O-c2 -ay-vlc - t-1 Constitución Española (Título Preliminar y Título I)

Según la Constitución Española (CE) los poderes del Estado Español emanan de: La Soberanía Nacional. La Monarquía Parlamentaria. El Estado. El pueblo español.

Según la Constitución: España es un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. España es un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores fundamentales de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y los partidos políticos. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores fundamentales de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y los partidos políticos.

La bandera de España: Podrá utilizarse en todas las Comunidades Autónomas además de su bandera. Se utilizará en edificios públicos y actos oficiales en las Comunidades Autónomas, junto con su bandera y enseñas propias. Se utilizará en las Comunidades Autónomas de acuerdo con lo previsto en sus propios Estatutos. Se utilizará en las Comunidades Autónomas en los edificios públicos estatales y los actos públicos oficiales.

En España pueden crearse partidos políticos libremente: siempre que concurran a la manifestación de la voluntad popular. dentro del respecto a la Constitución y a la Ley. siempre que sean un instrumento para la participación política. siempre que expresen el pluralismo político.

La misión de garantizar la soberanía de España la tiene atribuida, según la Constitución: Las Cortes Generales. El Rey. Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La Constitución garantiza: La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. La publicidad de las normas legales. El principio de legalidad y de no jerarquía normativa. La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Respecto de la irretroactividad de las normas, la Constitución la garantiza: en cualquier caso, para dar seguridad jurídica. en el caso de las disposiciones favorables. en el caso de las disposiciones restrictivas de derechos individuales. sólo para el caso de normas sancionadoras no favorables.

Según la Constitución, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes: el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. el libre desarrollo de la persona, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

Las normas relativas a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con: la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. la Constitución y con la Declaración Universal de Derechos del Hombre y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales. la Declaración Universal de Derechos del Hombre y los acuerdos internacionales.

Según la Constitución, la nacionalidad española: Se adquiere y se pierde de acuerdo con lo establecido por ley orgánica. Se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la Constitución. Se adquiere, y se pierde de acuerdo con lo establecido por ley de Cortes. Se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la Ley.

El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos: o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. o con aquellos que hayan tenido una particular vinculación con España. o con aquellos que tengan una particular vinculación con España. o con aquellos que tengan vinculación particular con España.

En España, los extranjeros gozarán de las libertades públicas que garantiza el Título I CE: En los términos que establezcan los tratados y la Ley. De acuerdo con el criterio de reciprocidad. En los casos que así lo establezcan los tratados internacionales en la materia. En los términos que establezcan los tratados ratificados por España.

El derecho de asilo podrá reconocerse a los ciudadanos: de otros países atendiendo a criterios de reciprocidad. de otros países y los apátridas, de acuerdo con la Ley. iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. de otros países, en su caso, y a los apátridas.

El derecho a participar en los asuntos públicos, según la Constitución: Se reserva en exclusividad a los españoles. Podrán hacerlo los extranjeros nacionalizados españoles en igualdad de condiciones si así lo determina una ley de Cortes. Solamente lo disfrutan los españoles, salvo lo que atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Podrán hacerlo los extranjeros siempre que haya reciprocidad.

La extradición se concederá: En cumplimiento de un tratado o de la Ley. En cumplimiento de un tratado o de la Ley, atendiendo al principio de reciprocidad. En caso de reciprocidad. En cumplimiento de un tratado, atendiendo al principio de reciprocidad, por delitos políticos.

Según la Constitución, la pena de muerte: Está totalmente abolida. Se podrá imponer por delitos cometidos en tiempos de guerra o en alguno de los estados excepcionales. Se podrá imponer por delitos cometidos en tiempos de guerra o en el estado de sitio. Queda abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

La libertad ideológica de los individuos y las comunidades, según la Constitución: No tiene límites. Está limitada por las creencias de los demás. Está garantizada sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley. Está garantizada sin más limitación que el poder público.

La detención preventiva: Tiene una duración mínima de 72 horas. Tiene una duración máxima de 72 horas. La Constitución no establece duración máxima, sino que se regulará por Ley. No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.

La prisión provisional: Tiene una duración mínima de 72 horas. Tiene una duración máxima de 72 horas. La Constitución no establece exactamente la duración máxima, sino que prevé su regulación por Ley. No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.

El plazo que se dispone para informar a un detenido de sus derechos es de: Dentro de las 24 horas siguientes a su detención. De forma inmediata. Dentro de las 72 horas siguientes a su detención. Dentro de las 48 horas siguientes a su detención.