Objeto, Principios generales y TRLSRU 2015

¿Cuál de estas materias es competencia de la Comunidad de Madrid?. Valoraciones de suelo en operaciones de reparto de beneficios precisas para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística en las que la valoración determine el contenido patrimonial de facultades o deberes propios del derecho de propiedad, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados. Ordenación del territorio. Aprobación inicial de los Planes Generales.

Según el artículo 5 de la Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, los sujetos privados participan en el ejercicio de la potestad de planeamiento Urbanístico: Mediante la formulación de iniciativas y propuestas, incluso con proyectos de instrumentos de planeamiento en los casos legalmente previstos. Mediante la cesión de terrenos de los que son propietarios. En ningún caso ya que el planeamiento Urbanístico es una potestad exclusiva de la Administración Pública.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el coste de reposición de una construcción o edificación es: El valor actual de la construcción de un inmueble de nueva planta depreciado por la antigüedad y el estado de conservación. El valor actual de la construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original en relación con las características constructivas y la superficie útil. El valor actual de la construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original en relación con las características constructivas, y con la edificabilidad determinada por el planeamiento para la zona de ordenanza donde se encuentre el edificio.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se entiende por ajustes razonables las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad universal de forma eficaz, segura y práctica, y sin que supongan una carga desproporcionada. Se entenderá que la carga es desproporcionada: Cuando el coste de las obras repercutido durante su tiempo de ejecución descontando ayudas públicas, exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. Cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando ayudas públicas, exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. Cuando el coste de las obras repercutido anualmente, sin descontar ayudas públicas, exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización que sea preceptiva debiendo: Ser motivada su denegación. Ser motivada la autorización. Ambas son ciertas.

La Admón. podrá requerir la presentación de un Informe de Evaluación de Edificios: A las edificaciones con tipología residencial colectiva. A las edificaciones con tipología residencial colectiva excluido los hoteles. A todas las edificaciones.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, las actuaciones de urbanización comportan del deber legal de entregar a la Admón. y con destino a patrimonio público de suelo, el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación o del ámbito superior de referencia en que esta se incluya: No inferior al 5% ni superior al 15%. No inferior al 5% ni superior al 20%. No inferior al 10% ni superior al 15%.

Cuando se trate de actuaciones de dotación: Se entregará o se cederá únicamente el aprovechamiento correspondiente. No se entregará o se cederá el suelo correspondiente a dotaciones públicas, la administración deberá expropiarlo. Se cederá o se entregará a la Admón., el suelo correspondiente a dotaciones públicas relacionado con el reajuste de su proporción que podrá sustituirse por la entrega de su superficie edificada o edificabilidad no lucrativa, en un complejo inmobiliario, situado dentro del mismo.

El Informe de Evaluación de los Edificios, de acuerdo con el Decreto 103/2016 por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios en la Comunidad de Madrid, será exigible a los edificios terciarios con una antigüedad superior a: 30 años. 50 años. Ninguna es cierta.

Sin perjuicio de los plazos más restrictivos que puedan disponer las ordenanzas municipales, respecto la obligación de disponer del Informe de Evaluación de los Edificios, si los edificios contasen con una inspección técnica vigente, realizada de conformidad con su normativa aplicable, antes del 28 de junio de 2013: Solo se exigirá el Informe de Evaluación cuando corresponda su segunda revisión. Solo se exigirá el Informe de Evaluación cuando corresponda su tercera revisión. Solo se exigirá el Informe de Evaluación cuando corresponda su primera revisión.

El Informe de Evaluación de los Edificios se ajustará al modelo previsto en: Ambas son ciertas. El Anexo I del Decreto 103/2016 por el que se regula el Informe de Evaluación del Edificio en la Comunidad de Madrid. El Anexo II del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Fomento al Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, solicitada la licencia de primera ocupación, cuando la edificación no cumpla los requisitos, la Admón. deberá adoptar las medidas necesarias para el cese de la ocupación o utilización comunicada. Será responsable de los perjuicios que se ocasionen a terceros si no adopta dichas medidas en el plazo de: 3 meses. 6 meses. 1 mes.

Se entiende por actuaciones edificatorias, incluso cuando requieran obras complementarias de urbanización: Las de nueva edificación, sustitución de la edificación existente y rehabilitación edificatoria. Las de nueva edificación. Las de nueva edificación, sustitución de la edificación existente, dotación privada y rehabilitación edificatoria.

El justiprecio de los bienes y derechos expropiados se fijará mediante: El expediente individualizado o por el procedimiento de tasación conjunta pudiéndose satisfacer en especie hasta el 50% del justiprecio. El expediente individualizado o por el procedimiento de tasación conjunta no pudiéndose satisfacer en especie. El expediente individualizado o por el procedimiento de tasación conjunta pudiéndose satisfacer en especie.

OPO AT CM 2021. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la legislación urbanística fijará el plazo máximo de contestación de una consulta urbanística sobre el suelo en situación rural en el que los instrumentos de ordenación prevean su paso a urbanizado. El plazo máximo de contestación no podrá exceder de: 2 meses. 3 meses. 6 meses.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la determinación de las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme a la ordenación territorial y urbanística: No confiere derecho a indemnización en ningún caso. Confiere derecho a indemnización en el caso de actuaciones de dotación. No confiere derecho a indemnización salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, las actuaciones de dotación son: Las actuaciones de rehabilitación y nueva edificación en un ámbito en el que se incrementan las dotaciones en proporción al incremento de edificabilidad otorgado por el planeamiento. Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización en un ámbito de suelo urbanizado. Las que tengan por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación de éste.

Están excluidos del Informe de Evaluación de los Edificios, de acuerdo con el Decreto 103/2016 por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios en la Comunidad de Madrid: Ambas son ciertas. Los edificios declarados en situación legal de ruina urbanística. Los edificios que hayan iniciado el procedimiento de declaración de ruina urbanística.

La certificación de la eficiencia energética del edificio contenida en un Informe de Evaluación del Edificio se realizará de acuerdo a lo establecido en: El Anexo II del Decreto 103/2016 por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios en la Comunidad de Madrid. El Real Decreto 253/2011 por el que se aprueba la certificación de eficiencia energética de los edificios. Ninguna es cierta.

Las facultades de inspección y vigilancia del cumplimiento por los propietarios del deber de disponer del Informe de Evaluación de los Edificios, corresponde: Ambas son ciertas. A los Ayuntamientos. A la Comunidad de Madrid.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en el supuesto de una iniciativa pública en una actuación de transformación urbanística y edificatoria, podrán participar: Los propietarios y la administración únicamente. Los propietarios. Los propietarios de los terrenos y no propietarios (particulares) que no ostenten dicha propiedad en las condiciones dispuestas por la legislación aplicable.

Se considera complejo inmobiliario urbanístico: Al régimen de organización unitaria de la propiedad inmobiliaria en el que se distingan elementos privativos y elementos comunes por cuotas porcentuales. A los instrumentos de ordenación urbanística por el cual se destinan superficies superpuestas, en la rasante y en el subsuelo o vuelo, a la edificación o uso privado y al dominio público, en el que aquellas y esta tendrán el carácter de fincas especiales de atribución privativa. Tales fincas podrán estar constituidas, tanto por edificaciones ya realizadas como por suelos no edificados. Al régimen de organización unitaria de la propiedad inmobiliaria en el que se distingan elementos privativos y elementos comunes por cuotas porcentuales con anejos de dominio público ligados a la promoción.

A los efectos del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015, se entiende por edificio de tipología residencial colectiva: El compuesto por más de una vivienda, así como residencias. El compuesto por más de una vivienda, así como hoteles o residencias. El compuesto por más de una vivienda.

El Informe de Evaluación de Edificios contendrá: La evaluación del estado de conservación y la certificación de la eficiencia energética. La evaluación del estado de conservación, las condiciones de seguridad y la habitabilidad. La evaluación del estado de conservación, las condiciones de accesibilidad universal y la certificación de la eficiencia energética.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, las obras adicionales que la Admón. ordene por motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano: No podrán sobrepasar el deber de conservación. Podrán sobrepasar el deber de conservación. No podrán sobrepasar el deber de conservación hasta el 75% del valor de construcción de un inmueble similar de obra nueva planta.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica se elaborará: En las actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización. En las actuaciones de transformación urbanística de reforma o renovación de la urbanización y en actuaciones de dotación. Ambas son ciertas.

La cesión del aprovechamiento de acuerdo a la Ley del Suelo Estatal será: Ni inferior al 5 % ni superior al 10 %. Ni inferior al 5 % ni superior al 15 %. Ni inferior al 10 % ni superior al 15 %.

La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano (Rehabilitación, Regeneración y Renovación), sean o no de transformación urbanística requerirá la realización, con carácter previo: De una memoria de viabilidad urbanística. De una memoria de viabilidad económica. De una memoria de viabilidad social.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la iniciativa para proponer la ordenación de las actuaciones de transformación urbanística y las edificatorias será: De las Administraciones Públicas y de los particulares y empresas incluso cuando no sean propietarios de suelo, inmuebles o derechos. De las Administraciones Públicas, de los propietarios (en las condiciones establecidas en la ley) y, cuando se trate de actuaciones sobre el medio urbano, de las comunidades de propietarios, cooperativas de viviendas, los titulares de derechos reales o de aprovechamiento y las empresas, entidades o sociedades que intervengan en nombre de los sujetos anteriores. De las Administraciones Públicas y, cuando se trate de actuaciones sobre el medio urbano, de las comunidades de propietarios, cooperativas y los titulares de derechos.

La reserva de suelo para vivienda con protección pública será como mínimo: Los terrenos necesarios para realizar el 30% de la edificabilidad residencial en el suelo rural sujeto a transformación y el 15% en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización. Los terrenos necesarios para realizar el 40% de la edificabilidad residencial en el suelo rural sujeto a transformación y el 20% en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización. Los terrenos necesarios para realizar el 40% de la edificabilidad residencial en el suelo rural sujeto a transformación y el 10% en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.

La obligación de disponer del Informe de Evaluación de Edificios en los edificios de tipología residencial vivienda colectiva será para edificios con una antigüedad superior a: 50 años salvo que cuenten con una inspección técnica en cuyo caso se exigirá el Informe de Evaluación de Edificios a los 10 años de la inspección. 40 años salvo que cuenten con una inspección técnica en cuyo caso se exigirá el Informe de Evaluación de Edificios a los 10 años de la inspección. 30 años salvo que cuenten con una inspección técnica en cuyo caso se exigirá el Informe de Evaluación de Edificios a los 10 años de la inspección.

El Informe de Evaluación del Edificio, de acuerdo con el Decreto 103/2016 por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios en la Comunidad de Madrid, se deberá realizar mediante la aplicación informática a la que se accede desde la página web institucional de la Comunidad de Madrid www.madrid.org, o mediante cualquier otra facilitada por los Ayuntamientos en su ámbito territorial que genere archivos tipo: SHP. GML. XML.

En el supuesto de que la documentación presentada por los propietarios referente al Informe de Evaluación del Edificio, no cumpla con los requisitos formales esenciales, el Ayuntamiento requerirá al interesado para la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo máximo de: 20 días. 10 días. 15 días.

Sin perjuicio de los plazos más restrictivos que puedan disponer las ordenanzas municipales, la obligación de disponer del Informe de Evaluación de los Edificios deberá hacerse efectiva, en los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que a fecha 28 de junio de 2013, tuvieran ya una antigüedad superior a 50 años, como máximo el día: 28 de junio de 2018. 28 de junio de 2016. 28 de junio de 2020.

El plazo para el derecho de superficie de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015 no podrá ser superior a: 99 años. 65 años. 50 años.

En las actuaciones de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, se podrán ocupar superficies de espacios libres o de dominio público no computando a efectos urbanísticos: Para la instalación de ascensores e instalaciones que reduzcan al menos un 20% la demanda energética anual de calefacción o refrigeración. Para la instalación de ascensores e instalaciones que reduzcan al menos un 30% la demanda energética anual de calefacción o refrigeración. Para la instalación de ascensores e instalaciones que reduzcan al menos un 40% la demanda energética anual de calefacción o refrigeración.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, las actuaciones de dotación comportan del deber legal de entregar a la Admón., el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada, no inferior al 5% ni superior al 15%: Atendiendo sólo al incremento de edificabilidad que en su caso resulte. Atendiendo sólo a la edificabilidad resultante de la zona sujeta a renovación de la edificación. Atendiendo sólo a la edificabilidad media de suelo rural sujeto a transformación.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se entiende por actuaciones de transformación urbanística: Las actuaciones que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización y las de rehabilitación edificatoria incluyendo la nueva edificación y la sustitución de la edificación existente. Las actuaciones de nueva urbanización y las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización en un ámbito de suelo urbanizado. Las actuaciones de urbanización y de dotación.

El deber de conservación en la legislación urbanística estatal comprenderá las obras para mantener el edificio en condiciones de: Seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato público, y las obras para satisfacer los requisitos básicos establecidos en la LOE. Seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato público, las obras para satisfacer los requisitos básicos establecidos en la LOE y para adaptar sus instalaciones a las normas legales exigibles. Seguridad, salubridad, ornato público y decoro únicamente.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística en suelo urbano deberán incluir: Memoria de viabilidad económica. Informe o memoria de sostenibilidad económica. Ambas.

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, ¿qué se entiende por parcela?. La unidad de suelo en el suelo no urbanizable. La unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo que tenga atribuida edificabilidad y/o uso urbanístico. La unidad de suelo o de edificación atribuida a un propietario o varios.

Los propietarios, de acuerdo con el Decreto 103/2016 por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios en la Comunidad de Madrid, ¿deberán realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad, que se recojan en el Informe de Evaluación de los Edificios?. Si. No, solo deberán realizar las obras necesarias para subsanar deficiencias de conservación. Solo si así lo determina el Ayuntamiento.

La inscripción en el Registro del IEE de la Comunidad de Madrid, se llevará a cabo por la Administración autonómica, desde la comunicación efectuada por el Ayuntamiento, en el plazo de: Tres meses. Dos meses. Un mes.

OPO A AYTO 2018. Según el RDL 7/2015, texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, cuál de los siguientes aspectos no se necesita acreditar en el informe de evaluación de los edificios: Evaluación del estado de conservación del edificio. Evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal. Evaluación de las condiciones básicas de seguridad contra incendios.

El Informe de Evaluación de Edificios contiene un aspecto clave para el cumplimiento de los compromisos de España con Europa en el horizonte 2020: La renovación urbana. La accesibilidad universal. La certificación de eficiencia energética.

Los Ayuntamientos, desde la recepción completa del Informe de Evaluación de los Edificios y documentación adjunta, deberán comunicar el mismo a la Dirección General competente en materia de arquitectura y vivienda, para su inscripción en el Registro de Informes de Evaluación de los Edificios de la Comunidad de Madrid, en el plazo de: Dos meses. Tres meses. Un mes.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la Memoria de viabilidad económica se elaborará: En las actuaciones sobre el medio urbano sean o no de transformación urbanística. En las actuaciones sobre el medio urbano cuando sean de transformación urbanística. En las actuaciones de nueva urbanización.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en las actuaciones sobre el medio urbano será posible: Ambas son ciertas. Ocupar las superficies de espacios públicos o de dominio público para la instalación de ascensores u otros elementos que garanticen la accesibilidad universal. Ocupar espacios libres privados para la instalación de ascensores siempre que cumplan los parámetros urbanísticos establecidos en la ordenación.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, cuando se aplique la expropiación para la implantación de usos dotacionales públicos, si se alterara el uso dotacional que motivó la expropiación en virtud de modificación o revisión del planeamiento (instrumento de ordenación territorial y urbanística), procederá la reversión salvo que el uso dotacional hubiese sido implantado durante: 8 años. 10 años. 12 años.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la legislación sobre ordenación territorial y urbanística fijará el plazo máximo de contestación de las consultas urbanísticas que no podrá exceder de: 1 mes, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor. 2 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor. 3 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en las actuaciones sobre el medio urbano será posible ocupar dominio público para la realización de obras que consigan reducir la demanda energética anual al menos: Un 30%. Un 40%. Un 50%.

El Informe de Evaluación de los Edificios se ajustará al modelo previsto en: Ambas son ciertas. El Anexo II del Real Decreto 233/2013 por el que se regula el Plan Estatal de Fomento al Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas. El Anexo II del Real Decreto 233/2013 por el que se regula el Plan Estatal de Eficiencia Energética.

OPO A AYTO 2018. Según el RDL 7/2015, texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, cuál de los siguientes deberes no corresponde a la promoción de actuaciones de transformación urbanística: Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales del área de actuación que se precise desalojar de inmuebles situados dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia habitual. Entregar a la Administración competente, y con destino a patrimonio público de suelo, el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al 22 % de la edificabilidad media ponderada de la actuación. Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ellas para su obtención.

Si se altera el uso que motivó la expropiación de un suelo en virtud de modificación o revisión del instrumento de ordenación territorial y urbanística, procederá la reversión salvo que: Se hubiera producido para la ejecución del planeamiento siempre que no se incremente la edificabilidad. No se hubiera producido para la ejecución del planeamiento. Se hubiera producido para la ejecución del planeamiento.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, sobre el suelo en situación rural para el que los instrumentos de ordenación urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, las facultades del derecho de propiedad: Incluyen la posibilidad de realizar usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística, o la sectorial y sean compatibles con la ordenación urbanística. Incluyen la posibilidad de realizar usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística. Incluyen la posibilidad de realizar uso y obras de carácter provisional.

Dará lugar a derecho a indemnización: Los cambios de la ordenación territorial o urbanística siempre que se produzcan antes de transcurrir los plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos estos, si la ejecución no se hubiera llevado a efecto por causas imputables a la Admón. Los cambios de ordenación siempre que la ejecución no se hubiera llevado a efecto por causas imputables a la Admón. Los cambios de ordenación siempre que se produzcan antes de transcurrir los plazos previstos o si la ejecución no se hubiera llevado a efecto por causas imputables a la Admón. y siempre que se solicite en el periodo de información pública.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización que sea preceptiva: En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que se adecuen a la ordenación territorial o urbanística. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística. Podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística salvo en las obras de edificación de obra nueva.

La exigencia del Informe de Evaluación de Edificios se limita: A los edificios de uso comercial y residencial colectiva. A los edificios de uso residencial colectiva. A los edificios de uso terciario comercial y de oficinas y residencial colectiva.

Se deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica en la documentación de los instrumentos de ordenación: De las actuaciones de nueva urbanización, de reforma o renovación de la urbanización y de las actuaciones de dotación. De las actuaciones de nueva urbanización y de reforma o renovación de la urbanización. De las actuaciones de nueva urbanización.

El Informe de Evaluación de los Edificios que se refiera a la totalidad de un edificio o conjunto edificatorio: No extenderá su eficacia a todos y cada uno de los locales y viviendas existentes. Extenderá su eficacia a todos y cada uno de los locales existentes, pero no a las viviendas existentes. Extenderá su eficacia a todos y cada uno de los locales y viviendas existentes.

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, ¿qué se entiende por finca?. La unidad de suelo que tenga atribuida edificabilidad y/o uso urbanístico. La unidad de suelo en el suelo no urbanizable. La unidad de suelo o de edificación atribuida exclusiva y excluyentemente a un propietario o varios en proindiviso, que puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el subsuelo. Cuando, conforme a la legislación hipotecaria, pueda abrir folio en el Registro de la Propiedad, tiene la consideración de finca registral.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística: No tendrá que ser motivado por tratarse de una función pública. Tendrá que ser motivado, en cualquier caso. Tendrá que ser motivado en los instrumentos de planeamiento general.

De acuerdo con el Decreto 103/2016 por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios en la Comunidad de Madrid, los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas con el objetivo de acometer obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética: Les será exigible el Informe de Evaluación de los Edificios a la finalización de las obras subvencionadas. Les será exigible el Informe de Evaluación de los Edificios en la solicitud de subvención. No les será exigible el Informe de Evaluación de los Edificios.

En relación al Informe de Evaluación del Edificio, los propietarios o sus representantes legales deberán presentar en el Ayuntamiento correspondiente la siguiente documentación: Archivo informático tipo referenciacatastral.iee, generado por la aplicación informática; archivo tipo referenciacatastral.dwg; y archivo tipo referenciacatastralIDR.psh que contenga la declaración responsable firmada por el técnico competente. Archivo informático tipo referenciacatastral.iie, generado por la aplicación informática; archivo tipo referenciacatastral.pdf que deberá estar firmado por técnico competente y por el propietario o su representante legal y archivo tipo referenciacatastralIDR.jpg que contenga la declaración responsable firmada por el mismo técnico competente. Archivo informático tipo referenciacatastral.iee, generado por la aplicación informática; archivo tipo referenciacatastral.pdf que deberá estar firmado por técnico competente y por el propietario o su representante legal; y archivo tipo referenciacatastralIDR.pdf que contenga la declaración responsable firmada por el mismo técnico competente.

El Informe de Evaluación de los Edificios tiene por finalidad acreditar la situación en la que se encuentra el edificio en relación con: Su estado de conservación, accesibilidad y eficiencia energética. Su estado de conservación y accesibilidad. Su estado de conservación.

Sin perjuicio de los plazos más restrictivos que puedan disponer las ordenanzas municipales, la obligación de disponer del Informe de Evaluación de los Edificios deberá hacerse efectiva, los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que vayan alcanzando la antigüedad de 50 años, a partir del 28 de junio de 2013, en el plazo máximo de: 10 años, a contar desde la fecha en que alcancen dicha antigüedad. 15 años, a contar desde la fecha en que alcancen dicha antigüedad. 5 años, a contar desde la fecha en que alcancen dicha antigüedad.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se entiende por residencia habitual la que constituya el domicilio de la persona que la ocupa durante un periodo superior a: 213 días. 183 días. 193 días.

OPO A AYTO 2021. En los casos en que el suelo haya sido expropiado para la ejecución del planeamiento o una actuación de urbanización procederá la reversión cuando hayan transcurridos: 4 años desde la expropiación sin que la urbanización hubiera concluido. 8 años desde la expropiación sin que la urbanización hubiera concluido. 10 años desde la expropiación sin que la urbanización hubiera concluido.

De acuerdo con el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015, el incumplimiento de los deberes establecidos en la Ley habilitará a la Admón. actuante para decretar, de oficio o a instancia de interesado, y en todo caso, previa audiencia del obligado: La ejecución subsidiaria, la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, la aplicación del régimen de venta o sustitución forzosas o cualesquiera otras consecuencias derivadas de la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. La expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, la aplicación del régimen de venta o sustitución forzosas y otras previstas en la legislación urbanística. La expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, la aplicación del régimen de venta o sustitución forzosas salvo que no estén previstas en la legislación urbanística.

El Informe de Evaluación de los Edificios, de acuerdo con el Decreto 103/2016 por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios en la Comunidad de Madrid, será exigible: A los edificios de tipología vivienda residencial colectiva con una antigüedad superior a 50 años desde la fecha de finalización de las obras de nueva planta o de rehabilitación con reestructuración general. A los edificios de vivienda residencial colectiva y unifamiliar con una antigüedad superior a 10 años desde la fecha de finalización de las obras de nueva planta o de rehabilitación con reestructuración general. A los edificios de tipología residencial con una antigüedad superior a 30 años desde la fecha de finalización de las obras de nueva planta o de rehabilitación con reestructuración general.

En la realización de un Informe de Evaluación del Edificio, en la inspección visual señalada en el Decreto 103/2016 por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios en la Comunidad de Madrid, el técnico competente deberá visitar: Todos los espacios comunes necesarios para la correcta evaluación de las condiciones de conservación del edificio. Todas las zonas, viviendas, locales y espacios comunes que presenten patologías para la correcta evaluación de las condiciones de conservación del edificio. Todas las zonas, viviendas, locales y espacios comunes necesarios para la correcta evaluación de las condiciones de conservación del edificio.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, las actuaciones de urbanización incluyen: Las actuaciones de nueva urbanización y las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización en un ámbito de suelo urbanizado. Las actuaciones que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización y las de rehabilitación edificatoria incluyendo la nueva edificación y la sustitución de la edificación existente. Las actuaciones de urbanización y de dotación.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, las actuaciones edificatorias incluyen: La nueva edificación y sustitución de la edificación existente, así como la rehabilitación cuando no se requieran obras complementarias de urbanización. La nueva edificación y sustitución de la edificación existente, así como la rehabilitación edificatoria incluso cuando se requieran obras complementarias de urbanización. La nueva edificación y sustitución, así como la rehabilitación cuando se requieran obras de reforma o renovación de la urbanización en un ámbito de suelo urbanizado.

Cuando la Administración ordene obras adicionales por motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano: Solo serán a costa del propietario hasta la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original, en relación con las características constructivas y la superficie útil. No serán a costa del propietario. Deberán estar subvencionadas por la Admón.

Deberán someterse a información pública: Los instrumentos de ordenación territorial. Los instrumentos de ordenación territorial y de ejecución urbanísticas. Los instrumentos de ordenación territorial y ejecución urbanísticas, los de distribución de beneficios y cargas y los convenios.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, según el artículo 4 de la ordenación del territorio y ordenación urbanística, la gestión pública urbanística y de las políticas de suelo: Fomentará la participación privada. No fomentará la participación privada al tratarse de una gestión pública. Fomentará la participación privada únicamente en las actuaciones edificatorias.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, ¿qué se entiende por infravivienda?. La edificación o parte de ella, destinada a vivienda que no reúne las condiciones mínimas exigidas de conformidad con la legislación aplicable. En todo caso, se entenderá que no reúnen dichas condiciones, las viviendas que incumplan los requisitos de superficie, número, dimensión y características de las piezas habitables, las que presenten deficiencias graves en sus dotaciones e instalaciones básicas y las que no cumplan los requisitos mínimos de seguridad, accesibilidad universal y habitabilidad exigibles a la edificación. Las que resulten incluidas en una actuación de dotación por las deficiencias funcionales del tejido urbano en el que se encuentran. Ambas respuestas son correctas.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en las actuaciones de iniciativa pública en el medio urbano, la Admón: Podrá ejecutar las obras directamente o suscribir convenio de colaboración entre Administraciones Públicas y las entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas que tengan como objeto entre otros, conceder la ejecución a un Consorcio o a una sociedad de capital mixto. Podrá ejecutar las obras mediante adjudicación de las mismas por concurso público en el que podrán presentar ofertas cualesquiera de las personas físicas o jurídicas interesadas, incluyendo los propietarios de suelo. Ambas son ciertas.

Los propietarios, de acuerdo con el Decreto 103/2016 por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios en la Comunidad de Madrid, ¿deberán realizar las obras necesarias para subsanar las deficiencias en el estado de conservación o realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad, que se recojan en el Informe de Evaluación de los Edificios?. Si. No. Solo si lo determina el Ayuntamiento a través de una Orden de Ejecución.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios en cumplimiento del deber legal de conservación de las edificaciones se establece en: La mitad del valor de la construcción de las obras. La mitad del valor actual de la construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original, en relación con las características constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio. La mitad del valor actual de la construcción de un inmueble equivalente de nueva planta depreciado por el estado de conservación y la antigüedad.

El incumplimiento del deber de cumplimentar en tiempo y forma el Informe de Evaluación de los Edificios regulado por el Decreto 103/2016 por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios en la Comunidad de Madrid, tendrá la consideración de: Infracción urbanística. Infracción patrimonial. Infracción ambiental.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, las actuaciones edificatorias comportan el deber legal de: Completar la urbanización únicamente por tener la condición de suelo urbanizado. Completar la urbanización, garantizar el realojo a los ocupantes legales e indemnizar a los titulares de derechos afectados, entregar a la Administración competente, junto con el suelo correspondiente, las obras e infraestructuras que deban formar parte del dominio público. Completar la urbanización, garantizar el realojo a los ocupantes legales e indemnizar a los titulares de derechos afectados y ceder el porcentaje de la edificabilidad media ponderada establecido en la legislación en el caso de actuación de sustitución.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en las actuaciones de iniciativa pública en el medio urbano, podrán participar: Las administraciones Públicas competentes y las entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas, los propietarios de construcciones, edificaciones y fincas urbanas, las comunidades de propietarios, las cooperativas de viviendas, los titulares de derechos reales o de aprovechamiento y las empresas. Las administraciones Públicas competentes y las entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas, los propietarios de construcciones, edificaciones y fincas urbanas, las comunidades de propietarios, las cooperativas de viviendas, los titulares de derechos reales o de aprovechamiento, las empresas, entidades o sociedades y las asociaciones administrativas que se constituyan. Las administraciones Públicas competentes y las entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas, los propietarios de construcciones, edificaciones y fincas urbanas, las comunidades de propietarios, las cooperativas de viviendas, los titulares de derechos reales o de aprovechamiento, las empresas con capital mayoritariamente público y las asociaciones administrativas que se constituyan.

El Informe de la Evaluación de los Edificios podrá ser suscrito: Por técnicos facultativos competentes. Por entidades de inspección registradas que pudieran existir en las Comunidades Autónomas. Ambas son ciertas.

Los Informes de Evaluación de los Edificios, de acuerdo con el Decreto 103/2016 por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios en la Comunidad de Madrid, se presentarán por los propietarios o por sus representantes legales en el Ayuntamiento, en cuyo término municipal se ubique el edificio, desde el día en que conste la finalización de la inspección, en el plazo máximo de: Dos meses. Tres meses. Cuatro meses.

OPO ITOP ALPEDRETE 2022. De acuerdo con Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una las siguientes situaciones básicas: Suelo rural o suelo urbanizado. Suelo rural, suelo urbanizado o suelo protegido. Suelo urbano, urbanizable o no urbanizable. Suelo rural, suelo urbanizado o suelo urbanizable.

OPO A CM 2019. Entre la documentación que debe incluir un instrumento de ordenación de una actuación de dotación, según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: Memoria de sostenibilidad económica. Memoria de plan de etapas. Memoria de determinación sobre la división del suelo. Memoria de adecuación al planeamiento.

La normativa de referencia de la que debe obtenerse el método de valoración para un inmueble cuyo objeto es el de formar parte de las operaciones de reparto de beneficios y cargas para la ejecución de la ordenación urbanística es: El Real Decreto Legislativo 2/2015 Ley de Suelo, el Real Decreto 1492/2011 Reglamento de Valoraciones y la Orden ECO/805/2003. El Real Decreto Legislativo 7/2015 Ley de Suelo, y el Real Decreto 1492/2011 Reglamento de Valoraciones. La Orden ECO/805/2003 y el Título IV sobre “Valoraciones” del Real Decreto 3288/1978 (Reglamento de Gestión Urbanística).

Conforme al Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, una edificación de nueva planta: Requiere acto expreso de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística, sin que pueda obtenerse dicho acto por silencio administrativo. Requiere acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística, pudiendo obtenerse dicho acto por silencio administrativo. Sólo requiere acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa si así lo exige la legislación de ordenación territorial y urbanística, pudiendo obtenerse dicho acto por silencio administrativo, en su caso.

El deber de conservar los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal, ornato y las demás que exijan las leyes para servir de soporte a dichos usos se configura en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, como exigible a: Únicamente a los propietarios de terrenos en situación básica de suelo urbanizado. Únicamente a los propietarios de terrenos en situación básica de suelo rural. Los propietarios de terrenos tanto en situación básica de suelo urbanizado como rural.

El derecho estatal vigente de directa aplicación en el ámbito del urbanismo se encuentra en: La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

OPO A AYTO PI 2021. Según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el suelo se puede encontrar en alguna de las siguientes situaciones básicas: Suelo rural, suelo urbanizable o suelo no urbanizable. Suelo rural o suelo urbanizado. Suelo rural, suelo urbano o suelo urbanizable sectorizado o no sectorizado.

En las actuaciones de transformación urbanística sobre el medio urbano, que regula el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, además de las Administraciones Públicas competentes y las entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas, podrán participar: Las asociaciones profesionales. Las cooperativas de viviendas. El Ministerio competente en materia de suelo y vivienda.

Según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el justiprecio de los bienes y derechos expropiados: Se ha de fijar conforme los criterios de valoración que fije el planeamiento general del municipio en vigor. Se fijará conforme a los criterios de valoración de esta ley mediante expediente individualizado o por el procedimiento de tasación conjunta. Si hay acuerdo con el expropiado, se podrá satisfacer en especie. No se podrá fijar por el procedimiento de tasación conjunta.

¿Qué reserva mínima para vivienda sujeta a un régimen de protección pública establece el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana?. Los terrenos necesarios para realizar el 50% de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización, y el 10 % en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización. Los terrenos necesarios para realizar el 30% de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización, y el 50 % en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización. Los terrenos necesarios para realizar el 40% de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización, y el 20 % en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.

¿Cómo llama el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, RDL 7/2015 de 30 de octubre, a las actuaciones que tienen por objeto reformar o renovar la urbanización en un ámbito de suelo urbanizado?. Actuaciones de reforma interior. Actuaciones de urbanización. Actuaciones de ordenación.

Según la Ordenanza Reguladora del Informe de Evaluación de Edificios y de la Inspección Técnica, los arrendatarios de los inmuebles quedarán facultados para presentar ante la administración el informe correspondiente (ITE/IEE): Solo en el caso de acreditar un interés legítimo. En ningún caso. Ante el incumplimiento del propietario.

Según la Ordenanza Reguladora del Informe de Evaluación de Edificios y de la Inspección Técnica, el Informe de Evaluación de Edificios (IEE) y en su caso la Inspección Técnica de Edificios, deberán renovarse con una periodicidad máxima de: 10 años, expirando su vigencia el 31 de diciembre del periodo decenal correspondiente. 30 años, expirando su vigencia el 31 de diciembre del periodo decenal correspondiente. Siempre que se produzcan daños que afecten a la seguridad constructiva de la edificación.

Según la Ordenanza Reguladora del Informe de Evaluación de Edificios y de la Inspección Técnica, en el caso de peligro inminente por existir algún tipo de riesgo para ocupantes del edificio, vecinos, colindantes, etc., la propiedad del inmueble está obligada a: Comunicarlo inmediatamente al departamento de protección civil municipal. Comunicarlo inmediatamente a los usuarios del edificio afectado. Adoptar de forma inmediata las medidas cautelares precisas.

Según la Ordenanza Reguladora del Informe de Evaluación de Edificios y de la Inspección Técnica, una vez finalizadas las obras se deberá aportar: El Certificado final de obras suscrito por la dirección facultativa. El Certificado técnico en el que se describan las obras realizadas. El Acta de recepción de obra.

Conforme al Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, procederá valorar la facultad de participar en la ejecución de una actuación de nueva urbanización cuando concurran los siguientes requisitos, ¿cuál de ellos no es correcto?. Que los terrenos hayan sido clasificados como suelo urbano y haya finalizado la urbanización. Que la disposición, el acto o el hecho que motiva la valoración impida el ejercicio de dicha facultad o altere las condiciones de su ejercicio modificando los usos del suelo o reduciendo su edificabilidad. Que la disposición, el acto o el hecho a que se refiere la letra anterior surtan efectos antes del inicio de la actuación y del vencimiento de los plazos establecidos para dicho ejercicio, o después si la ejecución no se hubiera llevado a cabo por causas imputables a la administración.

Conforme al RDL 7/2015, texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su transformación mediante la urbanización, hasta que ésta termine está en situación de: Suelo urbanizable. Suelo apto para la urbanización. Suelo rural.

Según el RDL 7/2015, en el caso de expropiación o en los casos en que el suelo haya sido expropiado para ejecutar una actuación de urbanización: Procede la reversión siempre que el uso dotacional público que motivó la expropiación no haya sido efectivamente implantado y mantenido durante, al menos, diez años. Procede la retasación cuando se alteren los usos o la edificabilidad del suelo, en virtud de una modificación del instrumento de ordenación territorial y urbanística que no se efectúe en el marco de un nuevo ejercicio pleno de la potestad de ordenación, y ello suponga un incremento de su valor conforme a los criterios aplicados en su expropiación. Procede la retasación cuando la Revisión del Plan General altere los usos o la edificabilidad del suelo expropiado y ello suponga variación de su valor.

Conforme el artículo 5 del RD 7/2015, 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, todos los ciudadanos tienen derecho a: Respetar y contribuir a preservar el paisaje urbano y el patrimonio arquitectónico y cultural. Disfrutar de una vivienda digna y adecuada, pero no accesible. Acceder a la información de que dispongan las Administraciones, a participar en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental así como el derecho a ejercer la acción pública.

Según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se entiende por actuaciones edificatorias incluso cuando requieran obras complementarias de urbanización: Las actuaciones de urbanización y las actuaciones de dotación. Las actuaciones de nueva edificación, de rehabilitación edificatoria y las de sustitución de la edificación existente. Las actuaciones sobre los núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural.

Indique la respuesta correcta sobre el derecho de superficie regulado en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: Sólo puede ser constituido por el titular del suelo, ya sea público o privado. Sólo puede ser constituido por titular público. Debe ser constituido por titular privado.

OPO A PARACUELLOS 2018. Según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el informe de Evaluación de los Edificios, identificará el bien inmueble y contendrá de manera detallada: La evaluación del estado de conservación del edificio. La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal. La certificación de la eficiencia energética del edificio. Las tres son correctas.

Según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación, la ordenación territorial y la urbanística: Son funciones públicas susceptibles de transacción que organizan, definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes. Son funciones públicas no susceptibles de transacción, salvo acuerdo administrativo, que organizan, definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes. Son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan, definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes.

Según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación serán expresos, con silencio administrativo negativo, los actos que autoricen (señala la respuesta INCORRECTA): Las de nueva edificación (nueva planta) y de sustitución de la edificación existente. Los movimientos de tierras y explanaciones y la ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes. La tala de árboles cuando derive de la legislación de protección de dominio público. La ejecución de obras con licencia al proyecto básico.

Según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación, en los casos de inejecución injustificada de las obras ordenadas, dentro del plazo conferido al efecto, se procederá a su realización subsidiaria por la Administración Pública competente, sustituyendo ésta al titular o titulares del inmueble o inmuebles y asumiendo la facultad de edificar o de rehabilitarlos con cargo a aquéllos pudiéndose elevar el límite máximo del deber de conservación, si así lo dispone la legislación autonómica: Hasta el 50 % del coste de reposición de la construcción o el edificio correspondiente. Hasta el 65 % del coste de reposición de la construcción o el edificio correspondiente. Hasta el 75% del coste de reposición de la construcción o el edificio correspondiente.

Según el RD 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación, la reserva de suelo para vivienda sujeta a régimen de protección pública en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización será como mínimo del: 40 por ciento de la edificabilidad residencial prevista. 10 por ciento de la edificabilidad total prevista. 10 por ciento de la edificabilidad residencial prevista.

Según el RD 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación, en la fase de consultas sobre los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización, deberán recabarse al menos los siguientes informes: El de la Administración hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio público hidráulico. Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y demás infraestructuras afectadas. El de la Administración de costas sobre el deslinde y la protección del dominio público marítimo-terrestre, en su caso. Todas las respuestas son correctas.

Según el RD 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación, la instalación de aislamiento térmico o fachadas ventiladas por el exterior del edificio, o el cerramiento o acristalamiento de las terrazas ya techadas podrán ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público cuando reduzcan la demanda energética anual de calefacción o refrigeración del edificio, al menos: En un 25 por ciento. En un 30 por ciento. En un 20 por ciento.

Según el RD 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación, ¿qué tipos de contratos para financiación de actuaciones pueden celebrar entre si las Administraciones Públicas actuantes, los agentes responsables de la gestión y ejecución de actuaciones de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas, así como los demás sujetos mencionados en el artículo 9.4? (señala la respuesta INCORRECTA): Contratos de cesión. Contratos de permuta o cesión de terrenos. Contratos de arrendamiento de viviendas de cooperativa. Convenios de explotación.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, indique cuál de los siguientes requisitos NO forma parte de los exigidos para que, excepcionalmente, los municipios que dispongan de un patrimonio público del suelo, puedan destinarlo a reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento: Que el Ayuntamiento cuente con un plan de reequilibrio, ajuste y saneamiento financiero. Tener el registro del patrimonio municipal del suelo correctamente actualizado. Que se haya obtenido la autorización previa del órgano que ejerza la tutela financiera. Haber aprobado el presupuesto de la Entidad Local del año en curso y liquidado los de los ejercicios anteriores.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: Entre las actuaciones de transformación urbanística, las actuaciones de urbanización comportan el deber legal de entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su obtención. Entre las actuaciones de transformación urbanística, las actuaciones de urbanización comportan el deber legal de indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse. Entre las actuaciones de transformación urbanística, las actuaciones de urbanización comportan el deber de entregar a la Administración competente, y con destino a patrimonio público de suelo, el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación, o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, no pudiendo ser dicho porcentaje, con carácter general, inferior al 10% ni superior al 20%.

OPO A ALPEDRETE 2019. El artículo 18 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación urbana, para las actuaciones de nueva urbanización recoge el deber de costear y, en su caso, ejecutar las obras de urbanización previstas, con el siguiente alcance: Exclusivamente las obras de urbanización. Las obras de urbanización, así como las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes. Todas las obras de urbanización excepto las correspondientes a los sistemas generales. Únicamente las obras las correspondientes a los sistemas generales.

Según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la incoación de expedientes sobre disciplina urbanística o restauración de la legalidad urbanística: Implica automáticamente la declaración del inmueble en situación de fuera de ordenación. Es un acto inscribible en el Registro de la Propiedad. No se puede inscribir en el Registro de la Propiedad.

El texto refundido de la Ley de Suelo fue aprobado por: El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. El Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril. El Real Decreto-Ley 27/2013, de 27 de diciembre.

Según el artículo 3 del RDL 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, los poderes públicos formularán y desarrollarán, en el medio urbano, las políticas de su respectiva competencia de acuerdo con los principios de: Lealtad institucional, jerarquía y coordinación. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Competitividad y sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad funcional.

Conforme al artículo 29 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el informe de evaluación de edificios: Se podrá requerir en edificaciones con tipología residencial colectiva, en relación con el estado de conservación del edificio, su cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal y su grado de eficiencia energética. Se podrá requerir en todas las edificaciones, en relación a su grado de seguridad estructural, estanqueidad, estado de las instalaciones generales, ornato público y accesibilidad universal. Ninguna de las anteriores es correcta. La totalidad del artículo 29 del RDL 7/2015 se ha declarado inconstitucional por la sentencia TC 143/2017 de 14 de diciembre (BOE 17 de enero de 2018).

A los efectos del artículo 7 del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, las actuaciones de dotación están incluidas en: Las actuaciones de transformación urbanística. Las actuaciones edificatorias. Las actuaciones de rehabilitación edificatoria pudiendo incluir obras complementarias de urbanización.

Según el Art. 47 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, si se alterara el uso que motivó la expropiación de suelo en virtud de modificación o revisión del instrumento de ordenación territorial y urbanística, no procedería la reversión: Cuando se haya producido un cambio en el uso dotacional público que hubiera motivado la expropiación hubiera sido implantado y mantenido durante 8 años, o bien que el nuevo uso asignado al suelo sea igualmente dotacional público. Efectivamente implantado y mantenido durante cinco años. Siempre que la expropiación se hubiera producido para la formación o ampliación de un patrimonio público de suelo.

Conforme el artículo 5 del RD 7/2015, 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, todos los ciudadanos tienen derecho a: Ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito si lo solicita expresamente y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada, en los términos dispuestos por su legislación reguladora. Ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada, en los términos dispuestos por su legislación reguladora. Ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito si lo solicita expresamente y en el plazo de diez días desde el siguiente a la solicitud, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.

Según dispone el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos la observancia de la legislación y demás instrumentos de ordenación territorial y urbanística: Será pública. Sólo la podrán ejercitar los interesados que formen parte del expediente y los afectados por un interés legítimo. Será pública únicamente para todos los afectados por el instrumento urbanístico que se apruebe.

Según dispone el artículo 25 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la Administración competente: Deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y por el plazo que establezca la legislación en la materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre procedimiento administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el contenido que determinen las leyes. Deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y por el plazo que establezca la legislación en la materia, que nunca podrá ser inferior a un mes, y deben publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia en la forma y con el contenido que determinen las leyes. Deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y por el plazo que establezca la normativa de procedimiento administrativo común salvo que una norma especial en materia urbanística establezca un plazo distinto.

Según dispone el Art. 44 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: El acta de ocupación para cada finca o bien afectado por el procedimiento expropiatorio será título inscribible, siempre que incorpore su descripción, su identificación conforme a la legislación hipotecaria, su referencia catastral y su representación gráfica mediante un sistema de coordenadas y que se acompañe del acta de pago o justificante de la consignación del precio correspondiente. La superficie objeto de la actuación se inscribirá como una o varias fincas registrales, sin que sea obstáculo para ello la falta de inmatriculación de alguna de estas fincas. En las fincas afectadas y a continuación de la nota a que se refiere la legislación hipotecaria sobre asientos derivados de procedimientos de expropiación forzosa, se extenderá otra en la que se identificará la porción expropiada si la actuación no afectase a la totalidad de la finca. Ambas respuestas son correctas.

A efectos del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se entiende por actuaciones de transformación urbanística: Las actuaciones de urbanización, que incluyen las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística. Las actuaciones de urbanización que incluyen las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado. Las respuestas anteriores son correctas.

A efectos del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el régimen urbanístico de la propiedad del suelo: Es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. Es de configuración legal por las Comunidades Autónomas que tengan transferida la competencia y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. Es de configuración legal por las Comunidades Autónomas que tengan transferida la competencia y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación básica sobre ordenación territorial y urbanística que establezca el Estado.

A efectos del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, ¿procede la reversión en suelo expropiado para ejecutar una actuación de urbanización?. Nunca. Si cuando hayan transcurrido 10 años desde la expropiación sin que la urbanización se haya concluido. Sí, siempre que lo desee el particular.

El justiprecio de los bienes expropiados por razón de la ordenación urbanística: Se fijará conforme a los criterios de la Ley 8/2007 de suelo. Se fijará conforme a los criterios de la Ley 6/1998 de Régimen del suelo y valoraciones. Siempre se valorará mediante expediente individualizado.

Se define la expropiación forzosa como: La privación singular de la propiedad privada acordada, mediante Convenio, entre la Administración y un particular. La privación de la propiedad que sólo puede ser acordada por el Ayuntamiento. Cualquier forma de privación singular de la propiedad privada cualesquiera que fueren las personas o Entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente.

En un expediente de expropiación forzosa por razón de la ordenación territorial y urbanística, si hay acuerdo entre las partes, ¿se puede satisfacer en especie?. Si. Nunca. Solo en inmuebles.

Para que el acta de ocupación de un bien expropiado sea título inscribible, ¿deberá incorporar los datos catastrales?. No, salvo que el Registrado lo admita. Si. No.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, ¿qué se entiende por actuaciones sobre el medio urbano?. Aquellas que tienen por objeto realizar obras de rehabilitación edificatoria, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones. Aquellas que tienen por objeto realizar obras de rehabilitación edificatoria, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, y las de regeneración y renovación urbanas cuando afecten, tanto a edificios, como a tejidos urbanos, pudiendo llegar a incluir obras de nueva edificación en sustitución de edificios previamente demolidos, tendrán además, carácter integrado, cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una estrategia administrativa global y unitaria siendo de aplicación el régimen estatutario básico de deberes y cargas que les correspondan con la actuación de transformación urbanística o edificatoria que comporten. Aquellas que tienen por objeto incluir obras de nueva edificación en sustitución de edificios previamente demolidos.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015, ¿cuáles son las condiciones básicas del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana?. La igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, relacionados con el suelo. Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano y asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Esta ley establece las bases económicas y medioambientales del régimen jurídico del suelo, su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia. Las respuestas anteriores son correctas.

Según el artículo 3 “principio de desarrollo territorial y urbano sostenible”, del Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, ¿dónde se materializarán sus principios?. Se materializarán solamente en el modelo. Se materializarán en el modelo territorial adoptado por los poderes públicos competentes en materia de ordenación territorial y urbanística. No se materializarán.

A efectos del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, ¿los convenios o negocios jurídicos que el promotor de la actuación celebre con la Administración correspondiente podrán establecer obligaciones o prestaciones adicionales?. Si. Tal vez. No. Los convenios o negocios jurídicos que el promotor de la actuación celebre con la Administración correspondiente, no podrán establecer obligaciones o prestaciones adicionales ni más gravosas que las que procedan legalmente, en perjuicio de los propietarios afectados. La cláusula que contravenga estas reglas será nula de pleno Derecho.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, sobre el suelo en situación rural para el que los instrumentos de ordenación urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, las facultades del derecho de propiedad incluyen: La posibilidad de realizar usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística. El derecho de consulta a las Administraciones competentes; elaborar y presentar el instrumento de ordenación que corresponda; participar en la ejecución de las actuaciones de nueva urbanización en un régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas; usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza. La posibilidad de realizar uso y obras de carácter provisional.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana sobre el suelo en situación de urbanizado, las facultades del derecho de propiedad incluyen: El derecho de consulta a las Administraciones competentes; elaborar y presentar el instrumento de ordenación que corresponda. Completar la urbanización de los terrenos que podrá ejercitarse individualmente o con los propietarios del ámbito; edificar; participar en la ejecución de actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, o de dotación en un régimen de justa distribución de beneficios y cargas; obtener la autorización administrativa correspondiente para realizar actuaciones sobre el medio urbano. La posibilidad de realizar uso y obras de carácter provisional.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, ¿se permitirán las parcelas urbanísticas en el suelo rural?. Si. En este suelo se permitirán las parcelaciones urbanísticas. No. En este suelo quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas, sin que, puedan efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015, ¿quién deberá asumir, como carga real, la participación en los deberes legales de la promoción de la actuación, en un régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas, cuando el suelo en situación rural esté sometido al régimen de una actuación de transformación urbanística?. El propietario. El Ayuntamiento. La comunidad de Madrid.

Conforme al RDL 7/2015, texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el suelo que, estando legalmente integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o asentamiento de población del que forme parte está en situación de: Suelo apto para la urbanización. Suelo urbanizado. Suelo rural.

¿A quién le corresponde la clasificación del suelo?. Al TRLSRU. A las Comunidades Autónomas. Al Ayuntamiento.

Conforme al RDL 7/2015, texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos: Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración. En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión. Ambas respuestas son correctas.

En las enajenaciones de terrenos, debe hacerse constar en el correspondiente título: La situación urbanística de los terrenos, cuando no sean susceptibles de uso privado o edificación, cuenten con edificaciones fuera de ordenación o estén destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública que permita tasar su precio máximo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda. Los deberes legales y las obligaciones pendientes de cumplir. Ambas respuestas son correctas.

Se considera complejo inmobiliario o complejo inmobiliario privado: Al régimen de organización unitaria de la propiedad inmobiliaria en el que se distingan elementos privativos y elementos comunes por cuotas porcentuales. Al complejo inmobiliario sujeto al régimen de organización unitaria de la propiedad inmobiliaria en el que se distinguen elementos privativos, sujetos a una titularidad exclusiva, y elementos comunes, cuya titularidad corresponda, con carácter instrumental y por cuotas porcentuales, a quienes en cada momento sean titulares de los elementos privativos. Al integrado por superficies superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, destinadas a la edificación o uso privado y al dominio público.

Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción, los notarios exigirán: Acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa. Certificación expedida por técnico competente y acreditativa del ajuste de la descripción de la obra al proyecto que haya sido objeto de acto administrativo. Ambas respuestas son correctas.

Según el RD 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación, ¿qué tipos de contratos hay?. Contratos de cesión con facultad de arrendamiento u otorgamiento de derecho de explotación a terceros, de fincas urbanas o de elementos de éstas por tiempo determinado a cambio del pago aplazado de la parte del coste que corresponda abonar a los propietarios de las fincas. Contratos de permuta o cesión de terrenos o de parte de la edificación sujeta a rehabilitación por determinada edificación futura. Contratos de arrendamiento o cesión de uso de local vivienda o cualquier otro elemento de un edificio por plazo determinado a cambio de pago por el arrendatario o cesionario; convenios de explotación. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según el RD 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación, cuando devengan inútiles para quien haya incurrido en ellos por efecto de la disposición, del acto o del hecho que motive la valoración, ¿cuál de los siguientes gastos y costes se tasarán por su importe incrementado por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo?. Aquéllos en que se haya incurrido para la elaboración del proyecto o proyectos técnicos de los instrumentos de ordenación y ejecución que sean necesarios para legitimar una actuación de urbanización, de edificación, o de conservación o rehabilitación de la edificación. Los de las obras acometidas y los de financiación, gestión y promoción precisos para la ejecución de la actuación. Las indemnizaciones pagadas. Todas las respuestas son correctas.

Según el RD 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación, ¿cómo se tasará el suelo en el caso de que los propietarios no puedan participar en la adjudicación de parcelas resultantes de una actuación de urbanización por causa de la insuficiencia de su aportación?. El suelo se tasará por el valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación, descontados los gastos de urbanización correspondientes incrementados por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo. El suelo no se tasará. El suelo se tasará por el valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación.

Según el Art. 47 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, si se alterara el uso que motivó la expropiación de suelo en virtud de modificación o revisión del instrumento de ordenación territorial y urbanística, no procedería la reversión: Haberse producido la expropiación para la formación o ampliación de un patrimonio público de suelo siempre que el nuevo uso sea compatible con los fines de éste. Haberse producido la expropiación para la ejecución de una actuación de urbanización. Haberse producido la expropiación por incumplimiento de los deberes y cualquiera de los restantes supuestos en que no proceda la reversión de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa. Las respuestas anteriores son correctas.

De acuerdo con el Decreto 103/2016 por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios en la Comunidad de Madrid, ¿cada cuánto se tiene que renovar el IEE?. Cada 5 años. Cada 10 años. Cada 15 años.

Según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, dan lugar en todo caso a derecho de indemnización, las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos: La situación de fuera de ordenación por cambios de ordenación no será indemnizable salvo que se imposibilite el uso y la modificación o extinción de la eficacia de títulos administrativos habilitantes (licencias) por cambio sobrevenido en la ordenación. Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legales o lleven consigo restricción de la edificabilidad o uso que no sea susceptible de distribución equitativa y ocupación de terrenos destinados por la ordenación territorial y urbanística a dotaciones públicas. La anulación de títulos administrativos habilitantes, así como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación improcedente. Las respuestas anteriores son correctas.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, indique cuál de los siguientes requisitos NO forma parte de los exigidos para que, excepcionalmente, los municipios que dispongan de un patrimonio público del suelo, puedan destinarlo a reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento: Que el presupuesto municipal tenga correctamente contabilizadas las partidas del patrimonio municipal del suelo. Que exista un Acuerdo del Pleno de la Corporación Local en el que se justifique que no es necesario dedicar esas cantidades a los fines propios del patrimonio público del suelo. Que el Ayuntamiento cuente con un plan de reequilibrio, ajuste y saneamiento financiero.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el derecho de superficie: Atribuye al superficiario la facultad de realizar construcciones o edificaciones en la rasante y en el vuelo y el subsuelo de una finca ajena, manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o edificaciones realizadas. Además, puede constituirse a título oneroso o gratuito. Puede constituirse a título oneroso o gratuito. Atribuye al superficiario la facultad de realizar construcciones o edificaciones en la rasante y en el vuelo y el subsuelo de una finca ajena.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015, serán nulos de pleno derecho: Los actos administrativos de intervención que se dicten con infracción de la ordenación de las zonas verdes o espacios libres. Los actos administrativos de intervención que se dicten con infracción de la ordenación de las zonas verdes o espacios libres previstos en los instrumentos de ordenación urbanística. Mientras las obras estén en curso de ejecución, se procederá a la suspensión de los efectos del acto administrativo legitimador y a la adopción de las demás medidas que procedan. Si las obras estuvieren terminadas, se procederá a su revisión de oficio. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, los actos firmes de aprobación de los expedientes de ejecución de la ordenación urbanística, las cesiones de terrenos con carácter obligatorio, las condiciones especiales de las autorizaciones administrativas y la interposición de recurso contencioso-administrativo: Implica automáticamente la declaración del inmueble en situación de fuera de ordenación. Son actos inscribibles en el Registro de la Propiedad. No se puede inscribir en el Registro de la Propiedad.

De acuerdo con el Decreto 103/2016 por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios en la Comunidad de Madrid, ¿quiénes están obligados a disponer del Informe de Evaluación de los Edificios?. Los propietarios únicos de edificios. Las comunidades de propietarios. Las agrupaciones de comunidades de propietarios de los edificios. Todas las respuestas anteriores son correctas.

De acuerdo con el Decreto 103/2016, ¿deberá adjuntarse como parte III del IEE, el Certificado de Eficiencia Energética del Edificio si se trata de un edificio de tipología residencial colectiva?. Si. No. Tal vez.

De acuerdo con el Decreto 103/2016, ¿quiénes promoverán, planificarán y controlarán la realización de los Informes de Evaluación de los Edificios?. Los Ayuntamientos. La Comunidad de Madrid. Ambas son ciertas.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la Memoria de viabilidad económica: Ponderará el impacto de cada actuación proyectada en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias. Analizará la viabilidad económica de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana en términos de rentabilidad y adecuado equilibrio entre cargas y beneficios derivados de la actuación. Evaluará la rentabilidad económica y financiera de la actuación en base a los precios del mercado inmobiliario.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la indemnización por impedir el ejercicio, en su caso, de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización será el resultado de aplicar el porcentaje que determine la legislación para la participación de la comunidad en las plusvalías: Al valor del suelo aplicando el método de capitalización de rentas. Al valor que le correspondería si estuviese terminada la actuación. A la diferencia entre el valor del suelo en situación de origen y el valor que le correspondería si estuviese terminada la actuación.

OPO AT CM 02. El reglamento de Planeamiento de 1978, constituye: Legislación estatal supletoria. Legislación estatal básica. Legislación derogada. Legislación de Régimen Local.

La no constancia en el título de enajenación de un terreno de la situación urbanística de los terrenos y los deberes legales y obligaciones pendientes de cumplir, faculta al adquiriente a rescindir el contrato en el plazo de: 2 años. 4 años. 6 años.

OPO A AYTO PI 2021. De acuerdo con el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en relación al deber de garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados dentro de un área de la actuación y que constituyan su residencia habitual: El realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados dentro de un área de la actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el retorno no son considerados en la legislación urbanística. Únicamente se considera entre los deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación urbanística. Se establece entre los deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación urbanística y a las actuaciones edificatorias.

Para inscribir en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra nueva de construcción o edificación realizadas sin autorización y prescritas, se requerirá: La Certificación expedida por el Ayto o técnico competente, el Acta notarial descriptiva o la certificación catastral descriptiva en la que conste la fecha de terminación de la obra y la inexistencia de un expediente de disciplina urbanística. La Certificación expedida por el Ayto, el Acta notarial descriptiva o la certificación catastral descriptiva en la que conste la fecha de terminación de la obra y la inexistencia de un expediente de disciplina urbanística. La Certificación expedida por el Ayto y la certificación catastral descriptiva en la que conste la fecha de terminación de la obra y la inexistencia de un expediente de disciplina urbanística.

La indemnización por impedir la facultad de participar en la ejecución del planeamiento será el resultado de aplicar: El 10% a la diferencia entre el valor del suelo en su origen y el valor terminada la actuación o a la merma cuando se alteren las condiciones. El 15% a la diferencia entre el valor del suelo en su origen y el valor terminada la actuación o a la merma cuando se alteren las condiciones. El 20% a la diferencia entre el valor del suelo en su origen y el valor terminada la actuación o a la merma cuando se alteren las condiciones.

El deber de conservación en la legislación urbanística estatal comprenderá las obras para mantener el edificio en condiciones de: Seguridad, salubridad y ornato público únicamente. Seguridad, salubridad y ornato público, y las obras para satisfacer los requisitos básicos establecidos en la LOE. Seguridad, salubridad y ornato público, las obras para satisfacer los requisitos básicos establecidos en la LOE y para adaptar sus instalaciones a las normas legales exigibles.

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015, el incumplimiento de los deberes establecidos en la Ley habilitará a la Admón a: La ejecución subsidiaria, la expropiación, la venta o sustitución forzosa y otras previstas en la legislación urbanística. La expropiación, la venta o sustitución forzosa y otras previstas en la legislación urbanística. La expropiación, la venta o sustitución forzosa salvo que no estén previstas en la legislación urbanística.

La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración y la fijación del precio a pagar al propietario a cuenta o sustitución forzosa se realizará: Por el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Por el valor de mercado. Libremente con el propietario.

El efecto de la subrogación de las fincas de origen por las de resultado se produce: Con la aprobación del planeamiento general. Con la aprobación del planeamiento de desarrollo. Con la aprobación de los instrumentos de distribución de cargas y beneficios.

Procederá valorar la facultad de participar en la ejecución de una actuación de nueva urbanización cuando: Los terrenos estén incluidos en un ámbito de actuación, que se impida o altere la edificabilidad o usos. Los terrenos estén incluidos en un ámbito de actuación, que se impida o altere la edificabilidad o usos y que no se hubiesen llevado a cabo por causas imputables a la Admón. Los terrenos estén incluidos en un ámbito de actuación, que se impida o altere la edificabilidad o usos y que no hayan pasado los plazos para el ejercicio de la facultad o no se hubiesen llevado a cabo por causas imputables a la Admón.

En caso de denegación de una licencia de primera ocupación o utilización de las edificaciones, la Admón. deberá adoptar las medidas necesarias para el cese de la ocupación o utilización. La Admón. será responsable de los perjuicios ocasionados a terceros si no adopta tales medidas en el plazo de: 1 mes. 3 meses. 6 meses.

OPO A CM 2019. La ocupación de una finca expropiada conlleva la elaboración de un “Acta de Ocupación” que podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad: Si se acompaña el Acta con un plano o fotografía aérea de la finca expropiada. Si se acompaña el Acta con la referencia catastral de la finca o certificación catastral equivalente. Si se acompaña de un Acta de Presencia notarial donde consten las circunstancias en las que se ha producido la ocupación. Si se acompaña el Acta con la Escritura de compraventa de la finca original, a favor del propietario expropiado.

A los efectos de la legislación urbanística estatal, se entiende por infravivienda en todo caso: La que incumpla los requisitos de superficie de las normas urbanísticas y presente graves deficiencias en las instalaciones básicas. La que incumpla los requisitos de superficie, presente graves deficiencias en las instalaciones básicas o las que no cumplan los requisitos mínimos de seguridad y habitabilidad exigibles. La que incumpla los requisitos de superficie, presente graves deficiencias en las instalaciones básicas o las que no cumplan los requisitos mínimos de seguridad, accesibilidad universal y habitabilidad exigibles.

OPO A CM PI 2018. La cédula urbanística de una parcela de suelo urbano, expedida por un ayuntamiento, es necesaria: Para completar la información urbanística para la compraventa de fincas o parcelas en las autorizaciones de escrituras públicas, si así lo solicita el notario. Para inmatricular las condiciones urbanísticas de la parcela en el Registro de la Propiedad correspondiente. Para iniciar los trámites necesarios para redactar el proyecto de ejecución de las obras que se pretendan realizar en la parcela.

Para valorar las actuaciones de urbanización se asignará al grado de ejecución entre 0 y 1 y se multiplicará: Por la diferencia entre el valor del suelo en su origen y el valor una vez terminada la actuación o por la merma de su valor cuando se alteren las condiciones. Por el valor del suelo en su origen o por la merma de su valor cuando se alteren las condiciones. Por el valor una vez terminada la actuación o por la merma de su valor cuando se alteren las condiciones.

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, podrán participar en la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano: Las Administraciones Públicas, las comunidades de propietarios, los propietarios y titulares de derechos reales, así como empresas, entidades o sociedades. Las Administraciones Públicas, las comunidades de propietarios, las cooperativas y asociaciones constituidas al efecto y los propietarios y titulares de derechos reales. Las Administraciones Públicas, las comunidades de propietarios, las cooperativas y asociaciones constituidas al efecto, los propietarios y titulares de derechos reales, así como empresas, entidades o sociedades.

Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva, los notarios exigirán: La autorización administrativa que requiera la obra. La autorización administrativa que requiera la obra y el certificado del ajuste de la obra al proyecto. La autorización administrativa que requiera la obra, el certificado del ajuste de la obra al proyecto y demás documentos impuestos por la legislación.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, es un supuesto indemnizatorio: Los cambios de ordenación, en cualquier caso. Los cambios de ordenación siempre que se produzcan antes de transcurrir los plazos previstos para el desarrollo. Los cambios de ordenación que impliquen la situación de fuera de ordenación.

Las actuaciones de urbanización se indemnizarán cuando devengan inútiles cuando: Se desarrollen de conformidad con los instrumentos de planeamiento, estén parcialmente terminadas y no se hayan incumplido los plazos establecidos. Se desarrollen de conformidad con los instrumentos de planeamiento y no se hayan incumplido los plazos establecidos ni más de 4 años desde la aprobación del planeamiento. Se desarrollen de conformidad con los instrumentos de planeamiento y no se hayan incumplido los plazos establecidos.

La iniciación de un expediente de distribución de beneficios y cargas se hará constar en el Registro: Si, por nota al margen. No. Solo si se actúa por expropiación por nota al margen.

La refundición de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana y la Ley de Suelo aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, se produjo en el año: 2014. 2015. 2016.

Si se altera el uso que motivó la expropiación de un suelo en virtud de modificación o revisión de la ordenación urbanística, procederá la reversión salvo que: Se hubiera producido la expropiación para la formación o ampliación de un patrimonio público de suelo. Fuera debida por incumplimiento de deberes. Ambas.

Las situaciones fuera de ordenación producidas por los cambios de ordenación: Son indemnizables. No son indemnizables. No son indemnizables sin perjuicio que pueda serlo la imposibilidad de usar la construcción o edificación.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la alteración de los criterios y las previsiones sobre la ordenación urbanística facilitados en una contestación de una consulta dentro del plazo en el que ésta surta efectos: Dará derecho a indemnización de los gastos originados. Dará derecho a indemnización únicamente por variación de la edificabilidad. No dará derecho a indemnización de los gastos originados ya que no son vinculantes.

Cuando se trate de actuaciones de dotación: No se deberá ceder aprovechamiento. Se cederá en base al incremento de la edificabilidad. Se cederá el 5 % de la edificabilidad ponderada del ámbito.

En la ejecución de las actuaciones de Rehabilitación, Regeneración y Renovación se deberá garantizar: El derecho al realojo de todos los ocupantes legales. La accesibilidad universal en todos los edificios. La reducción del 30% de consumo de energía.

OPO AT AYTO COLMENAR VIEJO 2017. Los municipios que dispongan de un patrimonio público del suelo, podrán destinarlo a reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento, siempre que se cumplan ciertos requisitos. En todo caso, el importe del que se disponga deberá ser repuesto por la Corporación Local en: Un plazo máximo de cinco años. Un plazo máximo de diez años. Un plazo máximo de quince años.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en las actuaciones sobre el medio urbano será posible: Ocupar dominio público para la instalación de ascensores. Ocupar espacios libres privados para la instalación de ascensores siempre que cumplan los parámetros urbanísticos establecidos en la ordenación. Ambas son ciertas.

OPO A AYTO PI 2021. Según el RDL 7/2015, texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, cuando se trate de actuaciones de dotación, el deber de entregar a la Administración competente el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya podrá cumplirse: Mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico con la finalidad de costear la parte de financiación pública que pudiera estar prevista en la propia actuación, o a integrarse en el patrimonio público de suelo, con destino preferente a actuaciones de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas. Por la entrega de superficie edificada o edificabilidad lucrativa, en un complejo inmobiliario, situado dentro del mismo. Ninguna de las anteriores.

OPO ING URB CM 2018. En los casos en que el suelo haya sido expropiado para ejecutar una actuación de urbanización, ¿en qué plazo desde la expropiación procede la reversión si la urbanización no se hubiera concluido?. Cinco Años. Diez años. Veinte años.

La inscripción registral de la incoación de un expediente de disciplina urbanística caducará: A los 4 años pudiéndose ser prorrogada. A los 5 años pudiéndose ser prorrogada. A los 6 años pudiéndose ser prorrogada.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica: Ponderará el impacto de cada actuación proyectada en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias. Analizará la viabilidad económica de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana en términos de rentabilidad y adecuado equilibrio entre cargas y beneficios derivados de la actuación. Evaluará la rentabilidad económica y financiera de la actuación en base a los precios del mercado inmobiliario.

Las infracciones en materia de certificación de la eficiencia energética de los edificios se regulan: En la Disposición Adicional duodécima del TRLSRU 2015. En el Título V del Decreto por el que se establece el procedimiento de certificación energética. En la LOE.

Serán inscribibles en el Registro de la Propiedad: Los actos firmes de aprobación de la ejecución del planeamiento, la incoación de expediente de disciplina urbanística y la interposición de recurso. Los actos firmes de aprobación de la ejecución del planeamiento, la incoación de expediente de disciplina urbanística, la interposición de recurso y los actos y sentencias que afecte a las fincas. Los actos firmes de aprobación de la ejecución del planeamiento, la incoación de expediente de disciplina urbanística, la interposición de recurso y los actos y sentencias que afecte a las fincas cuando sean desfavorables.

Las infracciones en materia de certificación de la eficiencia energética se clasifican en: Graves y leves. Muy graves y graves. Muy graves, graves y leves.

OPO AT CM 2021. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, respecto a las disposiciones relativas a licencias urbanísticas, ¿en cuál de los siguientes supuestos no se producirá silencio administrativo negativo?. Movimientos de tierras y explanaciones cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación. Parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando formen parte de un proyecto de reparcelación. Obras de edificación de nueva planta. La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes.

En la expropiación forzosa, la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación se producirán: Con la aprobación de los instrumentos de distribución de cargas y beneficios cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución por expropiación. Con la aprobación de los instrumentos de ordenación o de distribución de cargas y beneficios cuando los instrumentos de ordenación no habiliten para su ejecución por expropiación. Con la aprobación de los instrumentos de ordenación cuando dichos instrumentos habiliten para su ejecución por expropiación.

La Admón. está obligada a la inscripción registral de la incoación de un expediente de disciplina urbanística: Si. Solo en el caso de parcelaciones ilegales. Solo en el caso de excesos de edificabilidad.

Los municipios que dispongan de un patrimonio público del suelo, podrán destinarlo a reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento, siempre que se cumplan ciertos requisitos. En todo caso, el importe del que se disponga deberá ser repuesto por la Corporación Local en: Un plazo máximo de cinco años. Un plazo máximo de diez años. Un plazo máximo de quince años.

¿Cómo se le satisface al propietario el justiprecio de una parcela expropiada?. Mediante su valor monetario, siempre. Mediante la edificabilidad o aprovechamiento urbanístico que le pudiera corresponder, en parcela diferente, siempre. Mediante la edificabilidad o aprovechamiento urbanístico que le pudiera corresponder, en parcela diferente, si el propietario así lo acepta.

La fijación del justiprecio se tramitará como pieza separada, encabezada por: La exacta descripción de cada uno de los propietarios de los bienes a expropiar. La exacta descripción del bien concreto que haya que expropiarse. La valoración de los bienes a expropiar.

Según el artículo 3 del RDL 7/2015, texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, ¿a qué principio corresponde el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo a la prevención y reducción de la contaminación?. Principio de economía sostenible. Principio de igualdad y medio ambiente. Principio de desarrollo sostenible.

La transmisión de fincas, ¿modifica la situación del titular respecto de los deberes del propietario conforme al RDL 7/2015 y los establecidos por la legislación de la ordenación territorial y urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la misma?. Sí, la modifica. No, no la modifica. Depende del caso.

El Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, clasificaba el suelo en: Suelo urbano y no urbanizable. Suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. Suelo urbano, urbanizable y suelo rústico.

OPO ITOP 2021. Las facultades del derecho de propiedad del suelo en situación de urbanizado incluyen, entre otras, las siguientes, según el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: Completar la urbanización de los terrenos para que cumplan los requisitos y condiciones establecidas para su edificación. Exigir a las Administraciones Publicas la urbanización de los terrenos para que cumplan los requisitos y condiciones establecidas para su edificación. Solicitar a las Administraciones Publicas la financiación para la urbanización de los terrenos para que cumplan los requisitos y condiciones establecidas para su edificación.

OPO ITOP PI AYTO 2022. La ejecución material de las actuaciones de urbanización se presumen iniciadas, a los solos efectos de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: Cuando se apruebe definitivamente el instrumento de ejecución que legitima las obras de urbanización. Cuando se apruebe definitivamente el instrumento de ordenación que requiere la legislación sobre ordenación urbanística. Cuando exista acta administrativa o notarial que dé fe del comienzo de las obras.

OPO A AYTO 2021. ¿Cuál de los siguientes reglamentos no ha sido específicamente derogado?. Reglamento de gestión urbanística 1978. Reglamento de expropiación forzosa 1978. Reglamento sobre viviendas de protección oficial 1978.

OPO A AYTO 2021. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece que el límite de las obras que deben ejecutarse a costa de los propietarios, en cumplimiento del deber legal de conservación, cuando la Administración las ordene por motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad o sostenibilidad del medio urbano, es: El 50% del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original. El 70 % del valor de reposición. El 25% del valor actual del inmueble obtenido por el método estático.

OPO A AYTO 2021.El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece que cuando los instrumentos de ordenación urbanística destinen superficies superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, a la edificación o uso privado y al dominio público, se precisa constituir para su efectivo desarrollo: Una división horizontal. Una titularidad proindiviso. Un complejo inmobiliario.

OPO A AYTO 2021. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece que un derecho de superficie se extingue, además de por el transcurso del plazo de duración del derecho, si: No se edifica de conformidad con la ordenación territorial y urbanística en el plazo previsto en el título de constitución. Se incumplen las condiciones edificatorias y de uso de la concesión del derecho. El concesionario del derecho no destina el bien al destino previsto.

OPO A AYTO 2021. Es un deber del ciudadano, según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: Respetar y contribuir a preservar el paisaje urbano y el patrimonio arquitectónico y cultural absteniéndose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad no permitidos. Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de dicha Administración y del procedimiento de que se trate. Disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio libre de ruido u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los límites máximos admitidos por la legislación aplicable y en un medio ambiente y un paisaje adecuados.

Según el artículo 19 del RDL 7/2015, texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, para el caso de expropiaciones por razón de la ordenación territorial y urbanística que requieran el desalojo de los ocupantes legales del inmueble, la administración expropiante, o en su caso, el beneficiario de la expropiación, ¿deberían garantizar el derecho de aquellos al realojamiento?. No, nunca. Sí, siempre. Sí, si los ocupantes son residentes habituales.

OPO A CLM 2023. De acuerdo con el artículo 7 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, las actuaciones que tienen por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado son: Actuaciones de dotación. Actuaciones de nueva urbanización. Actuaciones de transformación urbanística.

OPO A NAVALAFUENTE 2023. En el suelo que sea rural o esté vacante de edificación, el deber de conservarlo: Supone costear y ejecutar las obras necesarias para mantener los terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión. Supone costear y ejecutar las obras necesarias para mantener los terrenos y su masa vegetal en condicione de evitar daños y perjuicios a terceros. Las respuestas anteriores son correctas.

OPO A NAVALAFUENTE 2023. La iniciativa para proponer la ordenación de las actuaciones de transformación urbanística y las edificatorias podrá partir de: Las entidades públicas adscritas a las Administraciones Públicas. Los propietarios. Las dos respuestas anteriores son correctas.

OPO A CLM 2021. Según el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, a la hora de valorar la proporcionalidad o no de la carga correspondiente a un ajuste razonable para facilitar la accesibilidad universal, en un edificio no constituido en régimen de propiedad horizontal, se debe tomar en cuenta entre otros: Los costes de la medida siempre que no superen de catorce anualidades del presupuesto del promotor. La capacidad económica de la comunidad de propietarios. Los efectos discriminatorios que su no adopción podría representar y la posibilidad de obtener financiación oficial.

OPO AT CM 2021. El límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios en cumplimiento del deber legal de conservación de una edificación que establece el Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: Se establece en el 50% del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original, en relación con las características constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio. Se establece en el 75% del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original, en relación con las características constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio. Se establece en el 100% del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original, en relación con las características constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio.

El Informe de Evaluación de los Edificios, de acuerdo con el Decreto 103/2016 por el que se regula el Informe de Evaluación de los Edificios en la Comunidad de Madrid, será exigible a los edificios de tipología vivienda residencial colectiva con una antigüedad superior a: 10 años. 30 años. 50 años.

Se entiende por actuaciones de transformación urbanística: Las actuaciones de nueva urbanización. Las actuaciones de nueva urbanización y las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado. Las actuaciones de nueva urbanización, las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado y las actuaciones de dotación.

OPO A ARANJUEZ 2022. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, el límite de las obras que deben ejecutarse a costa de los propietarios en cumplimiento del deber legal de conservación de las edificaciones se establece en: La mitad del valor de la construcción de las obras. La mitad del valor actual de la construcción de un inmueble equivalente de nueva planta. La mitad del valor actual de la construcción de un inmueble equivalente de nueva planta depreciado por el estado de conservación y la antigüedad.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, se entiende por edificio residencial de vivienda colectiva: El compuesto por más de una vivienda siempre que no contenga otros usos distintos al residencial. El compuesto por más de una vivienda o el destinado a ser ocupado o habilitado por un grupo de personas que, sin constituir núcleo familiar, compartan servicios y se sometan a un régimen común, tales como hoteles o residencias. El compuesto por más de una vivienda o el destinado a la permanencia habitual de personas siempre que compartan servicios y se sometan un régimen común, tales como edificios terciarios y comerciales.

OPO A AYTO PI 2021. En relación a las actuaciones edificatorias, definidas en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, valore la afirmación: “se consideran como tales incluso cuando requieran obras complementarias de urbanización”: Es correcto, se consideran como tales incluso cuando requieran obras complementarias de urbanización. Si incluyen obras complementarias de urbanización, pasarían a considerarse obras de urbanización. La urbanización debe abarcar todos los aspectos, no pueden considerarse nunca como obras complementarias.

Procederá la retasación en una expropiación: Cuando se altere los usos o la edificabilidad en virtud de una modificación. Cuando se destine a vivienda protegida. Cuando se incremente la edificabilidad.

OPO A NAVALAFUENTE 2023. Cuando el suelo en situación rural no esté sometido al régimen de una actuación de urbanización, el propietario tendrá: El deber de contribuir económicamente a las obras que lleve a cabo la Administración. El deber de satisfacer las prestaciones personales para la conservación de la masa vegetal. El deber de satisfacer las prestaciones patrimoniales que establezca para legitimar los usos privados del suelo no vinculados a su explotación primaria.

OPO A NAVALAFUENTE 2023. En el suelo en situación de urbanizado, las facultades del derecho de propiedad no incluyen: Edificar en los terrenos desde el momento que se adquiera la propiedad y realizar las actuaciones necesarias para mantener la edificación, en todo momento, en un buen estado de conservación. Obtener, en su caso, la conformidad o autorización administrativas correspondientes para realizar cualquiera de las actuaciones sobre el medio urbano. Participar en la ejecución de actuaciones de reforma o renovación de la urbanización. Completar la urbanización de los terrenos para que cumplan los requisitos y condiciones establecidos para su edificación.

OPO A AT 2022. A efectos del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se entiende por actuaciones de transformación urbanística: Las actuaciones de nueva urbanización y las actuaciones de rehabilitación edificatoria. Las actuaciones de urbanización y las actuaciones de dotación. Las actuaciones de urbanización y las actuaciones edificatorias.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, la unidad de suelo que tenga atribuida edificabilidad y uso o solo uso urbanístico independiente constituirá: Una finca. Una parcela. Un complejo inmobiliario.

OPO A ALCALA 2017. De acuerdo con el art. 23 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, el acuerdo aprobatorio de los instrumentos de distribución de beneficios y cargas produce los siguientes efectos: El de la subrogación de las fincas de origen por las de resultado. El reparto de su titularidad entre los propietarios, el promotor de la actuación, cuando sea retribuido mediante la adjudicación de parcelas incluidas en ella, y la Administración. Todas las respuestas son correctas.

OPO A NAVALAFUENTE 2023. Se entienden por actuaciones edificatorias: Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado. Las de rehabilitación edificatoria. Las de nueva urbanización.

OPO AT COLLADO MEDIANO 2019. El Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) será obligatorio para aquellos edificios de vivienda colectiva que no cuenten con una inspección técnica vigente y cuya antigüedad sea: Superior a 30 años e inferior a 50 años. Superior a 50 años. Superior a 50 años e inferior a 80 años.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, se encuentra en situación de suelo urbanizado el que, estado integrado en una malla urbana: Haya sido urbanizado en ejecución del planeamiento. Tenga instaladas las infraestructuras y servicios necesarios y autosuficientes mediante su conexión en red. Ambas son ciertas.

OPO AT PI AYTO 2022. Conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, las actuaciones que tengan por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de éste, se consideran: Actuaciones de dotación. Actuaciones de nueva urbanización. Actuaciones edificatorias.

OPO A ALPEDRETE 2019. El derecho estatal vigente de directa aplicación en el ámbito del urbanismo se encuentra en: El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo. La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

OPO A NAVALAFUENTE 2023. El porcentaje de edificabilidad media ponderada de la actuación urbanística, con carácter general: No puede ser inferior al 5% ni superior al 20%. No puede ser inferior al 5% ni superior al 15%. No puede ser inferior al 5% ni superior al 10%.

Las actuaciones sobre el medio urbano señaladas en el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, se refieren: A las que tengan por objeto realizar obras de rehabilitación edificatoria, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones. A las de regeneración y renovación cuando afecten, tanto a edificios, como a tejidos urbanos. Ambas.

OPO A CLM 2019. Según el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en las actuaciones de mejora en accesibilidad o en eficiencia energética que afecten a inmuebles declarados de interés cultural: No se aplicaría la normativa de accesibilidad, ni tampoco la relativa a eficiencia energética para preservar los valores objeto de protección. Se buscarán soluciones innovadoras que permitan realizar las adaptaciones precisas sin perjuicio de la necesaria preservación de los valores objeto de protección. Se aplicaría el criterio de menor gasto económico en cada una de las actuaciones para preservar los valores objeto de protección.

OPO A ALCALA 2017. El Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana fue aprobado por: El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. El Real Decreto Legislativo 7/2017, de 2 de septiembre.

OPO A CLM 2019. Las valoraciones del suelo y de las edificaciones, cuando tengan por objeto la verificación de operaciones de reparto de beneficios y cargas precisas para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística, cuando no hubiera acuerdo entre los afectados, se regula mediante la norma: El Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. El RD 1020/1993 por el que se aprueban las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. La Orden ECO/805/2003 sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.

OPO A NAVALAFUENTE 2023. Entre lo que ha de garantizar la legislación sobre la ordenación territorial y urbanística no se encuentra: La participación ciudadana en la ordenación, gestión y disciplina urbanísticas. La dirección y control por las Administraciones Públicas competentes del proceso urbanístico. El derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas de los intereses afectados por los procesos urbanísticos. La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción de los entes públicos.

OPO A VILLALBILLA 2022. Es un deber del propietario del suelo, según el RD.L.7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana: Respetar y contribuir a preservar el paisaje urbano y el patrimonio arquitectónico y cultural absteniéndose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad no permitidos. Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas. Disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio de diseño para todas las personas, que constituyan su domicilio libre de ruidos u otras omisiones contaminantes de cualquier tipo que supere los límites máximos admitidos por la legislación aplicable y en un medio ambiente y un paisaje adecuados.

OPO A NAVALAFUENTE 2023. Las actuaciones de urbanización no comportan el siguiente deber legal: Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas. Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados dentro del área de la actuación. Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente. Todas las respuestas son incorrectas.

OPO A COLMENAR VIEJO 2021. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: Entre las actuaciones de transformación urbanística, las actuaciones de urbanización comportan el deber legal de entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su obtención. Entre las actuaciones de transformación urbanística, las actuaciones de urbanización comportan el deber legal de indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse. Entre las actuaciones de transformación urbanística, las actuaciones de urbanización comportan el deber de entregar a la Administración competente, y con destino a patrimonio público de suelo, el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación, o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, no pudiendo ser dicho porcentaje, con carácter general, inferior al 10% ni superior al 20%.

OPO A NAVALAFUENTE 2023. En el Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: Se mantiene la definición de suelo rural y urbanizado. Se establecen los criterios básicos para la utilización del suelo. Se desarrolla el régimen de valoraciones del suelo. Todas las respuestas son correctas.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, sobre el suelo en situación rural para el que los instrumentos de ordenación urbanística prevean su paso a urbanizado, el derecho de propiedad: Incluye la posibilidad de realizar uso y obras de carácter provisional. Incluye la posibilidad de realizar uso y obras de carácter provisional que no estén expresamente prohibidos por la legislación. Incluye la posibilidad de realizar uso y obras de carácter provisional que no estén expresamente prohibidos por la legislación y sean compatibles con la ordenación urbanística.

OPO A NAVALAFUENTE 2023. En el suelo en situación de urbanizado no se encuentra entre los deberes y cargas que forman parte del contenido del derecho de propiedad el siguiente: El deber de completar la urbanización de los terrenos. El deber de expropiar los terrenos necesarios para la urbanización. El deber de edificar en los plazos establecidos en la normativa aplicable. El deber de participar en la ejecución de actuaciones sobre el medio urbano en el régimen de distribución de beneficios.

OPO A NAVALAFUENTE 2023. En el suelo rural: No podrán efectuarse divisiones. Quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas. No podrán efectuarse segregaciones.

OPO A NAVALAFUENTE 2023. Cuando se trate de edificaciones, el deber legal de conservación comprende la realización de los trabajos y las obras necesarias para: Satisfacer, con carácter general, los requisitos básicos de la edificación establecidos en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Adaptar y actualizar sus instalaciones a las normas legales que, para la edificación existente, le sean explícitamente exigibles en cada momento. Llevar a cabo las actuaciones exigidas en la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico.

OPO AT CM 2021. El Informe de Evaluación del Edificio podrá ser suscrito por: El técnico facultativo competente. Entidades de inspección registradas, que cuenten con técnicos especialistas en la materia. Cualquier técnico con más de 10 años de experiencia.

OPO A NAVALAFUENTE 2023. Dentro de las facultades que integran el suelo en situación de rural se encuentran: Las de uso agrícola, lúdico, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. Las de uso agrícola, ganadero, forestal, educativo o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. Las de uso agrícola, ganadero, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.

OPO A NAVALAFUENTE 2023. Las actuaciones de urbanización se entienden iniciadas: En el momento en que, una vez aprobados y eficaces todos los instrumentos de ordenación y ejecución que requiera la legislación empiece la ejecución material de éstas. En el momento en que, una vez aprobados y eficaces todos los instrumentos de ordenación y ejecución que requiera la legislación empiece la ejecución formal de éstas. En el momento en que se aprueben y sean eficaces todos los instrumentos de ordenación y ejecución que requiera la legislación.

OPO A NAVALAFUENTE 2023. El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades: De uso, disfrute, explotación y disposición del mismo. De destrucción. De alcanzar el vuelo, pero no el subsuelo.

OPO A NAVALAFUENTE 2023. El Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana regula: Las infracciones urbanísticas constitutivas de delito. La cooperación y colaboración entre las entidades locales. El planeamiento urbanístico.

OPO A NAVALAFUENTE 2023. En el suelo en situación rural para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanísticas prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado las facultades del derecho de propiedad no incluyen las siguientes: El derecho a construir de acuerdo con la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. El derecho a participar en la ejecución de las actuaciones de nueva urbanización. El derecho a elaborar y presentar el instrumento de ordenación que corresponda. El derecho de consulta a las Administraciones competentes, sobre los criterios y previsiones de la ordenación urbanística.

OPO A CLM 2019. Según el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, a la hora de valorar la proporcionalidad o no de la carga correspondiente a un ajuste razonable para facilitar la accesibilidad universal, en un edificio constituido en régimen de propiedad horizontal, se tomará en cuenta: El coste de las obras repercutido anualmente, descontando las ayudas públicas. Los efectos discriminatorios que su no adopción podría representar. La posibilidad de obtener financiación oficial.

OPO A NAVALAFUENTE 2023. Una de las condiciones que no ha de cumplir el suelo en situación de suelo urbanizado es: Estar ocupado por la edificación. Disponer de suelos comerciales. Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación. Tener instaladas y operativas las infraestructuras y los servicios necesarios.

OPO A NAVALAFUENTE 2023. Según el Texto Refundo de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana está en la situación de suelo rural: Los terrenos con riesgos naturales o tecnológicos. El suelo no preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización. El suelo integrado en una malla urbana.