NUEVA CLASE 20

Será tutor del Rey menor: Art. 60.1 C.E. La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento. La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea ascendiente suyo, mayor de edad y español de nacimiento. La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español. La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea ascendiente o descendiente suyo, mayor de edad y español de nacimiento.

Si la acusación al Presidente del Gobierno fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada: Art. 102.2 C.E. Por iniciativa de la tercera parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría simple del mismo. Por iniciativa de la quinta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

La iniciativa del proceso autonómico corresponde: Art. 143.2 C.E. A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de cinco meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las tres cuartas partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las tres cuartas partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de cinco meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

Se aprobaron los dos primeros Estatutos de Autonomía de País Vasco y Cataluña: El 18 de diciembre de 1978. El 25 de febrero de 1983. El 18 de diciembre de 1979. El 20 de diciembre de 1980.

El artículo que expresa que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, es el número: 139.2. 138.2. 139.1. 137.

En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de: Art. 141.4 C.E. Cabildos o Consejos. Diputaciones o Cabildos. Diputaciones o Consejos. Cabildos o corporaciones de carácter representativo.

Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas: Art. 138.2 C.E. No podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Podrán implicar privilegios económicos y sociales. No podrán implicar privilegios económicos, pero sí sociales. No podrán implicar privilegios sociales, pero sí económicos.

Indique la respuesta incorrecta sobre el Ministerio Fiscal: Art. 124.1, .2, .3 y.4 C.E. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Iey, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. La Iey regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Ministerio de Justicia.

El Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones si ningún candidato para la Presidencia del Gobierno hubiere obtenido la confianza del Congreso, transcurrido el plazo de: Art. 99.5 C.E. Un mes, a partir de la primera votación de investidura. Dos meses, a partir de la primera votación de investidura. Tres meses, a partir de la primera votación de investidura. Cuatro meses, a partir de la primera votación de investidura.

Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, se compondrá de: Art. 59.3 C.E. Dos, tres o cuatro personas. Una, dos o tres personas. Una, tres o cuatro personas. Una, tres o cinco personas.

Los particulares, en los términos establecidos por la Iey: Art. 106.2 C.E. Tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, en todo caso. Tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes. Tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, incluso en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por: Art. 123.2 C.E. El Rey, a propuesta del Ministerio de Justicia, en la forma que determine la Iey. El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la Iey. El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, oído el Ministerio de Justicia, en la forma que determine la Iey. El Rey, a propuesta del Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la Iey.

La policía judicial en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, depende de: Art. 126 C.E. Los Tribunales. Los Jueces. El Ministerio Fiscal. Todas las respuestas son correctas.

Según el art. 62 de la Constitución no le corresponde al Rey: (Gestión Procesal 2017-18 Incidencias pregunta 1) TÍTULO II Art. 62 C.E. Sancionar y promulgar las leyes. El mando supremo de las Fuerzas Armadas. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta del presidente. El Alto Patronazgo de las Fundaciones.

15. Conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución Española, las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por: (Gestión Procesal 2020-21-22 pregunta 94) Art. 57.5 C.E. Una Iey orgánica. Una Iey ordinaria. Real Decreto del Consejo de Ministros. El procedimiento que expresamente se recoge en la Constitución, sin necesidad de ser regulado por una Iey.

De acuerdo con el artículo 143.2 de la Constitución Española, la iniciativa del proceso autonómico corresponde: (Tramitación Procesal 2011 pregunta 11) Título VIII Art. 143.2 C.E. Exclusivamente a las Diputaciones o al órgano interinsular correspondiente. A todas las Diputaciones afectadas o al órgano interinsular correspondiente y a la tercera parte de los municipios que representen, al menos, la mitad del censo electoral de cada provincia o isla. Exclusivamente a los municipios limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes. A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.

Según el Artículo 153.c) de la Constitución Española, el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, en cuanto a la administración autónoma y sus normas reglamentarias, se ejercerá: (Tramitación Procesal 2017-18 Incidencias) TÍTULO VIII Art. 153 C.E. Por la jurisdicción contencioso-administrativa ordinaria. Por la jurisdicción civil ordinaria. Por el Tribunal de Cuentas. Por el Tribunal Constitucional.

¿Cuál de los siguientes no constituye recurso económico propio de las Comunidades Autónomas?: (Tramitación Procesal 2017-18 Incidencias pregunta 11) TÍTULO VII. Art 157.1 C.E. El producto de las operaciones de crédito. Las transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial. Los impuestos cedidos parcialmente por el Estado. El Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión.

¿Según la Constitución Española, en qué caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas?: (Tramitación Procesal 2017-18 Incidencias pregunta 12) TÍTULO VIII Art. 145.1 C.E. Cuando esté previsto en sus Estatutos. Cuando lo autoricen las Cortes Generales, previo informe del Consejo de Estado. Cuando lo autoricen las Cortes Generales, previo informe del Tribunal Constitucional. En ningún caso.

El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por: (Tramitación Procesal 2017-18 Incidencias pregunta 16). TÍTULO VI. Art. 122.3 C.E. Veinte Vocales, y uno de ellos ejercerá de Presidente. El Presidente de la Audiencia Nacional, que lo presidirá, y por veinte vocales. El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales. Un Presidente y veintiún Vocales.

La alteración de los límites provinciales ha de ser aprobada por: (Auxilio Judicial 2008 pregunta 22) Art. 141.1C.E título VIII. El Congreso de los Diputados. Las Cortes Generales. El Senado. El Gobierno.

¿Cuál de las siguientes materias no tiene necesariamente que regularse por Ley Orgánica? (Auxilio Judicial 2008 pregunta 38) Art. 98.4 C.E Título IV. Constitución, funcionamiento y gobierno de Jueces y Tribunales. El Estatuto e Incompatibilidades de los miembros del Gobierno. El Estatuto Jurídico del Personal al Servicio de la Administración de Justici. Funciones del Tribunal de Cuentas.

Indique la respuesta incorrecta. El Plan de transparencia judicial constituye una herramienta básica para la planificación, desarrollo y ejecución de las políticas públicas relativas a la Administración de Justicia, y, en particular, para las siguientes finalidades: Plan de Transparencia. El desarrollo del programa legislativo del Estado en materia procesal. La actualización y modificación de la organización judicial. El funcionamiento de los servicios de inspección sobre los juzgados y tribunales. La determinación individualizada de las retribuciones y destinos de los miembros de la carrera judicial.

El ciudadano tiene derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia. Podrá presentar las quejas y sugerencias ante: 2D CARTA DE LOS DCHOS HUMANOS. El propio Juzgado o Tribunal. Las Oficinas de Atención al Ciudadano,. El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y, en su caso, ante las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Todas las respuestas son correctas.

Los Colegios respectivos establecerán un sistema para que el ciudadano pueda conocer de forma efectiva: 3 CARTA DE LOS DCHOS HUMANOS. Las sanciones disciplinarias, no canceladas, impuestas a un profesional en todo el territorio nacional. Todas las sanciones impuestas al profesional, estén o no canceladas. Las sanciones disciplinarias, no canceladas, impuestas a un profesional en su respectiva provincia. Las sanciones disciplinarias, estén o no canceladas, impuestas a un profesional en todo el territorio nacional.

El Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Justicia e Interior, llevará a cabo un seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de esta Carta: Eficacia de la Carta. Con carácter anual. Con carácter semestral. De manera permanente. Cuando lo solicite extraordinariamente el Gobierno.

El ciudadano tiene derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como a recibir respuesta a las mismas con la mayor celeridad y, en todo caso, dentro del plazo de: 2D CARTA DE LOS DCHOS HUMANOS. Tres meses. Veinte días. Un mes. Dos meses.

Indique la respuesta incorrecta sobre el ciudadano víctima de un delito: CARTA DE LOS DCHOS HUMANOS. El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser informado con claridad sobre su intervención en el proceso penal, las posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido, así como sobre la duración del proceso. El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a que su comparecencia personal ante un Juzgado o Tribunal tenga Iugar de forma adecuada a su dignidad y preservando su intimidad. El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser protegido de forma inmediata y efectiva por los Juzgados y Tribunales, especialmente frente al que ejerce violencia física o psíquica en el ámbito familiar. El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser protegido frente a la publicidad no deseada sobre su vida privada en toda clase de actuaciones judiciales.

Los Abogados y Procuradores: CARTA DE LOS DCHOS HUMANOS. Estarán obligados a entregar a su cliente un presupuesto previo que contenga honorarios provisionales y método de provisión de fondos. Estarán obligados a entregar a su cliente un presupuesto previo que contenga coste y forma de pago. Estarán obligados a entregar a su cliente un presupuesto previo que contenga arancel aplicable y forma de pago. Estarán obligados a entregar a su cliente, si lo solicita expresamente, un presupuesto previo que contenga coste y forma de pago.

La Carta se ocupa en su tercera parte: CARTA DE LOS DCHOS HUMANOS. En la especial atención a grupos desprotegidos. En las relaciones del ciudadano con los profesionales. En la eficacia de los derechos. En el desarrollo de los principios de transparencia, información y atención adecuada.

Elaborarán un estudio de previsiones sobre la cuantía media aproximada de las costas de cada proceso, dependiendo tanto del tipo de procedimiento como de su complejidad: 3 CARTA DE LOS DCHOS HUMANOS. El Ministerio de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial. Los respectivos Colegios profesionales. El Ministerio de Justicia conjuntamente y el Consejo General del Poder Judicial.

No es un principio del Plan de Transparencia: CARTA DE LOS DCHOS HUMANOS. Secreto estadístico. Relación coste-eficiencia. Imparcialidad e independencia profesional. Pertinencia, especialidad y proporcionalidad.

Dentro de los principios enumerados en el Plan de Transparencia Judicial, el que obliga a la protección y amparo de los datos personales obtenidos en las estadísticas judiciales y a la adopción de cuantas medidas se presiden para proteger la información se denomina: (Gestión Procesal 2024 pregunta 34) PLAN DE TRANSPARENCIA JUDICIAL. DIFÍCIL. Principio de uniformidad y fiabilidad estadística. Principio de secreto estadístico. Principio de pertinencia, especialidad y proporcionalidad. Principio de coste-eficacia.

La Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia promueve una Justicia Gratuita de calidad. ¿Cuál de estas afirmaciones no se incluye dentro de la Carta? (Gestión Procesal 2024 pregunta 35) Art. 4. El ciudadano tiene derecho a ser asesorado y defendido gratuitamente por un abogado suficientemente cualificado cuando tenga legalmente derecho a la asistencia jurídica gratuita. El ciudadano tiene derecho a ser representado por un procurador cuando tenga legalmente derecho a la asistencia jurídica gratuita. El ciudadano tiene derecho a ser representado por un procurador aun cuando no tenga legalmente derecho a la asistencia jurídica gratuita. El ciudadano tiene derecho a exigir una formación de calidad al profesional designado por el turno de oficio en los supuestos de asistencia jurídica gratuita.

Según el punto 27 de la Carta de Derecho de los Ciudadanos ante la justicia, en relación con la protección de menores, el menor de edad con suficiente juicio tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial y les corresponde velar por la efectividad de este derecho: (Tramitación Procesal 2024 pregunta 82). AI Ministerio Fiscal. AI Ministerio de la Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes. AI Juzgado que corresponda. A la Consejería de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente.

¿Quién velará por que el ciudadano que sea víctima de un delito sea protegido frente a la publicidad no deseada sobre su vida privada en toda clase de actuaciones judiciales, según la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia? (Auxilio Judicial 2024 pregunta 24). Los Jueces y Tribunales, así como todos los funcionarios que cooperan con la Administración de Justicia. Los Jueces y Magistrados, así como el Ministerio Fiscal. Los Jueces y Magistrados, así como todos los funcionarios e Instituciones que cooperan con la Administración de Justicia. Las autoridades y funcionarios.

¿Quién elaborará un programa de previsiones con la duración debida de los distintos procedimientos en todos los órdenes jurisdiccionales conforme a la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia? (Auxilio Judicial 2024 pregunta 25). El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. La Comisión de Justicia e Interior, a través del Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas. El Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Justicia e Interior.

La Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia recoge que, en todo caso, el ciudadano tiene derecho a recibir respuesta a una queja relativa al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia dentro del plazo de: (Auxilio Judicial 2024 pregunta 26). Diez días. Quince días. Un mes. Dos meses.

De acuerdo con la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, el ciudadano tiene derecho a que las notificaciones contengan términos: (Auxilio Judicial 2024 pregunta 27). Jurídicos precisos, evitándose las ambigüedades y con las explicaciones de las consecuencias legales de cada actuación. Jurídicos sencillos, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios y con las explicaciones de las consecuencias legales de cada actuación. Sencillos, que permitan entender el contenido sin conocimientos jurídicos, evitándose las ambigüedades y con las explicaciones de las consecuencias legales de cada actuación. Sencillos y comprensibles, sin usar elementos intimidatorios innecesarios.

Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de las Comunidades Autónomas estarán integradas por: Art. 10.2. El Decano del Colegio de Abogados y el del Colegio de Procuradores, o el abogado o el procurador que ellos designen, y por un miembro que designen las Administraciones públicas de la que dependen. El Decano del Colegio de Abogados y el del Colegio de Procuradores, o el abogado o el procurador que ellos designen, y por dos miembros que designen las Administraciones públicas de las que dependen. Los Decanos del Colegio de Abogados y del Colegio de Procuradores de Madrid, o el abogado o procurador que ellos designen, un Abogado del Estado y un funcionario del Ministerio de Justicia perteneciente a cuerpos o escalas del subgrupo A1. El Decano del Colegio de Abogados y el del Colegio de Procuradores, o el abogado o el procurador que ellos designen, y por un funcionario del Ministerio de Justicia perteneciente a cuerpos o escalas del subgrupo A1.

Indique la respuesta incorrecta. El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones: Art. 6.4, .5.8 y.11. Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales. Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos. Reducción del 90 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas. La asistencia gratuita de profesional de la abogacía en cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias permitidos por la Iey que tenga por objeto dar cumplimiento al requisito de procedibilidad dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, cuando en el eventual proceso judicial la intervención de este profesional sea legalmente preceptiva o cuando, no siéndolo, la parte contraria actúe con él.

Sólo en el orden penal podrán los abogados designados excusarse de la defensa. La excusa deberá formularse en: Art. 31. El plazo de cinco días desde la notificación de la designación y resolverse en el plazo de tres días desde su presentación. El plazo de tres días desde la notificación de la designación y resolverse en el plazo de tres días desde su presentación. El plazo de cinco días desde la notificación de la designación y resolverse en el plazo de cinco días desde su presentación. El plazo de tres días desde la notificación de la designación y resolverse en el plazo de cinco días desde su presentación.

La declaración errónea, el falseamiento u ocultación de datos por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita, que hayan sido determinantes para el reconocimiento del derecho, darán Iugar, en todo caso: Art. 19. Previa audiencia del interesado, a su revocación por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, mediante resolución motivada, que, a estos fines, tendrá potestades de revisión de oficio. Previa audiencia del interesado, a su revocación por parte del Colegio de Abogados, mediante resolución motivada, que, a estos fines, tendrá potestades de revisión de oficio. Sin audiencia del interesado, a su revocación por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, mediante resolución motivada, que, a estos fines, tendrá potestades de revisión de oficio. Sin audiencia del interesado, a su revocación por parte del Colegio de Abogados, mediante resolución motivada, que, a estos fines, tendrá potestades de revisión de oficio.

El artículo 32 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita dispone que cuando el abogado designado para un proceso considere insostenible la pretensión que pretende hacerse valer, deberá comunicarlo (Gestión Procesal concurso-oposición 2022 pregunta 49) Art.32. AI Colegio de Abogados, dentro de los 15 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. A la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los 15 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. A la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los 10 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. AI Colegio de Abogados, dentro de los 10 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión.

De conformidad con el artículo 14 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, si en la solicitud del derecho a la asistencia jurídica gratuita existen deficiencias, estas deberán subsanarse: (Auxilio Judicial 2024 incidencia pregunta 22) Art. 14. En el plazo de diez días naturales. En el plazo de diez días hábiles. En el plazo de quince días naturales. En el plazo de quince días hábiles.

Según el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, el derecho a la asistencia jurídica gratuita no comprende: (Auxilio Judicial 2024 incidencia pregunta 75) Art. 6.4 NUEVA PURA. Exención del pago de tasas judiciales. Inserción gratuita de edictos cuya publicación no sea preceptiva. Exención del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos. Obtención gratuita de copias, testimonios.

Tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita: (Tramitación Procesal 2015 pregunta 82). Art. 2 a. Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten suficiencia de recursos para litigar. Los trabajadores pertenecientes al régimen de autónomos en determinados aspectos de los órdenes civiles y penales. Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Las asociaciones que no tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo.

La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, requerirán en todo caso: Art. 13.1 TEMA 4. Audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. Audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado y del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. Audiencia de los municipios interesados y resolución motivada del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. Dictamen del Consejo General de Municipios y Provincias o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe de la Administración que ejerza la tutela financiera.

Corresponde al Pleno de la Diputación: Art. 33 y 34 TEMA 4. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación Provincial. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral. La votación sobre la moción de censura al Presidente y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo. El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado.

Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, para que anule dicho acto en el plazo máximo de: Art. 65.1 TEMA 4. Veinte días. Un mes. Dos meses. Tres meses.

Podrán establecerse, sistemas de gestión colaborativa dirigidos a garantizar los recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y, en particular, para una prestación de calidad, financieramente sostenible, de los servicios públicos mínimos obligatorios, mediante medidas de racionalización organizativa y de funcionamiento; de garantía de la prestación de dichos servicios mediante fórmulas de gestión comunes o asociativas; de sostenimiento del personal en común con otro u otros municipios; y, en general, de fomento del desarrollo económico y social de los municipios, en municipios determinados de menos de: Art. 28. 50.000 habitantes. 30.000 habitantes. 25.000 habitantes. 20.000 habitantes.

La inscripción en el Padrón Municipal cuando se trate de la inscripción de extranjeros sin autorización de residencia de larga duración, no pertenecientes a un Estado miembro de la Unión Europea, a Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o a otros Estados a los que, en virtud de un convenio internacional se extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados anteriormente, deberá ser objeto de renovación periódica: Art. 16.1 TEMA 4. Cada año. Cada dos años. Cada tres años. Cada cinco años.

Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos: Art. 46.2 b TEMA 4. Con un día hábil de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno. Con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno. Con tres días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente. Con cinco días hábiles de antelación.

Indique la respuesta incorrecta. La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: Art. 49 TEMA 4. Aprobación inicial por el Pleno. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de veinte días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

La creación de nuevos municipios, según lo establecido en el art. 13 de la Ley de Bases de Régimen Local, solo podrá realizarse sobre la base de núcleo de población territorialmente diferenciados de al menos: (Gestión Procesal 2017-18 pregunta 37) Art. 13.2 TEMA 4. 3.000 habitantes. 5.000 habitantes. 2.000 habitantes. 4.000 habitantes.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece que: (Tramitación Procesal 2011 pregunta 30) Art. 13.1 TEMA 4. La alteración de términos municipales podrá suponer la modificación de los límites provinciales previa autorización de las Diputaciones afectadas. La alteración de términos municipales requerirá en todo caso la autorización del Gobierno de la Nación. La alteración de términos municipales se regulará por la legislación de las comunidades autónomas sobre régimen local. La citada Ley no contempla la alteración de términos municipales.

De conformidad con la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, el nuevo municipio resultante de la fusión de municipios colindantes dentro de la misma provincia, no podrá segregarse hasta transcurridos: (Tramitación Procesal 2016 pregunta 47) Art. 13.4 TEMA 4. Cinco años desde la adopción del convenio de fusión. Diez años desde la adopción del convenio de fusión. Veinte años desde la adopción del convenio de fusión. Cincuenta años desde la adopción del convenio de fusión.

Según el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la quién le corresponde dirigir el gobierno y la administración de la provincia? (Auxilio Judicial 2015 pregunta 40) Art. 34.1. AI Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. En todo caso, al Presidente de la Diputación. Delegado del Gobierno. Presidente de la Comunidad Autónoma.

Señale la respuesta incorrecta: según el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son entidades locales territoriales: (Auxilio Judicial 2015 pregunta 95) Art. 3 TEMA 4. El Municipio. La Provincia. La Isla en los Archipiélagos Balear y Canario. Las Comunidades Autónomas.