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En la relación entre profesionales sanitarios y personas atendidas por ellos, constituye un principio general legalmente establecido: El deber del profesional de hacer un uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos a su cargo, evitando su sobreutilización, infrautilización e inadecuada utilización. La libertad del profesional para utilizar los recursos diagnósticos y terapéuticos sin condicionamiento alguno, siempre que exista consentimiento del paciente. La facultad del profesional de limitar la información clínica por razones organizativas del centro. La posibilidad de renunciar a toda atención sanitaria cuando el paciente rechace una recomendación médica.

Entre los principios rectores de la actuación formativa y docente en el ámbito de las profesiones sanitarias figura: La separación funcional entre centros sanitarios y formación pregraduada, para evitar interferencias asistenciales. La disposición de toda la estructura del sistema sanitario para ser utilizada en la docencia pregraduada, especializada y continuada de los profesionales. La exclusión de los centros sanitarios como centros de investigación científica. El carácter voluntario de la formación continuada para las instituciones y centros sanitarios.

Respecto de la formación especializada en Ciencias de la Salud, señale la opción correcta: Tiene carácter voluntario y no oficial, y puede desarrollarse fuera de centros acreditados. Tendrá lugar por el sistema de residencia en centros acreditados. Es compatible con cualquier otra actividad profesional, siempre que sea sanitaria. No exige participación progresiva del especialista en formación en la actividad y responsabilidades propias de la especialidad.

Un médico que presta servicios en un hospital público se niega a atender a un paciente alegando discrepancia con el tratamiento solicitado. La dirección del centro le requiere para que continúe con la atención, advirtiéndole de posibles responsabilidades. En relación con este supuesto, señale la afirmación correcta: La actuación del médico es conforme a Derecho, ya que puede renunciar libremente a la atención sanitaria, en cualquier caso. La actuación del médico es conforme a Derecho siempre que su negativa se base en criterios clínicos. La actuación del médico no es conforme a Derecho, porque el derecho de renuncia está condicionado a que no se produzca desatención del paciente. La actuación del médico solo sería contraria a Derecho si se acreditara daño efectivo al paciente.

En relación con la capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas regulada en la Ley 39/2015, señale la afirmación correcta: Los menores de edad pueden actuar siempre por sí mismos en defensa de sus derechos e intereses, sin excepción alguna. Los grupos de afectados, las uniones sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes ostentan, en todo caso, capacidad de obrar. Los menores incapacitados no pueden actuar por sí mismos cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. La capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas se determina exclusivamente conforme a las normas civiles.

Conforme al artículo 4 de la Ley 39/2015, ¿quiénes tienen la condición de interesado en el procedimiento administrativo?. Quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos exclusivamente individuales. Quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan intereses legítimos que puedan resultar afectados por la decisión. Aquellos cuyos derechos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

Respecto a la transmisión de la condición de interesado, según la Ley 39/2015: La condición de interesado es siempre personalísima y no transmisible bajo ninguna circunstancia. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. El derecho-habiente solo sucederá en la condición de interesado si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia. La sucesión en la condición de interesado requiere autorización expresa del órgano instructor.

Sobre los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas previstos en el artículo 13 de la Ley 39/2015, indique la afirmación correcta: Son titulares de estos derechos exclusivamente las personas físicas con capacidad de obrar conforme a las normas civiles. Estos derechos sustituyen a los reconocidos a los interesados en el procedimiento administrativo en el artículo 53. Entre estos derechos no figura el de utilizar las lenguas oficiales en el territorio de la Comunidad Autónoma. Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.

En cuanto a los derechos del interesado en el procedimiento administrativo regulados en el artículo 53 de la Ley 39/2015, señale la afirmación correcta: El interesado tiene derecho a conocer, en cualquier momento, el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo. El interesado no puede acceder a los actos de trámite del procedimiento hasta que se dicte resolución definitiva. El interesado solo puede formular alegaciones tras el trámite de audiencia. El derecho a no presentar documentos originales es absoluto y no admite excepciones.

Conforme al artículo 53.2 de la Ley 39/2015, en los procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán además los siguientes derechos: Únicamente a ser notificados de los hechos imputados y a formular alegaciones. A no declarar contra sí mismos, aunque sí pueden ser obligados a confesarse culpables. A ser notificados de los hechos que se les imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir, de las sanciones que se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. A guardar silencio durante todo el procedimiento sin que ello pueda interpretarse como negativa.

Respecto a la motivación de los actos administrativos del artículo 35 de la Ley 39/2015, indique la afirmación INCORRECTA: Deben motivarse los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Deben motivarse los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Deben motivarse los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. La motivación de los actos que pongan fin a procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva exige siempre una motivación individualizada y exhaustiva, distinta de la que dispongan las normas reguladoras de sus convocatorias.

Conforme al artículo 39 de la Ley 39/2015, sobre la eficacia de los actos administrativos: Los actos administrativos producirán efectos únicamente desde su notificación al interesado, sin excepción. Los actos administrativos se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia retroactiva de los actos administrativos está prohibida en todo caso. La presunción de validez de los actos administrativos no admite prueba en contrario.

Sobre la eficacia demorada de los actos administrativos, según el artículo 39.2 de la Ley 39/2015: La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. La eficacia demorada solo opera en los supuestos expresamente previstos en una norma con rango de ley. La eficacia siempre queda demorada hasta el momento de la notificación, sin posibilidad de otras causas. La eficacia demorada requiere la autorización expresa del órgano superior jerárquico.

En relación con la eficacia retroactiva de los actos administrativos prevista en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, señale la afirmación correcta: Podrá otorgarse eficacia retroactiva siempre que lo solicite el interesado, sin ninguna otra condición. La retroactividad procede únicamente cuando los actos se dicten en sustitución de actos anulados. La eficacia retroactiva nunca puede lesionar derechos o intereses legítimos de otras personas, aunque sí cabe cuando los supuestos de hecho no existieran en la fecha a la que se retrotraiga. Podrá otorgarse eficacia retroactiva cuando los actos produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

Conforme al artículo 5 de la Ley 39/2015, en materia de representación: Toda actuación del interesado ante la Administración requiere acreditar de manera fehaciente la representación, sin excepciones. La acreditación de la representación se exige únicamente para interponer recursos administrativos. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. La falta o insuficiencia de la acreditación de la representación impedirá tener por realizada la actuación de que se trate, sin posibilidad de subsanación.

Sobre la producción y contenido de los actos administrativos según el artículo 34 de la Ley 39/2015: Los actos administrativos se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido, y su contenido se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. Los actos administrativos pueden producirse por cualquier órgano de la Administración, siempre que su contenido sea adecuado a los fines del acto. El contenido de los actos administrativos solo debe ajustarse a los fines perseguidos, sin necesidad de respetar el procedimiento establecido. Los actos administrativos pueden producirse sin necesidad de ajustarse al procedimiento establecido cuando exista urgencia debidamente motivada.

Conforme al artículo 36 de la Ley 39/2015, sobre la forma de los actos administrativos: Todos los actos administrativos deben producirse necesariamente por escrito, sin excepción posible. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Los actos administrativos solo pueden producirse oralmente cuando exista urgencia inaplazable. La forma escrita es siempre incompatible con la utilización de medios electrónicos.

En relación con el principio de inderogabilidad singular previsto en el artículo 37 de la Ley 39/2015, indique la afirmación correcta: Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, siempre que se motive adecuadamente. Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán dispensar del cumplimiento de una norma reglamentaria cuando lo aconsejen razones de oportunidad. Las resoluciones administrativas de carácter particular solo pueden vulnerar disposiciones generales si emanan de órgano superior jerárquico al autor de la disposición. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

Respecto a los nuevos interesados en el procedimiento del artículo 8 de la Ley 39/2015, señale la afirmación correcta: Cuando durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad se advierta la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. La incorporación de nuevos interesados al procedimiento requiere siempre el consentimiento expreso de los ya personados. Solo pueden incorporarse al procedimiento aquellos interesados que lo soliciten antes del trámite de alegaciones. La Administración no está obligada a comunicar la tramitación del procedimiento a los nuevos interesados identificados durante la instrucción.

Conforme al artículo 7 de la Ley 39/2015, sobre la pluralidad de interesados: En caso de pluralidad de interesados, las actuaciones a que dé lugar el procedimiento se efectuarán exclusivamente con el primero que lo haya promovido. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término. En caso de pluralidad de interesados, todas las actuaciones deben notificarse simultáneamente a cada uno de ellos, sin posibilidad de unificación. La pluralidad de interesados exige la designación obligatoria de un representante común para la tramitación del procedimiento.