OEP TS JUNTA 2022

1. El 25 de septiembre de 2015, los 193 dirigentes de los estados miembros de la ONU aprobaron en una cumbre celebrada en Nueva York, en reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contempla: 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas asociadas. 14 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 150 metas asociadas. 15 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 148 metas asociadas. 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 137 metas asociadas.

¿En qué año se aprobó por el Consejo de Europa la Carta Social Europea?. 1945. 1958. 1961. 1965.

Según el artículo 25 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, el principio rector consistente en que “los poderes públicos asumirán la responsabilidad de orientar sus actuaciones a favorecer la cohesión social mediante la aplicación de políticas públicas redistributivas dirigidas a superar las desigualdades de carácter social”, es el principio de: Igualdad. Solidaridad. Responsabilidad pública. Universalidad.

Conforme al artículo 26 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se articula funcionalmente en una red de prestaciones, servicios y recursos, estructurada en dos niveles de atención: Nivel primario de servicios sociales y nivel especializado de servicios sociales, coordinados y complementarios entre sí. Nivel primario de servicios sociales y nivel secundario de servicios sociales, coordinados y complementarios entre sí. Nivel básico de servicios sociales y nivel especializado de servicios sociales, excluyentes entre sí. Nivel básico de servicios sociales y nivel secundario de servicios sociales, excluyentes entre sí.

Según el artículo 50 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, elaborar el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía corresponde: Al Consejo de Gobierno. A la Consejería competente en materia de Servicios Sociales. A las Entidades Locales. A la Comisión de Coordinación y Colaboración de los Servicios Sociales.

El cambio de nombre de Asistente Social por el de Trabajador Social tiene lugar con: El I Congreso Estatal de Asistentes Sociales, celebrado en Barcelona (1968). El Plan de Promoción y Asistencia Social y Beneficencia, más conocido como Plan CCB (Comunicación Cristiana de Bienes). El III Congreso Nacional de Asistentes Sociales, celebrado en Sevilla (1976). El Real Decreto 1850/1981, de 20 de agosto, sobre la incorporación a la Universidad de los estudios de Asistentes Sociales como Escuelas Universitarias de Trabajo Social.

Fomentar la participación, el asociacionismo, la acción voluntaria y las demás formas de intervención solidaria en los asuntos comunitarios es: Una de las finalidades del Decreto 41/2018, de 20 de febrero, por el que se regula el concierto social para la prestación de los servicios sociales. Un principio general establecido en el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Un objetivo esencial de la política de servicios sociales en Andalucía, de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. Uno de los valores reconocidos en la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado.

Las prestaciones condicionadas reguladas en el artículo 7 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía: Serán exigibles como derecho subjetivo ante la Administración competente por las personas que cumplan las condiciones establecidas en cada caso conforme a la legislación vigente y normativa reglamentaria de desarrollo. Estarán sujetas a la disponibilidad de recursos y a los criterios de prioridad en la asignación que objetivamente se establezcan. Serán exigibles como derecho subjetivo ante la Administración competente por las personas que cumplan las condiciones establecidas en cada caso conforme a la legislación vigente y normativa reglamentaria de desarrollo y sus titulares no podrán reclamar su cobertura en vía administrativa y judicial. Su cobertura podrá ser reclamada en vía administrativa y judicial con arreglo a lo dispuesto en esta ley, sus normas de desarrollo y en el resto de la legislación vigente aplicable a los servicios sociales.

Según el artículo 10 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, las personas usuarias de los servicios sociales, ya sean estos de titularidad pública o privada, tendrán garantizado, entre otros, el ejercicio del derecho a: A) Renunciar a las prestaciones y servicios concedidos en todo caso. B) Renunciar a las prestaciones y servicios concedidos, salvo lo dispuesto en la legislación vigente en relación con el internamiento no voluntario y en relación con la actuación protectora de personas menores de edad. C) Renunciar a las prestaciones y servicios concedidos, salvo únicamente lo dispuesto en la legislación vigente en relación con el internamiento no voluntario. No se reconoce en la Ley el derecho a renunciar a las prestaciones y servicios concedidos.

Según el artículo 116.2 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales tendrán en cuenta el principio de prioridad presupuestaria para: A) La tercera edad. B) La discapacidad. C) La infancia. D) La pobreza.

12. Según el artículo 11 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, en la composición de los órganos colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía deberá respetarse la representación equilibrada de mujeres y hombres: Salvo que la persona titular de la Presidencia del órgano sea una mujer. Sólo en el momento de la constitución, no contemplándose el mantenimiento de esta medida en la modificación o renovación del órgano. Excluyendo en el cómputo a aquellas personas que formen parte de los mismos en función del cargo específico que desempeñen. Incluyendo en el cómputo a aquellas personas que formen parte de los mismos en función del cargo específico que desempeñen.

11. Según el artículo 123 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, los precios de los servicios sociales que presten entidades privadas no integradas en el Sistema de Servicios Sociales de Andalucía serán: A) Libres, y las personas titulares de los mismos deberán obtener autorización previa de la Consejería competente en materia de servicios sociales a la lista de precios vigentes. B) Libres, y las personas titulares de los mismos deberán comunicar previamente y por escrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales la lista de precios vigentes. C) Regulado, y las personas titulares de los mismos deberán obtener autorización previa de la Consejería competente en materia de servicios sociales a la lista de precios vigentes. D) Regulado, y las personas titulares de los mismos deberán comunicar previamente y por escrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales la lista de precios vigentes.   .

13. Fomentar la igualdad de género y los comportamientos no sexistas en los contenidos de las programaciones ofrecidas por los medios de comunicación en Andalucía, así como en la publicidad que emitan corresponde, según la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía: Al Instituto Andaluz de la Mujer. Al Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género. Al Consejo Audiovisual de Andalucía. A la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería con competencias en materia de igualdad.

9. Según el artículo 10 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, las personas usuarias de los servicios sociales, ya sean estos de titularidad pública o privada, tendrán garantizado, entre otros, el ejercicio del derecho a: A) Renunciar a las prestaciones y servicios concedidos en todo caso. B) Renunciar a las prestaciones y servicios concedidos, salvo lo dispuesto en la legislación vigente en relación con el internamiento no voluntario y en relación con la actuación protectora de personas menores de edad. C) Renunciar a las prestaciones y servicios concedidos, salvo únicamente lo dispuesto en la legislación vigente en relación con el internamiento no voluntario. D) No se reconoce en la Ley el derecho a renunciar a las prestaciones y servicios concedidos.

15. El informe de evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio, se emitirá por: A) La Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. B) La Unidad de Igualdad de Género de la Consejería competente en materia de presupuestos. C) La Unidad de Igualdad de Género del Instituto Andaluz de la Mujer. D) La Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma no requiere informe de evaluación de impacto de género.

16. Según el Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía, ¿quién coordina las Unidades de Igualdad de Género existentes en la Administración de la Junta de Andalucía?. A) El Centro Andaluz de la Mujer. B) La Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación. C) La Unidad de Igualdad de Género del Instituto Andaluz de la Mujer. D) No se ha establecido un organismo concreto de coordinación.

17. Conforme a la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, la valoración de la incidencia, la peligrosidad objetiva, y el riesgo de reincidencia del agresor, en casos de violencia de género, se realizará por: A) El Sistema Sanitario Público de Andalucía. B) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. C) Las unidades de valoración integral de violencia de género. D) El Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

18. El artículo 8 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género establece que el Consejo de Gobierno aprobará cada cinco años un Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género en Andalucía. ¿Qué vigencia tiene el actual Plan?. 2015-2019, prorrogado en la actualidad. 2017-2021, prorrogado en la actualidad. 2018-2022. 2021-2025.

19. En Andalucía, la norma jurídica que regula la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales es: A) La Ley 2/2014, de 8 de julio. B) La Ley 2/2016, de 8 de julio. C) La Ley 2/2017, de 8 de julio. D) No existe regulación para dicha materia en Andalucía.

20. El artículo 2 de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, regula su ámbito de aplicación, disponiendo que dicha ley será de aplicación a: A) Las personas físicas con domicilio en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. B) Las personas físicas con residencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. C) Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que tenga su domicilio y se encuentre en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. D) Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, cualquiera que sea su domicilio o residencia, que se encuentre o actúe en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

21. Según el artículo 54 de Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, la Consejería responsable de coordinar las políticas LGTBI debe elaborar un informe estadístico relativo a agresiones y discriminaciones contra personas LGTBI, y contra los niños y niñas que formen parte de una familia homoparental, en los casos de delito de odio: A) Con carácter semestral. B) Con carácter anual. C) Con carácter bianual. D) No hay plazo establecido para ello.

22. Conforme al artículo 8 de la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado, el documento formal, aprobado por el órgano de gobierno de una entidad de voluntariado, que recoge sistematizada y justificadamente la voluntad de la entidad de organizar una o más actividades de voluntariado que complementen el cumplimiento de sus objetivos o coadyuven a ello, contando con la participación de personas voluntarias como valor añadido para la organización, se denomina: A) Programa de voluntariado. B) Plan de voluntariado. C) Proyecto de voluntariado. D) Memoria de actividades de voluntariado.

23. Conforme al artículo 7 de la Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado, el voluntariado que tiene como función acercar la tecnología a poblaciones con riesgo de exclusión digital, que pretende mejorar las competencias digitales de las personas que por diferentes motivos no tienen posibilidad de acceder a la tecnología, evitando la «brecha digital» que los separa de la nueva sociedad de la información, es el denominado: A) Voluntariado tecnológico. B) Voluntariado digital. C) Voluntariado online. D) Voluntariado virtual.

24. Según el artículo 2.2 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, se consideran personas con discapacidad: A) Las definidas en los apartados 1 y 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. B) Aquellas personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. C) Las definidas en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. D) Aquellas definidas en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.

26. En el marco de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, en el capítulo II del Título VIII encontramos, entre otras, las siguientes medidas de acción positivas dirigidas a promover la vida independiente, la accesibilidad universal y el diseño para todas la personas: A) Utilización de perros de asistencia para facilitar la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad. B) Investigación en tecnologías de la información y redes del conocimiento. C) Intervención de la Administración Autonómica en caso de publicidad discriminatoria o no accesible a personas con discapacidad. D) Viviendas convertibles, viviendas reservadas y ayudas públicas a la adaptación de las zonas comunitarias y del interior de las viviendas.

26. Según el artículo 9 del Decreto 258/2005, de 29 de noviembre, por el que se regula la organización y funciones de los Centros de Valoración y Orientación de personas con discapacidad de Andalucía, los equipos de valoración y orientación se organizan conforme a criterios interdisciplinares y estarán compuestos, al menos, por: A) Una persona Licenciada en Medicina, una persona Licenciada en Psicología o en Psiquiatría y una persona Diplomada en Trabajo Social. B) La persona titular de la Dirección del Centro de Valoración y Orientación, una persona Licenciada en Medicina, una persona Licenciada en Psicología, una persona Diplomada en Trabajo Social y personal de gestión y/o administrativo. C) Una persona Licenciada en Medicina, una persona Licenciada en Psicología o en Pedagogía y una persona Diplomada en Trabajo Social. D) La persona titular de la Dirección del Centro de Valoración y Orientación, una persona Licenciada en Medicina, una persona Licenciada en Psicología y una persona Diplomada en Trabajo Social.

27. En el marco de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, en el capítulo II del Título VIII encontramos, entre otras, las siguientes medidas de acción positivas dirigidas a promover la vida independiente, la accesibilidad universal y el diseño para todas la personas: Utilización de perros de asistencia para facilitar la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad. Investigación en tecnologías de la información y redes del conocimiento. Intervención de la Administración Autonómica en caso de publicidad discriminatoria o no accesible a personas con discapacidad. Viviendas convertibles, viviendas reservadas y ayudas públicas a la adaptación de las zonas comunitarias y del interior de las viviendas.

28. Según el artículo 49 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, la Junta de Andalucía elaborará un programa de colaboración con los ayuntamientos andaluces para establecer bonotaxis para aquellas personas que por su discapacidad no puedan utilizar el transporte público. Dicho programa de colaboración se firmará con los ayuntamientos de más de: A) 50.000 habitantes. B) 5.000 habitantes. C) 20.000 habitantes. D) Cualquier municipio independientemente de su población.

29. ¿A qué Centro Directivo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación corresponde la función de: “El diseño, la realización y la evaluación de los servicios y programas específicos dirigidos a las personas con discapacidad y sus familias”?. A) Dirección General de Personas con Discapacidad y Personas Mayores. B) Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión. C) Dirección General de Personas con Discapacidad. D) Dirección General de Personas con Discapacidad y Servicios Sociales.

30. A los efectos de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía y según su artículo 2.19º, ¿qué se entiende por “Componente de la política de salud en el que se encuadran las actividades orientadas al análisis de riesgos asociados a los alimentos y de riesgos ambientales, a la preservación del entorno saludable que afecte a los espacios públicos donde se desenvuelve la vida humana, a los medios de transporte y a la habitabilidad de las viviendas, así como a la protección frente a aquellos otros riesgos y fuentes de peligro para la salud física y mental que surjan en el contexto social”?. A) Vigilancia en salud. B) Promoción de la salud. C) Política en salud. D) Protección de la salud.

31. Según la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía y conforme establece su artículo 55.2, ¿cuál de las siguientes es una COMPETENCIA COMPARTIDA de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de salud, sanidad y farmacia?. A) Organización y funcionamiento interno. B) La ordenación, planificación, determinación, regulación y ejecución de los servicios y prestaciones sanitarias, sociosanitarias y de salud mental de carácter público en todos los niveles y para toda la población. C) La evaluación, inspección y control de centros, servicios y establecimientos sanitarios. D) La investigación con fines terapéuticos.

32. La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, establece en su artículo 7 las medidas que pueden imponer los Jueces de Menores. Indica de las siguientes, cual NO coincide con la definición establecida en la Ley: A) Internamiento en régimen semiabierto: Las personas sometidas a esta medida llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen interno del mismo. B) Asistencia a un centro de día: Las personas sometidas a esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio. C) Prestaciones en beneficio de la comunidad. La persona sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad. D) Realización de tareas socio-educativas. La persona sometida a esta medida ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social.

33. Según el Decreto 98/2015, de 3 de marzo, por el que se regula la organización, funcionamiento y características de los Centros de Internamiento de Menores Infractores de Andalucía, en su artículo 12 establece que “El equipo socioeducativo es el conjunto de profesionales encargado de la intervención integral con los menores infractores y tendrá carácter técnico y multidisciplinar”; este equipo estará formado por: A) La persona titular de la subdirección del centro, profesionales de la psicología, el trabajo social, el derecho y el de atención educativa directa. B) Profesionales de la psicología, el trabajo social y el derecho. C) Profesionales de la psicología, el trabajo social y el derecho, por personal sanitario del centro, el personal de coordinación y el de atención educativa directa. D) Profesionales de la psicología y el trabajo social.

34. Las comisiones socioeducativas de los Centros de Internamiento de Menores Infractores son órganos técnicos multidisciplinares encargados de la coordinación y evaluación de las actividades que se realizan con cada menor infractor. Según el artículo 13 del Decreto 98/2015, de 3 de marzo, ya nombrado anteriormente, ¿cuál de las siguientes funciones NO corresponde a estas comisiones?. A) Proponer al órgano territorial provincial competente los programas e informes de ejecución de las medidas judiciales privativas de libertad de los menores infractores. B) Coordinar y asesorar la intervención con los menores infractores. C) Elaborar el programa individualizado de ejecución de la medida o modelo individualizado de intervención de cada menor infractor, recabando los informes técnicos de los profesionales correspondientes. D) Valorar y proponer sobre la evolución o retroceso de los menores infractores en las distintas fases educativas de la intervención.

35. Según la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, el Servicio Andaluz de Empleo adoptará la configuración de: A) Agencia pública empresarial, de las reguladas en el artículo 54.2.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía. B) Fundación del sector público andaluz, de las reguladas en el artículo 52.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía. C) Agencia de régimen especial, de las reguladas en el artículo 54.2.c de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía. D) Agencia administrativa, de las reguladas en el artículo 54.2.a de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

36. Entre las siguientes funciones, cual NO ejerce el Servicio Andaluz de Empleo en el cumplimiento de sus objetivos específicos recogidos en el Decreto 96/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del mismo: A) La asistencia técnica a los distintos órganos de la Junta de Andalucía y a los de otras Administraciones Públicas, cuando sea requerido para ello, en materia de empleo y de formación profesional para el empleo. B) La promoción y el desarrollo del empleo local, atendiendo a las necesidades específicas de cada territorio y en coordinación con las Administraciones Locales. C) La gestión y el control de las prestaciones por desempleo. D) Elaboración de los anteproyectos de los planes de empleo.

37. Señala el Programa Operativo aprobado el 17 de diciembre de 2015 por Decisión de la Comisión Europea, el cual cuenta con más de 1.193 millones de euros, -entre la aportación comunitaria y la regional- para actividades dirigidas a favorecer el empleo, la inclusión social y la formación, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables y con mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo. A) Programa Europeo de Empleo e Innovación Social (EaSI) 2014-2020. B) Fondo Social Europeo-Comunidad Autónoma de Andalucía- 2014-2020. C) FEAG: Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 2016-2020. D) Programa Operativo FEDER en Andalucía para el periodo 2014-2020.

38. Según el Decreto 100/2019, de 12 de febrero, que regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ¿qué órgano directivo central NO forma parte del Servicio Andaluz de Empleo?. A) Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social. B) Dirección-Gerencia. C) Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral. D) Dirección General de Políticas Activas de Empleo.

39. ¿Qué es el Consejo Andaluz del Pueblo Gitano de acuerdo con el Decreto 253/2021, de 16 de noviembre, por el que se crea y regula el Consejo Andaluz del Pueblo Gitano?. A) Un órgano colegiado de participación social en las políticas públicas, generales y específicas, que redunden en la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato y la inclusión de la comunidad gitana en Andalucía. B) Un órgano colegiado consultivo de las políticas públicas, generales y específicas, que redunden en la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato y la inclusión de la comunidad gitana en Andalucía. C) Un órgano asesor de las políticas públicas, generales y específicas, que redunden en la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato y la inclusión de la comunidad gitana en Andalucía. D) Un órgano colegiado de cooperación de las políticas públicas, generales y específicas, que redunden en la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato y la inclusión de la comunidad gitana en Andalucía.

40. ¿Quiénes componen el Consejo Andaluz del Pueblo Gitano de acuerdo con el Decreto 253/2021, de 16 de noviembre, por el que se crea y regula el Consejo Andaluz del Pueblo Gitano?. A) Una presidencia, que recaerá sobre la persona titular de la Dirección General competente en materia de servicios sociales, dos vicepresidencias, una secretaría y 29 vocalías. B) Una presidencia, que recaerá sobre la persona titular de la Secretaría General competente en materia de políticas sociales, dos vicepresidencias, una secretaría y 29 vocalías. C) Una presidencia, que recaerá sobre la persona titular de la Secretaría General competente en materia de políticas sociales, cuatro vicepresidencias, una secretaría y 38 vocalías. D) Una presidencia, que recaerá sobre la persona titular de la Dirección General competente en materia de servicios sociales, cuatro vicepresidencias, una secretaría y 38 vocalías.

41. ¿Cuál de estos se considera un centro adscrito a la entonces Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y actual Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación?. A) Centro Sociocultural Gitano Andaluz, con sede en Baeza. B) Centro Sociocultural Gitano Andaluz, con sede en Granada. C) Fondo de Documentación Gitano Andaluz, con sede en Málaga. D) Fondo de Documentación Gitano Andaluz, con sede en Jerez de la Frontera.

42. Actualmente, el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, respecto al régimen jurídico de menores y extutelados/as, (artículos 196, 197 y 198), establece lo siguiente: A) El derecho a ser documentados por una entidad pública española de los menores tutelados por una entidad pública española se reconoce desde el inicio, garantizándose que dentro de los primeros 90 días todo menor de edad será identificado y documentado incluso de oficio por la Oficina de Extranjería competente. B) Desde ahora todos los menores de edad tutelados en edad de trabajar tienen autorización de trabajo sin necesidad de autorización administrativa y sin que se les aplique la situación nacional de empleo. C) Todos los menores de edad tutelados tendrán autorización inicial por dos años y su renovación se dará por otros 3 años, si sigue siendo menor de edad en el momento de renovar, sin perjuicio de la posibilidad de obtener una residencia por larga duración. D) Todas son correctas.