Mis supuestos II

a Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Zaragoza gestiona durante septiembre de 2026 varios expedientes de subvenciones para formación profesional. La mercantil Soluciones Ebro, S. L., obligada a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, presentó presencialmente una solicitud el 3 de septiembre. Tras recibir el requerimiento correspondiente, la presentó electrónicamente el 7 de septiembre. La norma reguladora del procedimiento no establece plazo máximo para resolver. Dentro de otro expediente, el instructor rechaza sin motivación una prueba pericial propuesta por la empresa y dicta posteriormente un acto que la excluye de la continuación del procedimiento. Ese acto no pone fin a la vía administrativa. La representante de la empresa recusa al instructor; este niega al día siguiente la causa alegada. En la oficina de atención, Carmen, usuaria de audífono, solicita ser atendida en un mostrador que carece de bucle de inducción magnética. Otro ciudadano remite por correo electrónico una queja que no lleva firma electrónica. Además, la unidad pretende eliminar documentos electrónicos archivados sin disponer de la autorización exigida. En materia de personal, Diego fue nombrado funcionario interino para sustituir transitoriamente a una funcionaria con reserva de puesto, que se reincorpora el 30 de septiembre. Irene solicita prestar servicios mediante teletrabajo sin resolución previa. Samuel accede a una Asamblea Legislativa autonómica y percibirá retribuciones periódicas. Luisa pretende asesorar privadamente a una empresa en un asunto en el que interviene por razón de su puesto público. Ana, funcionaria de 66 años, solicita permanecer en servicio activo hasta los 71. La Dirección Provincial carece de crédito adecuado para adquirir mobiliario, pero pretende comprometer el gasto. También estudia generar crédito con los ingresos obtenidos por la venta de bienes; constituir un anticipo de caja fija de 24.000 euros, cuando los créditos del capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios ascienden a 300.000 euros; y librar fondos a justificar porque no puede aportarse la documentación justificativa al reconocer la obligación. Finalmente, se tramita un contrato de servicios cuyas prestaciones de digitalización y custodia pueden ejecutarse separadamente, aunque el órgano de contratación pretende no dividirlo en lotes sin motivarlo. En otro contrato de obras, la certificación fue aprobada el 3 de septiembre y la factura se presentó correctamente dentro del plazo legal. Vamos a ello. Pasando...

Conforme al artículo 68.4 de la Ley 39/2015, ¿qué fecha se considera de presentación de la solicitud de Soluciones Ebro, S. L.?. El 3 de septiembre, por ser la fecha de presentación presencial. El 7 de septiembre, por ser la fecha de subsanación electrónica. El día en que se notificó el requerimiento de subsanación. El 3 de septiembre, si la documentación presencial fue digitalizada.

Conforme al artículo 46 de la Ley 47/2003, ¿puede la Dirección Provincial comprometer el gasto de mobiliario sin crédito adecuado?. Puede comprometerlo si el pago se aplaza al ejercicio siguiente. Puede hacerlo con la conformidad previa de la Intervención Delegada. No puede hacerlo y el acto que incumpla la limitación será nulo de pleno derecho. No puede hacerlo, aunque el acto sería anulable y susceptible de convalidación.

Según el artículo 8 del Real Decreto 366/2007, ¿qué medida debe existir en el mostrador utilizado por Carmen?. Un sistema de telefonía de texto, sin necesidad de señalización específica. Un bucle de inducción magnética debidamente señalizado. Un amplificador acústico portátil cuando lo solicite la persona interesada. Un sistema de videotelefonía y lectura labial en cada puesto.

Conforme al artículo 15 del Real Decreto 951/2005, ¿cumple los requisitos la queja remitida por correo electrónico?. Sí, porque las quejas no requieren identificación ni firma. Sí, si en el mensaje figura el nombre completo del ciudadano. No, porque las quejas electrónicas deben estar suscritas con firma electrónica. No, porque las quejas solo pueden presentarse presencialmente o por correo postal.

Conforme al artículo 10.3 del TREBEP, ¿qué consecuencia produce la reincorporación de la funcionaria sustituida por Diego?. Diego permanecerá hasta que se cubra definitivamente la plaza. Diego cesará al finalizar la causa que motivó su nombramiento. Diego continuará como interino durante un máximo de tres años. Diego pasará a ocupar otra vacante del mismo cuerpo.

Según el artículo 47 bis del TREBEP, ¿puede Irene comenzar a teletrabajar sin resolución previa?. Sí, si mantiene al menos dos días semanales de trabajo presencial. Sí, porque el teletrabajo depende de la voluntad de la empleada. No, porque debe ser expresamente autorizado. No, salvo que renuncie temporalmente a su puesto presencial.

Conforme al artículo 53 de la Ley 47/2003, los ingresos procedentes de la venta de bienes podrán dar lugar a: Una transferencia de crédito. Una generación de crédito. Una ampliación automática de crédito. Una incorporación de remanentes.

El instructor niega la causa de recusación. Conforme al artículo 24 de la Ley 40/2015, ¿en qué plazo debe resolver su superior?. En dos días desde que el recusado niegue la causa. En tres días, previos los informes y comprobaciones oportunos. En cinco días hábiles desde la presentación de la recusación. En diez días, tras conceder audiencia a todos los interesados.

Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, ¿cuándo terminará el deber de confidencialidad respecto de los datos tratados por una empleada?. Cuando cambie de unidad administrativa. Cuando finalice su relación con el responsable del tratamiento. Cuando los datos se incorporen al archivo electrónico. Se mantendrá después de finalizar dicha relación.

Conforme al artículo 87 del TREBEP, ¿en qué situación quedará Samuel?. Servicio activo, por tratarse de una institución autonómica. Servicios especiales, porque percibirá retribuciones periódicas. Servicio en otras Administraciones Públicas. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.

Conforme al artículo 77.3 de la Ley 39/2015, ¿fue correcto rechazar sin motivación la prueba pericial?. Sí, porque la admisión de pruebas es discrecional para el instructor. Sí, si el instructor considera que existen documentos suficiente. No, porque el rechazo de una prueba improcedente o innecesaria debe motivarse. No, porque las pruebas propuestas por los interesados deben admitirse en todo caso.

Conforme al artículo 78 de la Ley 47/2003, ¿cuál es la cuantía máxima ordinaria del anticipo de caja fija?. 18.000 euros. 21.000 euros. 24.000 euros. 30.000 euros.

Conforme al artículo 12 de la Ley 53/1984, ¿puede Luisa asesorar privadamente a la empresa?. Sí, con reconocimiento previo de compatibilidad. Sí, si realiza la actividad fuera de su jornada pública. No, porque interviene en ese asunto por razón de su puesto público. No, salvo que el asesoramiento no supere la mitad de su jornada pública.

Según el artículo 17.2 de la Ley 39/2015, ¿puede la unidad eliminar por sí misma los documentos electrónicos archivados?. Sí, una vez transcurridos cinco años desde su incorporación. Sí, cuando exista una copia de seguridad en otro soporte. No, porque la eliminación debe estar autorizada conforme a la normativa aplicable. No, porque los documentos electrónicos deben conservarse indefinidamente.

Puesto que la norma reguladora no fija plazo máximo, ¿cuál será este conforme al artículo 21.3 de la Ley 39/2015?. Dos meses. Tres meses. Seis meses. Un año.

Conforme al artículo 79 de la Ley 47/2003, ¿qué sistema permite librar fondos cuando excepcionalmente no puede aportarse la documentación al reconocer la obligación?. Anticipo de caja fija. Pago a justificar. Pago en firme condicionado. Anticipo de Tesorería.

El acto excluye a la empresa de la continuación y no pone fin a la vía administrativa. Conforme a los artículos 112 y 121 de la Ley 39/2015, ¿qué procede?. Esperar a la resolución final e interponer reposición. Interponer directamente recurso de alzada. Interponer recurso potestativo de reposición. Promover exclusivamente una reclamación de responsabilidad patrimonial.

Conforme al artículo 67.3 del TREBEP, ¿hasta qué edad máxima puede solicitar Ana la prolongación del servicio activo?. Hasta los 68 años. Hasta los 70 años. Hasta los 71 años si lo autoriza motivadamente la Administración. Hasta los 72 años cuando existan necesidades del servicio.

Conforme al artículo 198.4 de la Ley 9/2017, ¿en qué plazo debe abonarse la certificación de obra si la factura se presentó correctamente?. En veinte días desde la presentación de la factura. En treinta días desde la aprobación de la certificación. En treinta días desde la ejecución material de cada unidad. En dos meses desde la aprobación de la certificación.

Conforme al artículo 99.3 de la Ley 9/2017, ¿es correcta la decisión de no dividir el contrato de digitalización y custodia en lotes?. Sí, porque la división en lotes depende libremente del órgano de contratación. Sí, si el contrato se adjudica mediante procedimiento abierto. No, porque las prestaciones separables deben dividirse y la decisión contraria requiere justificación. No, porque todos los contratos de servicios deben dividirse en un mínimo de dos lotes.

SUPUESTO II La Delegación del Gobierno en Galicia tramita distintos asuntos durante septiembre de 2026. Marcos, persona física no obligada a relacionarse electrónicamente, quiere presentar una solicitud electrónica, pero carece de los medios necesarios. Se identifica ante una funcionaria habilitada, presta consentimiento expreso y queda constancia de ello. Otra ciudadana solicita información general sobre los requisitos de unas ayudas y la oficina pretende exigirle que acredite un interés legítimo. Un interesado presenta documentos en papel, que pueden digitalizarse y respecto de los cuales ninguna norma exige conservar los originales. Una asociación formula una petición con defectos y recibe un plazo de diez días para subsanarlos. Asimismo, una interesada en un procedimiento solicita acceder y obtener copia de los documentos del expediente, pero la unidad solo le permite consultarlos presencialmente. La unidad cuenta con 47 funcionarios. A uno de ellos se pretende remover de un puesto obtenido por concurso debido a una evaluación negativa, sin audiencia ni resolución motivada. Una funcionaria permanece suspendida provisionalmente durante siete meses en un expediente disciplinario que no ha sufrido paralización imputable a ella. Otro empleado perdió la condición de funcionario al perder la nacionalidad exigida, pero posteriormente la recuperó y solicita su rehabilitación. La jefatura pretende retribuir especialmente el rendimiento y los resultados obtenidos por una funcionaria. En un procedimiento administrativo se concede un periodo de prueba de siete días. También se pretende convalidar un acto dictado por un órgano incompetente jerárquicamente, siendo el órgano competente su superior. Un visitante sufre lesiones al tropezar con un cable colocado incorrectamente por el servicio de mantenimiento; el daño es efectivo, evaluable e individualizado y no concurre fuerza mayor ni deber jurídico de soportarlo. En contratación, se dividen artificialmente dos servicios idénticos en contratos de 14.900 euros de valor estimado cada uno para evitar el procedimiento que correspondería al contrato conjunto. Además, se proyecta un contrato ordinario de servicios de prestación sucesiva con cuatro años de duración y una prórroga de dos años, sin concurrir ninguna excepción legal. Presupuestariamente se pretende comprometer para el ejercicio siguiente un gasto de 150.000 euros, siendo de 200.000 euros el crédito inicial correspondiente. Se detecta también un pago duplicado de 4.200 euros; una entidad incluye como gasto subvencionable un IVA que puede deducirse; y se tramita un suplemento de crédito para un gasto inaplazable, respecto del cual ya ha dictaminado favorablemente el Consejo de Estado. Finalmente, un informe atribuye a la IGAE el control externo y al Tribunal de Cuentas el control interno. Entendido, sigamos. Voy a pensármelo mejor^^.

Conforme al artículo 12.2 de la Ley 39/2015, ¿cómo puede realizarse válidamente la firma electrónica de Marcos?. Mediante la firma de cualquier empleado público, sin más requisitos. Mediante una funcionaria habilitada, previa identificación y consentimiento expreso del interesado. Mediante la firma de un representante designado verbalmente por la oficina. Mediante un código facilitado por teléfono, sin dejar constancia del consentimiento.

Conforme al artículo 47.2 de la Ley 47/2003, ¿qué importe máximo podrá imputarse ordinariamente al ejercicio siguiente?. 100.000 euros. 120.000 euros. 140.000 euros. 150.000 euros.

Según el artículo 2 del Real Decreto 208/1996, ¿puede exigirse interés legítimo para facilitar la información general solicitada?. Sí, porque se refiere a requisitos de una ayuda pública. Sí, salvo que la consulta se formule electrónicamente. No, porque la información general se facilita sin acreditar legitimación. No, aunque deberá acreditarse la condición de posible beneficiaria.

Conforme al artículo 39.2 del TREBEP, ¿cuántos delegados de personal corresponden a una unidad electoral de 47 funcionarios?. Un delegado. Tres delegados. Cinco delegados. Nueve delegados.

Conforme al artículo 77.2 de la Ley 39/2015, ¿es válido el periodo de prueba de siete días?. Sí, porque no supera el máximo de treinta días. Sí, cuando la prueba se acuerda de oficio. No, porque debe durar entre diez y treinta días. No, porque el periodo de prueba debe ser de quince días exactos.

Según el artículo 77 de la Ley 47/2003, ¿qué consecuencia tiene el pago duplicado de 4.200 euros?. El perceptor puede conservarlo si actuó de buena fe. El perceptor debe restituir el pago indebido. El órgano debe compensarlo con pagos de ejercicios posteriores. La devolución solo procede previa sentencia judicial.

Conforme al artículo 16.5 de la Ley 39/2015, ¿qué debe hacer la oficina con los documentos presentados en papel?. Conservar los originales y entregar copias simples. Digitalizarlos, incorporarlos al expediente electrónico y devolver los originales. Rechazarlos y exigir una nueva presentación electrónica. Remitir los originales al archivo central una vez registrados.

Según el artículo 20.4 del TREBEP, ¿puede removerse al funcionario del puesto obtenido por concurso en las condiciones descritas?. Sí, porque una evaluación negativa permite el cese inmediato. Sí, siempre que la evaluación haya sido realizada por el superior jerárquico. No, porque se requiere audiencia y resolución motivada. No, porque los puestos obtenidos por concurso son inamovibles.

Conforme al artículo 52.3 de la Ley 39/2015, ¿puede convalidarse el acto viciado por incompetencia jerárquica?. No, porque cualquier incompetencia determina nulidad de pleno derecho. Sí, por el órgano competente cuando sea superior jerárquico de quien dictó el acto. Sí, por el mismo órgano que dictó el acto, mediante ratificación. No, salvo autorización previa del Consejo de Ministros.

Conforme al artículo 31.8 de la Ley 38/2003, ¿puede incluirse como gasto subvencionable el IVA deducible?. Sí, porque fue abonado efectivamente por la entidad. Sí, si figura separado en la factura. No, porque puede recuperarse o compensarse. No, salvo que represente menos del 10 % del gasto.

Conforme al artículo 53.1.a de la Ley 39/2015, ¿puede limitarse a la interesada a consultar presencialmente el expediente?. Sí, porque el derecho de acceso no incluye la obtención de copias. Sí, salvo que la resolución definitiva ya haya sido dictada. No, porque tiene derecho a acceder y obtener copia de los documentos. No, aunque solo podrá obtener copia de los documentos aportados por ella.

Conforme al artículo 98.3 del TREBEP, ¿es correcta la suspensión provisional durante siete meses?. Sí, porque puede mantenerse hasta que termine el expediente. Sí, si la falta investigada puede ser muy grave. No, porque no puede exceder de seis meses salvo paralización imputable a la interesada. No, porque el límite máximo es de tres meses.

Conforme al artículo 99.2 de la Ley 9/2017, ¿es válido dividir los servicios en dos contratos de 14.900 euros?. Sí, porque cada contrato tiene valor estimado inferior a 15.000 euros. Sí, si se adjudican a empresas distintas. No, porque se fraccionan para eludir el procedimiento aplicable al objeto conjunto. No, porque los contratos de servicios deben tener un valor mínimo de 15.000 euros.

Según el artículo 29.4 de la Ley 9/2017, ¿es admisible la duración prevista de cuatro años más una prórroga de dos?. Sí, porque la duración inicial no supera cinco años. Sí, porque las prórrogas no computan para el límite. No, porque la duración total ordinaria, incluidas las prórrogas, no puede superar cinco años. No, porque los contratos de servicios no pueden durar más de cuatro años.

Según el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 4/2001, ¿qué plazo debió concederse para subsanar la petición?. Diez días. Quince días. Veinte días hábiles. Un mes.

Conforme al artículo 68.1 del TREBEP, recuperada la nacionalidad, ¿qué régimen tendrá la rehabilitación solicitada?. Podrá concederse excepcionalmente según la entidad de la pérdida. Será concedida una vez desaparecida la causa objetiva. Exigirá superar nuevamente el proceso selectivo. Solo podrá solicitarse dentro del año siguiente a recuperar la nacionalidad.

Conforme al artículo 60 de la Ley 47/2003, ¿qué figura puede utilizarse en relación con el gasto inaplazable?. Un anticipo de caja fija hasta el 7 % de los créditos del capítulo 2. Un anticipo de Tesorería, al haberse iniciado el suplemento y existir dictamen favorable del Consejo de Estado. Un pago a justificar hasta que las Cortes aprueben el suplemento. Una generación de crédito financiada con el Fondo de Contingencia.

Según el artículo 24.c del TREBEP, ¿qué concepto puede valorar el rendimiento y los resultados de la funcionaria?. Una retribución básica vinculada al grupo de clasificación. Una retribución complementaria vinculada al interés, iniciativa, esfuerzo y resultados. Una gratificación fija incorporada a cada mensualidad. Una indemnización por razón del servicios.

Conforme al artículo 32.1 de la Ley 40/2015, ¿puede el visitante exigir responsabilidad patrimonial por sus lesiones?. No, porque el accidente tuvo lugar dentro de un edificio administrativo. Sí, al existir daño efectivo, individualizado y causalmente relacionado con el servicio. Sí, aunque concurriera fuerza mayor o tuviera el deber jurídico de soportarlo. No, porque solo son indemnizables los daños causados por actos administrativos.

Conforme al artículo 140 de la Ley 47/2003, ¿es correcto atribuir el control externo a la IGAE(Intervención General de la Administración del Estado) y el interno al Tribunal de Cuentas?. Sí, porque la IGAE depende del Ministerio competente en materia de Hacienda. Sí, cuando se controlan órganos de la Administración General del Estado. No; el control interno corresponde a la IGAE y el externo al Tribunal de Cuentas. No; ambos controles corresponden al Tribunal de Cuentas.