Mis supuestos IV

SUPUESTO I La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, O. A. —en adelante, AESAN— tramita durante septiembre de 2026 diferentes actuaciones relacionadas con el control oficial de alimentos y la gestión de sus servicios. En un procedimiento de inspección seguido contra Alimentos del Norte, S. L., se necesita una autorización sanitaria expedida por una comunidad autónoma. La empresa manifiesta expresamente su oposición a que la AESAN consulte electrónicamente ese documento y solicita que sea la propia Administración quien lo aporte. El 1 de septiembre, don Daniel Ríos solicita una copia auténtica de una resolución administrativa emitida por la AESAN. El órgano se propone expedirla veinte días hábiles después de recibir la solicitud. Daniel había ejercido ya el derecho de acceso a sus datos personales el 10 de junio de 2026 y vuelve a presentar una solicitud idéntica el 20 de septiembre, sin alegar ninguna causa nueva ni haberse producido cambios en el tratamiento. La unidad de archivo proyecta conservar exclusivamente en papel determinados documentos utilizados en actuaciones administrativas, aunque no existe imposibilidad técnica para almacenarlos electrónicamente. Por otro lado, una ciudadana española temporalmente residente en Ottawa presenta una solicitud dirigida a la AESAN en la oficina consular española. En un procedimiento sancionador se acuerda la tramitación de urgencia. El plazo ordinario de alegaciones era de diez días. La sanción propuesta es exclusivamente pecuniaria; el acuerdo de iniciación contempla una reducción del 20 % por reconocimiento de responsabilidad y otra del 20 % por pago voluntario. La empresa reconoce los hechos, paga antes de la resolución y renuncia a recurrir en vía administrativa. El director de la Agencia pretende delegar en la subdirectora que dictó una resolución la competencia para resolver el recurso interpuesto contra esa misma resolución. También se reúne a distancia un órgano colegiado: participan el presidente, el secretario y cuatro de sus seis miembros; el sistema garantiza su identidad, la interactividad en tiempo real y la constancia de sus manifestaciones. Tras una contaminación alimentaria grave se acuerda una contratación de emergencia, pero la ejecución de las prestaciones comienza cuarenta días después del acuerdo. En materia de personal, un empleado eventual cesado pretende que sus tres años de servicios sean valorados como mérito en un proceso de promoción interna. Una convocatoria establece reglamentariamente una edad máxima de treinta y cinco años, sin que exista una ley que autorice ese límite. El tribunal incluye a una funcionaria que preparó aspirantes para el mismo cuerpo cuatro años antes de publicarse la convocatoria. Además, una toma de posesión formalizada el 8 de septiembre se comunica al Registro Central de Personal el día 15. Una trabajadora del grupo profesional M1, sometida al IV Convenio Único, firma un periodo de prueba de un mes, aunque había desempeñado anteriormente las mismas funciones en la AESAN mediante un contrato temporal. Presupuestariamente se pretende transferir crédito desde la sección de un ministerio a la de otro sin que concurra reorganización, convenio interdepartamental ni otra excepción legal. La Agencia obtiene ingresos superiores a los presupuestados por servicios de laboratorio y desea incrementar los créditos destinados a prestar esos mismos servicios. Un juzgado embarga un derecho de cobro de una empresa frente a la Administración y remite la diligencia únicamente a la unidad que propuso el pago. Finalmente, una funcionaria realiza una comisión nacional entre las 13:00 y las 18:00 horas, y se analiza la prescripción de un reintegro de subvención cuyo plazo de justificación venció el 1 de octubre de 2022, sin que haya existido ninguna actuación interruptiva antes del 2 de octubre de 2026. Ok, sigamos. Paso.

Conforme al artículo 28.2 de la Ley 39/2015, ¿debe respetarse la oposición de Alimentos del Norte, S. L. a la consulta de la autorización sanitaria?. Sí, porque la oposición del interesado impide cualquier consulta entre Administraciones. Sí, salvo que la autorización hubiera sido expedida por la propia AESAN. No, porque no cabe oposición cuando el documento se exige en el ejercicio de potestades de inspección. No, porque las personas jurídicas carecen del derecho a oponerse al intercambio de documentos.

Según el artículo 27.4 de la Ley 39/2015, ¿es correcto expedir la copia solicitada por Daniel veinte días hábiles después?. Sí, porque las copias auténticas deben expedirse en el plazo máximo de un mes. No, porque el plazo ordinario máximo es de quince días desde la recepción de la solicitud. Sí, cuando el documento solicitado ya se encuentre incorporado a un archivo electrónico. No, porque las copias auténticas deben entregarse dentro de los diez días siguientes.

Conforme al artículo 13.3 de la Ley Orgánica 3/2018, ¿cómo puede calificarse la segunda solicitud de acceso de Daniel?. Debe atenderse de nuevo porque han transcurrido más de tres meses. Debe inadmitirse porque solo puede ejercerse el acceso una vez al año. Puede exigirse una tasa, pero no considerarse repetitiva. Puede considerarse repetitiva al ejercerse nuevamente dentro de seis meses sin causa legítima.

Según el artículo 46.1 de la Ley 40/2015, ¿resulta correcto conservar exclusivamente en papel los documentos indicados?. No, porque deben almacenarse electrónicamente salvo que no sea posible. Sí, cuando el documento se haya generado inicialmente en soporte papel. No, porque el papel debe destruirse el mismo día de su digitalización. Sí, si la unidad conserva un inventario electrónico de las cajas archivadas.

Conforme al artículo 16.4 de la Ley 39/2015, ¿es válida la presentación realizada en la oficina consular española de Ottawa?. No, porque las oficinas consulares no tienen la consideración de registros administrativos. Sí, pero únicamente si la AESAN autoriza previamente la presentación en el extranjero. Sí, porque puede presentarse en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España. No, porque debe remitirse exclusivamente al Registro Electrónico General de la AGE.

Conforme al artículo 33.1 de la Ley 39/2015, ¿qué plazo de alegaciones resultará de la tramitación de urgencia?. Tres días, por redondearse a la baja la mitad del plazo. Cinco días, al reducirse a la mitad el plazo ordinario de diez. Diez días, porque las alegaciones quedan exceptuadas de la reducción. Quince días, al exigirse audiencia reforzada en procedimientos sancionadores.

Según el artículo 85.3 de la Ley 39/2015, ¿qué régimen corresponde a las reducciones previstas en el acuerdo de iniciación?. Debe aplicarse una única reducción del 20 %, a elección de la empresa. Las reducciones pueden acumularse, pero su suma no puede superar el 30 %. Solo procede la reducción por pago porque el reconocimiento no termina el procedimiento. Deben aplicarse ambas reducciones, de al menos el 20 % cada una, al cumplirse sus condiciones.

Conforme al artículo 9.2 de la Ley 40/2015, ¿puede delegarse en la subdirectora la resolución del recurso contra el acto que ella misma dictó?. No, porque no puede delegarse la resolución de recursos en el órgano que dictó el acto recurrido. Sí, si la delegación se publica previamente en el Boletín Oficial del Estado. Sí, porque la delegación no altera la titularidad de la competencia. No, salvo que el recurrente preste su consentimiento expreso.

Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, ¿puede celebrarse válidamente la sesión a distancia?. No, porque los órganos colegiados estatales deben reunirse presencialmente. No, porque deben asistir físicamente al menos el presidente y el secretario. Sí, porque concurren presidente, secretario, quórum suficiente y garantías de comunicación. Sí, pero los acuerdos deberán ratificarse en una sesión presencial posterior.

Conforme al artículo 120.1 de la Ley 9/2017, ¿puede mantenerse la contratación de emergencia si la ejecución comienza cuarenta días después del acuerdo?. Sí, porque las actuaciones de emergencia pueden comenzar dentro de dos meses. No, porque, excedido un mes, las prestaciones requieren un procedimiento ordinario. Sí, si el órgano de contratación justifica la gravedad de la contaminación. No, porque la ejecución debía comenzar dentro de diez días hábiles.

Según el artículo 12.4 del TREBEP, ¿pueden valorarse los servicios como personal eventual para la promoción interna?. Sí, porque superan los dos años de antigüedad exigidos. Sí, cuando las funciones desempeñadas fueran materialmente administrativas. No para el acceso libre, pero sí para la promoción interna. No, porque la condición de eventual no constituye mérito para ninguno de los dos procesos.

Conforme al artículo 56.1 del TREBEP, ¿puede una convocatoria reglamentaria fijar por sí misma la edad máxima de treinta y cinco años?. No, porque una edad máxima distinta de la jubilación forzosa solo puede establecerse por ley. Sí, si las funciones del cuerpo requieren una determinada capacidad física. Sí, siempre que el límite se incluya expresamente en las base. No, porque el acceso al empleo público carece de cualquier edad máxima.

Conforme al artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, ¿puede formar parte del tribunal la funcionaria indicada?. Sí, porque la incompatibilidad solo alcanza a quienes prepararon aspirantes el último año. Sí, si no preparó específicamente a ninguno de los candidatos admitidos. No, porque realizó tareas de preparación dentro de los cinco años anteriores. No, salvo que sea designada únicamente como asesora especialista.

Según el artículo 37 del Real Decreto 364/1995, ¿se comunicó en plazo la toma de posesión al Registro Central de Personal?. Sí, porque existe un plazo de diez días hábiles desde su formalización. No, porque debe comunicarse dentro de los tres días hábiles siguientes. Sí, si la comunicación se realiza antes de cerrar la nómina del mes. No, porque la comunicación debe practicarse el mismo día de la toma de posesión.

Conforme al artículo 32.4 del IV Convenio Único, ¿es válido el periodo de prueba pactado con la trabajadora?. Sí, porque para el grupo M1 la duración ordinaria es de un mes. Sí, al haberse pactado expresamente por escrito en el contrato. No, porque para todos los grupos profesionales el periodo es de tres meses. No, porque ya había desempeñado anteriormente las mismas funciones dentro del convenio.

Conforme al artículo 52 de la Ley 47/2003, ¿puede efectuarse la transferencia entre las dos secciones presupuestarias?. No, porque las transferencias entre distintas secciones están restringidas y no concurre una excepción. Sí, si ambos créditos pertenecen al mismo capítulo económico. Sí, mediante autorización conjunta de los dos ministros afectados. No, salvo que el crédito de destino hubiera sido suplementado.

Según el artículo 53 de la Ley 47/2003, ¿qué modificación puede financiarse con los mayores ingresos por servicios de laboratorio?. Una ampliación automática de cualquier crédito del capítulo 2. Una transferencia desde el presupuesto de ingresos al de gastos. Una generación de crédito vinculada a gastos de la misma naturaleza que el servicio prestado. Una incorporación de crédito procedente del ejercicio anterior.

Conforme al artículo 76 de la Ley 47/2003, ¿a qué órgano debe comunicarse necesariamente la diligencia de embargo?. A la Intervención General de la Administración del Estado. A la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Al órgano de contratación que reconoció la obligación. Al ministerio del que dependa presupuestariamente la AESAN.

Según el artículo 12.1 del Real Decreto 462/2002, ¿qué manutención corresponde por la comisión de 13:00 a 18:00 horas?. La dieta completa de manutención por superar cuatro horas. Ninguna, porque no existe pernocta fuera de la residencia oficial. El 25 % de la dieta por abarcar parcialmente la hora de comida. El 50 % de la dieta de manutención por durar al menos cinco horas y abarcar de antes de las 14:00 a después de las 16:00.

Conforme al artículo 39 de la Ley 38/2003, ¿puede iniciarse el 2 de octubre de 2026 el procedimiento para liquidar el reintegro?. No, porque han transcurrido cuatro años desde el vencimiento de la justificación sin interrupción. Sí, porque el reintegro prescribe a los cinco años desde el pago de la subvención. Sí, porque la prescripción comienza cuando la Administración detecta el incumplimiento. No, porque la Administración solo dispone de tres años desde la concesión.

SUPUESTO II La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O. A., tramita diversos expedientes administrativos durante septiembre de 2026. Doña Lucía Ferrer, persona física no obligada a utilizar medios electrónicos, había elegido inicialmente las comunicaciones en papel, pero el 7 de septiembre solicita continuar electrónicamente. En otro procedimiento se pone correctamente una notificación a disposición del interesado en la sede electrónica, pero, por un error técnico, no se envía el aviso informativo a su correo electrónico. El 1 de septiembre Lucía solicita una copia auténtica de una resolución pública emitida por la Confederación. La unidad pretende expedirla el día 25. También se recibe el 1 de septiembre una solicitud de acceso a información pública especialmente voluminosa y compleja. El 20 de septiembre se comunica al solicitante una ampliación de un mes y se prevé resolver el 20 de octubre. Tras rectificar datos personales erróneos, la unidad propone borrarlos definitivamente, pese a que todavía podrían derivarse responsabilidades administrativas del tratamiento. En un procedimiento iniciado a solicitud de una empresa se produce silencio estimatorio. Dos meses después, la Confederación dicta una resolución expresa denegatoria. Otro expediente, también iniciado a solicitud de un interesado, queda paralizado por no aportar este un documento imprescindible. El 1 de junio se le advierte formalmente de que, si no actúa en tres meses, se producirá la caducidad; llegado el 2 de septiembre no ha realizado ninguna actuación. La Confederación encomienda a otro organismo público tareas técnicas de medición de caudales, pero este pretende dictar la resolución jurídica final. Un órgano colegiado celebra una sesión por videoconferencia con presidente, secretario y la mitad de sus miembros, garantizando identidad e interactividad. En contratación se formaliza, diez días hábiles después de remitirse la adjudicación, un contrato susceptible de recurso especial. Para ejecutar un programa temporal se nombra a una funcionaria interina durante cuatro años mediante una simple resolución administrativa; ninguna ley de función pública ha ampliado su duración. Un funcionario con un año de servicios solicita excedencia por agrupación familiar porque su cónyuge, personal laboral fijo, ocupa definitivamente un puesto en otra localidad. Otro funcionario recibe una sanción firme de suspensión de funciones durante ocho meses. Una técnica pretende asesorar privadamente a empresas cuyos vertidos son inspeccionados por su propia unidad. A otro empleado se le reconoce compatibilidad para un segundo puesto público, pero la resolución todavía no ha sido inscrita en el correspondiente Registro de Personal y la segunda entidad pretende abonarle ya la primera nómina. En materia presupuestaria, existe un saldo de crédito de 40.000 euros y se pretende comprometer un gasto de 50.000 sin tramitar modificación presupuestaria. Al finalizar el ejercicio quedan 22.000 euros no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas y no concurre ningún supuesto de incorporación. Una entidad beneficiaria pretende adquirir, después de recibir la subvención, equipos por 18.500 euros, IVA excluido. Existen numerosos proveedores, pero solo solicita una oferta. Otra entidad ha ejecutado y justificado correctamente el 92 % del proyecto; las bases contienen criterios proporcionales de graduación y se acredita una actuación inequívocamente dirigida al cumplimiento total. Por último, se ordena una comisión nacional cuya duración prevista desde el principio es de cuarenta y cinco días. Continuemos. Qué pereza.

Conforme al artículo 14.1 de la Ley 39/2015, ¿puede Lucía cambiar del papel a los medios electrónicos?. No, porque el medio elegido al iniciar el procedimiento resulta vinculante hasta su terminación. Sí, porque una persona física no obligada puede modificar en cualquier momento el medio elegido. Sí, pero el cambio solo producirá efectos en procedimientos futuros. No, salvo que acredite que dispone de certificado electrónico cualificado.

Según el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, ¿qué efecto tiene la falta del aviso al correo electrónico?. Anula la notificación y obliga a repetir la puesta a disposición. Suspende el plazo de acceso hasta que se remita correctamente el aviso. Convierte la notificación electrónica en una notificación defectuosa subsanable. No impide la validez de la notificación correctamente puesta a disposición.

Conforme al artículo 27.4 de la Ley 39/2015, ¿qué plazo máximo ordinario tiene la Confederación para expedir la copia auténtica?. Quince días desde la recepción de la solicitud en el registro competente. Veinte días hábiles desde la identificación del expediente. Un mes desde la solicitud de la interesada. Diez días desde que se localice el documento original.

Según el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, ¿es correcta la ampliación acordada para resolver la solicitud de información?. No, porque las solicitudes de información no admiten ampliación del plazo. No, porque la ampliación solo puede ser de quince días hábiles. Sí, porque la complejidad y el volumen permiten otro mes y se notificó previamente. Sí, porque el plazo ordinario para estas solicitudes es directamente de dos meses.

Conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica 3/2018, ¿qué debe hacerse con los datos rectificados mientras puedan exigirse responsabilidades?. Destruirlos de inmediato una vez incorporado el dato correcto. Bloquearlos, limitando su tratamiento a la exigencia de responsabilidades. Mantenerlos disponibles para cualquier finalidad administrativa compatible. Transferirlos al archivo histórico hasta que prescriban las responsabilidades.

Conforme al artículo 24.3 de la Ley 39/2015, ¿puede la Confederación dictar una resolución denegatoria después del silencio estimatorio?. Sí, porque la Administración conserva íntegramente su potestad de resolver. Sí, si motiva que la estimación presunta perjudica al interés público. No, salvo que antes declare la lesividad del acto presunto. No, porque la resolución posterior solo puede confirmar la estimación producida.

Según el artículo 95.1 de la Ley 39/2015, ¿qué debe acordarse el 2 de septiembre respecto del procedimiento paralizado?. La caducidad y el archivo, al haber transcurrido tres meses desde la advertencia sin realizarse el trámite indispensable. El desistimiento tácito, concediendo posteriormente diez días para recurrir. La continuación de oficio, porque la inactividad del interesado no produce efectos. La ampliación automática del requerimiento por otro periodo de tres meses.

Conforme al artículo 11.2 de la Ley 40/2015, ¿puede el organismo encomendado dictar la resolución jurídica final?. Sí, porque la encomienda desplaza temporalmente el ejercicio completo de la competencia. Sí, si la resolución se limita a aceptar las mediciones técnicas realizadas. No, porque el órgano encomendante conserva los elementos sustantivos y debe dictar la resolución. No, salvo que la encomienda se formalice mediante convenio y se publique en el BOE.

Conforme al artículo 17 de la Ley 40/2015, ¿está válidamente constituido el órgano colegiado por videoconferencia?. No, porque las sesiones a distancia requieren la asistencia de dos tercios de sus miembros. Sí, porque asisten presidente, secretario y al menos la mitad, con las garantías técnicas exigidas. No, porque presidente y secretario deben encontrarse físicamente en la sede del órgano. Sí, aunque el sistema no permitiera identificar el momento de las manifestaciones.

Según el artículo 153.3 de la Ley 9/2017, ¿es correcta la formalización efectuada diez días hábiles después de la notificación?. Sí, porque el periodo de espera es de diez días hábiles. Sí, si ninguno de los licitadores había anunciado su intención de recurrir. No, porque debe esperarse un mes completo desde la adjudicación. No, porque no pueden formalizarse estos contratos antes de quince días hábiles.

Conforme al artículo 10.1 del TREBEP, ¿es válido el nombramiento interino por cuatro años para ejecutar el programa?. No, porque el máximo es de tres años y solo una ley de función pública puede ampliarlo hasta doce meses. Sí, porque la resolución de nombramiento puede añadir un año por necesidades del programa. Sí, cuando el programa disponga de financiación para todo el periodo. No, porque los programas temporales solo permiten nombramientos de nueve meses.

Según el artículo 89.3 del TREBEP, ¿impide el único año de servicios solicitar la excedencia por agrupación familiar?. Sí, porque se requieren cinco años de servicios inmediatamente anteriores. Sí, salvo que ambos cónyuges sean funcionarios de carrera. No, porque esta excedencia puede concederse sin un periodo previo de servicios efectivos. No, pero solo cuando el puesto del cónyuge tenga carácter temporal.

Conforme al artículo 90.1 del TREBEP, ¿qué efecto produce la suspensión firme de ocho meses?. Conserva el puesto porque la sanción no supera un año. Pierde el puesto de trabajo al exceder la suspensión de seis meses. Pierde la condición de funcionario de carrera. Queda en excedencia forzosa al finalizar la sanción.

Según el artículo 11.1 de la Ley 53/1984, ¿puede autorizarse a la técnica el asesoramiento privado descrito?. Sí, si lo realiza fuera de su jornada en la Confederación. Sí, con autorización previa del órgano competente en incompatibilidades. No, salvo que asesore a empresas situadas fuera del ámbito territorial de su unidad. No, porque las empresas se relacionan directamente con la actividad pública de su unidad.

Conforme al artículo 18 de la Ley 53/1984, ¿puede abonarse ya la nómina del segundo puesto público?. No, porque la inscripción de la resolución de compatibilidad es indispensable para acreditar esos haberes. Sí, porque la resolución produce efectos económicos desde el momento en que se dicta. Sí, si el empleado acredita que las dos jornadas no se solapan. No, hasta que transcurran dos meses desde el reconocimiento de compatibilidad.

Conforme al artículo 46 de la Ley 47/2003, ¿qué validez tiene el compromiso de gasto por 50.000 euros?. Es anulable por exceder el saldo en 10.000 euros. Es válido si se tramita posteriormente una transferencia de crédito. Es nulo de pleno derecho por superar el crédito autorizado. Es válido hasta el límite de 40.000 euros y anulable por el resto.

Según el artículo 49.2 de la Ley 47/2003, ¿qué sucede con los 22.000 euros al terminar el ejercicio?. Se incorporan automáticamente al ejercicio siguiente. Quedan anulados de pleno derecho al no estar afectados a obligaciones reconocidas. Se transfieren al Fondo de Contingencia del presupuesto siguiente. Permanecen retenidos hasta que prescriba la posibilidad de utilizarlos.

Conforme al artículo 31.3 de la Ley 38/2003, ¿era suficiente solicitar una sola oferta para adquirir los equipos?. Sí, porque cualquier beneficiario privado puede elegir libremente a su proveedor. Sí, porque el IVA no se incluye al comprobar el umbral de 15.000 euros. No, porque deben solicitarse cinco ofertas cuando el gasto supera el contrato menor. No, porque, superado el umbral del contrato menor, debía solicitar al menos tres ofertas.

Conforme al artículo 37.2 de la Ley 38/2003, ¿qué consecuencia procede ante la ejecución correcta del 92 % del proyecto?. Un reintegro parcial determinado conforme a los criterios proporcionales de las bases. El reintegro total, porque cualquier incumplimiento impide aplicar proporcionalidad. La conservación íntegra de la subvención por superar el 90 % del proyecto. Una sanción del 8 % sin procedimiento de reintegro.

Según los artículos 5 y 6 del Real Decreto 462/2002, ¿qué consideración debe tener la comisión nacional prevista inicialmente por cuarenta y cinco días?. Comisión ordinaria durante el primer mes y residencia eventual durante los quince días restantes. Comisión ordinaria prorrogada automáticamente por quince días. Residencia eventual desde el comienzo, al preverse una duración superior a un mes. Traslado temporal, porque toda comisión superior a treinta días cambia de naturaleza.