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NACIONAL SE 2025

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Título del Test:
NACIONAL SE 2025

Descripción:
Modelo de SE 2025 HN

Fecha de Creación: 2026/08/30

Categoría: Otros

Número Preguntas: 108

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Seccion 2. Adelante.

1. Según el artículo 179.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en una circunscripción electoral de 251 a 1.000 residentes, se eligen. a) 5 concejales. b) 7 concejales. c) 9 concejales. d) 11 concejales.

2. De conformidad con el artículo 102.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. a) Forman parte, del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, los honorarios de profesionales y el beneficio empresarial del contratista. b) No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local. c) La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar al hecho imponible el tipo de gravamen. d) El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del cinco por cien.

3. Según el artículo 103.2.f) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, respecto al Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación sobre la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. a) De hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras. b) De hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial. c) De hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras necesarias para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. d) De hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.

4. De conformidad con el artículo 86 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del impuesto sobre Actividades Económicas se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, de manera que. a) Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 euros de importe neto de la cifra de negocios: coeficiente 1,30. b) Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 euros de importe neto de la cifra de negocios: coeficiente 1,32. c) Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 euros de importe neto de la cifra de negocios: coeficiente 1,33. d) Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 euros de importe neto de la cifra de negocios: coeficiente 1,35.

5. Según el artículo 47.2.a) del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en los casos en que el suelo haya sido expropiado para ejecutar una actuación de urbanización. a) Procede la reversión, cuando hayan transcurrido cinco años desde la expropiación sin que la urbanización se haya concluido. b) Procede la reversión, cuando hayan transcurrido diez años desde la expropiación sin que la urbanización se haya concluido. c) Procede la reversión, cuando hayan transcurrido quince años desde la expropiación sin que la urbanización se haya concluido. d) Procede la reversión, cuando hayan transcurrido veinte años desde la expropiación sin que la urbanización se haya concluido.

6. De conformidad con el artículo 75 bis.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los Presupuestos Generales del Estado determinarân, anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y a su población según la siguiente tabla. a) Habitantes De 20.001 a 50.000; referencia Secretario de Estado -20%. b) Habitantes De 20.001 a 50.000: referencia Secretario de Estado -25%. c) Habitantes De 20.001 a 50.000: referencia Secretario de Estado -35%. d) Habitantes De 20.001 a 50.000: referencia Secretario de Estado -45%.

7. Según el artículo 75 ter.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la prestación de servicios en los Ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva por parte de sus miembros deberá ajustarse en todo caso a los siguientes límites. a) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 2.001 y 3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de uno. b) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 2.001 y 3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de dos. c) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 2.001 y 3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de tres. d) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 2.001 y 3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de cinco.

8. De conformidad con el artículo 26.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: en los Municipios con población superior a 5.000 habitantes. a) Tratamiento de residuos. b) Instalaciones deportivas de uso público. c) Medio ambiente urbano. d) Protección civil.

9. Según el artículo 27.3.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias. a) Promoción y gestión turística. b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. c) Transporte colectivo urbano de viajeros. d) Tratamiento de residuos.

10. De conformidad con el artículo 32 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, existen en todas las Diputaciones Provinciales. a) El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Personal Directivo. b) El Presidente, el Consejo, la Junta de Gobierno y el Pleno. c) El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno. d) El Presidente, los Diputados Delegados, la Junta de Gobierno y el Pleno.

11. El artículo 36.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece como competencia propia de la Diputación o entidad equivalente. a) La asistencia en la prestación de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. b) La asistencia en la prestación de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 50.000 habitantes. c) La asistencia en la prestación de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 5.000 habitantes. d) La asistencia en la prestación de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 25.000 habitantes.

12. Según lo establecido en el artículo 44.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, podrán integrarse en la misma mancomunidad, municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas. a) Siempre que no lo prohíban las comunidades autónomas afectadas. b) Siempre que lo permitan las normativas de las comunidades autónomas afectadas. c) Siempre que así lo decidan, por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, los Plenos de los Ayuntamientos afectados. d) Siempre que así lo decida el Pleno de la Mancomunidad, con el voto favorable de la mayoría absoluta de los municipios en él representados.

13. De conformidad con el artículo 20.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios. a) De más de 5.000 habitantes. b) Cuando así lo disponga su reglamento regulador del órgano o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. c) Cuya comunidad autónoma lo prevea en sus leyes como organización municipal complementaria. d) Señalados en el titulo X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico.

14. Según el artículo 14.2.d) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán interponer el recurso de reposición contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales. a) Cualquiera persona cuyos intereses legítimos, directos e indirectos, resulten afectados. b) Cualquiera persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo de gestión. c) Los obligados a efectuar el ingreso de derecho público o privado de que se trate. d) Cualquier persona con intereses tributarios en la materia.

15. De conformidad con lo establecido en el artículo 169.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Presupuesto General entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente. a) Una vez publicado cuando definitivamente aprobado sea insertado en el boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial. b) Una vez aprobado por el Pleno de la Corporación. c) Una vez enviado a los órganos competentes de la Administración General del Estado y de la comunidad autónoma. d) En el supuesto de que, una vez transcurrido el trámite de información pública, no se hubiesen presentado reclamaciones.

16. Según lo establecido en el artículo 170.2.b) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el Presupuesto. a) Por no haberse procedido a su aprobación dentro del plazo establecido en el 169 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. b) Por no existir equilibrio entre los ingresos y los gastos presupuestados de tal manera que aquellos resulten mayores que estos. C) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. d) Por ser de manifiesto desequilibrio los ingresos con relación a los gastos presupuestados.

17. De conformidad con lo establecido en el artículo 49.7 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las corporaciones locales también podrán conceder avales a sociedades mercantiles participadas por personas o entidades privadas, en las que tengan una cuota de participación en el capital social no inferior al 30 por ciento. El aval no podrá garantizar un porcentaje del crédito superior. a) Al de su participación en la sociedad. b) Al 30 por ciento del capital social. c) Al 10 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto. d) Al 30 por ciento de su aportación al capital social.

18. Según el artículo 17.1 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, el órgano permanente de cooperación y colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades Locales, en materia de actividad física y deporte, que tiene como finalidad promover la cohesión del sistema deportivo es. a) El Consejo Superior de Deportes. b) La Conferencia Sectorial de Deporte. c) El Registro Estatal de Entidades Deportivas. d) La Confederación de Federaciones Deportivas Españolas.

19. De conformidad con lo establecido en el artículo 12.5.b) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, corresponde a las entidades locales, a las ciudades de Ceuta y Melilla o, cuando proceda, a las diputaciones forales: aprobar programas de gestión de residuos para las entidades locales con una población de derecho superior a. a) 5.000 habitantes, de conformidad con los planes autonómicos y estatales de gestión de residuos. b) 10.000 habitantes, de conformidad con los planes autonómicos y estatales de gestión de residuos. c) 20.000 habitantes, de conformidad con los planes autonómicos y estatales de gestión de residuos. d) 50.000 habitantes, de conformidad con los planes autonómicos y estatales de gestión de residuos.

20. De acuerdo con lo señalado en el artículo 14.3.a) de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, deberán establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023 los municipios con población superior a. a) 100.000 habitantes. b) 75.000 habitantes. c) 90.000 habitantes. d) 50.000 habitantes.

21. El artículo 8.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, dispone que, en todo caso, la gestión de los bienes patrimoniales deberá coadyuvar al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en particular. a) Al de la política de transportes. b) Al de la política de igualdad. c) Al de la política de vivienda. d) Al de la política de perspectiva de género.

22. De conformidad con el artículo 10.2.d) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, uno de los siguientes grupos es un régimen especial: a) Estudiantes. b) Trabajadores por cuenta ajena. c) Trabajadores de la agricultura, pesca y alimentación. d) Funcionarios públicos del Estado y de las Comunidades Autónomas.

23. De acuerdo con el artículo 244.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, las resoluciones de los Tribunales cuando no estén constituidos en Sala de Justicia, las de las Salas de Gobierno y las de los Jueces y Presidentes cuando tuvieren carácter gubernativo, se llamarán. a) Acuerdos. b) Providencias. c) Autos. d) Sentencias.

24. De acuerdo con el artículo 28 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales. a) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. b) La obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas. c) La prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados. d) La realización de negocios, actos o hechos que pongan de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.

25. Según el artículo 61.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los sistemas de selección para personal laboral fijo serán. a) Los de oposición, concurso-oposición, o concurso de valoración de méritos. b) Únicamente el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos. c) Únicamente los de oposición, o concurso de valoración de méritos y realización de entrevistas. d) Únicamente concurso y concurso-oposición, con la posibilidad de valoración de méritos de determinación autonómica.

26. De conformidad con lo previsto en el artículo 103.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás títulos ejecutivos adoptados en el proceso corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete. a) Al que haya conocido del asunto en segunda instancia. b) Al que haya conocido del asunto en vía de recurso. c) Al órgano de la Administración Pública que haya conocido del asunto. d) Al que haya conocido del asunto en primera o única instancia.

27. Según lo dispuesto por el artículo 104.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: Luego que sea firme una sentencia, el letrado o letrada de la Administración de Justicia lo comunicará al órgano previamente identificado como responsable de su cumplimiento. a) En el plazo de diez días. b) En el plazo de quince días. c) En el plazo de treinta días. d) En el plazo de un mes.

28. Según el 42 del Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, deberá existir, por lo menos, una empresa funeraria privada o municipal en toda población de más de. a) 20.000 habitantes. b) 10.000 habitantes. c) 50.000 habitantes. d) 100.000 habitantes.

29. En qué Título de la Constitución Española de 1978 se regula el Poder Judicial: a) Título III. b) Título IV. C) Título V. d) Título VI.

30. De acuerdo con el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán. a) De oficio o a instancia de parte, mediante acuerdo del órgano competente. b) Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. c) Siempre a instancia de parte mediante denuncia. d) De oficio o a instancia de parte, mediante denuncia.

31. La duración de los contratos formativos para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios, según el artículo 11.3.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. a) No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año. b) No podrá ser inferior a tres meses ni exceder de dos años. c) No podrá ser inferior a un año ni exceder de tres años. d) La normativa no establece límites de duración para este tipo de contratos.

32. De acuerdo con lo establecido en el artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, podrá omitirse la consulta pública previa. a) En el caso de normas que se dicten como reglamento ejecutivo de una ley. b) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica e imponga obligaciones relevantes a los destinatarios. c) Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. d) Por causa de fuerza mayor y cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.

33. De conformidad con la Disposición Adicional Segunda.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24//UE, de 26 de febrero de 2024: En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias del órgano de contratación que se describen en los apartados anteriores de la referida disposición, se ejercerán por. a) El Pleno. b) El Alcalde. c) El órgano especializado en contratación administrativa. d) La Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo, siendo el Pleno el competente para aprobar los pliegos de cláusulas administrativas generales.

34. Según el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, ¿cuál de las siguientes atribuciones de la Alcaldía es indelegable?. a) El otorgamiento de las licencias. b) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno. c) La concertación de operaciones de crédito. d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.

35. De acuerdo con el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a. a) Los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. b) Los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. c) Los principios de proporcionalidad, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. d) Los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.

36. Según el artículo 131 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: El incidente cautelar se sustanciará en pieza separada, con audiencia de la parte contraria, que ordenará el Letrado de la Administración de Justicia por plazo. a) Que excederá de diez días. b) Que no excederá de diez días. C) Que excederá de veinte días. d) Que no excederá de veinte días.

37. De conformidad con el artículo 101.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será determinado como sigue en el caso de los contratos de obras, suministros y servicios. a) El órgano de contratación tomará el importe parcial anual, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones. b) El órgano de contratación tomará el importe parcial anual, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones. c) El órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones. d) El órgano de contratación tomará el importe total, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.

38. Según lo previsto en el artículo 204.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido siguientes. a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, abstracta y general. b) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, abstracta y particular. c) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca. d) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa y general.

39. De conformidad con el artículo 32.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando se proceda a la devolución de un ingreso indebido derivado de una autoliquidación ingresada en varios plazos, se entenderá que la cantidad devuelta se ingresó. a) En el primer plazo. b) En plazo solicitado por el sujeto pasivo. C) En los plazos inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. d) En el último plazo.

40. Según lo previsto en el artículo 130.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tendrán también la consideración de órganos directivos: a) Los titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos, entidades y sociedades que estén adscritos, vinculados o sean dependientes. b) Los titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos, entidades, sociedades, consorcios y fundaciones que estén adscritos, vinculados o sean dependientes. c) Los titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales locales. d) Los titulares de los órganos colegiados de gobierno y administración de los organismos, entidades, sociedades y fundaciones que estén adscritos, vinculados o sean dependientes.

41. De conformidad con lo previsto en el artículo 214.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, respecto a la cesión de los contratos: a) El cedente quedará subrogado en parte de los derechos y obligaciones que corresponderían al cesionario. b) El cedente quedará subrogado preferentemente en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cesionario. c) El cesionario quedará subrogado en parte de los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. d) El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

42. Según el artículo 79.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿qué bienes integran el patrimonio de las Entidades locales?. a) Los bienes fiscales y los de libre disposición. b) Los bienes comunales y los bienes eclesiásticos. c) Los bienes de dominio público y los bienes patrimoniales. d) Los bienes patrimoniales y los bienes de dominio privado del Estado.

43. De conformidad con el artículo 86.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, la vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada: a) Se producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio. b) Será de manera indefinida. c) Será de un año, prorrogable a un año más. d) Se producirá en los términos establecidos en la legislación autonómica.

44. Según el artículo 66.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el número de miembros del comité de empresa se determinará de acuerdo con la siguiente escala: a) De cincuenta a cien trabajadores, cinco. b) De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, quince. c) De setecientos cincuenta y uno a mil trabajadores, diecisiete. d) De mil en adelante, uno por cada mil o fracción, con el máximo de sesenta y cinco.

45. De conformidad con el artículo 54.2.b) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, respecto al despido disciplinario, se considerarán incumplimientos contractuales: a) Las faltas repetidas y justificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo. c) La disminución discontinua e involuntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado. d) La embriaguez ocasional o toxicomanía si no repercuten negativamente en el trabajo.

46. Según el artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. La celebración del mismo no podrá demorarse por más de: a) Quince días naturales desde que fuera solicitada. b) Diez días hábiles desde que fuera solicitada. c) Quince días hábiles desde que fuera solicitada. d) Diez días naturales desde que fuera solicitada.

47. De conformidad con el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, serán nulos los acuerdos adoptados en: a) Sesiones extraordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. b) Sesiones extraordinarias urgentes sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. c) Sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. d) Sesiones extraordinarias y extraordinarias urgentes sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

48. Según el artículo 26.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial a que se refiere el artículo 2 del precitado texto refundido, el salario en especie podrá superar: a) El treinta por ciento de las percepciones salariales del trabajador. b) El diez por ciento de las percepciones salariales del trabajador. c) El quince por ciento de las percepciones salariales del trabajador. d) El cinco por ciento de las percepciones salariales del trabajador.

49. De conformidad con lo establecido en el artículo 95.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el Presidente podrá ordenar a cualquier miembro de la Corporación que abandone el local en que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión: a) Tras dos llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la primera de las consecuencias de una segunda llamada. b) Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada. c) Tras tres llamadas al orden en una o varias sesiones ordinarias consecutivas, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada. d) Tras dos llamadas al orden en una o varias sesiones extraordinarias consecutivas, con advertencia en la primera de las consecuencias de una segunda llamada.

50. Según el artículo 11.3.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el periodo de prueba del contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios: a) En ningún caso podrá exceder de un mes, salvo lo dispuesto en convenio colectivo. b) En ningún caso podrá exceder de seis meses, salvo lo dispuesto en convenio colectivo. c) En ningún caso podrá exceder de doce meses, salvo lo dispuesto en convenio colectivo. d) No podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año.

51. De conformidad con el artículo 62.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las infracciones graves serán sancionadas con: a) Multa pecuniaria proporcional del tanto al doble de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados. b) Multa pecuniaria proporcional del tanto al triple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados. c) Multa pecuniaria proporcional del tanto al cuádruple de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos indebidamente aplicados o justificados. d) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Administración u otros entes públicos.

52. De acuerdo con el artículo 64.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, las faltas leves sólo podrán corregirse con la sanción de: a) Apercibimiento. b) Amonestación. c) Suspensión de funciones, con una duración máxima de tres meses. d) Con multa de 75 a 900 euros, en función del perjuicio causado a la Administración.

53. De acuerdo con el artículo 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones leves prescribirán: a) A los tres meses. b) A los seis meses. c) Al año. d) A los dos años.

54. De acuerdo con el artículo 102.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se devenga: a) En el momento de la obtención de la correspondiente licencia, aun cuando no se haya iniciado la construcción, instalación u obra. b) En el momento de la finalización de la construcción, instalación u obra. c) En el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, siempre y cuando se haya obtenido la correspondiente licencia. d) En el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.

55. Según el artículo 75 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante: a) Más de tres meses por causas no imputables al presunto infractor. b) Más de seis meses por causas no imputables al presunto infractor. c) Más de un año por causas no imputables al presunto infractor. d) Más de dos años por causas no imputables al presunto infractor.

56. De conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se utiliza el término Moción para una: a) Propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa correspondiente. b) Propuesta que se somete indirectamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 de este Reglamento. c) Propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 de este Reglamento. d) Propuesta de modificación de un dictamen presentada por cualquier miembro de la Corporación y por escrito antes de iniciarse la deliberación del asunto.

57. Según el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Alcalde puede delegar únicamente en la Junta de Gobierno Local la siguiente atribución: a) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. b) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. c) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía. d) La separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral.

58. De conformidad con el artículo 107.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos: a) Seis meses desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. b) Dos años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. c) Tres años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. d) Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.

59. Según el artículo 6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las Administraciones públicas se ajustarán a los siguientes principios: a) Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. b) Alienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. c) Inalienabilidad, embargabilidad e imprescriptibilidad. d) Prescripción.

60. De conformidad con el artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, podrán establecerse sistemas de gestión colaborativa dirigidos a garantizar los recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales en municipios determinados de menos de: a) 5.000 habitantes. b) 10.000 habitantes. c) 20.000 habitantes. d) 50.000 habitantes.

61. Según lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en todo caso, la avocación se realizará: a) Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. b) Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, con posterioridad a la resolución final que se dicte. c) Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado al primer interesado en el procedimiento con anterioridad al acuerdo de avocación. d) Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad al acuerdo de delegación.

62. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al regular la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, en todo caso, el daño alegado habrá de ser: a) Estimado, económicamente cuantificado y singularizado con relación al perjudicado. b) Estimado, económicamente efectivo e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. c) Efectivo, cuantitativamente estimable e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. d) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

63. Según el artículo 44.3.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades su elaboración corresponderá a: a) Los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea. b) Los Plenos de todos los ayuntamientos interesados. c) La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas. d) Los Alcaldes de la totalidad de los municipios interesados.

64. De conformidad con el artículo 78.1.c) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el plazo de prescripción de las sanciones por un importe superior a 300.000 euros será de: a) Un año. b) Dos años. c) Tres años. d) Cuatro años.

65. De acuerdo con el artículo 413 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de: a) 3 a 6 años. b) 6 meses a 2 años. c) 6 a 10 años. d) 9 a 18 años.

66. Según el artículo 46.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con: a) Veinticuatro horas de antelación, salvo las extraordinarias. b) Veinticuatro horas de antelación. c) Dos días naturales de antelación. d) Dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno.

67. De acuerdo con el artículo 14.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ¿cuándo tendrán carácter oficial los cambios de denominación de los Municipios?. a) Tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». b) Tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración Autonómica, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». c) Tras haber sido anotados en el Registro oficial creado por el Gobierno mediante Real Decreto, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado». d) Tras haber sido anotados en el Registro municipal, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado».

68. De conformidad con el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿cuál de las siguientes atribuciones del Pleno es delegable en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local?. a) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística. b) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización. c) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas. d) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria.

69. Conforme a lo establecido en el artículo 220.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos, el plazo máximo para notificar resolución expresa, desde que se presente la solicitud por el interesado o desde que se le notifique el acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento, será de: a) Tres meses. b) Seis meses. c) Doce meses. d) Un mes.

70. De conformidad con el artículo 130.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los municipios señalados en el Título X de la precitada Ley, el nombramiento de los coordinadores generales y de los directores generales, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia deberá efectuarse entre: a) Miembros de la Junta de Gobierno Local. b) Miembros del Pleno municipal. c) Funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1. d) Personal que no reúna la condición de funcionario, salvo que el Reglamento Orgánico Municipal lo prohíba.

71. Según el artículo 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación para la adopción de acuerdos en la siguiente materia: a) Aprobación de las ordenanzas fiscales. b) Cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o instituciones públicas. c) Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto. d) La aprobación y modificación de los presupuestos, y la aprobación de las cuentas.

72. En la organización central de la Administración General del Estado, de acuerdo con el artículo 55.3.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son órganos superiores: a) Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Secretarios Generales. b) Los Ministros y los Secretarios Generales. c) Los Ministros y los Secretarios de Estado. d) Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Subsecretarios.

73. Según lo establecido en el artículo 92.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, las autorizaciones sobre bienes de dominio público habrán de otorgarse por un plazo máximo de duración de: a) De tres años, incluidas las prórrogas. b) De cuatro años, incluidas las prórrogas. c) De cinco años prorrogables. d) De cinco años, incluidas las prórrogas.

74. En virtud de lo dispuesto en el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los municipios a los que resulte de aplicación el régimen de organización de los municipios de gran población, previsto en el Título X de la mencionada Ley, el Alcalde no podrá delegar la siguiente competencia: a) Convocar y presidir el Pleno. b) Convocar y presidir la Junta de Gobierno Local. c) Dictar decretos e instrucciones. d) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materias de su competencia.

75. De conformidad con el artículo 8.1 de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional estará constituido por: a) Su Presidente, el Gerente y por un número de Vocales no superior a nueve, todos los cuales deberán ser profesionales de reconocido prestigio. b) Su Presidente, el Gerente y por un número de Vocales no superior a once, todos los cuales deberán ser profesionales de reconocido prestigio. c) Su Presidente, el Gerente y por un número de Vocales no superior a trece, todos los cuales deberán ser profesionales de reconocido prestigio. d) Su Presidente, el Gerente y por un número de Vocales no superior a quince, todos los cuales deberán ser profesionales de reconocido prestigio.

76. Según establece el artículo 131.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los municipios señalados en el Título X de la precitada Ley, el órgano necesario integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas, se denomina: a) Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones. b) Comisión de Participación Ciudadana. c) Conferencia de Ciudades. d) Consejo Social de la Ciudad.

77. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo desempeñará sus funciones con: a) Autonomía y según criterio del Senado. b) Autonomía y según criterio de las Cortes Generales. c) Autonomía y según criterio del Congreso de los Diputados. d) Autonomía y según su criterio.

78. Según lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo: a) Las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales. b) Las de carácter social y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales. c) Las de carácter concursal, penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales. d) Las de carácter mercantil, penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales.

79. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de: a) Seis años. b) Siete años. c) Ocho años. d) Nueve años.

80. Según lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, la jurisdicción contable es: a) Necesaria y prorrogable, excluyente y plena. b) Exclusiva, parcial e improrrogable. c) Necesaria e improrrogable, exclusiva y plena. d) Improrrogable, permanente y consuntiva.

81. Según lo establecido en el artículo 53.2 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, el plazo de duración del derecho de superficie no podrá exceder de: a) Setenta años. b) Noventa y nueve años. c) Cincuenta años. d) Cuarenta años.

82. Conforme a lo establecido en el artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de: a) Tres anualmente. b) Cuatro anualmente. c) Tres por mandato. d) Cuatro por mandato.

83. Según el artículo 124.4.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los municipios sujetos al régimen de gran población, del Título X de la misma Ley 7/1985, de 2 de abril, la facultad de revisión de oficio de los actos de la Alcaldía corresponde a: a) El Pleno. b) La Junta de Gobierno Local. c) La Alcaldía. d) La Junta de Gobierno Local o el Pleno, en función de la materia.

84. En los municipios de 5.001 a 20.000 habitantes, la iniciativa popular, regulada en el artículo 70 bis.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, deberá ir suscrita al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio: a) 10 por ciento. b) 15 por ciento. c) 20 por ciento. d) 25 por ciento.

85. De conformidad con lo establecido en el artículo 74.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los miembros de las Corporaciones locales quedan en situación de servicios especiales en el siguiente supuesto: a) Cuando sean funcionarios de la propia Corporación para la que han sido elegidos. b) Cuando no tengan dedicación exclusiva. c) Cuando tengan dedicación exclusiva. d) Cuando perciban otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas.

86. Según el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, la patrimonialización de la edificabilidad está condicionada en todo caso: a) Al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. b) Al acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística. c) A la práctica de la comunicación previa a la Administración competente, que deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad, en los términos establecidos por la legislación hipotecaria y por esta ley. d) A edificar sobre unidad apta para ello en los plazos establecidos para ello en la normativa aplicable y realizar las actuaciones necesarias para mantener la edificación, en todo momento, en un buen estado de conservación.

87. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, ¿cuál es la composición del Tribunal Constitucional?. a) El Tribunal Constitucional consta de dos Salas. Cada Sala está compuesta por seis Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno. b) El Tribunal Constitucional consta de cuatro Salas. Cada Sala está compuesta por seis Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno. c) El Tribunal Constitucional consta de dos Salas. Cada Sala está compuesta por cuatro Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno. d) El Tribunal Constitucional consta de cuatro Salas. Cada Sala está compuesta por cinco Magistrados nombrados por el Tribunal en Pleno.

88. Según el artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local se integra: a) Por el Alcalde y un número de Concejales no superior a un cuarto, al menos, del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. b) Por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. c) Por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número de Tenientes de Alcalde, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno. d) Por el Alcalde y un número impar de Concejales, nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.

89. De conformidad con el artículo 29.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la constitución en concejo abierto de los municipios a que se refiere el artículo 29.1.b) de la mencionada Ley (aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable), requiere: a) Petición de la mayoría absoluta de residentes, decisión favorable por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y comunicación a la Comunidad Autónoma. b) Petición de los vecinos o del propio Ayuntamiento, decisión favorable por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y comunicación al Ministerio de Administraciones Públicas. c) Petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma. d) Petición de los residentes de los municipios afectados, voto favorable por mayoría de tres quintos del número legal de miembros de la Corporación y aprobación por la Comunidad Autónoma.

90. Según lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, ¿qué mayoría se requiere para la elección por el Pleno del Presidente del Tribunal Constitucional?. a) En primera votación se requerirá la mayoría absoluta. Si ésta no se alcanzase se procederá a una segunda votación, en la que resultará elegido quien obtuviese mayor número de votos. En caso de empate se efectuará una última votación y si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en caso de igualdad el de mayor edad. b) En primera votación se requerirá el mayor número de votos. Si ésta no se alcanzase se procederá a una segunda votación, en la que resultará elegido quien obtuviese mayor número de votos. En caso de empate se efectuará una última votación y si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en caso de igualdad el de mayor edad. c) En primera votación se requerirá la mayoría cualificada de tres quintos. Si ésta no se alcanzase se procederá a una segunda votación, en la que resultará elegido quien obtuviese mayor número de votos. En caso de empate se efectuará una última votación y si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en caso de igualdad el de mayor edad. d) En primera votación se requerirá la mayoría simple, y, en caso de empate, se procederá a una segunda votación, y será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo.

91. De conformidad con el artículo 45.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Presidente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, deberá ser: a) Funcionario de carrera, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en derecho o administración de empresas y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública. b) Funcionario de carrera, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en derecho y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública. c) Funcionario de carrera, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en derecho y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública. d) Funcionario de carrera, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en derecho o ADE y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a veinte años, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública.

92. Según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios: a) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. b) Transparencia, información y derecho de acceso y rectificación. c) Acceso, rectificación y portabilidad. d) Acceso, oposición e interés público.

93. De conformidad con el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento: a) Cuando sea mayor de doce años. b) Cuando sea mayor de trece años. c) Cuando sea mayor de catorce años. d) Cuando sea mayor de dieciséis años.

94. De acuerdo con el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, respecto a la regla de gasto, la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar: a) La tasa de referencia de crecimiento del Producto Exterior Bruto de largo plazo de la economía española. b) La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de largo plazo de la economía española. c) La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de corto plazo de la economía española. d) La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

95. De conformidad con el artículo 47.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, estarán legitimados para actuar ante la jurisdicción contable: a) Las Administraciones públicas, previa declaración de lesividad de los actos que impugnen. b) Quienes tuvieran interés directo en el asunto o fueren titulares de derechos subjetivos relacionados con el caso. c) Los interesados en el procedimiento de declaración de lesividad y/o revisión de oficio de los actos que se impugnen. d) Aquellos que sean titulares de derechos objetivos relacionados con el procedimiento contable.

96. Según el artículo 65.1.e) del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, serán inscribibles en el Registro de la Propiedad: a) Los actos de transferencia y gravamen del aprovechamiento urbanístico. b) Las cesiones de terrenos rústicos y las transferencias de dominio. c) La resolución firme de expedientes sobre disciplina urbanística. d) Las condiciones generales a que se sujeten los actos de disconformidad o denegación administrativa.

97. De conformidad con el artículo 125.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a cada uno de los municipios turísticos se le cederá: a) El 2,0354 por ciento de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las comunidades autónomas por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco. b) El 2,0454 por ciento de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las comunidades autónomas por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco. c) El 2,0554 por ciento de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las comunidades autónomas por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco. d) El 2,0654 por ciento de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las comunidades autónomas por los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco.

98. Según el artículo 20.2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, en la creación de Secciones de todos los Tribunales se tendrá en cuenta, preferentemente: a) El volumen de población de la circunscripción. b) El volumen de litigiosidad de la circunscripción. c) El volumen de jueces y magistrados titulares. d) El volumen de jueces suplentes.

99. De conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales: a) En Municipios, Provincias e Islas. b) En Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas. c) En Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas. d) En Municipios, Partidos y Secciones.

100. Según el artículo 17.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Consejo de Empadronamiento, como órgano colegiado de colaboración en materia padronal, está formado por: a) Representantes de la Comunidad Autónoma y de los Entes Locales y será presidido por el Director General con competencias en Administración Local. b) Representantes de la Administración General del Estado y de los Entes Locales y será presidido por el Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. c) Representantes de la Administración General del Estado y de los Entes Locales y será presidido por el Presidente del Instituto Nacional de Estadística. d) Representantes de la Comunidad Autónoma y de los Entes Locales y será presidido por el Alcalde en que resida la sede del mismo.

Reserva 1. Según el artículo 79 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, la formación del censo de población constituye una competencia: a) Exclusiva del Instituto Nacional de Estadística. b) Exclusiva del Ayuntamiento. c) Compartida de todos los Ayuntamientos. d) Compartida de los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas.

Reserva 2. De conformidad con el artículo 116 ter.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, todas las Entidades Locales calcularán el coste efectivo de los servicios que prestan: a) Antes del día 1 de septiembre de cada año. b) Antes del día 1 de octubre de cada año. c) Antes del día 1 de enero de cada año. d) Antes del día 1 de noviembre de cada año.

Reserva 3. Conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, y de los restantes ingresos de Derecho Público de las entidades locales, se formulará: a) El recurso de reposición específicamente previsto a tal efecto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales, teniendo carácter potestativo en los municipios a que se refiere el título X de la LBRL. b) El recurso de reposición específicamente previsto a tal efecto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales, teniendo carácter preceptivo en los municipios a que se refiere el título X de la LBRL. c) La reclamación económico-administrativa, con carácter previo al recurso contencioso-administrativo. d) El recurso de reposición y reclamación económico-administrativa, tramitándose el presentado en segundo lugar y declarándose inadmisible el primero.

Reserva 4. Según el artículo 97 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, la adjudicación por lotes o suertes para el aprovechamiento y disfrute de bienes comunales, se hará a los vecinos: a) En proporción directa al número de personas que tengan a su cargo y directa de su situación económica. b) En proporción directa al número de personas que tengan a su cargo e inversa de su situación económica. c) En proporción inversa al número de personas que tengan a su cargo y directa de su situación económica. d) En proporción inversa al número de personas que tengan a su cargo e inversa de su situación económica.

Reserva 5. ¿Cuál de los siguientes derechos fundamentales está reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española de 1978?. a) El derecho a la tutela judicial efectiva. b) El derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto. c) El derecho a la libertad de expresión. d) El derecho a la educación.

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