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La Ley de Competencia Desleal tiene por objeto la protección de la competencia en interés de: A. Los consumidores. B. Los empresarios. C. Todos los que participan en el mercado. D. Las personas físicas.

El bien jurídico tutelado en la Ley de Competencia Desleal es: A. La propia competencia. B. La seguridad de los consumidores y usuarios. C. El libre mercado. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

La previsión de que el ámbito de las conductas prohibidas abarca también la publicidad ilícita: A. No es correcto. B. Es correcto, pero en los términos de la Ley General de la Publicidad. C. Es correcto, quedando dentro de la competencia exclusiva de la LCD. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Con la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal se pretendía elaborar: A. Una ley general, capaz de satisfacer la heterogénea demanda social que registra el sector desde la perspectiva unitaria del fenómeno concurrencial. B. Una ley moderna, inspirada en los modelos de regulación más avanzados y susceptible de situar a nuestro ordenamiento de la competencia en la órbita del derecho europeo del momento. C. Una ley de corte institucional, apta para garantizar o asegurar una ordenación del juego competitivo acorde con la escala de valores e intereses que ha cristalizado en nuestra constitución económica. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La directiva relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior es: A. La Directiva 84/450/CE. B. La Directiva 97/55/CE. C. La Directiva 2005/29/CE. D. La Directiva 2014/24/CE.

La directiva relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior incluye estos bloques: A. Una cláusula general de lucha contra las «prácticas comerciales desleales». B. Una regulación particular de las llamadas «prácticas comerciales engañosas» y de las «prácticas comerciales agresivas». C. Un listado de prácticas prohibidas «per se». D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

El derecho antitrust tiene su origen: A. En la Ley de Competencia Desleal. B. Como regulación de las relaciones comerciales entre consumidores y empresarios. C. Como remedio para asegurar el funcionamiento de la economía de mercado. D. A y B son correctas.

Para que funcione el sistema competitivo en que consiste la economía de mercado: A. No basta con que compitan los operadores de dicho mercado. B. Basta con que compitan los operadores de dicho mercado. C. Es necesario evitar que los operadores de mercado actúen de manera incorrecta. D. A y C son correctas.

La regulación de la competencia desleal se realiza en: A. La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. B. La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. C. El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. D. La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: A. Vino a concebir el derecho contra la competencia desleal como una regulación ordenadora de las relaciones en el mercado. B. Vino a reconocer y ofrecer una adecuada tutela, junto con los intereses de los competidores, a los de los consumidores y, sobre todo, un interés público en el mantenimiento de un orden concurrencial no falseado. C. Vino a concebir el derecho contra la competencia desleal como una regulación ordenadora de las relaciones entre empresarios y consumidores. D. A y B son correctas.

La Ley de Competencia Desleal se aplica respecto de: A. Cualquier actividad que se desarrolle en el mercado. B. Cualquier omisión indebida por parte de un empresario. C. Cualquier conducta desarrollada con fines concurrenciales. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Se entenderá que existe finalidad concurrencial: A. Con la mera existencia de una conducta. B. Cuando la conducta sea idónea para afectar a la estructura del mercado. C. Cuando la conducta sea idónea para modificar la posición competitiva de un operador económico. D. B y C son correctas.

La Ley de Competencia Desleal se aplica a: A. Las personas jurídicas. B. Las personas físicas. C. La Administración, en cualquiera de las actividades que desarrolle. D. A y B son correctas.

La Ley de Competencia Desleal solo se aplicará a: A. Los actos que se realicen después de una operación comercial. B. Los actos que se realicen durante la ejecución de una operación comercial. C. Los actos que se realicen antes de que se perfeccione una operación comercial. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Para que se aplique la Ley de Competencia Desleal no será necesario: A. Que quien desarrolle un comportamiento desleal sea un competidor del sujeto pasivo de la conducta. B. Que la actividad se desarrolle en el mercado. C. Que exista una competencia real con otros sujetos (p. ej., monopolio legal). D. A y C son correctas.

La cláusula general de competencia desleal: A. Solo regula los actos de competencia desleal realizados por los empresarios respecto de los consumidores. B. Censura aquellas conductas que sean desleales por ser contrarias a la buena fe. C. Solo regula los actos de competencia desleal realizados por un empresario respecto de otro empresario. D. Todas las respuestas anteriores son erróneas.

En las prácticas de los empresarios con los consumidores, se entenderá que la conducta es desleal por ser contraria a la buena fe cuando: A. El comportamiento del empresario sea contrario a la diligencia profesional debida. B. El comportamiento del empresario tenga por única finalidad lucrarse. C. El empresario no tenga en cuenta las necesidades del consumidor. D. El comportamiento del empresario sea éticamente cuestionable.

Para valorar si la conducta de un empresario es contraria a la buena fe en su relación con los consumidores, se tendrá en cuenta: A. La percepción de la conducta que tenga un experto en la materia. B. La percepción de la conducta que tenga un consumidor muy informado. C. La percepción de la conducta que tenga el consumidor medio del concreto sector comercial en el que se desarrolle la conducta del empresario. D. La percepción de la conducta que tenga un consumidor medio general.

La diligencia profesional exigida a un empresario para no aplicar el art. 4.1 LCD será: A. El nivel de competencia que cabe esperar de un empresario. B. Los cuidados especiales que deba desarrollar un empresario conforme a prácticas éticamente aceptables. C. Las conductas desarrolladas por el empresario que sean idóneas para distorsionar el comportamiento económico de un consumidor. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Se entiende por comportamiento económico del consumidor: A. Únicamente la decisión del consumidor para seleccionar una oferta u otra. B. El modo en que actúa un consumidor para informarse de la forma en que debe satisfacer sus necesidades económicas. C. El pago del precio total o parcial, entre otros. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Actualmente, los actos de engaño se regulan de manera específica en: A. La Ley General de Publicidad. B. La Ley de Competencia Desleal. C. La Ley de Defensa de la Competencia. D. La Ley de Sociedades de Capital.

La información que, siendo veraz, sí es susceptible de inducir a error se considera: A. Engañosa. B. Cierta. C. Depende de las circunstancias del caso. D. Engañosa solo cuando se anuncian medicamentos.

El consumidor medio, cuyo criterio se toma en consideración para enjuiciar la publicidad, debe ser: A. El comprador, menor de edad, del producto. B. El usuario esporádico del servicio. C. El consumidor normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz del sector al que se dirige la comunicación. D. El consumidor distraído que contempla fugazmente la publicidad.

La publicidad encubierta es una modalidad de: A. Publicidad comparativa. B. Publicidad adhesiva. C. Publicidad engañosa. D. Publicidad contraria a la dignidad de las personas.

El mensaje publicitario que omite información necesaria es, como regla general: A. Ilícito. B. Parcialmente ilícito. C. Lícito. D. Indiferente.

Para que la omisión resulte engañosa, la información que se silencia debe ser: A. Accidental. B. Intrascendente. C. Necesaria. D. Oportuna.

La omisión de información sustancial determina la existencia de publicidad engañosa: A. En todo caso. B. Algunas veces. C. Solo en el supuesto de publicidad de medicamentos. D. Solo en el supuesto de la publicidad en televisión.

La información ambigua se considera: A. Una publicidad engañosa por acción. B. Una omisión engañosa. C. Una publicidad engañosa comparativa. D. No se considera nunca engañosa.

Un supuesto de omisión engañosa sería: A. La información ofrecida de forma poco clara. B. La información facilitada en un momento que no sea el adecuado. C. La publicidad encubierta. D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Para que exista publicidad encubierta se requiere: A. Que el empresario pague la misma. B. Que no quede claramente especificado el contenido publicitario. C. Que el anunciante sea accionista de la agencia de publicidad. D. A. y B son correctas.