OP_LegislaciónCYL_parte2/3

El Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta establece que a la persona trabajadora que haya obtenido una plaza en los procesos selectivos de promoción interna: Se le podrá ser diferido el cese en su puesto de trabajo por necesidades del servicio, por un período máximo de veinte días hábiles. El órgano competente en materia de personal del nuevo destino de la persona trabajadora le podrá conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de quince días hábiles si el destino radica en distinta localidad y así lo solicita la persona interesada por razones justificadas. En el caso de que la plaza obtenida esté ocupada por un contratado por duración determinada, podrá serle aplazada la toma de posesión hasta que aquel finalice su contrato.

El Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta prevé la posibilidad de realizar convocatorias específicas de selección para la cobertura de puestos que, con carácter singularizado, se identifiquen en las relaciones de puestos de trabajo de personal laboral como de “DF, difícil cobertura”, siendo considerados, en todo caso, como tales: Aquellos cuyo centro de trabajo se encuentre en municipios de menos de 3.000 habitantes y a una distancia superior a 50 kilómetros de poblaciones de más de 20.000 habitantes. Aquellos cuyo centro de trabajo se encuentre en municipios de menos de 5.000 habitantes y a una distancia superior a 50 kilómetros de poblaciones de más de 20.000 habitantes. Aquellos cuyo centro de trabajo se encuentre en municipios de menos de 2.000 habitantes y a una distancia superior a 20 kilómetros de poblaciones de más de 20.000 habitantes.

Según el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta, el complemento de nocturnidad retribuye los servicios prestados en el periodo comprendido entre: Las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Las 12 de la noche y las 8 de la mañana.

Existen una serie de causas basadas en la relación conflictiva Ciudadano/Administración que motivan la reforma de ésta: La tradición burocrática, el aumento del peso de la Administración, la concepción del ciudadano como organización productora de servicios y el fracaso de los anteriores proyectos de modernización. La tradición burocrática, la disminución del peso de la Administración, la concepción del ciudadano como organización productora de servicios y el proceso imparable de modernización. La tradición burocrática, la disminución del peso de la Administración, la concepción del ciudadano como organización generadora de costes y el fracaso de los anteriores proyectos de modernización.

Las medidas de reforma de la Administración con el objeto de que esté orientada al ciudadano: Debe ser una enumeración abierta y actualizable en función de la evolución de las demandas de los ciudadanos. Debe ser una enumeración cerrada y programada con el objeto de hacerse cumplir. Debe ser una enumeración cerrada y limitada al ámbito competencial de cada Administración.

La técnica para mejorar el proceso de elaboración de normas es: El estudio de necesidad y oportunidad. La estandarización del proceso. El análisis de impacto normativo.

El derecho de acceso de las personas interesadas que se relacionen electrónicamente con las Administraciones Públicas al expediente electrónico y, en su caso, a la obtención de copia total o parcial del mismo, se entenderá satisfecho mediante: Comparecencia apud acta señalando el interés en el acceso. La puesta a disposición de dicho expediente en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en la sede electrónica o sede electrónica asociada que corresponda. La notificación en la carpeta del ciudadano de cada uno de los actos administrativos que contienen el expediente.

La información sobre los servicios encomendados a las oficinas autonómicas en materia de registros, sobre los derechos de los ciudadanos, los compromisos y estándares de calidad en su prestación, así como los indicadores que permitan el seguimiento de su cumplimiento, se recogen en: La relación de oficinas que prestan asistencia en el uso de medios electrónicos, que se ha de publicar y mantener actualizada en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La Dirección Electrónica Habilitada Única. La Carta de Servicios de las oficinas autonómicas de asistencia en materia de registros.

Las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: No suministran información alguna en materia de protección de datos, ya que tal responsabilidad sólo corresponde a los órganos administrativos competentes para la tramitación del correspondiente procedimiento. Deben requerir el consentimiento de la ciudadanía para proceder al tratamiento de sus datos personales. Suministrarán a la persona interesada la información sobre la protección de datos correspondiente al tratamiento de los datos personales que efectúen en el curso de la prestación de los servicios que les corresponden.

En cuanto a la lengua en que se encuentran redactados los documentos presentados a registro en una oficina de asistencia autonómica: Sólo se admite el castellano. Se admite cualquier lengua nacional o internacional, delegando la responsabilidad de su traducción en el órgano competente para su tramitación por razón de la materia. Se han de presentar en castellano, pero se admitirá otra lengua cooficial en España si la documentación a registrar se dirige a una administración pública con sede en el territorio de una comunidad autónoma con lengua cooficial y se acompaña de traducción al castellano.

El derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Es un derecho de los ciudadanos. Es un derecho de los interesados en un determinado procedimiento. Es un derecho de las personas.

Los empleados públicos, de conformidad con el artículo 14.2, en su letra e), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Son sujetos obligados a relacionarse electrónicamente, en cualquier caso. No están obligados a relacionarse electrónicamente para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas por razón de su condición de empleado público. Estarán obligados a relacionarse electrónicamente en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

En materia de notificaciones electrónicas, la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común establece una preferencia en: La utilización de medios electrónicos para la remisión de las notificaciones a los interesados. La utilización de medios electrónicos solo para los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. La utilización de las notificaciones electrónicas exclusivamente cuando estas se realizan dentro de la misma Administración.

¿Qué canales se utilizan por parte de las Administraciones Públicas para facilitar la asistencia electrónica a los ciudadanos en sus trámites administrativos?. Hay varios canales, aunque las redes sociales están excluidas. A través de los portales de internet y las correspondientes sedes electrónicas. Exclusivamente de manera presencial.

El acto o resolución de creación de una sede electrónica determinará: El ámbito de aplicación de la Sede electrónica, aunque no es aplicable a las sedes electrónicas asociadas. La identificación de su titular. La identificación de la dirección electrónica solo cuando se trate de sedes electrónicas asociadas.

¿Tienen las Administración Públicas obligación de adoptar medidas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos?. No, puesto que los sellos electrónicos no permiten la identificación de los titulares que tienen la competencia administrativa. No, porque si un sello electrónico es utilizado por una Administración Pública, ya no es necesario verificar su autenticidad. Sí, puesto que se trata de un medio de identificación electrónica de las Administraciones Públicas.

¿Permite la normativa de archivos y patrimonio documental, histórico y cultural el traslado a otros formatos de los datos de los documentos electrónicos?. No, se deberán conservar en el mismo formato, con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. No está determinado en la normativa. Sí, se podrán trasladar a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.

¿Están obligadas las Entidades de Derecho privado a utilizar el Registro electrónico General?. Sí, para el ejercicio de potestades privadas. No, porque son entes ajenos a la Administración Pública. Sí, respecto de las actuaciones que realicen en el ejercicio de potestades administrativas.

¿Es la trazabilidad uno de los aspectos relativos a la seguridad en la transmisión de datos a través de la Plataforma de intermediación de datos de la Administración del Estado?. No, la trazabilidad no es necesaria contemplarla como medida de protección en la transmisión. No, la trazabilidad no es necesaria contemplarla como medida de protección de la información. Sí, la trazabilidad es necesaria atendiendo a las medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad.

¿Bajo qué modalidades se pueden hacer consultas en la plataforma de intermediación de datos de la Administración del Estado?. Las consultas pueden ser automatizadas, a través de servicios web. Las consultas pueden ser on-line sin necesidad de ser previamente autorizados. Se permiten las consultas on-line, pero no las automatizas, a través de servicios web.

¿Ofrece nuestra Administración algún dato a través de la Plataforma de intermediación de datos de la Administración del Estado, para que pueda ser consultado por otras Administraciones Públicas?. No, a nuestros datos solo pueden acceder los Organismos de nuestra Administración. Sí, tenemos a disposición de otras Administraciones Públicas los datos de discapacidad y familia numerosa. Sí, tenemos a disposición de otras Administraciones Públicas los datos de estar al corriente de pago con nuestra Hacienda.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en el capítulo II del título I de la Ley, tendrá la consideración de: Infracción muy grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. Infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. Infracción leve a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia (LTAIBG), y en lo referente a la composición de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, está compuesta por (señale la FALSA): Un Senador. Un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias. Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

En el ámbito de la Administración General del Estado ¿a qué sujetos NO se aplican las disposiciones del “Título II. Buen Gobierno” de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?. A los miembros del Gobierno. A los Secretarios de Estado. A los Jefes de Área.

Si la información solicitada contuviera datos relativos a la ideología, afiliación sindical, religión o creencias de terceras personas, se podrá autorizar el acceso: Si se cuenta con el consentimiento tácito del o de los afectados. Previa ponderación razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada. Únicamente si se cuenta con el consentimiento expreso y por escrito del o de los afectados.