Test núm. 3 - Autoevaluación S.E.I.X 2019

1. C. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando: a). Se incorporen al texto de la misma. b). Se haga referencia a ellos en la resolución. c). Decidan directa o indirectamente el fondo del asunto. d). En los procedimientos iniciados a instancia de parte, se la resolución es favorable al solicitante.

2. C. En los casos en que proceda la comparecencia de las personas en las oficinas públicas, la Ley 39/2015, prevé que en la citación se hará constar expresamente: a). El lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla. b). Sólo el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia. c). Únicamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla. d). El lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como la posibilidad de obtener certificación acreditativa cuando así se solicite.

3. C. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, toda notificación debe ser cursada dentro del plazo: a). De un mes desde que se dictó el acto. b). De diez días a partir de la fecha en la que se hubiera dictado el acto. c). De quince días naturales contados a partir del día de su registro de salida. d). De ocho días a partir de la fecha en la que se hubiera dictado el acto.

4. C. A tenor de lo previsto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, ¿cuándo se entiende practicada una notificación de un acto administrativo por medios electrónicos?. a). Cuando se reciba en el correo electrónico del interesado. b). Cuando se produzca el acceso a su contenido. c). Cuando se curse desde las aplicaciones informáticas del Ayuntamiento. d). Ninguna de las respuestas anteriores.

5. C. Según dispone el artículo 21 de la Ley 39/2015, el plazo máximo en el que debe notificarse resolución expresa será el fijado en la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de: a). Tres meses. b). Un año. c). En ningún caso, puede ser superior a seis meses. d). No podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.