TEST OCHENTA Y CINCO

1. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por ... a.- una Ley. b.- una norma con rango de Ley. c.- una norma con rango de Ley o un reglamento. d.- un reglamento.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por …. a.- Ley. b.- disposición de rango legal. c.- disposición de rango legal o reglamentario. d.- disposición de rango reglamentario.

3. Las disposiciones del Capítulo Principios de la potestad sancionadora de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a.- serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. b.- serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público. c.- serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas. d.- todas son correctas.

4. Las disposiciones sancionadoras: a.- producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, excepto respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. b.- producirán efecto irretroactivo en cuanto favorezcan al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. c.- producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. d.- producirán efecto irretroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, excepto respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por: a.- una Ley. b.- una norma con rango de ley. c.- un reglamento. d.- todas son correctas.

6. Las infracciones administrativas se clasificarán en ... a.- leves y graves. b.- graves y muy graves. c.- leves, graves y muy graves. d.- ninguna es correcta.

7. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles: a.- con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario. b.- con la indemnización por los daños y perjuicios causados. c.- a y b son correctas. d.- a y b son incorrectas.

8. Las sanciones administrativas: a.- sean o no de naturaleza pecuniaria, podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. b.- que no sean de naturaleza pecuniaria, podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. c.- sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. d.- que sean de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.

9. Las infracciones y sanciones prescribirán ... a.- según lo dispuesto en la presente Ley. b.- según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. c.- según lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias que las desarrollen. d.- todas son correctas.

10. Si no se han fijado los plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán: a.- a los seis meses. b.- al año. c.- a los dos años. d.- a los tres años.

11. Si no se han fijado los plazos de prescripción, las infracciones leves prescribirán: a.- a los seis meses. b.- al año. c.- a los dos años. d.- a los tres años.

12. Si no se han fijado los plazos de prescripción, las sanciones graves prescribirán: a.- a los seis meses. b.- al año. c.- a los dos años. d.- a los tres años.

13. Si no se han fijado los plazos de prescripción, las sanciones leves prescribirán: a.- a los seis meses. b.- al año. c.- a los dos años. d.- a los tres años.

14. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde ….. a.- el día en que la infracción se hubiera cometido. b.- el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido. c.- que finalizó la conducta infractora. d.- el día siguiente en que finalizó la conducta infractora.

15. El plazo de prescripción de las infracciones continuadas o permanentes, comenzará a correr desde ... a.- el día en que la infracción se hubiera cometido. b.- el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido. c.- que finalizó la conducta infractora. d.- el día siguiente en que finalizó la conducta infractora.

16. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde …. a.- el día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción. b.- el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción. c.- el día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. d.- el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

17. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia de …. a.- el funcionamiento anormal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. b.- el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. c.- el funcionamiento anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. d.- el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

18. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas …. a.- presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. b.- no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. c.- no presupone, en ningún caso, derecho a la indemnización. d.- ninguna es correcta.

19. Respecto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas el daño alegado habrá de ser …. a.- efectivo. b.- evaluable económicamente. c.- individualizado con relación a una persona o grupo de personas. d.- todas son correctas.

20. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste …. a.- tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. b.- no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. c.- tenga o no el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. d.- ninguna es correcta.

21. La indemnización de las lesiones producidas al particular se calculará ... a.- con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal. b.- con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa y demás normas aplicables. c.- ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. d.- todas son correctas.

22. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones graves prescribirán…. A) A los cinco años. B) A los cuatro años. C) A los dos años. D) A los tres años.

23. En relación con la concurrencia de sanciones, cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. A) Siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento. B) Siempre que no concurra la identidad de hecho y fundamento. C) Siempre que no concurra la identidad de sujeto y hecho. D) Siempre que no concurra la identidad de hecho.

24. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie: A) Identidad de sujeto, hecho y fundamento. B) Identidad de sujeto, únicamente. C) Identidad de sujeto y hechos. D) Identidad de sujeto y fundamento.

25. ¿Qué principio de la potestad sancionadora establece que las disposiciones sancionadoras que se apliquen serán las vigentes en el momento de producirse los hechos?. A) El de irretroactividad. B) El de tipicidad. C) El de legalidad. D) El de responsabilidad.

26. Solo serán indemnizables: A) Las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar. B) Las lesiones económicas producidas por la Administración Central. C) Los actos jurídicos que lesionen intereses particulares. D) Las lesiones físicas producidas al administrado.

27. Señale la respuesta no correcta: A) Las normas definidoras de infracciones y sanciones serán susceptibles de aplicación analógica. B) Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de infracciones o sanciones. C) Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

28. Como consecuencia de los establecido en la Constitución Española, la Ley 40/2015 recalca que las sanciones administrativas: A) Siempre e inexcusablemente son pecuniarias. B) Nunca son pecuniarias. C) En ningún caso podrán implicar privación de libertad. D) Sólo excepcionalmente pueden implicar privación de libertad.

29. ¿A quién corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora?. A) A los funcionarios que ejerzan las funciones inspectoras o de seguridad correspondiente. B) Al jefe de la unidad administrativa en la que se tramiten los expedientes sancionadores. C) A los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por disposición de rango legal o reglamentario. D) A los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida exclusivamente por disposición de rango legal.

30. De los siguientes, ¿cuál no será un criterio para la graduación de la sanción a aplicar?. A) El grado de culpabilidad. B) La persistencia en la conducta infractora. C) La naturaleza de los perjuicios causados. D) La reincidencia, por comisión en el término de tres años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.

31. Para que podamos apreciar reincidencia, es necesario que la misma infracción se haya cometido en un período: A) De seis meses. B) De un año. C) De dos años. D) De cinco años.

32. Cuando la Ley 40/2015 dice que las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar privación de libertad, ¿a qué principio se refiere?. A) Principio de legalidad. B) Principio de irretroactividad. C) Principio de tipicidad. D) Principio de proporcionalidad.

33. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con: A) Con nada, por aplicación del principio "non bis in ídem". B) Con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo, a su estado originario. C) Con una indemnización por los daños y perjuicios causados. D) Son compatibles tanto con la B como con la C.

34. ¿Qué sujetos pueden ser sancionados como responsables por la comisión de una infracción administrativa?. A) Sólo las personas físicas. B) Sólo las personas jurídicas. C) Las personas físicas, las personas jurídicas y, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica propia y los patrimonios independientes o autónomos. D) Sólo las personas físicas y jurídicas, pero en éstas últimas se atribuye la responsabilidad a su representante legal que tiene que ser lógicamente una persona física.

35. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. El enunciado anterior se corresponde con el principio de: A) Tipicidad. B) Proporcionalidad. C) Legalidad. D) Responsabilidad.

36. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán…. A) Nunca. B) A los tres años. C) A los dos años. D) A los seis meses.

37. La Ley 40/2015 excluye de forma expresa, en el Capítulo III del Título Preliminar, la aplicación de las disposiciones de dicho capítulo al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad sancionadora respecto de: A) Quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas. B) Las multas de tráfico. C) El procedimiento sancionador por infracciones contra el medio ambiente. D) Infracciones urbanísticas o contra el planeamiento urbano.

38. Según establece el art. 25 de la Ley 40/2015, es un principio de la potestad sancionadora: A) Tipicidad. B) Legalidad. C) Proporcionalidad. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

39. Entre los principios del ejercicio de la potestad sancionadora recogidos en la Ley 40/2015 no se encuentra: A) Principio de Irretroactividad. B) Principio de proporcionalidad. C) Principio de tipicidad. D) Principio de imprescriptibilidad.

40. En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone una sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse: A) Desde el día en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso. B) Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso. C) Diez días después al plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso. D) Ninguna es correcta.

41. La Ley 40/2015 establece que las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán en el plazo de: A) 1 año. B) 2 años. C) 6 meses. D) Las sanciones no prescriben.

42. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las sanciones graves prescribirán…. A) Igual que las infracciones graves. B) Igual que las infracciones muy graves. C) Igual que las infracciones leves. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

43. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones leves prescribirán…. A) A los dos años. B) A los tres años. C) Al año. D) A los seis meses.

44. Cuando el cumplimiento de establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de las infracciones que, en su caso se cometan y de las sanciones que se impongan de forma: A) Conjunta. B) Mancomunada. C) Solidaria. D) Subsidiaria.

45. El art. 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, indicando que, la Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento que constará de una serie de trámites. En relación con los trámites de alegaciones y de audiencia incluidos en el procedimiento, señale la respuesta CORRECTA: A) Alegaciones durante un plazo de quince días y audiencia durante un plazo de diez días. B) Alegaciones durante un plazo de diez días y audiencia durante un plazo de diez días. C) Alegaciones durante un plazo de diez días y audiencia durante un plazo de quince días. D) Alegaciones durante un plazo de quince días y audiencia durante un plazo de quince días.

46. En materia de responsabilidad patrimonial, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 40/15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización: A) Cuando el particular haya obtenido, en primera instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. B) Cuando el ciudadano haya obtenido, en única instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, aunque no se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. C) Cuando el particular haya obtenido, en casación, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera planteado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. D) Cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

47. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de: A) La aplicación de actos legislativos de naturaleza no confiscatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. B) La aplicación de actos no legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. C) La aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. D) La aplicación de disposiciones reglamentarias de naturaleza no expropiatoria de bienes y derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en las propias disposiciones y en los términos que en ellas se especifiquen.

48. En materia de responsabilidad patrimonial, la indemnización procedente podrá sustituirse: A) Por una compensación en especie, cuando la cuantía supere los 100.000 euros y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. B) En ningún caso. C) Por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, sin necesidad de acuerdo con el interesado. D) Por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.

49. Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 40/15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, será sancionable, como infracción continuada: A) La realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. B) La realización de acciones que infrinjan los mismos preceptos administrativos, en ejecución de una orden recibida. C) La realización de una pluralidad de acciones que infrinjan semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preestablecido o aprovechando similar ocasión. D) Las acciones u omisiones que se realicen en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.

50. En relación con los principios de la potestad sancionadora establecidos en el capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta INCORRECTA: A) Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. B) Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. C) Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. D) Las disposiciones del Capítulo III del Título Preliminar de la mencionada ley, referidas a los principios de la potestad sancionadora, no serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.

51. Según el art. 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en relación a la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta: A) La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa. B) El plazo del trámite de audiencia será de quince días. C) El plazo para la práctica de pruebas será de diez días. D) Ninguna es correcta.

52. El art. 32 de la Ley 40/2015 regula los principios de la responsabilidad, dentro del Capítulo dedicado a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Señale, de entre las siguientes, la respuesta correcta: A) La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. B) La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. C) La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos a los veinte días desde su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. D) La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos a partir del mes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.

53. Las disposiciones del capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, referidas a los principios de la potestad sancionadora serán aplicables al: A) Ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes esténvinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por lalegislación patrimonial de las Administraciones Públicas. B) Ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a suservicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. C) Las letras A y B son correctas. D) Ninguna de las anteriores es la correcta.

54. El artículo 30.1 de la Ley 40/2015 establece que el plazo de prescripción de las infracciones administrativas es: A) El que establezca las leyes. B) Muy graves 3 años, graves 2 años y leves 1 año. C) Muy graves 3 años, graves 2 años y leves 6 meses. D) Muy graves 3 años, graves 2 años y leves 3 meses.

55. De acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta: A) La anulación por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. B) La anulación por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas dará lugar necesariamente a la correspondiente indemnización. C) La anulación en vía administrativa de los actos o disposiciones administrativas dará lugar necesariamente a la correspondiente indemnización. D) No cabe responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en los casos de lesiones derivadas de la anulación en vía administrativa de una disposición de carácter general.

56. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazo de prescripción, indique la respuesta correcta según lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: A) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los seis años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. B) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los seis años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. C) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. D) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los seis meses.

57. El plazo para formular la propuesta de resolución en el procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas será de: A) 5 días, a contar desde la finalización del tramite de audiencia. B) 10 días, a contar desde la finalización del tramite de audiencia. C) 15 días, a contar desde la finalización del tramite de audiencia. D) 20 días, a contar desde la finalización del tramite de audiencia.

58. Señale la opción incorrecta en relación con los Principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: A) Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. B) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. C) La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que en ella se establezca otra cosa. D) El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.

59. El plazo de alegaciones en el procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas será de: A) 5 días. B) 10 días. C) 15 días. D) 20 días.

60. En el procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, una vez formulada la propuesta de resolución, el órgano competente resolverá en el plazo máximo de: A) 10 días. B) 20 días. C) 30 días. D) 5 días.

61. En materia de responsabilidad patrimonial, se tomará como referencia para el cálculo de la indemnización: A) El día en que se inició el procedimiento. B) El día en que la lesión efectivamente se produjo. C) El día en que se presentó la reclamación patrimonial. D) El día en que se reconoció el derecho a la indemnización, mediante la correspondiente resolución administrativa.

62. Para que la indemnización se abone mediante pagos periódicos es necesario que: A) Una ley así lo diga. B) Mediante acuerdo con el interesado. C) Sea urgente. D) Todo lo anterior.

63. Que en la normativa sancionadora, se deba observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, se refiere al principio de: A) Proporcionalidad. B) Responsabilidad. C) Prescripción. D) Tipicidad.

64. Cuando las Administraciones Públicas actúen directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto: A) En la normativa de Derecho Privado aplicable a la relación de la que se derive el daño o perjuicio. B) En los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. C) En el Código Civil. D) En la legislación civil, mercantil o laboral, según corresponda.

65. Tal y como señala el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos: A) Incluso en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea como consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos. B) Salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, únicamente en aquellos casos en que la lesión sea como consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos. C) Incluso en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. D) Salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, siempre que la lesión sea como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

66. Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos: A) Y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos. B) Y que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos. C) Y que éstos tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos. D) Y que impongan una obligación personalísima de hacer o soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos.

67. ¿Tienen los particulares derecho a ser indemnizados por la Administración, por las lesiones que sufran sus bienes y derechos?. A) Sí, siempre. B) Solo en los casos de fuerza mayor. C) Solo si la lesión es consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. D) Las respuestas B y C son correctas.

68. ¿Qué norma regula la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia?. A) La Ley 39/2015. B) La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. C) La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. D) Todas las normas anteriores regulan esta materia.

69. De acuerdo con el artículo 32.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que recoge los principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, el daño alegado habrá de ser: A) Efectivo. B) Evaluable económicamente. C) Individualizado con relación a una persona o grupo de personas. D) Todas son correctas.

70. Para exigir responsabilidades a la Administración, y en su caso, para su cuantificación, se ponderarán: A) El resultado dañoso producido. B) El grado de culpabilidad. C) La responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones Públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

71. En relación con las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. A) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia a la fecha en que sea resuelto el procedimiento. B) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, incluso en los casos de fuerza mayor. C) La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. D) La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie, aunque no exista acuerdo con el interesado, siempre que convenga al interés público.

72. Según establece la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras: A) Se deberán imponer las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones cometidas. B) Se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. C) Se deberá sancionar como infracción continuada. D) Se deberán sancionar únicamente la primera infracción cometida.

73. De acuerdo con la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, cuál de los siguientes es un criterio de graduación de las sanciones: A) La reincidencia, por comisión en el término de tres meses de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. B) La reincidencia, por comisión en el término de seis meses de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. C) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. D) La reincidencia, por comisión en el término de dos años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

74. En el procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, regulado en la Ley 40/2015, ¿cuál de los siguientes trámites tendrá un plazo de diez días?. A) Alegaciones. B) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas. C) Audiencia. D) Resolución por el órgano competente.

75. Según la Ley 40/2015, en un procedimiento de responsabilidad patrimonial la exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas: A) No suspenderá el procedimiento en ningún caso. B) Suspenderá el procedimiento hasta que haya recaído resolución judicial. C) No suspenderá el procedimiento, salvo una excepción. D) Ninguna es correcta.

76. De acuerdo con el art. 33 de la Ley 40/2015, cuando de la gestión dimanante de fórmulas colegiadas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad: A) Las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. B) Las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma mancomunada. C) La responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. D) La responsabilidad recaerá sobre la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio o según criterios de competencia.

77. La responsabilidad civil derivada de delito de personal al servicio de las Administraciones Públicas se exigirá de acuerdo con la: A) Legislación administrativa. B) Legislación correspondiente. C) Legislación disciplinaria. D) Legislación a que opte el perjudicado.

78. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, o es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de: A) Tres años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o del carácter de norma contraria al Derecho de la UE, salvo que la sentencia disponga otra cosa. B) Dos años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o del carácter de norma contraria al Derecho de la UE, salvo que la sentencia disponga otra cosa. C) Cuatro años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o del carácter de norma contraria al Derecho de la UE, salvo que la sentencia disponga otra cosa. D) Cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o del carácter de norma contraria al Derecho de la UE, salvo que la sentencia disponga otra cosa.

79. De qué forma podrá sustituirse la indemnización procedente en los procedimientos de responsabilidad patrimonial: A) Por una compensación en especie, siempre que exista acuerdo con el interesado. B) Mediante su abono en pagos periódicos, siempre que exista acuerdo con el interesado. C) De las dos formas anteriores pero además, debe resultar más adecuado para lograr la reparación debida y convenir al interés público. D) Ninguna es correcta.

80. La indemnización se calculará bajo los criterios de valoración establecidos en: A) La legislación de expropiación forzosa. B) La legislación fiscal. C) La legislación mercantil. D) Las respuestas A y B son correctas.

81. La indemnización procedente, por responsabilidad patrimonial de la Administración, podrá ser abonada: A) Mediante una compensación en especie. B) Mediante pagos periódicos. C) En un plazo superior a 5 años. D) Las respuestas A y B son correctas.

82. Señale la opción incorrecta en relación con la responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas: A) En los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, la Administración competente para incoar, instruir y resolver será la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio, y en su defecto, la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. B) Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. C) En los supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. D) Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones Públicas se derive responsabilidad, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria.