Mis supuestos VI

SUPUESTO I La Agencia Estatal de Seguridad Aérea —AESA— tramita durante octubre de 2026 varios expedientes relacionados con sus servicios centrales. El 2 de octubre, el órgano competente recibe una solicitud de acceso a información pública formulada por Clara Romero. La documentación comprende varios centenares de informes técnicos y el órgano aprecia una complejidad objetiva que hace imposible resolver en un mes. Clara no ha expresado el motivo de su solicitud. En la oficina de atención, una empleada considera innecesaria la formación específica sobre interacción con personas con discapacidad. Ese mismo día, una asociación presenta en el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado un escrito dirigido a la Xunta de Galicia, pero la unidad sostiene que el asiento carece de eficacia fuera de la Administración estatal. Por otra parte, la hermana de un piloto fallecido solicita acceder a sus datos personales; el fallecido no dejó prohibición expresa ni existe prohibición legal. Otro interesado pretende inscribir un poder electrónico con una duración inicial de siete años. AESA tramita también un procedimiento sancionador declarado urgente por razones de interés público. El trámite de audiencia tenía ordinariamente diez días y el plazo para interponer el recurso administrativo procedente es de un mes. En otro expediente, el director delegó una competencia en una comisión interministerial que no depende jerárquicamente de AESA; posteriormente, un subdirector que no es el delegante pretende avocar el asunto. Para un contrato de asistencia técnica se propone designar responsable a una sociedad de ingeniería externa. Uno de sus procedimientos de responsabilidad patrimonial se inició a solicitud del perjudicado el 1 de marzo de 2026 y, el 2 de septiembre, no se había notificado resolución ni formalizado acuerdo. En un convenio arbitral entre AESA y una empresa se pactó que cualquier controversia sería resuelta por dos árbitros. En materia de personal, la Agencia pretende adscribir provisionalmente a un funcionario a otro puesto solo para reducir su tiempo de desplazamiento, sin que haya sido removido, haya cesado, se haya suprimido su puesto ni proceda de una situación sin reserva. Marta, empleada pública con discapacidad, solicita una adaptación ergonómica avalada por un informe técnico, pero la Agencia pretende que la financie ella. Luis accede a un nuevo puesto público incompatible con el anterior y no formula opción dentro del plazo de toma de posesión. Irene, personal laboral fijo sometido al IV Convenio Único, solicita excedencia voluntaria por interés particular cuando acredita diez meses de antigüedad. Además, se pretende imponer movilidad funcional dentro del mismo grupo a otro puesto para el que se exige legalmente una titulación que la trabajadora no posee. Presupuestariamente, se quiere financiar con el Fondo de Contingencia una nueva campaña publicitaria decidida discrecionalmente y no presupuestada. Al cierre del ejercicio queda un crédito no afectado a obligaciones reconocidas. Se han librado fondos a justificar para pagos en el extranjero y se programa una actuación destinada a comprobar la aplicación real de los fondos de una inversión. Finalmente, se pretende anticipar una subvención cuyas bases reguladoras no contemplan pagos anticipados ni régimen de garantías. Vamos!!!. Qué pereza.

Conforme al artículo 20.1 de la Ley 19/2013, ¿hasta cuándo podrá ampliarse el plazo para resolver la solicitud de Clara?. Hasta dos meses desde su presentación, sin comunicación previa. Hasta dos meses desde su recepción por el órgano competente, previa notificación. Hasta tres meses desde su entrada en cualquier registro electrónico. Hasta un mes adicional contado desde que Clara justifique su solicitud.

Según el artículo 14.2 del Real Decreto 366/2007, ¿es correcta la posición de la empleada sobre su formación?. Sí, porque la formación corresponde exclusivamente al personal técnico de accesibilidad. Sí, cuando la empleada no utiliza medios auxiliares durante la atención presencial. No, porque la formación debe atender especialmente al conocimiento, trato e interacción relacionados con las distintas discapacidades. No, pero solo si la oficina recibe más de cincuenta consultas mensuales de personas con discapacidad.

Conforme al artículo 38.2 del Real Decreto 203/2021, ¿qué eficacia tiene la anotación del escrito dirigido a la Xunta?. Es válida exclusivamente ante órganos de la Administración General del Estado. Es válida ante la Xunta si AESA celebra previamente un convenio con ella. Tiene plena eficacia y validez para todas las Administraciones Públicas. Carece de eficacia porque el órgano destinatario no pertenece al sector público estatal.

De acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 3/2018, ¿puede la hermana acceder a los datos del piloto fallecido?. No, porque el derecho de acceso se extingue con el fallecimiento. Sí, por su vinculación familiar y al no existir una prohibición expresa o legal. Sí, pero exclusivamente respecto de los datos de carácter patrimonial. No, salvo que haya sido designada heredera universal en testamento.

Según el artículo 6.6 de la Ley 39/2015, ¿puede inscribirse el poder por una duración inicial de siete años?. Sí, si afecta a todos los trámites realizados ante AESA. Sí, aunque deberá renovarse al concluir el quinto año. No; la validez inicial máxima es de cinco años desde la inscripción. No; la duración máxima es de cuatro años, prorrogables por uno.

Aplicando el artículo 33.1 de la Ley 39/2015 al procedimiento urgente, ¿cómo quedan los dos plazos indicados?. La audiencia queda en cinco días y el recurso mantiene un mes. La audiencia mantiene diez días y el recurso queda en quince días. Ambos plazos se reducen a la mitad. Ambos permanecen inalterados al afectar a derechos del interesado.

Conforme al artículo 10.1 de la Ley 40/2015, ¿puede el subdirector avocar el asunto delegado en la comisión?. Sí, por ser órgano superior de la unidad que ordinariamente tramitaba el asunto. Sí, previa audiencia de la comisión y autorización del director. No; al no existir dependencia jerárquica, solo puede avocarlo el órgano delegante. No, porque las competencias delegadas no pueden ser objeto de avocación.

Según el artículo 62.1 de la Ley 9/2017, ¿puede designarse responsable del contrato a la sociedad de ingeniería externa?. No, porque debe ser personal funcionario del órgano de contratación. Sí, porque puede ser una persona física o jurídica, vinculada o ajena a la entidad contratante. Sí, pero únicamente si la sociedad fue adjudicataria del propio contrato. No, porque las personas jurídicas solo pueden asistir al responsable designado.

Conforme al artículo 91.3 de la Ley 39/2015, ¿qué efecto produce la falta de resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial?. La indemnización se entiende estimada el 1 de septiembre. La reclamación caduca y debe iniciarse nuevamente. Puede entenderse desestimada por silencio al haber transcurrido seis meses. Continúa pendiente sin que el interesado pueda acudir a la vía jurisdiccional.

Según el artículo 12 de la Ley 60/2003, ¿es válida la previsión de resolver el arbitraje mediante dos árbitros?. Sí, porque las partes pueden fijar libremente cualquier número. Sí, si ambos árbitros adoptan el laudo por unanimidad. No, porque el número pactado por las partes debe ser impar. No, porque en el arbitraje administrativo deben intervenir tres árbitros.

Conforme al artículo 63 del Real Decreto 364/1995, ¿puede utilizarse la adscripción provisional para reducir el desplazamiento del funcionario?. Sí, si el puesto de destino está vacante y posee el mismo nivel. Sí, cuando lo autorice motivadamente la Subsecretaría. No, porque no concurre ninguno de los supuestos tasados. No, salvo que el funcionario renuncie previamente a su puesto definitivo.

Según el artículo 10.2 del Real Decreto 2271/2004, ¿quién debe asumir la adaptación solicitada por Marta?. La propia empleada, con posibilidad de solicitar posteriormente una ayuda. El servicio de prevención, con cargo a las retribuciones complementarias. El ministerio u organismo de adscripción, que debe valorarla, realizarla y financiarla. La Dirección General de la Función Pública, mediante contratación centralizada.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 53/1984, ¿qué ocurre al no optar Luis dentro del plazo de toma de posesión?. Se entiende que conserva el puesto anterior y renuncia al nuevo. Se entiende que opta por el nuevo y pasa a excedencia voluntaria en el anterior. Pierde ambos puestos hasta que la Administración resuelva la incompatibilidad. Dispone de diez días adicionales para formular la opción.

Conforme al artículo 95.1 del IV Convenio Único, ¿puede Irene solicitar ya la excedencia voluntaria por interés particular?. Sí, porque basta con seis meses de antigüedad continuada. Sí, si la excedencia solicitada no supera dos años. No, porque debe acreditar al menos un año de antigüedad continuada inmediatamente anterior. No, porque la excedencia exige dos años de servicios efectivos.

Aplicando el artículo 47.1 del IV Convenio Único, ¿puede acordarse la movilidad funcional de la trabajadora?. Sí, porque permanece dentro del mismo grupo profesional. Sí, previa formación básica que sustituya cualquier titulación exigida. No, porque la titulación académica o profesional exigida constituye un límite. No, porque la movilidad funcional requiere necesariamente consentimiento individual.

Conforme al artículo 50.1 de la Ley 47/2003, ¿puede financiarse la campaña publicitaria con el Fondo de Contingencia?. Sí, porque no existe dotación presupuestaria específica. Sí, si la aplicación del Fondo se aprueba por el Consejo de Ministros. No, porque deriva de una decisión discrecional sin cobertura presupuestaria. No, salvo que su importe exceda del dos por ciento de los gastos no financieros.

Según el artículo 49.2 de la Ley 47/2003, ¿qué sucede al cierre con el crédito no afectado a obligaciones reconocidas?. Se incorpora automáticamente al ejercicio siguiente. Queda anulado de pleno derecho, sin perjuicio de las incorporaciones legalmente previstas. Se transforma automáticamente en remanente de tesorería disponible. Permanece vigente durante el primer trimestre del ejercicio siguiente.

Conforme al artículo 79.4 de la Ley 47/2003, ¿cuál es el plazo ordinario para rendir la cuenta de los pagos en el extranjero?. Tres meses. Cuatro meses. Seis meses. Doce meses.

Según el artículo 150 de la Ley 47/2003, ¿qué modalidad se ejerce al comprobar la aplicación real de los fondos?. Fiscalización previa limitada. Intervención formal. Intervención material. Auditoría de cumplimiento.

Conforme al artículo 34.4 de la Ley 38/2003, ¿puede anticiparse la subvención mediante una decisión singular?. Sí, cuando el anticipo sea necesario para iniciar la actividad. Sí, si el beneficiario acepta constituir garantía posteriormente. No, porque la posibilidad y el régimen de garantías deben estar previstos expresamente en la normativa reguladora. No, porque las subvenciones estatales se pagan después de la justificación en todos los casos.

SUPUESTO II La Delegación del Gobierno en Aragón gestiona varios expedientes durante octubre de 2026. Una empresa solicita información pública sobre una inspección que contiene datos comerciales de otra mercantil identificada. La unidad decide concederle a esta última cinco días para formular alegaciones. Otra ciudadana presenta a través del registro electrónico general unos documentos sometidos a una regulación especial que exige su presentación en una plataforma específica. La oficina pretende incorporarlos al expediente sin advertencia alguna. Un ciudadano con discapacidad visual pide que se le facilite en letra ampliada un impreso disponible únicamente en papel y colocado en un estante alto. A su vez, se rechaza otra solicitud de acceso a información pública por no contener motivación. Una asociación pide inscribir un poder electrónico por siete años. Antes de iniciar un procedimiento sancionador, el órgano competente adopta una medida provisional el 1 de agosto. El acuerdo de iniciación se dicta el 18 de agosto y confirma expresamente la medida. En otro procedimiento con sanción exclusivamente pecuniaria de 20.000 euros, la notificación inicial establece una reducción del 20 % por reconocimiento de responsabilidad y otra del 20 % por pago voluntario anterior a la resolución, acumulables y condicionadas a renunciar a recursos administrativos. La empresa cumple todas esas condiciones. El delegado pretende encomendar a una unidad, mediante delegación, la resolución de recursos presentados contra actos dictados por el propio delegado. En una licitación, una integrante de la mesa puede influir en el resultado y su hermano es socio mayoritario de una empresa licitadora. Finalmente, un convenio obliga a la Administración a efectuar una prestación económica concreta en favor de una entidad. Esta reclamó su cumplimiento el 1 de junio y el 2 de septiembre no se había cumplido la obligación ni alcanzado acuerdo. En personal, se nombra funcionario interino a Pablo por acumulación de tareas durante diez meses dentro de un periodo de dieciocho. A Nuria se le impone mediante sanción disciplinaria firme una suspensión de siete meses. Sara cambia de puesto público y continúa su actividad privada apoyándose en el reconocimiento de compatibilidad concedido para el puesto anterior. Un acto inscribible en el Registro Central de Personal se dictó el 5 de octubre y el órgano de personal pretende comunicarlo el día 12. Además, se proyecta la movilidad funcional de una trabajadora del IV Convenio a un puesto del mismo grupo para el que carece de la titulación exigida. Presupuestariamente, se propone pagar un servicio que el contratista todavía no ha prestado ni garantizado. Se prepara un convenio que generará un gasto de 12.500.000 euros. También se someterá a una conferencia sectorial una propuesta de distribución territorial de 14.000.000 de euros entre comunidades autónomas, sin autorización previa del Consejo de Ministros. Para un contrato de mantenimiento se propone como responsable una consultora externa. Por último, un informe sostiene que el Tribunal de Cuentas se limita a fiscalizar externamente y no ejerce funciones jurisdiccionales sobre responsabilidad contable. Ok, entendido. No.

Conforme al artículo 19.3 de la Ley 19/2013, ¿qué trámite procede respecto de la empresa afectada?. Cinco días para alegaciones, sin suspensión del plazo para resolver. Diez días para alegaciones, con suspensión desde que se notifique la resolución. Quince días para alegaciones, suspendiéndose el plazo para resolver hasta recibirlas o vencer el plazo. Veinte días para alegaciones, prorrogables por otros diez.

Según el artículo 37.4 del Real Decreto 203/2021, ¿qué debe hacerse con los documentos sujetos a presentación especial?. Tenerlos por presentados y trasladarlos de oficio a la plataforma específica. Tenerlos por presentados desde que el interesado corrija el canal empleado. No tenerlos por presentados y comunicar al interesado los requisitos de la normativa especial. Archivarlos sin comunicación porque el registro general carece de competencia material.

Facilitándole el impreso ordinario y una lupa, si está disponible. Ofreciéndole un formato alternativo, como letra ampliada, y ubicando los impresos de forma accesible. Remitiéndolo necesariamente a la versión electrónica del procedimiento. Exigiéndole que acuda acompañado para cumplimentar el impreso. Facilitándole el impreso ordinario y una lupa, si está disponible.

Según el artículo 17.3 de la Ley 19/2013, ¿es correcta la inadmisión por falta de motivación?. Sí, porque la motivación forma parte del contenido mínimo de la solicitud. Sí, salvo que la información afecte directamente a quien la pide. No, porque la ausencia de motivación no constituye por sí sola causa de rechazo. No, aunque deberá requerirse su subsanación durante diez días.

Aplicando el artículo 6.6 de la Ley 39/2015, ¿qué duración inicial máxima puede inscribirse para el poder de la asociación?. Cuatro años desde el otorgamiento. Cinco años desde la inscripción. Cinco años desde la primera utilización. Siete años si se limita a una Administración.

Conforme al artículo 56.2 de la Ley 39/2015, ¿qué sucede con la medida provisional adoptada el 1 de agosto?. Queda confirmada válidamente por el acuerdo de 18 de agosto. Queda sin efecto porque el procedimiento no se inició dentro de los quince días siguientes. Permanece vigente hasta que se dicte resolución sancionadora. Se convierte automáticamente en medida definitiva al cumplirse quince días.

Según el artículo 85.3 de la Ley 39/2015, ¿en qué importe queda la sanción si se aplican ambas reducciones del 20 % establecidas en la iniciación?. 12.000 euros. 12.800 euros. 16.000 euros. 8.000 euros.

Conforme al artículo 9.2 de la Ley 40/2015, ¿puede delegarse en una unidad la resolución de esos recursos?. Sí, si la unidad depende jerárquicamente del delegado. Sí, salvo que el recurso sea extraordinario de revisión. No, porque se trata de recursos contra actos dictados por el órgano que pretende delegar. No, porque ninguna competencia resolutoria puede ser objeto de delegación.

Según el artículo 64.2 de la Ley 9/2017, ¿qué relevancia tiene la relación familiar de la integrante de la mesa?. Ninguna, porque el interés pertenece formalmente a su hermano. Puede constituir conflicto de intereses y debe comunicarse inmediatamente al órgano de contratación. Solo es relevante si ella posee directamente participaciones de la licitadora. Determina por sí misma la nulidad automática de todo el procedimiento.

Conforme al artículo 29.1 de la Ley 29/1998, ¿puede la entidad recurrir ya contra la inactividad administrativa?. No, porque debe esperar seis meses desde la reclamación. Sí, porque han transcurrido tres meses sin cumplimiento ni acuerdo. Sí, desde el día siguiente a presentar la reclamación. No, porque la inactividad derivada de un convenio no es recurrible.

Conforme al artículo 10.1.d del TREBEP, ¿es correcta la duración prevista para el nombramiento interino de Pablo?. Sí, porque no supera doce meses dentro de dieciocho. Sí, si la acumulación de tareas continúa durante el décimo mes. No, porque el máximo es de nueve meses dentro de dieciocho. No, porque el máximo por acumulación de tareas es de seis meses.

Según el artículo 90.1 del TREBEP, ¿qué efecto produce la suspensión firme de siete meses impuesta a Nuria?. Mantiene el puesto porque la suspensión no alcanza un año. Pierde el puesto al exceder la suspensión de seis meses. Pierde la condición de funcionaria de carrera. Conserva el puesto, aunque queda privada de retribuciones.

Conforme al artículo 14 de la Ley 53/1984, ¿puede Sara mantener la actividad privada con el reconocimiento anterior?. Sí, mientras no cambien el horario ni las funciones de la actividad privada. Sí, hasta que la Administración revoque expresamente el reconocimiento. No, porque el reconocimiento queda automáticamente sin efecto al cambiar de puesto público. No, aunque podrá mantenerla durante el primer mes del nuevo destino.

Según el artículo 11.2 del Reglamento del Registro Central de Personal, ¿es tempestiva la comunicación prevista para el día 12?. Sí, porque debe efectuarse dentro de los diez días naturales siguientes. Sí, porque el plazo de tres días corresponde exclusivamente al Registro. No, porque el órgano de personal dispone de un máximo de tres días desde que dictó o conoció el acto. No, porque la comunicación debe ser simultánea a la adopción del acto.

Conforme al artículo 47.1 del IV Convenio Único, ¿es válida la movilidad funcional proyectada?. Sí, por afectar a puestos del mismo grupo profesional. Sí, si la trabajadora acepta realizar un curso de adaptación. No, porque carece de la titulación exigida para el nuevo puesto. No, porque la movilidad dentro del grupo exige una vacante definitiva.

Según el artículo 21.2 de la Ley 47/2003, ¿puede pagarse el servicio todavía no prestado ni garantizado?. Sí, una vez reconocido el compromiso de gasto. Sí, si existe crédito adecuado y suficiente. No, porque el acreedor no ha cumplido ni garantizado su obligación correlativa. No, salvo autorización del Ordenador General de Pagos del Estado.

Conforme al artículo 74.5 de la Ley 47/2003, ¿qué autorización requiere el convenio de 12.500.000 euros?. La del Consejo de Ministros, por superar doce millones de euros. La del Ministerio de Hacienda, por alcanzar doce millones de euros. La del Consejo de Estado, por superar diez millones de euros. Ninguna adicional, porque el límite se aplica desde quince millones.

Según el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, ¿qué debe hacerse antes de convocar la conferencia sectorial sobre los 14.000.000 de euros?. Aprobar la distribución por orden ministerial y comunicarla después al Consejo de Ministros. Recabar previamente autorización del Consejo de Ministros. Obtener autorización del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Solicitar un informe vinculante del Tribunal de Cuentas.

Conforme al artículo 62.1 de la Ley 9/2017, ¿puede la consultora externa ser responsable del contrato de mantenimiento?. No, porque esa función debe recaer en la unidad promotora. No, porque una persona jurídica externa solo puede emitir informes técnicos. Sí, porque el responsable puede ser una persona jurídica ajena a la entidad contratante. Sí, pero únicamente si también ejerce el control financiero del contrato.

Conforme al artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1982, ¿es correcto el informe sobre las funciones del Tribunal de Cuentas?. Sí, porque el enjuiciamiento contable pertenece a la jurisdicción contencioso-administrativa. Sí, porque el Tribunal solo puede formular informes y recomendaciones. No, porque además de fiscalizar externamente ejerce el enjuiciamiento de la responsabilidad contable. No, porque realiza control interno previo y resuelve recursos administrativos.