OP_LegislaciónCYL_parte3/3

Corresponderá a cada Consejería y Organismo Autónomo, de conformidad con la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León: Recabar y publicar la información relativa a las correspondientes competencias, sin perjuicio de la información que haya de publicarse de forma conjunta por la consejería que disponga de la misma. Recabar y publicar la información relativa a las relaciones de puestos de trabajo, sin perjuicio de la información que haya de publicarse de forma conjunta por la consejería que disponga de la misma. Las Consejerías no son competentes en materia de publicidad activa.

Los documentos de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos publicados en el Portal de Gobierno Abierto serán reutilizables con sujeción a: Que el contenido de la información sea alterado. Que el contenido de la información no sea alterado. Que el contenido de la información no sea perdurable.

Las condiciones de la licencia a que hace mención el artículo 9.7 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se ajustarán: A lo dispuesto en el artículo 4, apartados 3 y 4, de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre. A lo dispuesto en el artículo 5, apartados 3 y 4, de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre. A lo dispuesto en el artículo 6, apartados 3 y 4, de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre.

Tienen la obligación de suministrar información, previo requerimiento, a los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 7/2016, de 17 de marzo, a los que se encuentren vinculados: Los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos del propio contrato. Los licitadores de contratos del sector público. Ninguno tiene obligación de suministrar información al no tener carácter público.

Son categorías especiales de datos personales: Datos personales que revelen el origen étnico o racial. Datos personales que provoquen la discriminación del interesado. Datos personales relativos a condenas e infracciones penales.

Se entiende por responsable del tratamiento: La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que haya sido oficialmente designado como tal.

Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado: La solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo. El interesado deberá ser capaz de demostrar que consintió el tratamiento de sus datos personales. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, lo que afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.

El derecho de acceso de un paciente a la historia clínica: Puede ejercerse también por representación debidamente acreditada. Sólo puede ejercerse por el interesado al ser un derecho personalísimo. Debe ejercerse a través de representación debidamente acreditada.

¿En qué términos están facultadas la Comunidades Autónomas para dictar normas de procedimiento?. En ningún supuesto, ya que se trata de una competencia exclusiva del Estado. Solo en los supuestos expresamente previstos por los respectivos estatutos de autonomía. Pueden dictar normas de procedimiento necesarias para la aplicación de su Derecho sustantivo, siempre que se respeten las reglas que integran el concepto de Procedimiento Administrativo Común con carácter básico.

¿Tienen los menores de edad, capacidad de obrar ante las administraciones públicas?. Sí, para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. No, los menores de edad siempre deben contar con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Sí, en todos los casos la ley atribuye capacidad de obrar.

Cuando los plazos se señalen por días: Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, se entiende que son días naturales. Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.

Los plazos expresados en días se contarán: Se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la producción del acto de que se trate. Se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. Se contarán a partir del mismo día a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.

Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción que pudiera causar un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá: Eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario. Dar la posibilidad de efectuar un pago fraccionado de la multa que correspondería, o un aplazamiento de la sanción de carácter no pecuniario. Dar por concluido el procedimiento para el denunciante, con archivo de actuaciones.

Según el artículo 59 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, la evaluación de las políticas públicas de la Administración de la Comunidad podrá: Abarcar materias completas de la competencia de la Administración autonómica. Limitarse a sectores heterogéneos de actuación. Abarcar materias susceptibles de competencia interadministrativa.

Señale cual de estas políticas es menos conflictiva en la “arena de la política”: Las políticas reguladoras. las políticas redistributivas. Las políticas distributivas.

Las políticas constituyentes son aquellas que: Tienen que ver en la ordenación constitucional y, por tanto, con las reformas en marca institucional en el que se desarrolla la política. Crean un espacio nuevo de interlocución entre agentes conforme un nuevo orden social. Se restringen al ámbito de la organización de las instituciones.

La teoría del decisor racional estricto descansa, pues, en el siguiente postulado: En cualquier circunstancia hay un criterio objetivo cuyo valor a veces no es compartido por todo el mundo aun siendo razonable. Las preferencias son ambiguas y estables. El decisor conoce o puede conocer todas las alternativas posibles.

El Artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, define autonomía personal como: Capacidad de controlar, afrontar y tomar, a través del asesoramiento adecuado, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar algunas de las actividades básicas de la vida diaria. Capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa o a través del asesoramiento adecuado, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias.

¿Cuál de los siguientes servicios no se encuentra en el Catálogo de Servicios Sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia?. Servicio de Teleasistencia. Servicio de Centro de Día y de Noche. Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.

¿Pueden los beneficiarios de prestaciones de atención a la dependencia recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales?. Excepcionalmente, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención. Es la forma preferente de prestación. Corresponde al beneficiario elegir la forma de prestación del servicio.

El servicio de Teleasistencia previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia: Es incompatible con el servicio de ayuda a domicilio. Son el mismo servicio. Puede ser un servicio independiente o complementario al de ayuda a domicilio.

El primer principio de la actividad preventiva es: Evitar los riesgos. Evaluar los riesgos. Combatir los riesgos en su origen.

Los representantes de los trabajadores con competencia en materia de prevención de riesgos laborales son: Los miembros de la Junta de personal, Junta Facultativo y junta de Enfermería. El Servicio de Medicina Preventiva. Los delegados de prevención.

El artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece que, en caso de riesgo inminente y grave el trabajador tendrá derecho a: Interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo. Recibir una indemnización si no interrumpe su actividad. Avisar al empresario y delegados de prevención, permaneciendo en su lugar de trabajo.

La ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con: 500 o más trabajadores. 250 o más trabajadores. 50 o más trabajadores.

De acuerdo con la Resolución del organismo internacional que aprobó en su día la Agenda 2030, los Objetivos y las metas debían estimular la acción en las distintas esferas, de importancia crítica para la humanidad y el planeta, durante los siguientes: 15 años. 30 años. 20 años.

La meta consistente en “Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina” forma parte del ODS siguiente: Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Dentro de las iniciativas 2020-2023 establecidas en desarrollo de los ejes de acción para la implementación en Castilla y León de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 y de manera específica, en relación con el eje relativo a “Coherencia de políticas y alineación estratégica”, la iniciativa relativa a “Programas para la promoción del empleo estable y del autoempleo., se concreta en los objetivos siguientes: Consolidar el autoempleo habiéndolo más estable. Dar apoyo a las iniciativas emprendedoras por cuenta ajena. Lograr mayor estabilidad en el empleo.

Dentro de las iniciativas 2020-2023 establecidas en desarrollo de los ejes de acción para la implementación en Castilla y León de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 y de manera específica, en relación con el eje relativo a “Definición y desarrollo de la acción pública en sociedad”, la iniciativa relativa a “Banco de Proyectos Rurales “, tiene un horizonte temporal: Continuo. 2021-2023. Anual.