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1. La Constitución Española de 1978 cuenta con. Cuatro Disposiciones Transitorias. Seis Disposiciones Transitorias. Ocho Disposiciones Transitorias. Nueve Disposiciones Transitorias.

2. De conformidad con el artículo 103.2.a del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Una bonificación de hasta el 50 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstanciassociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Una bonificación de hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Una bonificación de hasta el 30 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.

3. De acuerdo con el artículo 54 de la Constitución Española de 1978, una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo ¿cuál es esta ley orgánica?. Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril. Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre.

4. De conformidad con el artículo 167.1 de la Constitución Española de 1978: Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de. Tres quintos de cada una de las Cámaras. Dos tercios de cada Cámara. Dos quintos de cada Cámara. Dos tercios del Senado para su posterior ratificación en el Congreso de los Diputados.

5. De conformidad con el artículo 3.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrán la consideración de ingresos de derecho privado. Los bienes de su propiedad, así como los derechos reales o personales, de que sean titulares, afectos al uso o servicio público. Los ingresos procedentes de los bienes de dominio público local. El importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las entidades locales como consecuencia de su desafectación como bienes de dominio público y posterior venta, aunque hasta entonces estuvieran sujetos a concesión administrativa. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente.

6. Según el artículo 68.2 de la Constitución Española de 1978: Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por. Un diputado. Dos diputados. Tres diputados. Cuatro diputados.

7. De conformidad con el artículo 107 de la Constitución Española de 1978: El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo. De la Administración General del Estado. Del Gobierno. Del Congreso de los Diputados. De las Cortes Generales.

8. Según el artículo 98.2 de la Constitución Española de 1978 ¿quién dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión?. El Jefe del Estado. El Presidente del Gobierno. Las Cortes Generales. El Ministro de la Presidencia.

9. De conformidad con el artículo 42.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuando una Comarca deba agrupar a Municipios de más de una Provincia, será necesario. El informe favorable de la Comunidad Autónoma a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales Municipios. El informe favorable del Ministerio de Política Territorial. El informe favorable del órgano que tenga atribuida la tutela financiera. El informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales Municipios.

10. Los estados de alarma, excepción y sitio se regulan en la. Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto. Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril. Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre.

11. De conformidad con el artículo 66.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre: El número de miembros del comité de empresa se determinará de acuerdo con la siguiente escala: De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores. Nueve. Trece. Diecisiete. Veintiuno.

12. De conformidad con el artículo 79 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, la convocatoria de las asambleas de trabajadores, con expresión del orden del día propuesto por los convocantes, se comunicará al empresario. Con veinticuatro horas de antelación, como mínimo. Con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo. Con un día de antelación, como mínimo. Con tres días de antelación, como mínimo.

13. De conformidad con el artículo 26.2.d de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará, entre otros, la prestación de los siguientes servicios. Acceso a los núcleos de población. Cementerio y policía sanitaria mortuoria. Prevención y extinción de incendios que afecten a más de un término municipal. Medio ambiente.

14. De conformidad con el artículo 204.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el número de Diputados correspondiente a cada Diputación Provincial se determina, según el número de residentes de cada provincia, conforme al siguiente baremo. De 1.000.001 a 3.500.000 residentes: 25 diputados. De 1.000.001 a 3.500.000 residentes: 27 diputados. De 1.000.001 a 3.500.000 residentes: 31 diputados. De 1.000.001 a 3.500.000 residentes: 51 diputados.

15. De conformidad con el artículo 225.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, la notificación de la sentencia que resuelve un proceso contencioso electoral se producirá no más tarde. Del cuadragésimo segundo día posterior a las elecciones. Del cuadragésimo tercer día posterior a las elecciones. Del cuadragésimo cuarto día posterior a las elecciones. Del cuadragésimo quinto día posterior a las elecciones.

16. De conformidad con el artículo 117.1 de la Constitución Española de 1978: La justicia emana. Del Defensor del Pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. De las Cortes Generales y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Del Congreso de los Diputados y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

17. Según el artículo 106.1 de la Constitución Española de 1978: Los Tribunales controlan. La potestad de competencia y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. La potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. La potestad de atribución y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. La potestad accesoria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

18. Conforme señala el artículo 159.1 de la Constitución Española de 1978: El Tribunal Constitucional se compone de. Veinte miembros nombrados por el Rey; de ellos, ocho a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; ocho a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Doce miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Veinte miembros nombrados por el Rey; de ellos, ocho a propuesta del Congreso por mayoría de dos tercios de sus miembros; ocho a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Doce miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de dos tercios de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

19. Según el artículo 159.3 de la Constitución Española de 1978: Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de. Seis años y se renovarán por terceras partes cada tres. Cuatro años no renovables. Nueve años no renovables. Nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

20. De conformidad con lo expresado en el artículo 160 de la Constitución Española de 1978: El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de. Dos años. Tres años. Cuatro años. Seis años.

21. Según dispone el artículo 162.1. de la Constitución Española de 1978: Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad. El Rey, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, veinte Diputados, veinte Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

22. Conforme al artículo 103.1 de la Constitución Española de 1978: La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de. Tutela, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Solidaridad, igualdad, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y conexión, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

23. Según el artículo 137 de la Constitución Española de 1978: El Estado se organiza territorialmente en. Distritos, en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Municipios, en mancomunidades, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Pedanías, en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.

24. De conformidad con el artículo 164.1 de la Constitución Española de 1978: Las sentencias del Tribunal Constitucional. Tienen el valor de cosa juzgada desde el mismo día de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y cabe recurso contra ellas. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Tienen el valor de cosa juzgada desde el mismo día de su publicación y cabe recurso contra ellas.

25. De conformidad con el artículo 149.1.1ª de la Constitución Española de 1978: El Estado tiene competencia exclusiva sobre la siguiente materia. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la libertad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la justicia de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. La regulación de las condiciones básicas que garanticen el pluralismo político de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

26. Según el artículo 149.1.18ª de la Constitución Española de 1978: El Estado tiene competencia exclusiva sobre la siguiente materia. La artesanía. Ferias interiores. Legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas. Asistencia social.

27. Según establece el artículo 122.3 de la Constitución Española de 1978: El Consejo General del Poder Judicial estará integrado. Por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Congreso de los Diputados por un período de cinco años. Por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por las Cortes Generales por un período de cinco años. Por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. Por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Senado por un período de cinco años.

28. Señale cuál de las siguientes opciones está contemplada en el artículo 18.1. de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como causa de inadmisión de una solicitud de acceso a la información. Que la solicitud sea relativa a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Que el órgano competente para conocer la solicitud no tenga la información. Que la solicitud sea relativa a información que contenga datos personales.

29. Según lo establecido en el artículo 26.1. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los Municipios con población superior a 5.000 habitantes deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes. Parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos, además de los servicios previstos en la letra. del mismo artículo 26.1. Protección civil, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público, además de los servicios previstos en la letra.

30. El artículo 104.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas. En los casos en que una norma legal o reglamentaria lo autorice y no hubiera otro medio de ejecución admisible. En los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución. En los casos en que sean conformes a la buena fe y al principio de proporcionalidad. En los casos en que norma legal o reglamentaria lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución.

31. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta de acuerdo con el artículo 49.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Son nulos los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Son anulables las disposiciones que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. La Administración podrá convalidar los actos nulos o anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.

32. Señale la opción correcta sobre el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas previsto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las personas jurídicas estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas salvo que reglamentariamente se disponga otra cosa. Las entidades sin personalidad jurídica podrán elegir si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos o no. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos. Las personas físicas deberán relacionarse electrónicamente con la Administración cuando su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos así lo permita.

33. Conforme al artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de. Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

34. Señale la opción correcta en relación con el inicio del procedimiento a solicitud del interesado según el artículo 68.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya caducado su derecho a reclamar. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. Reglamentariamente podrá exigirse de forma acumulativa una declaración responsable y una comunicación para iniciar una misma actividad.

35. Según lo establecido en el artículo 44.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, podrán integrarse en la misma mancomunidad. Únicamente, municipios pertenecientes a la misma comunidad autónoma. Únicamente, municipios pertenecientes a comunidades autónomas limítrofes. Municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas, siempre que lo permitan las normativas de las comunidades autónomas afectadas. Municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas, que compartan servicios, sin necesidad de que lo permitan las normativas de las comunidades autónomas afectadas.

36. De acuerdo con lo previsto en el artículo 33.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario. Salvo el relativo a la presentación de alegaciones. Salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Salvo el relativo al trámite de audiencia. Salvo el relativo a resolver.

37. Según lo establecido en el artículo 46.2.de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes, el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo. Cada tres meses. Cada mes. Cada dos meses. Cada vez que decida el Alcalde como órgano competente.

38. Según dispone el artículo 61.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Los órganos de contratación podrán. Delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se trate de órganos administrativos. Descentralizar y desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la descentralización y desconcentración de competencias, en el caso de que se trate de órganos administrativos. Descentralizar y desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de órganos societarios o de una fundación. Descentralizar, desconcentrar y delegar sus competencias en todo caso, previo cumplimiento de las normas de formación de la voluntad de los órganos colegiados y con el correspondiente otorgamiento de poderes.

39. Según lo establecido en el artículo 46.2.de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando. Lo decida el Presidente o lo solicite la tercera parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente. Lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres anualmente. Lo decida el Presidente o lo solicite la tercera parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de cuatro anualmente. Lo decida el Presidente o lo solicite la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de cuatro anualmente.

41. Según dispone el artículo 99.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: El objeto de los contratos del sector público. Puede ser indeterminado siempre que se cierre el objeto del contrato a una solución única. Nunca se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer. Deberá ser determinado y se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer. Puede ser indeterminado siempre que esté sujeto a condición cierta.

44. Según lo establecido en el artículo 46.2. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el caso de votaciones con resultado de empate:. Se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente. Se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, quedará el asunto sobre la mesa. Se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, habrá de incluirse el asunto en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria que se celebre.

45. Es causa de resolución del contrato, según lo previsto en el artículo 211.1.de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: El cumplimiento del contrato. La demora en el cumplimiento de cualquier plazo por parte de la Administración. Cualquier incumplimiento de una obligación accesoria del contratista. El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

46. Según lo dispuesto en el artículo 247.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión unas obras, el órgano que corresponda de la Administración concedente: Recabará informe sobre la rentabilidad del proyecto. Acordará la realización de un estudio de viabilidad. Someterá el proyecto a contraste de equilibrio presupuestario. Condicionará su aprobación a la normativa vigente de gastos plurianuales.

47. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Las concesiones de servicios únicamente podrán ser objeto de hipoteca: En cualquier aspecto relacionado con el contrato. Siempre que no conlleven la realización de obras o instalaciones fijas necesarias para la prestación del servicio. En los casos en que se realicen obras o instalaciones fijas no necesarias para la prestación del servicio, y exclusivamente en garantía de deudas que guarden relación con la concesión. En los casos en que conlleven la realización de obras o instalaciones fijas necesarias para la prestación del servicio, y exclusivamente en garantía de deudas que guarden relación con la concesión.

48. Según lo dispuesto en el artículo 302.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en la ejecución del contrato de suministro: Cuando razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen, podrá establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares que el pago del precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de estos pueda superar: El 30 por cien del precio total. El 40 por cien del precio total. El 50 por cien del precio total. El 60 por cien del precio total.

49. Según lo establecido en el artículo 6.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, la asignación a los puestos de trabajo reservados a dichos funcionarios de otras funciones distintas o complementarias, compatibles con las propias del puesto, se efectuará por: La Comunidad Autónoma. El Ministerio de Hacienda y Función Pública. El Presidente de la Entidad Local. El Instituto Nacional de Administración Pública.

50. Según el artículo 7.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en los municipios incluidos en el ámbito de aplicación del Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local actuarán como delegados de la Junta Electoral de Zona, en los términos de lo previsto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General: El Secretario General del Pleno. El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local. El titular del órgano de asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del ayuntamiento. El Interventor general municipal.

51. De conformidad con lo señalado por el artículo 30.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, los méritos que regirán en los concursos correspondientes a las especialidades de la Corporación Local se fijarán por ésta y su puntuación alcanzará hasta un: 5% del total de la puntuación. 10% del total de la puntuación. 15% del total de la puntuación. 20% del total de la puntuación.

52. Según lo establecido en el artículo 113.1.a del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, entre la convocatoria y la celebración de la sesión de la Junta de Gobierno Local no podrán transcurrir menos de: Cuarenta y ocho horas. Dos días naturales. Dos días hábiles. Veinticuatro horas.

53. Según lo establecido en el artículo 34.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre: La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de: Treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Treinta y cinco horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. La pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo.

54. De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre: La movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo profesional solo será posible si existen, además: Razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención. Razones apreciadas por el comité o, en su caso, por los delegados de personal. Razones económicas o de producción que la justifiquen. Lo podrá acordar libremente la dirección de la empresa, previa negociación con los representantes de los trabajadores.

55. Según lo establecido en el artículo 51 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, serán nulos los acuerdos que se adopten en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día: Salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 46.3 de Ley 7/1985, de 2 de abril. Salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el Alcalde, con el informe favorable del Secretario de la corporación. Salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de los tres cuartos del número legal de miembros de la corporación.

56. Queda comprendido dentro de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de la Sección 1.ª del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución Española de 1978: El derecho al trabajo. El derecho a la negociación colectiva laboral. El derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. El derecho a la libertad sindical.

57. Según el artículo 58.5 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en una determinada subescala de la escala de habilitación de carácter nacional, cuando se encuentren en situación de servicio activo en otra subescala de la misma, procederá declararles en situación de: Excedencia voluntaria por prestación de servicio en otro cuerpo o escala. Comisión de servicios. Servicio en otras Administraciones Públicas. Servicios especiales.

58. Según lo establecido en el artículo 6.2.de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel estatal los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito del: 10 por 100 o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas. 15 por 100 o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas. 20 por 100 o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas. 25 por 100 o más del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas.

59. Según lo establecido en el artículo 62.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, la representación de los trabajadores corresponde a los delegados de personal en la empresa o centro de trabajo que tengan: Menos de cuarenta y más de diez trabajadores. Menos de cincuenta y más de quince trabajadores. Menos de cincuenta y más de diez trabajadores. Menos de cuarenta y más de quince trabajadores.

60. Según lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF), la Proposición es la propuesta: Que se somete al Pleno relativa a un asunto incluido en el orden del día, que acompaña a la convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82.3 del ROF. Sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa. Contiene una parte expositiva y un acuerdo a adoptar. Que se somete directamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 del ROF. De modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro.

61. Según lo establecido en el artículo 310.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no serán de aplicación las disposiciones de esta ley a la preparación y adjudicación del contrato cuyo objeto sea: Seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, colaboraciones o cualquier otro tipo similar de actividad, siempre que dichas actividades sean realizadas por personas físicas. Servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía. Prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura. El acceso a la información contenida en bases de datos especializadas.

62. Según lo establecido en el artículo 4.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio: El capital social de la sociedad anónima no podrá ser inferior a: Un euro y se expresará precisamente en esa moneda. Sesenta mil euros y se expresará precisamente en esa moneda. Diez mil euros y se expresará precisamente en esa moneda. Seis mil euros y se expresará precisamente en esa moneda.

63. Según lo establecido en el artículo 82.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social: La celebración de los actos de conciliación y juicio: Ambos ante el juez o Magistrado, tendrá lugar en única convocatoria pero en sucesivos actos. El primero ante el secretario judicial y el segundo ante el juez o Magistrado, tendrá lugar en única convocatoria y en unidad de acto. El primero ante el secretario judicial y el segundo ante el juez o Magistrado, tendrá lugar en única convocatoria pero en sucesivos actos. Ambos ante el juez o Magistrado, tendrá lugar en única convocatoria y en unidad de acto.

64. De acuerdo con el artículo 11.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: Son elementos del Municipio: El territorio, la población y la colaboración. El territorio, la población y la coordinación. El territorio, la población y la organización. El territorio, la población y el censo.

65. Según el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local ¿cuál de las siguientes atribuciones de la Alcaldía es delegable?. El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado. Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local. Decidir los empates con el voto de calidad. La jefatura superior de todo el personal.

66. Según lo establecido en el artículo 313.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el supuesto de resolución del contrato de servicios por el desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio: El contratista solo tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, una indemnización del 3 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido. El contratista tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicación del contrato de los servicios dejados de prestar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido. El contratista solo tendrá derecho a percibir el precio de los estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente hubiese realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración. El contratista solo tendrá derecho a percibir, por todos los conceptos, una indemnización a determinar entre el 3 y el 6 por ciento del precio de adjudicación del contrato, IVA excluido.

67. De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la aprobación de las Ordenanzas locales requiere un período de información pública y audiencia a los interesados para la presentación de reclamaciones y sugerencias por el plazo: Máximo de treinta días. Mínimo de quince días. Máximo de quince días. Mínimo de treinta días.

68. De conformidad con el artículo 23.2.de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es motivo de abstención: No tener la nacionalidad española. No ser residente en el municipio en el que se tramita el procedimiento. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. No estar empadronado en el municipio en el que se tramita el procedimiento.

69. De acuerdo con el artículo 25.2.de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Municipio ejercerá en todo caso competencias propias en las siguientes materias: Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. Los montes y aprovechamientos forestales. La asistencia social y sanitaria. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación secundaria y bachillerato.

70. De conformidad con el artículo 2.1 de la Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de montes vecinales en mano común: Los montes vecinales en mano común son bienes: Divisibles. Embargables. Inalienables. Sujetos a contribución.

71. Según lo establecido en el artículo 92.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el plazo máximo de duración de las autorizaciones que habiliten para una ocupación de bienes de dominio público. Será de cuatro años, incluidas las prórrogas. Será de veinticinco años, incluidas las prórrogas. Será de setenta y cinco años, incluidas las prórrogas. Será de diez años, incluidas las prórrogas.

72. Según lo establecido en el artículo 145.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado cuya afectación o explotación no se juzgue previsible podrán ser cedidos gratuitamente, para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su competencia. Instituciones públicas o privadas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal. Estados extranjeros y organizaciones internacionales sin ánimo de lucro, en cualquier caso. Comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones públicas o asociaciones declaradas de utilidad pública. A las asociaciones de vecinos registradas en el correspondiente Registro municipal declaradas o no de utilidad pública.

73. De conformidad con lo establecido en el artículo 169.6 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior. Con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 del TRLHL. Con sus créditos iniciales, sin que sea posible practicar modificaciones conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley. Afectando a los créditos para servicios o programas que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados, conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 del TRLHL. Afectando incluso a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 del TRLHL.

74. De conformidad con lo establecido en el artículo 74.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol, las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de. Hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del impuesto. Hasta el 95 por ciento en la cuota íntegra del impuesto. Hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto. Hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles excluidos de la exención a que se refiere el último párrafo de la letra.

75. El instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto en los términos de lo regulado en el artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, es. La plantilla de personal. La oferta de empleo público. El plan de empleo. La relación de puestos de trabajo.

76. De conformidad con lo establecido en el artículo 74.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, ¿en qué situación administrativa quedan los miembros de las Corporaciones Locales cuando son funcionarios de la propia Corporación para la que han sido elegidos?. Servicios especiales. Servicio en otras Administraciones Públicas. Excedencia voluntaria por interés particular. Comisión de servicios.

77. Según lo establecido en el artículo 16.3.del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP), la carrera horizontal consiste en. El ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el capítulo III del título V del TREBEP. La progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 del TREBEP. La evaluación del desempeño de los empleados públicos, determinada por cada Administración pública. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso, de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine.

78. De conformidad con el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿cuál de los siguientes actos jurídicos de la Unión no es vinculante?. Dictamen. Reglamento. Directiva. Decisión.

79. De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio: Son bienes patrimoniales o de propios los que siendo propiedad de la Entidad Local. No estén destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad. Estén destinados a uso público o afectados a algún servicio público y puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad. Estén destinados a uso público o afectados a algún servicio público y no puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad. No estén destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y no puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad.

80. Según recoge el artículo 44.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio: Corresponde a los Municipios, Provincias e Islas, en todo caso, y a las demás Entidades locales de carácter territorial, en el supuesto de que así lo prevean las leyes de las Comunidades Autónomas, las siguientes potestades en relación con sus bienes. Investigación, deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo. Investigación, deslinde, recuperación de oficio y eficiencia administrativa. Investigación, deslinde, recuperación de oficio y eficacia administrativa. Investigación, deslinde, recuperación de oficio y transparencia administrativa.

81. De conformidad con el artículo 169.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial. Por 20 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. Por 30 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. Por 10 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. Por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.

82. Según dispone el artículo 169.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de realizarse antes del día. 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 31 de diciembre del año posterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 15 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 1 de enero del año posterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

83. De conformidad con el artículo 136.1 de la Constitución Española de 1978: el Tribunal de Cuentas. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Dependerá directamente del Congreso de los Diputados y ejercerá sus funciones por delegación del mismo en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Dependerá indirectamente del Congreso de los Diputados y ejercerá sus funciones por delegación del mismo en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. Dependerá indirectamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

84. Según indica el artículo 21.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: Las entidades locales no podrán exigir tasas por los. Servicios de matadero, lonjas y mercados, así como el acarreo de carnes si hubiera de utilizarse de un modo obligatorio. Servicios de inspección en materia de abastos, incluida la utilización de medios de pesar y medir. Servicios de limpieza de la vía pública. Servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de aguas residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares.

85. De conformidad con lo previsto en el artículo 31.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo por. El 25 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. El 50 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. El 75 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. El 90 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

86. Según se recoge en el artículo 44.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo. El 25 por ciento del coste del servicio prestado o de la actividad realizada. El 50 por ciento del coste del servicio prestado o de la actividad realizada. El 75 por ciento del coste del servicio prestado o de la actividad realizada. El coste del servicio prestado o de la actividad realizada.

87. Según el artículo 69 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando el recurso contencioso-administrativo o alguna de las pretensiones hayan tenido por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación, la Sentencia. Declarará la inadmisibilidad del recurso. Declarará la desestimación del recurso. Estimará o desestimará el recurso contencioso-administrativo. Declarará la desestimación del recurso y contendrá además el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas.

88. El artículo 39.2.de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 determina como causa de nulidad de derecho administrativo en materia de contratos. Los casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado. Cuando concurra en ellos alguna de las causas que los invalidan de conformidad con las disposiciones del derecho civil. En aquellos casos en que la anulabilidad derive de la ilegalidad de su clausulado. La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de información similares de las Comunidades Autónomas.

89. Según lo recogido en el artículo 78.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo. Directo de carácter real. Indirecto de carácter real. Directo de carácter personal. Indirecto de carácter personal.

90. De conformidad con lo establecido en el artículo 3.3.e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, si en el debate de los órganos colegiados a los que asista la Secretaría se plantea alguna cuestión nueva sobre cuya legalidad pueda dudarse. Podrá solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación. En ningún caso podrá solicitar al Presidente el uso de la palabra. Deberá asesorar a la Corporación sin necesidad de solicitar al Presidente el uso de la palabra. Una vez realizada la votación, deberá tomar la palabra para dejar constancia en acta de su criterio al respecto.

91. Según lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos. De oficio o a petición de los interesados, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. Sólo de oficio, si está previsto en una norma de rango legal. De oficio o a petición de los interesados, previo informe favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. Sólo a petición de los interesados, previo informe favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.

92. Según lo previsto en el artículo 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas respecto a las alegaciones. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior a la práctica de la notificación, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de alegaciones, aportar documentos u otros elementos de juicio.

93. Según lo dispuesto en el artículo 96.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán acordar la tramitación simplificada del procedimiento. Cuando lo prevea una norma de rango legal. Cuando lo prevea una norma de rango reglamentario. Cuando razones de interés público o utilidad social lo prevean, de oficio o a solicitud del interesado. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, de oficio o a solicitud del interesado.

94. Según lo dispuesto en el artículo 88.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución. En los procedimientos en los que se haya emitido informe preceptivo. En los procedimientos en los que se haya emitido informe facultativo. En los procedimientos en los que el criterio del órgano competente para resolver difiera del criterio del instructor. Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano.

95. Según lo dispuesto en el artículo 95.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la resolución que declare la caducidad. No procederá recurso alguno. Sólo procederá recurso de reposición. Sólo procederá recurso contencioso-administrativo. Procederán los recursos pertinentes.

96. El artículo 25.2.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local prevé que el medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. Se ejercerá por el Municipio en todo caso como competencia propia, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. Se prestará en los municipios con población superior a 20.000 habitantes. Se prestará en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes y será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará su prestación. Se prestará el servicio en los municipios con población superior a 5.000 habitantes.

97. Según lo dispuesto en el artículo 107.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto de la declaración de lesividad de actos anulables. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la prescripción del mismo. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la prescripción del mismo.

98. De conformidad con el artículo 60 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 de julio, le corresponden a los Ayuntamientos en los cementerios municipales los derechos y deberes siguientes. Cuidado, limpieza y acondicionamiento del cementerio. La autorización de clausura del cementerio municipal y traslado total o parcial de los restos mortales que se hallen en él. La inspección previa a la apertura del cementerio a fin de comprobar que se han observado todas las exigencias reglamentarias. La aprobación definitiva del expediente de construcción, ampliación y reforma de cementerios.

99. Según el artículo 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer. Son servicios a prestar, en todo caso, en los municipios. Son materias que el Municipio ejercerá como propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. Son actividades y servicios públicos que el Municipio puede promover para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, la competencia.

100. La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera determina en su artículo 8.4 que dispondrán de datos para informar a la población sobre los niveles de contaminación y la calidad del aire. Los municipios con población superior a 200.000 habitantes. Las Comunidades Autónomas. Los municipios con población superior a 100.000 habitantes y los que formen parte de una aglomeración, de acuerdo con la definición de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Las Comunidades Autónomas respecto de sus municipios con población superior a 200.000 habitantes.

R1. De conformidad con el artículo 106.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: En los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará el importe de la misma, que no podrá ser superior a un. 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución. 5 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución. 10 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución. 20 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución.

R2. Según el artículo 198.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Si la demora en el pago del precio fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso. A la resolución del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha resolución, en los términos establecidos en esta Ley. A la modificación del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha modificación, en los términos establecidos en esta Ley. A la revisión del precio del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha revisión, en los términos establecidos en esta Ley. A la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.

R3. De conformidad con lo previsto en el artículo 204.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia. Hasta un máximo del diez por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad. Hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad. Hasta un máximo del treinta por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad. Hasta un máximo del cincuenta por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad.

R4. De conformidad con lo previsto en el artículo 12.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: La delegación de firma. Alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación. Alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación. No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación. No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.

R5. Según el artículo 14.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre. Órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. Órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo. Órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que haya finalizado el procedimiento administrativo. Órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que haya finalizado el procedimiento administrativo.