Mis supuestos VII

La Delegación de Economía y Hacienda en Valencia tramita durante octubre de 2026 varios expedientes relacionados con la modernización de sus oficinas. La asociación «Horizonte Digital», persona jurídica, presenta presencialmente una solicitud el 5 de octubre. Tras recibir el correspondiente requerimiento, la subsana electrónicamente el 8 de octubre. Otra entidad presenta mediante el registro electrónico una alegación el sábado 10 de octubre; el domingo 11 y el lunes 12 son inhábiles y el plazo concluye el martes 13. La Delegación pretende implantar un sistema que clasifique automáticamente determinadas solicitudes, sin intervención directa de empleados públicos. Todavía no se ha dictado ni publicado resolución autorizando la actuación automatizada. Además, se recibe una solicitud de acceso a un expediente en el que solo una parte contiene información afectada por un límite legal. En la oficina, la información sobre turnos se ofrece visual y acústicamente, pero no mediante modalidad táctil. En un procedimiento, la primera notificación domiciliaria se intentó el martes 13 de octubre a las 11:30, sin que nadie pudiera hacerse cargo. La unidad proyecta repetirla el miércoles 14 a las 14:30. Se tramitan también dos expedientes de subvención íntimamente conectados que deben ser instruidos y resueltos por el mismo órgano. En una licitación de servicios de ciberseguridad participa «Muebles Levante, S.L.», cuyos estatutos limitan su objeto social a la fabricación y venta de mobiliario. Separadamente, una contratista y su subcontratista mantienen un arbitraje privado: la persona propuesta como árbitra presta asesoramiento profesional continuado a la contratista. Asimismo, la Delegación inicia la retirada material de un cerramiento sin resolución ni título jurídico; la propietaria requirió su cese el 5 de octubre y el 16 de octubre todavía no había recibido respuesta. En materia de personal, cesa la autoridad a la que presta asesoramiento un eventual; una aspirante con discapacidad visual acreditada del 45 % solicita concretamente lector de pantalla y ampliación de tiempo; un funcionario que gestiona ayudas energéticas pretende asesorar privadamente a empresas solicitantes; una trabajadora laboral lleva nueve meses desempeñando funciones de grupo superior durante los últimos dos años; y se pretende cubrir un puesto de libre designación sin convocatoria pública. Presupuestariamente, existe un crédito disponible de 120.000 euros, pero se pretende asumir un compromiso de 135.000 euros. También se quiere emplear un crédito para formación en obras del edificio sin tramitar modificación y declarar ampliable un crédito ordinario por la urgencia de una compra. Una entidad beneficiaria debe contratar, después de recibir la subvención, un servicio de 18.200 euros de valor estimado, IVA excluido, existiendo numerosos proveedores. Finalmente, se propone una comisión de servicio en territorio nacional de seis semanas sin circunstancias excepcionales. Okis. Me lo voy a pensar mejor.

Conforme al artículo 68.4 de la Ley 39/2015, ¿qué fecha se considerará de presentación de la solicitud de «Horizonte Digital»?. El 5 de octubre, porque fue registrada presencialmente. El 6 de octubre, por ser el día siguiente a la presentación. El 8 de octubre, cuando se realizó la subsanación electrónica. El 8 de octubre, salvo que el documento en papel hubiera sido digitalizado.

Según el artículo 31.2 de la Ley 39/2015, ¿cuándo se entenderá presentada la alegación registrada el sábado 10 de octubre?. El sábado 10, porque el registro funciona las veinticuatro horas. En la primera hora del martes 13 de octubre. A las 00:00 del lunes 12 de octubre. A la hora efectiva de presentación, pero imputada al lunes 12.

Conforme al artículo 13.2 del Real Decreto 203/2021, ¿qué actuación previa requiere el sistema automatizado?. Una instrucción de la unidad informática comunicada después a los interesados. Una resolución del órgano competente por razón de la materia, publicada en la sede electrónica. Una orden ministerial publicada en el BOE para cada actuación automatizada. Una autorización de la Agencia Española de Protección de Datos.

Según el artículo 16 de la Ley 19/2013, ¿cómo debe resolverse la solicitud de acceso?. Denegando íntegramente el acceso porque una parte está limitada. Concediendo acceso íntegro, suprimiendo únicamente los datos personales. Concediendo acceso parcial, salvo que lo restante resulte distorsionado o carente de sentido. Suspendiendo el procedimiento hasta que desaparezca el límite.

Conforme al artículo 7.c del Real Decreto 366/2007, ¿cumple la información sobre turnos el mínimo sensorial exigido?. No, porque toda información relevante debe ofrecerse visual, acústica y táctilmente. Sí, porque se ofrece en dos de las tres modalidades sensoriales. No, porque la modalidad táctil es obligatoria en las oficinas públicas. Sí, pero solo si la información acústica sustituye íntegramente a la visual.

Según el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, ¿es válida la segunda tentativa proyectada para el miércoles a las 14:30?. Según el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, ¿es válida la segunda tentativa proyectada para el miércoles a las 14:30?. Sí, porque entre ambos intentos median más de tres horas. No, porque, realizado el primero antes de las 15:00, el segundo debe efectuarse después de las 15:00. No, porque ambas tentativas deben practicarse el mismo día.

Conforme al artículo 57 de la Ley 39/2015, ¿qué régimen tendrá la acumulación de los dos expedientes?. Puede acordarse porque existe conexión y coincide el órgano que tramita y resuelve; contra el acuerdo no cabe recurso. Puede acordarse, pero únicamente a solicitud conjunta de los interesados. Puede acordarse aunque sean distintos los órganos resolutorios, si pertenece al mismo ministerio. Solo puede acordarse al iniciarse el segundo expediente y cabe recurso de alzada.

Según el artículo 66.1 de la Ley 9/2017, ¿puede «Muebles Levante, S.L.» resultar adjudicataria del servicio de ciberseguridad?. Sí, si acredita solvencia económica y técnica suficiente. Sí, si modifica sus estatutos antes de formalizar el contrato. No, porque la prestación no está comprendida en su objeto o ámbito estatutario. No, salvo que concurra agrupada con una empresa tecnológica.

Conforme al artículo 17 de la Ley 60/2003, ¿puede aceptar el nombramiento la árbitra propuesta?. Sí, si comunica la relación profesional después de aceptar. Sí, cuando la relación profesional no afecta al objeto litigioso. No, porque debe ser independiente e imparcial y no mantener esa relación profesional con una parte. No, salvo que ambas partes renuncien anticipadamente a recusarla.

Según el artículo 30 de la Ley 29/1998, ¿puede la propietaria acudir ya a la jurisdicción contencioso-administrativa?. No, porque debe esperar tres meses desde el requerimiento. No, porque antes debe interponer recurso de alzada. Sí, porque el requerimiento de cese no fue atendido dentro de los diez días siguientes. Sí, pero solo después de obtener una resolución administrativa expresa.

Conforme al artículo 12.3 del TREBEP, ¿qué sucede con el personal eventual al cesar la autoridad asesorada?. Continúa hasta que se amortice presupuestariamente el puesto. Debe cesar cuando cese la autoridad a la que prestaba confianza o asesoramiento. Pasa provisionalmente a depender del superior de la autoridad cesada. Permanece tres meses para efectuar el relevo de funciones.

Según el artículo 8 del Real Decreto 2271/2004, ¿cómo debe tratarse la petición de la aspirante?. Deben establecerse las adaptaciones razonables necesarias y el órgano de selección puede solicitar informe técnico. Debe rechazarse porque las adaptaciones exigen una discapacidad mínima del 50 %. Debe prepararse una prueba de contenido y dificultad diferentes. Solo puede examinarse la petición después del primer ejercicio.

Conforme al artículo 11.1 de la Ley 53/1984, ¿puede el funcionario asesorar privadamente a empresas solicitantes de las ayudas que gestiona?. Sí, si obtiene previamente el reconocimiento de compatibilidad. Sí, cuando la actividad se realice fuera de la jornada pública. No, porque la actividad privada se relaciona directamente con la desarrollada por su departamento. No, salvo que cobre honorarios inferiores al 30 % de sus retribuciones públicas.

Según el artículo 48.4 del IV Convenio colectivo único, ¿puede prolongarse un mes más el desempeño del puesto de grupo superior?. Sí, porque el límite ordinario es de nueve meses en dos años. Sí, si la trabajadora conserva su grupo profesional de origen. No, porque ya ha superado el máximo de ocho meses computados de fecha a fecha. No, porque el desempeño de funciones superiores no puede exceder de seis meses.

Conforme al artículo 52 del Real Decreto 364/1995, ¿puede cubrirse directamente el puesto de libre designación?. Sí, porque la libre designación excluye cualquier publicidad previa. Sí, si la persona designada reúne todos los requisitos de la RPT. No, porque la designación debe ir precedida de convocatoria pública. No, salvo que la convocatoria se publique durante quince días naturales.

Según el artículo 46 de la Ley 47/2003, ¿qué efecto tendría el compromiso de 135.000 euros?. Sería válido hasta 120.000 euros y anulable por los 15.000 restantes. Sería nulo de pleno derecho por superar el crédito autorizado. Sería válido si se aprueba después una transferencia de crédito. Quedaría condicionado a la existencia de tesorería suficiente.

Conforme al artículo 42 de la Ley 47/2003, ¿puede aplicarse directamente el crédito de formación a las obras del edificio?. Sí, cuando ambas necesidades correspondan al mismo servicio presupuestario. Sí, si la obra resulta más urgente que la actividad formativa. No, porque el crédito debe aplicarse a su finalidad específica o modificarse legalmente. No, salvo que el crédito de formación tenga saldo inferior al coste de las obras.

Según el artículo 54 de la Ley 47/2003, ¿puede declararse ampliable el crédito ordinario por la urgencia de la compra?. Sí, mediante resolución motivada del centro gestor. Sí, si la necesidad no admite demora hasta el ejercicio siguiente. No, porque la ampliabilidad es excepcional y exige encaje en los supuestos legalmente previstos. No, salvo que la ampliación no supere el 10 % del crédito inicial.

Conforme al artículo 31.3 de la Ley 38/2003, ¿qué debe hacer la entidad antes de contratar el servicio de 18.200 euros?. Solicitar al menos tres ofertas de diferentes proveedores. Solicitar dos ofertas y elegir necesariamente la de menor precio. Solicitar tres ofertas después de contratar, para justificar el valor de mercado. Contratar libremente porque el gasto se financia con una subvención.

Según el artículo 5 del Real Decreto 462/2002, ¿es correcta la duración ordinaria de seis semanas en territorio nacional?. Sí, porque el límite ordinario es de dos meses. Sí, si se reconoce únicamente media manutención. No, porque la duración ordinaria no debe superar un mes, salvo caso excepcional o prórroga justificada. No, porque toda comisión superior a quince días se transforma en residencia eventual.

La Confederación Hidrográfica del Ebro gestiona diversos expedientes administrativos y económicos. El 1 de septiembre reconoce a una ciudadana el acceso a determinada información, pero no se la entrega junto con la resolución. Sin oposición de terceros ni imposibilidad técnica, pretende facilitarla el 18 de septiembre, una vez transcurridos doce días hábiles. Otra interesada ejerce un derecho de protección de datos mediante representante voluntario debidamente acreditado, pero la unidad exige que comparezca personalmente. Un ciudadano obtiene una copia auténtica de un documento privado incorporado a un expediente y pretende aportarla ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La Confederación utiliza una aplicación que deniega automáticamente solicitudes sin intervención directa de empleados públicos, pero no ha determinado los órganos responsables de su programación, supervisión y eventual impugnación. En el acceso a una oficina existe un control de seguridad demasiado estrecho para sillas de ruedas, no se ha previsto paso alternativo y se pide a los usuarios que abandonen la silla para franquearlo. En un procedimiento se declara nula la orden inicial de inspección. Posteriormente se había incorporado un informe técnico basado en una toma de muestras ordenada válidamente y totalmente independiente de aquella inspección. También se había practicado correctamente un trámite de audiencia cuyo contenido habría sido idéntico sin la infracción. Por otro lado, se encomienda a un laboratorio público la medición material de contaminantes, pero se pretende que el laboratorio dicte la resolución sancionadora. Una sociedad es excluida de la continuación de un procedimiento mediante un acto de trámite que pone fin a la vía administrativa. En una licitación se fija el precio como «220.000 euros, más IVA», sin incluir ni identificar separadamente la cuantía del impuesto. En materia de personal, una funcionaria pierde la nacionalidad española, pero simultáneamente adquiere la italiana. Un funcionario C1 supera un proceso para acceder a un cuerpo A2. Otra aspirante propuesta para nombramiento presenta, sin fuerza mayor, los documentos acreditativos veintiún días naturales después de publicarse la relación definitiva. Además, se inscribe en el Registro Central de Personal un nombramiento cuyo contenido era ilegal. Una trabajadora laboral es trasladada, sin cambiar sus funciones, a otro centro de la misma localidad; la representación del personal recibe la información cinco días después. En materia presupuestaria, existe una obligación válidamente contraída en el ejercicio anterior para la que se anuló crédito al cierre, y hay crédito disponible en el ejercicio corriente. Otra obligación fue reconocida el 1 de junio y continuaba impagada tres meses después; el acreedor reclamó por escrito el 5 de septiembre. Una convocatoria de subvenciones publicada el 2 de enero no establece un plazo especial y el 3 de julio continúa sin resolución notificada. Una comunicación de embargo indica el nombre del afectado y el importe, pero omite su NIF y la identificación del derecho de cobro. Finalmente, se aprueba un gasto de 90.000 euros y se reserva crédito, pero todavía no se ha adjudicado contrato ni asumido compromiso frente al proveedor. Sigamos. Mejor no.

Conforme al artículo 22.1 de la Ley 19/2013, ¿es correcto facilitar el acceso transcurridos doce días hábiles?. Sí, porque el plazo máximo es de quince días. Sí, si la resolución reconoció expresamente el derecho de acceso. No, porque, si no se entrega con la resolución, debe otorgarse en un plazo no superior a diez días. No, porque el acceso debe producirse necesariamente el mismo día de la resolución.

Según el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 3/2018, ¿puede exigirse la comparecencia personal de la afectada?. Sí, porque los derechos de protección de datos son personalísimos. Sí, salvo que la representación sea judicial. No, porque pueden ejercerse directamente o mediante representante legal o voluntario. No, aunque el representante deberá ser necesariamente abogado.

Conforme al artículo 27.1 de la Ley 39/2015, ¿qué efectos tiene la copia auténtica del documento privado?. Produce efectos civiles y administrativos ante cualquier Administración. Produce efectos administrativos y es válida ante las restantes Administraciones. Produce efectos administrativos solo ante la Confederación que la expidió. Es válida ante la AEAT únicamente si procede de actuación automatizada.

Según el artículo 41.2 de la Ley 40/2015, ¿qué defecto presenta la aplicación automatizada?. Falta la intervención de un funcionario en cada resolución. No se han determinado previamente los órganos responsables del sistema y de su impugnación. No se ha designado como responsable a la unidad de contratación. Falta el consentimiento previo de cada persona solicitante.

Conforme al artículo 6.2.b del Real Decreto 366/2007, ¿es correcto pedir a los usuarios que abandonen su silla de ruedas?. Sí, si el control responde a razones de seguridad. Sí, cuando un empleado les ayude a atravesar el control. No, deben preverse medios alternativos que permitan pasar conservando la ayuda técnica. No, porque deben suprimirse todos los controles de seguridad.

Según el artículo 49.1 de la Ley 39/2015, ¿la nulidad de la orden inicial arrastra necesariamente al informe independiente?. Sí, porque todos los actos posteriores pertenecen al mismo procedimiento. Sí, salvo que el informe sea ratificado por el órgano resolutorio. No, porque los actos sucesivos independientes del acto nulo no quedan afectados. No, aunque deberá repetirse la toma de muestras.

Conforme al artículo 51 de la Ley 39/2015, ¿qué debe hacerse con el trámite de audiencia correctamente practicado?. Repetirlo en todo caso desde el inicio. Conservarlo, porque su contenido habría sido igual sin la infracción. Convalidarlo expresamente mediante una resolución independiente. Eliminarlo del expediente y permitir nuevas alegaciones durante veinte días.

Según el artículo 11.2 de la Ley 40/2015, ¿puede el laboratorio encomendado dictar la resolución sancionadora?. Sí, porque tiene competencia técnica sobre los contaminantes. Sí, si la encomienda se publica en el diario oficial correspondiente. No, porque la encomienda no cede la titularidad ni los elementos sustantivos de la competencia. No, salvo que la resolución se limite a reproducir los resultados técnicos.

Conforme al artículo 25.1 de la Ley 29/1998, ¿es directamente recurrible el acto de trámite descrito?. No, porque los actos de trámite se impugnan con la resolución final. Sí, porque impide continuar el procedimiento y pone fin a la vía administrativa. Sí, aunque no pusiera fin a la vía administrativa. No, salvo que produzca además un perjuicio económico cuantificado.

Según el artículo 102.1 de la Ley 9/2017, ¿cómo debe formularse el precio contractual?. Como precio sin IVA, añadiéndose el impuesto al emitir cada factura. Como precio cierto que incluya el IVA, indicando este como partida independiente. Como precio estimado sin IVA hasta que finalice la prestación. Como precio cierto que incluya el IVA sin necesidad de desglosarlo.

Conforme al artículo 65 del TREBEP, ¿pierde la funcionaria su condición al adquirir simultáneamente la nacionalidad italiana?. Sí, porque pierde la nacionalidad utilizada para su nombramiento. Sí, aunque podrá solicitar inmediatamente la rehabilitación. No, porque adquiere simultáneamente la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión Europea. No, pero deberá superar nuevamente el requisito de nacionalidad.

Según el artículo 16.3 del TREBEP, ¿cómo se califica el acceso desde un cuerpo C1 a otro A2?. Carrera vertical. Carrera horizontal. Promoción interna vertical. Promoción interna horizontal.

Conforme al artículo 23 del Real Decreto 364/1995, ¿puede ser nombrada la aspirante que presenta la documentación el día vigésimo primero?. Sí, porque el plazo es de veinte días hábiles. Sí, si ya había superado todas las pruebas selectivas. No, porque el plazo es de veinte días naturales y no concurre fuerza mayor. No, salvo que solicite una ampliación de diez días después del vencimiento.

Según el artículo 10.2 del Reglamento del Registro Central de Personal, ¿la inscripción valida el nombramiento ilegal?. Sí, desde el momento en que el asiento registral queda firme. Sí, salvo que se rectifique dentro de los tres días siguientes. No, porque la inscripción no convalida contenidos ilícitos o irregulares. No, aunque transforma el nombramiento en un acto anulable.

Conforme al artículo 49.1 del IV Convenio colectivo único, ¿fue tempestiva la información facilitada a la representación del personal?. Sí, porque se comunicó dentro de los cinco días siguientes. Sí, al mantenerse las mismas funciones y la misma localidad. No, porque debía informarse en el plazo de tres días. No, porque la información tenía que ser previa al traslado.

Según el artículo 34.3 de la Ley 47/2003, ¿puede imputarse al ejercicio corriente la obligación válidamente contraída en el anterior?. No, porque toda obligación anterior exige una ley específica. Sí, porque se contrajo conforme al ordenamiento y se anuló crédito en el ejercicio de procedencia. Sí, pero solo si procede de una resolución judicial. No, salvo que se incorpore automáticamente el crédito anulado.

Conforme al artículo 24 de la Ley 47/2003, ¿desde cuándo se devengan intereses sobre la obligación reconocida?. Desde el 1 de junio, fecha del reconocimiento. Desde el 2 de septiembre, al cumplirse automáticamente tres meses. Desde el 5 de septiembre, fecha de la reclamación escrita formulada después de los tres meses. Desde que se dicte una nueva resolución reconociendo los intereses.

Según el artículo 25 de la Ley 38/2003, ¿qué efecto produce la falta de resolución de la convocatoria el 3 de julio?. Estimación de todas las solicitudes que reúnan los requisitos. Caducidad automática del procedimiento. Desestimación por silencio de las solicitudes. Ampliación automática del plazo por otros seis meses.

Conforme al artículo 76 de la Ley 47/2003, ¿es completa la comunicación de embargo?. Sí, porque basta con identificar al afectado por su nombre e indicar el importe. Sí, si el órgano que propone el pago conoce internamente el NIF. No, porque debe contener también el NIF y la especificación del derecho de cobro afectado. No, porque debe incorporar necesariamente una copia íntegra del expediente judicial.

Según el artículo 73.2 de la Ley 47/2003, ¿la aprobación del gasto de 90.000 euros vincula ya a la Hacienda Pública frente al proveedor?. Sí, porque la aprobación reserva crédito por una cuantía determinada. Sí, aunque todavía no se haya adjudicado el contrato. No, porque la aprobación inicia la ejecución y reserva crédito, pero no crea relaciones con terceros. No, porque la vinculación solo nace con el pago material.