Mix Constitución, TREBEP, 40/2015, 39/2015

Respecto de la detención preventiva, señale la afirmación correcta: No podrá prolongarse más de cuarenta y ocho horas, transcurridas las cuales el detenido será puesto en libertad o a disposición judicial. Durará el tiempo imprescindible para realizar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, un máximo de setenta y dos horas. Puede prolongarse hasta setenta y dos horas desde que el detenido sea informado de sus derechos, previa autorización judicial. Finalizadas las diligencias policiales, el detenido deberá ser puesto a disposición judicial, aunque no hayan transcurrido las setenta y dos horas, sin que proceda su puesta en libertad.

En relación con las libertades reconocidas en el artículo 20 de la Constitución: El ejercicio de estos derechos puede restringirse mediante censura previa cuando esté comprometida la seguridad pública. El secuestro de publicaciones podrá acordarse por resolución judicial o administrativa motivada. El secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información solo podrá acordarse mediante resolución judicial. La cláusula de conciencia y el secreto profesional se regulan directamente en la Constitución, sin remisión a la ley.

¿Qué afirmación refleja correctamente el sistema de garantías del artículo 53?. Los derechos del artículo 14 y de la Sección 1.ª del Capítulo II podrán tutelarse ante los tribunales ordinarios mediante un procedimiento preferente y sumario y, en su caso, mediante recurso de amparo. Todos los derechos del Título I pueden ser objeto de recurso de amparo en los mismos términos. Los principios rectores del Capítulo III son directamente alegables ante cualquier jurisdicción, aunque una ley no los haya desarrollado. La regulación de los derechos del Capítulo II corresponde a ley orgánica, que deberá respetar su contenido esencial.

La suspensión individual de determinados derechos durante investigaciones relacionadas con bandas armadas o elementos terroristas: Puede comprender los derechos de los artículos 17.2, 18.2, 18.3 y 19, bajo control del Congreso. Requiere regulación mediante ley orgánica, necesaria intervención judicial y adecuado control parlamentario. Puede acordarse con carácter general mediante la declaración del estado de excepción. Su utilización injustificada genera responsabilidad administrativa y, cuando exista dolo, responsabilidad penal.