. En contratación, se tramita un contrato con un presupuesto base de licitación de 400.000 euros, IVA excluido, y se pretende exigir una garantía provisional de 16.000 euros. En otro contrato de suministro, el precio final ofertado por el adjudicatario es de 180.000 euros, IVA excluido. La Delegación gestiona asimismo un proceso selectivo cuya convocatoria se publicó en el BOE el 1 de septiembre. Hugo presentó su solicitud el 22 de septiembre. Finalizado el plazo de solicitudes el 21 de septiembre, se prevé aprobar la lista provisional el 30 de octubre. Otra aspirante, con un grado de discapacidad del 40 %, solicitó en su instancia una ampliación de tiempo para realizar el ejercicio y aportó un informe que acredita una relación directa entre su discapacidad y las dificultades para efectuar la prueba. Una funcionaria obtiene por concurso un destino que exige cambio de residencia. Otro funcionario ocupa voluntariamente, desde hace un año, un puesto vacante en comisión de servicios que todavía no ha sido cubierto definitivamente. Finalmente, las bases de una subvención no fijan porcentaje máximo de subcontratación. Para una actividad subvencionada cuyo coste es de 100.000 euros, el beneficiario pretende subcontratar prestaciones por 60.000 euros. Existe también un remanente de un crédito extraordinario concedido por ley el 20 de diciembre del ejercicio anterior. La Delegación pretende financiar con el Fondo de Contingencia una campaña publicitaria discrecional no presupuestada y, en otra operación cuya naturaleza lo permite, acumular las fases de aprobación, compromiso y reconocimiento de la obligación. Ok, vamos a ello. Pasando, menuda chapa.

Conforme al artículo 42.1 del Real Decreto 203/2021, ¿qué acceso determina los efectos jurídicos de la notificación practicada a Norte Digital, S. L.?. El efectuado en la DEHú el 9 de septiembre, por ser el sistema general de notificaciones. El efectuado en la sede electrónica el 8 de septiembre, por haberse producido en primer lugar. El último acceso, porque confirma que el representante ha recibido íntegramente el documento. La fecha que indique el órgano emisor al incorporar la notificación al expediente.

Según el artículo 21.4 del Real Decreto 203/2021, ¿es correcta la disponibilidad durante cuatro años de la verificación mediante código seguro?. Sí, porque el plazo mínimo de conservación es de cuatro años. Sí, si transcurrido ese periodo se conserva una copia en el archivo electrónico. No, porque el código seguro debe poder comprobarse durante diez años. No, porque la disponibilidad para verificarlo debe ser de al menos cinco años.

Conforme al artículo 40.3 del Real Decreto 203/2021, ¿cuándo debe recibir Carmen el justificante de la presentación?. En el momento de presentar los documentos, con acreditación de la fecha y hora. Cuando los documentos sean digitalizados por el órgano destinatario. Una vez anotada su entrada en el registro del órgano competente. Al incorporarse la documentación al expediente administrativo electrónico.

De acuerdo con el artículo 12.3 del Reglamento (UE) 2016/679, ¿resulta correcto contestar el 10 de octubre la solicitud de acceso recibida el 1 de septiembre?. Sí, porque el responsable dispone de cuarenta y cinco días desde la recepción. Sí, porque las solicitudes de acceso deben resolverse en dos meses. No, porque debe actuarse en un mes y no concurre ni se ha comunicado una ampliación. No, porque la respuesta debía facilitarse dentro de los diez días siguientes.

Según el artículo 31.2 de la Ley 39/2015, ¿qué efecto tendrá el escrito presentado electrónicamente el sábado 12 de septiembre?. Se tendrá por presentado el martes 15, después del vencimiento del plazo. Se entenderá presentado en la primera hora del lunes 14 y estará dentro de plazo. Se tendrá por presentado el sábado 12, pero el plazo comenzará a correr el lunes. Carecerá de efectos hasta que la oficina de registro lo valide manualmente.

Conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, ¿cuál es el plazo para recurrir la resolución expresa notificada el 25 de agosto?. Un mes contado desde la propia fecha de notificación. Dos meses contados desde la fecha en que se dictó la resolución. Tres meses contados desde el día siguiente al de la notificación. Dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación.

Según el artículo 29.2 de la Ley 29/1998, ¿qué puede hacer la asociación el 2 de septiembre ante la falta de ejecución del acto firme?. Interponer recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado. Interponer recurso de alzada contra la inactividad material de la Administración. Promover revisión de oficio del acto que le reconoció la ayuda. Esperar tres meses desde la solicitud de ejecución antes de acudir a la jurisdicción.

Conforme al artículo 32.1 de la Ley 39/2015, ¿qué ampliación máxima puede concederse sobre el plazo inicial de diez días?. Tres días, salvo autorización del órgano superior. Siete días, porque la solicitud se formuló antes del vencimiento. Cinco días, al no poder exceder la ampliación de la mitad del plazo. Diez días, si no se perjudican derechos de terceros.

Según el artículo 56.2 de la Ley 39/2015, ¿qué ocurre con la medida provisional adoptada el 20 de agosto?. Se mantiene durante un mes por haberse adoptado por razones de urgencia. Queda sin efecto al no haberse iniciado el procedimiento dentro de quince días. Se convierte automáticamente en una medida definitiva el 5 de septiembre. Debe mantenerse hasta que desaparezca la situación que motivó su adopción.

De acuerdo con el artículo 106.2 de la Ley 9/2017, ¿cuál es la garantía provisional máxima del contrato?. 8.000 euros. 10.000 euros. 16.000 euros. 12.000 euros.

Conforme al artículo 18.1 del Real Decreto 364/1995, ¿presentó Hugo su solicitud dentro de plazo?. Sí, porque el plazo finalizaba el 22 de septiembre. Sí, porque los veinte días se computan como hábiles. No, porque el plazo de veinte días naturales terminó el 21 de septiembre. No, porque las solicitudes debían presentarse dentro de los quince días siguientes.

Según el artículo 20.1 del Real Decreto 364/1995, ¿resulta correcta la fecha prevista para aprobar la lista provisional?. No, porque debe aprobarse en el plazo máximo de un mes desde que termine el plazo de solicitudes. Sí, porque el órgano convocante dispone de cuarenta y cinco días naturales. Sí, si la resolución se publica en el BOE dentro de los diez días siguientes. No, porque la lista debe aprobarse dentro de los veinte días hábiles posteriores.

Conforme al artículo 8 del Real Decreto 2271/2004, ¿cómo debe resolverse la adaptación solicitada por la aspirante?. Debe denegarse porque la adaptación de tiempo solo procede con discapacidad igual o superior al 65 %. Debe concederse automáticamente al haber acreditado una discapacidad superior al 33 %. Puede examinarse después del ejercicio si se acredita que no pudo completarlo. Debe valorarse y otorgarse la adaptación necesaria al existir relación directa con la prueba.

Según el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995, ¿qué plazo de toma de posesión corresponde a la funcionaria destinada por concurso?. Tres días hábiles desde la publicación de la resolución. Un mes desde el día siguiente al cese, por implicar cambio de residencia. Ocho días hábiles desde la notificación del nuevo destino. Un mes desde la publicación, aunque todavía no se haya producido el cese.

Conforme al artículo 64.3 del Real Decreto 364/1995, ¿puede prorrogarse la comisión de servicios?. No, porque una comisión voluntaria finaliza necesariamente al cumplirse seis meses. Sí, por periodos sucesivos mientras continúe vacante el puesto. Sí, por otro año si el puesto no ha sido cubierto definitivamente. No, salvo que la comisión pase a tener carácter forzoso.

Conforme al artículo 107.1 de la Ley 9/2017, ¿qué garantía definitiva ordinaria corresponde al contrato cuyo precio final ofertado es de 180.000 euros sin IVA?. 9.000 euros. 5.400 euros. 7.200 euros. 10.800 euros.

Conforme al artículo 29.2 de la Ley 38/2003, ¿puede el beneficiario subcontratar 60.000 euros de la actividad subvencionada?. Sí, porque las bases no han establecido un límite porcentual. Sí, si comunica la subcontratación después de ejecutar la actividad. No, porque la subcontratación está limitada en todo caso al 20 %. No, porque, al guardar silencio las bases, el máximo es el 50 % de la actividad.

Según el artículo 58 de la Ley 47/2003, ¿puede incorporarse el remanente del crédito extraordinario?. No, porque los créditos extraordinarios se anulan al finalizar el ejercicio. Sí, porque fue concedido por ley en el último mes del ejercicio anterior. Sí, siempre que se destine a cualquier obligación del nuevo ejercicio. No, salvo que el crédito hubiera sido declarado ampliable.

Conforme al artículo 50.1 de la Ley 47/2003, ¿puede financiarse la campaña publicitaria con el Fondo de Contingencia?. Sí, porque se trata de una necesidad no presupuestada al aprobarse las cuentas. Sí, si el Consejo de Ministros considera conveniente la campaña. No, porque el Fondo no puede financiar decisiones discrecionales sin cobertura. No, porque el Fondo solo puede destinarse a operaciones financieras.

Según el artículo 73.7 de la Ley 47/2003, ¿pueden acumularse las fases de aprobación, compromiso y reconocimiento?. Sí, cuando la naturaleza de la operación o del gasto lo determine. No, porque cada fase exige necesariamente un acto administrativo separado. Sí, pero solo respecto de gastos de cuantía inferior a 15.000 euros. No, salvo que se utilice el procedimiento de pago a justificar.

SUPUESTO II El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales tramita varios expedientes durante septiembre de 2026. Se inicia de oficio un procedimiento sancionador contra Producciones Litoral, S. L., persona jurídica obligada a relacionarse electrónicamente. La Administración no dispone de ningún dato electrónico de contacto para practicar el aviso de puesta a disposición. Al mismo tiempo, doña Sofía Martín, persona física no obligada y que no ha elegido la notificación electrónica, accede voluntariamente a una notificación disponible en la sede del Instituto. Una asociación presentó el 1 de julio una petición al amparo del derecho de petición. El Instituto acuerda inadmitirla sin motivación y notifica esa decisión después de haber transcurrido cincuenta días hábiles. Durante otro procedimiento se produce una incidencia técnica en la DEHú mientras todavía está abierto el plazo para acceder a una notificación, disponible también en la sede electrónica. Un ciudadano con baja visión solicita el formulario de una ayuda en letra ampliada. La oficina dispone de medios para facilitarlo, pero solo le entrega el modelo ordinario en papel. El Instituto estudia declarar lesivo un acto favorable y anulable dictado tres años antes. También proyecta suscribir con una academia cinematográfica un convenio de cinco años, sin que ninguna norma de rango superior permita esa duración. Una Administración autonómica pretende impugnar una resolución del Instituto. En contratación, el único criterio de adjudicación es el precio; las proposiciones se abrieron el 1 de septiembre, no se tramita ninguna oferta anormalmente baja y la adjudicación se realiza el día 20. Otra resolución retira una autorización administrativa, limitando derechos de la empresa, pero no contiene motivación. En materia de personal, Clara ha desempeñado definitivamente un puesto de nivel 18 durante dos años continuados, sin grado previamente reconocido y dentro del intervalo de su cuerpo. Un funcionario recibe una comisión de servicios voluntaria que implica cambio de residencia. Una aspirante que superó una convocatoria ordinaria con plazas reservadas para personas con discapacidad solicita alterar mínimamente el orden de elección de destinos; acredita problemas graves de movilidad y dependencia personal. Otro empleado comienza una consultoría privada remunerada el 10 de septiembre y solicita la compatibilidad el día 12. Finalmente, se pretende remover a un funcionario de un puesto obtenido por concurso concediéndole cinco días hábiles para formular alegaciones. Presupuestariamente, un contratista terminó correctamente un servicio el 1 de septiembre de 2022, pero no solicitó por primera vez el reconocimiento de la obligación hasta el 10 de septiembre de 2026, sin actos interruptivos. Una sentencia firme obliga a pagar una deuda procedente de un ejercicio anterior. Las bases de una subvención no prevén pagos anticipados ni su régimen de garantías, aunque el Instituto pretende anticipar los fondos antes de la justificación. En otra subvención de 300.000 euros, las bases permiten subcontratar y el beneficiario desea contratar con un tercero una parte de la actividad por 70.000 euros. Por último, se tramita un contrato menor de servicios con valor estimado de 12.000 euros. yes, sigamos. Pasando!!!.

Conforme al artículo 43.2 del Real Decreto 203/2021, ¿cómo debe practicarse la primera notificación a Producciones Litoral, S. L.?. Mediante publicación en el BOE por desconocerse el dato electrónico de contacto. Exclusivamente en la sede electrónica, aunque no pueda remitirse el aviso. En papel, advirtiendo que las sucesivas se practicarán electrónicamente. En la DEHú, suspendiendo el procedimiento hasta que la empresa acceda.

Según el artículo 42.2 del Real Decreto 203/2021, ¿qué efecto produce el acceso voluntario de Sofía a la sede electrónica?. Produce plenos efectos jurídicos aunque no hubiera elegido la notificación electrónica. Sirve como aviso, pero la notificación deberá repetirse necesariamente en papel. Produce efectos cuando Sofía confirme después su opción por medios electrónicos. Carece de efectos por tratarse de una persona física no obligada.

Conforme al artículo 9 de la Ley Orgánica 4/2001, ¿qué efecto tiene la inadmisión de la petición?. Es válida porque la inadmisión puede notificarse dentro de tres meses. Es válida si posteriormente se informa a la asociación de los recursos disponibles. Es anulable únicamente por carecer de motivación, pero se notificó en plazo. Incumple la motivación y el plazo de cuarenta y cinco días; la petición se entiende admitida.

Conforme al artículo 44.4 del Real Decreto 203/2021, ¿qué puede acordarse por la incidencia en la DEHú?. Reiniciar íntegramente el plazo desde la resolución de la incidencia. Ampliar el plazo aún no vencido y publicar en la sede la incidencia y la ampliación concreta. Suspender todos los procedimientos electrónicos del Instituto durante diez días. Convertir la notificación electrónica en notificación por comparecencia presencial.

Según el artículo 12 del Real Decreto 366/2007, ¿cómo debe atenderse la solicitud del ciudadano con baja visión?. Entregándole el formulario ordinario y permitiendo que lo cumplimente en su domicilio. Remitiéndolo a una asociación especializada para obtener allí el formulario adaptado. Ofreciendo letra ampliada u otro formato alternativo, o personal de apoyo para cumplimentarlo. Sustituyendo la solicitud escrita por una declaración verbal sin registro.

Conforme al artículo 107 de la Ley 39/2015, ¿puede el Instituto anular directamente el acto favorable y anulable?. No; debe declarar su lesividad, previa audiencia, y después impugnarlo ante la jurisdicción. Sí, porque todavía no han transcurrido cuatro años desde que se dictó. Sí, previo dictamen favorable del Consejo de Estado y audiencia del beneficiario. No, porque los actos favorables anulables no pueden revisarse después de dos años.

Según el artículo 49.h de la Ley 40/2015, ¿es válida la duración inicial de cinco años prevista para el convenio?. Sí, porque los convenios pueden durar hasta cinco años sin necesidad de prórroga. Sí, si la academia asume todas las obligaciones económicas del convenio. No, porque la duración inicial máxima de cualquier convenio es de dos años. No; el máximo ordinario es de cuatro años, prorrogable por acuerdo unánime hasta otros cuatro.

Conforme al artículo 44.1 de la Ley 29/1998, ¿qué vía puede seguir la Administración autonómica contra la resolución del Instituto?. Debe interponer recurso de alzada antes de acudir a la jurisdicción. Puede formular requerimiento previo o acudir directamente al contencioso, sin recurso administrativo. Debe interponer reposición y esperar un mes antes de demandar. Puede promover arbitraje administrativo antes de recurrir judicialmente.

Según el artículo 158 y la disposición adicional duodécima de la Ley 9/2017, ¿se adjudicó el contrato dentro de plazo?. Sí, porque el plazo es de veinte días hábiles desde la apertura. Sí, porque el 20 de septiembre es el decimoquinto día hábil. No, porque el plazo era de quince días naturales desde el siguiente a la apertura. No, porque la adjudicación debía realizarse dentro de diez días naturales.

Conforme al artículo 35.1 de la Ley 39/2015, ¿es válida la resolución que retira la autorización sin expresar sus razones?. No, porque los actos que limitan derechos o intereses legítimos deben motivarse. Sí, porque basta con que la competencia del órgano conste en el expediente. Sí, si la motivación se incorpora cuando se resuelva el recurso administrativo. No, salvo que la autorización se hubiera otorgado por silencio administrativo.

Según el artículo 70.2 del Real Decreto 364/1995, ¿qué consecuencia produce el servicio prestado por Clara?. Consolida un grado dos niveles inferior al puesto desempeñado. Necesita completar tres años continuados para consolidar el nivel 18. No puede consolidar grado hasta obtener un segundo destino definitivo. Adquiere el grado personal 18 por desempeñarlo durante dos años continuados.

Conforme al artículo 64.4 del Real Decreto 364/1995, ¿qué plazo corresponde para incorporarse a la comisión voluntaria con cambio de residencia?. Tres días hábiles. Ocho días hábiles. Quince días naturales. Un mes.

Conforme al artículo 9 del Real Decreto 2271/2004, ¿cómo debe actuar el órgano convocante respecto de la alteración del orden de destinos?. Denegarla porque el orden de prelación no admite ninguna modificación. Conceder a la aspirante libertad para elegir cualquier destino disponible. Acordar la mínima alteración necesaria si considera acreditados los motivos invocados. Reservar automáticamente el primer destino de la relación a la aspirante.

Según el artículo 14 de la Ley 53/1984, ¿puede el empleado comenzar la consultoría antes de obtener resolución sobre la compatibilidad?. No, porque la actividad privada requiere reconocimiento previo de compatibilidad. Sí, si solicita la compatibilidad dentro de los diez días siguientes al inicio. Sí, mientras la actividad privada no coincida con su horario administrativo. No, salvo que renuncie temporalmente a sus retribuciones complementarias.

Conforme al artículo 50.2 del Real Decreto 364/1995, ¿es suficiente el plazo de cinco días concedido antes de la remoción?. Sí, si la propuesta de remoción contiene los hechos esenciales. Sí, porque el plazo ordinario de audiencia es de cinco a diez días. No, porque deben concederse quince días naturales. No, porque el interesado dispone de diez días hábiles para alegar y aportar documentos.

Conforme al artículo 25 de la Ley 47/2003, ¿ha prescrito el derecho del contratista al reconocimiento de la obligación?. No, porque las obligaciones contractuales prescriben a los cinco años. Sí, porque transcurrieron más de cuatro años desde que terminó el servicio. No, porque el plazo empieza cuando la Administración recibe la primera solicitud. Sí, porque el derecho prescribe a los tres años desde la factura.

Según el artículo 34.2 de la Ley 47/2003, ¿a qué presupuesto debe aplicarse la obligación derivada de la sentencia firme?. Al presupuesto del ejercicio en que nació materialmente la deuda. A un crédito extraordinario abierto en el ejercicio ya cerrado. Al presupuesto vigente cuando se expida la orden de pago. Al Fondo de Contingencia, con independencia de la existencia de crédito.

Conforme al artículo 34.4 de la Ley 38/2003, ¿puede realizarse el pago anticipado previsto por el Instituto?. Sí, porque el pago anticipado es la regla en las subvenciones públicas. Sí, siempre que el beneficiario justifique la actividad dentro del ejercicio. No, salvo que el importe anticipado sea inferior al 20 % de la subvención. No, porque la posibilidad y el régimen de garantías deben estar previstos expresamente.

Conforme al artículo 29.3 de la Ley 38/2003, ¿qué requisitos adicionales exige la subcontratación de 70.000 euros?. Contrato escrito y autorización previa del órgano concedente. Comunicación posterior y autorización de la Intervención Delegada. Tres ofertas y autorización posterior del órgano concedente. Escritura pública e informe previo del Tribunal de Cuentas.

Según el artículo 151 de la Ley 47/2003, ¿está sometido a fiscalización previa el contrato menor de servicios de 12.000 euros?. Sí, porque todo contrato financiado con créditos públicos está sometido a fiscalización previa. No, porque los contratos menores están exceptuados de fiscalización previa. Sí, porque la excepción solo comprende contratos menores de suministro. No, pero únicamente si se tramita mediante anticipo de caja fija.