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451. Se han constituido las nuevas Cortes Generales elegidas tras las recientes Elecciones Generales cuyos resultados dan lugar a un parlamento bastante atomizado en el que no hay ninguna fuerza política que haya obtenido un número de escaños como para conseguir por sí sola la investidura de su persona candidata a presidir el Gobierno. De acuerdo con lo establecido en la propia Constitución, se da inicio a todo el proceso para la elección de la persona que presidirá el Gobierno. Tras infructuosas gestiones, se consigue proponer a una persona candidata, quien obtiene 133 votos a favor en la primera votación, y los mismos en la segunda, al no lograr más apoyos que los de su propio partido. La persona candidata propuesta para ser investida como Presidente/a del Gobierno no alcanza la mayoría exigida por el artículo 99.3 de la Constitución, ni en primera ni en segunda votación. En consecuencia: a) Si transcurren más de dos meses desde la última votación de investidura, sin que otra candidatura obtenga la confianza del Congreso, la Presidencia del Congreso disolverá ambas cámaras. b) Si transcurren más de dos meses desde la primera votación de investidura, sin que la misma u otra candidatura obtenga la confianza del Congreso, la Presidencia del Congreso disolverá ambas cámaras. c) Si transcurre más de un mes desde la primera votación de investidura, sin que ninguna candidatura obtenga la confianza del Congreso, la Presidencia del Congreso disolverá ambas cámaras. d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

452. Una persona se dirige a una oficina del Departamento de Salud del Gobierno Vasco para tramitar una solicitud administrativa y pide expresamente ser atendida en euskera. La persona funcionaria le niega la atención en euskera alegando falta de personal capacitado y le obliga a continuar el trámite solo en castellano. La persona presenta una queja invocando el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Según la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco (artículo 6), señale cuál de los siguientes extremos es INCORRECTO respecto a la atención en euskera en la Administración Pública: a) Toda la ciudadanía tiene derecho a conocer y usar el euskera en sus relaciones con la Administración. b) Las instituciones comunes deben garantizar el uso del euskera, teniendo en cuenta la diversidad sociolingüística. c) La Administración puede denegar la atención en euskera de forma generalizada por motivos de personal. d) Nadie podrá sufrir discriminación por razón de la lengua en los procedimientos administrativos.

453. Algunos partidos políticos están estudiando iniciar un proceso de reforma general del Estatuto de Autonomía del País Vasco para incorporar un nuevo título sobre la participación de Euskadi en la toma de decisiones de la Unión Europea, lo cual afectará directamente a las relaciones institucionales del País Vasco con el Estado español con respecto a la interlocución en Bruselas. Según la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco (artículo 46), señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre el proceso de tramitación de la reforma NO ES CORRECTA: a) La reforma requerirá aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. b) La iniciativa corresponde al Parlamento Vasco, a propuesta de una quinta parte de sus componentes, al Gobierno Vasco o a las Cortes Generales del Estado español. c) La iniciativa corresponde al Parlamento Vasco, a propuesta de la mayoría absoluta de sus componentes, al Gobierno Vasco o a las Cortes Generales del Estado español. d) Será necesaria la aprobación de los electores mediante referéndum.

454. Finalizado el mandato de la persona titular del Ararteko, el Parlamento Vasco inicia el procedimiento de designación conforme a la Ley 3/1985, reguladora de la institución. Concluido el plazo de presentación de candidaturas, únicamente se formaliza una propuesta válida, presentada por varios grupos parlamentarios. En el pleno convocado para la elección, se procede a votación secreta. La persona candidata que se presenta: a) Necesita indefectiblemente alcanzar una mayoría de 3/5 partes del Parlamento vasco sin límite temporal para llegar a ella. b) Necesita indefectiblemente alcanzar una mayoría de 3/5 partes del Parlamento vasco con un límite temporal máximo de dos meses para llegar a ella. c) Necesita indefectiblemente alcanzar una mayoría de 2/3 partes del Parlamento vasco con un límite temporal máximo de dos meses para llegar a ella. d) Ninguna de las opciones previas es correcta.

455. El Lehendakari del Gobierno Vasco presenta su dimisión repentina por motivos personales. El Parlamento Vasco no logra investir a un nuevo/a candidato/a en primera votación ni en segunda. Se abre un periodo de interinidad presidencial mientras se resuelve la crisis ejecutiva. Según la Ley 7/1981, de 30 de junio, del Gobierno vasco, señale cuál es el límite máximo de la situación de interinidad en la Presidencia: a) Cuatro meses. b) Dos meses. c) Tres meses. d) Un mes.

456. Con la reciente entrada en vigor del Decreto 319/2024, de 29 de octubre, el Departamento de Salud ha iniciado un proceso de consolidación de su estructura administrativa. En una sesión de trabajo técnico para actualizar el inventario de órganos colegiados, surge una discrepancia sobre la naturaleza jurídica y la adscripción de varios comités de expertos. El equipo técnico debe determinar qué órganos forman parte de la estructura asesora directa del Departamento y cuáles, por el contrario, pertenecen a otros ámbitos de gestión o no figuran en la enumeración oficial de este decreto de estructura. Tras revisar el catálogo de órganos colegiados de asesoramiento recogido en el Decreto 319/2024, se identifica que uno de los siguientes NO figura como un órgano asesor adscrito al Departamento de Salud. ¿Cuál es?. a) Consejo asesor de vacunaciones de Euskadi. b) Comité vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico. c) Consejo Asesor sobre el Cáncer en Euskadi. d) Comité de Planificación y Gestión de la Medicina Personalizada de Euskadi.

457. El Ayuntamiento de X inicia de oficio un procedimiento para declarar en ruina un inmueble. Durante la tramitación: Luis, vecino colindante, presenta escrito manifestando su preocupación por los daños que podría sufrir su vivienda. El Ayuntamiento dicta un acto por el que acuerda la práctica de una inspección técnica del edificio. Posteriormente dicta resolución declarando el inmueble en ruina y ordenando su demolición. La resolución se notifica únicamente al propietario del inmueble, pero no a Luis. Luis interpone recurso alegando que debió ser notificado al tener interés legítimo en el procedimiento. ¿Tiene Luis la condición de interesado en el procedimiento y, por tanto, el derecho a ser notificado de la resolución?. a) No, porque solo tienen la condición de personas interesadas quienes hayan iniciado el Comité vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico. b) No, porque las y los vecinos colindantes nunca adquieren la condición de personas interesadas en procedimientos administrativos. c) Sí, porque ostenta un interés legítimo que puede resultar afectado por la resolución que se adopte. d) Sí, pero únicamente si el Ayuntamiento le hubiera reconocido expresamente como interesado durante la tramitación.

458. El 3 de febrero de 2024, la Administración autonómica inicia de oficio un procedimiento sancionador contra una empresa por la comisión de una infracción administrativa grave. El acuerdo de iniciación se notifica correctamente el 10 de febrero de 2024. El procedimiento no fue declarado complejo ni se acordó ampliación del plazo máximo para resolver. El plazo máximo legal para resolver el procedimiento es de seis meses. Sin embargo, la Administración no dicta ni notifica resolución hasta el 20 de septiembre de 2024. La empresa sancionada alega que el procedimiento ha caducado. De acuerdo con la Ley 39/2015, ¿qué consecuencia jurídica se produce?. a) La sanción es válida porque la Administración puede resolver en cualquier momento mientras no haya prescrito la infracción. b) Se produce la estimación por silencio administrativo al haber transcurrido el plazo máximo. c) Se produce la caducidad del procedimiento al tratarse de un procedimiento iniciado de oficio con efectos desfavorables. d) El procedimiento continúa siendo válido porque el retraso no afecta a la validez del acto final.

459. Carmen Sánchez, tras presentar su proyecto a la convocatoria de ayudas de la Consejería de Salud realizada en 2010 en el marco de la Acción estratégica de Salud, obtuvo una ayuda de 100.000 euros. La Sra. Carmen Sánchez se ha comunicado en todo momento electrónicamente con la Administración. La Directora de Investigación e Innovación Sanitaria de la Consejería de Salud, tras constatar que el grado de cumplimiento del proyecto de la beneficiaria no había alcanzado el 50 % de los objetivos del proyecto (que era el mínimo establecido), acordó el reintegro total del importe recibido por incumplimiento de las bases de la convocatoria. La Sra. Carmen Sánchez estima que el procedimiento de reintegro ha incurrido en caducidad, al exceder del plazo máximo de 12 meses para resolver y notificar la resolución del procedimiento desde la fecha del acuerdo de incoación, establecido por el artículo 42.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Este precepto señala: el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha de acuerdo de iniciación. Carmen Sánchez ha interpuesto en plazo un recurso de reposición ante la Directora de Investigación e Innovación Sanitaria de la Consejería de Salud solicitando la suspensión del acto impugnado. ¿Qué consecuencias tiene la falta de resolución y notificación expresa sobre dicha solicitud por parte del órgano competente para decidir sobre la misma?. a) Si transcurre un mes desde que la solicitud de suspensión ha tenido entrada en el registro electrónico de la Administración competente para decidir sobre la misma, la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida. b) Si transcurren dos meses desde que la solicitud de suspensión ha tenido entrada en el registro electrónico de la Administración competente para decidir sobre la misma, la solicitud de suspensión se entenderá desestimada. c) Si transcurren quince días desde que la solicitud de suspensión ha tenido entrada en el registro electrónico de la Administración competente para decidir sobre la misma, la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida. d) Si transcurre un mes desde que la solicitud de suspensión ha tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, la solicitud de suspensión se entenderá desestimada.

460. El Departamento de Salud de una Comunidad Autónoma elabora un proyecto de Decreto para regular el régimen de autorización de determinados centros sanitarios privados. El proyecto: • No estaba incluido en el Plan Anual Normativo. • No se sometió a consulta pública previa. • Se justificó la omisión alegando razones de urgencia. • Tampoco se realizó trámite de audiencia ni información pública. • Fue aprobado por el Consejo de Gobierno. • Se publicó únicamente en la página web del Departamento, pero no en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. Una asociación profesional impugna el Decreto alegando vicios en su tramitación y falta de eficacia normativa. Conforme a la Ley 39/2015, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es jurídicamente correcta?. a) El Decreto es plenamente válido y eficaz desde su aprobación por el Consejo de Gobierno, aunque no haya sido publicado en el boletín oficial. b) La omisión de consulta pública previa invalida automáticamente el Decreto en todo caso. c) La falta de publicación en el boletín oficial impide que el Decreto produzca efectos jurídicos. d) La no inclusión en el Plan Anual Normativo determina por sí sola la nulidad de pleno derecho del Decreto.

461. El Departamento de Salud de una Comunidad Autónoma firma un convenio de colaboración con una fundación privada para el desarrollo de un programa de investigación biomédica. El convenio: • No incluye el régimen de modificación. • No establece plazo de duración. • No se inscribe en el Registro de convenios. • Se publica únicamente en la página web del Departamento. • Fue firmado por el Director General de Salud Pública en virtud de una delegación verbal efectuada por el Consejero. Posteriormente, una asociación profesional impugna el convenio alegando defectos formales en su tramitación y firma. Conforme a la Ley 40/2015, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es jurídicamente correcta?. a) El convenio es válido porque la delegación verbal es suficiente al tratarse de un acto de gestión ordinaria. b) La falta de inscripción en el Registro no afecta a la eficacia del convenio. c) La ausencia de plazo de duración determina la invalidez del convenio por incumplir el contenido mínimo exigido legalmente. d) La publicación en la página web es suficiente para su eficacia jurídica.

462. El 4 de agosto de 2016, doña Carmen acudió a la consulta de ginecología del centro de salud de Osakidetza y fue atendida por el doctor D. Carlos. El motivo de la visita era la práctica de una prueba complementaria a fin de descartar una posible malignidad, ante el resultado anormal obtenido en una citología. Tras informarle de la posibilidad de vacunarse contra el VPH, el doctor D. Carlos le ofreció a doña Carmen la posibilidad de que se le administrase la profilaxis en su consulta privada y le comunicó que se pondría en contacto con ella con la finalidad de concertar una cita. Cinco días después, D. Carlos tomó el teléfono particular de doña Carmen de su historial clínico, sin consentimiento de la interesada con la finalidad de concertar una cita para suministrarle la vacuna en su consulta privada. Como consecuencia de estos hechos, se abrió expediente disciplinario contra el doctor D. Carlos el 3 de septiembre de 2018. Este concluyó mediante resolución de 30 de marzo de 2019, del Director Gerente del hospital por la que se le aplicaron las siguientes sanciones: • Por desviar a la paciente a su consulta privada, veinticuatro meses de suspensión de funciones. • Por haber tomado el número de teléfono de la paciente de su historia clínica para usarlo fuera de la asistencia de Osakidetza, tres meses de suspensión de funciones. Asimismo, en dicha Resolución se acordó mediante resolución motivada la suspensión provisional de funciones del doctor D. Carlos por un periodo de 6 meses. ¿Puede el órgano competente acordar la suspensión provisional de funciones del doctor D. Carlos durante la tramitación del procedimiento?. a) No, la Ley 55/2003, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud lo prohíbe expresamente. b) Sí, como medida cautelar por falta grave o muy grave, podrá acordar la suspensión provisional de funciones del interesado, que no podrá exceder de seis meses, salvo paralización del procedimiento imputable al interesado. c) Sí, como medida cautelar por falta grave o muy grave, podrá acordar la suspensión provisional de funciones del interesado, que no podrá exceder de ocho meses, salvo paralización del procedimiento imputable al interesado. d) No, la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, prevé dicha posibilidad únicamente para la falta de abandono del servicio.

463. Una fundación del sector público autonómico, participada en un 80% por la Administración autonómica y financiada mayoritariamente con fondos públicos, decide adjudicar directamente un contrato de suministro de material sanitario por importe de 250.000 euros a una empresa sin exigir acreditación de solvencia económica ni comprobar si concurren prohibiciones para contratar. La fundación justifica su actuación afirmando que: • No es Administración Pública. • Tiene personalidad jurídica privada. • Se rige por Derecho privado. Una empresa del sector impugna la adjudicación alegando infracción de la Ley 9/2017. Conforme al Título Preliminar de la Ley 9/2017, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es jurídicamente correcta?. a) La fundación no está sometida a la Ley 9/2017 porque tiene personalidad jurídica privada. b) La fundación es poder adjudicador y debe aplicar los principios de publicidad y concurrencia en la adjudicación del contrato. c) Al no ser Administración Pública, puede adjudicar libremente el contrato sin aplicar las reglas de solvencia ni comprobar prohibiciones para contratar. el umbral legal. d) Solo las Administraciones Públicas territoriales están sometidas a la Ley 9/2017.

464. La Consejería de Salud ha licitado un contrato de Servicios de limpieza para los centros de salud. El valor estimado del contrato asciende a 3.173.246,28 €, con división del objeto del contrato de servicios en tres lotes. Dentro del plazo para la presentación de proposiciones, se formalizaron 3 proposiciones por las empresas A, B y C. El representante de la sociedad mercantil A, cuya proposición ha obtenido una menor valoración que la empresa adjudicataria, estima que la adjudicación no es adecuada a Derecho dado que el contrato que se licita se trata de un contrato de servicios que ha de requerir varios criterios de adjudicación, con predominio de los criterios relacionados con la calidad. Por ello interpone un recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales y solicita la anulación de los pliegos y una nueva redacción con el fin de reformular los criterios de valoración. ¿Es susceptible de recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales el contrato de Servicios de limpieza para los centros de salud?. a) No, porque los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato no son susceptibles de recurso especial en materia de contratación. b) No, porque el valor estimado del contrato no supera el importe establecido en la LCSP, para interponer el recurso especial en materia de contratación. c) Sí, porque los Pliegos de Bases Administrativas Particulares del contrato son susceptibles de recurso especial y el valor estimado supera el mínimo establecido por la LCSP para poder interponer el recurso especial en materia de contratación. d) No, porque, aunque los Pliegos de Bases Administrativas Particulares del contrato son susceptibles de recurso especial, el valor estimado no supera el mínimo establecido por la LCSP para poder interponer el recurso especial en materia de contratación.

465. Un Ayuntamiento licita un contrato cuyo objeto es: • La redacción del proyecto técnico. • La ejecución material de una nueva biblioteca municipal. • El suministro e instalación del mobiliario. • El mantenimiento integral del edificio durante tres años. El contrato se adjudica como contrato de servicios. La prestación principal y económicamente predominante es la ejecución material de la biblioteca. Durante la ejecución: • El adjudicatario incumple los plazos de ejecución de la obra. • El Ayuntamiento acuerda modificar el contrato aumentando un 35 % el presupuesto inicial sin que dicha modificación estuviera prevista en los pliegos. • Posteriormente acuerda la resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista. El contratista impugna alegando incorrecta calificación contractual y modificación ilegal. Conforme a la Ley 9/2017 (Libro Segundo), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es jurídicamente correcta?. a) El contrato está correctamente calificado como contrato de servicios, ya que incluye redacción de proyecto y mantenimiento. b) El contrato debería haberse calificado como contrato de obras, al incluir la ejecución material de una construcción. c) La modificación del 35 % es válida, aunque no estuviera prevista en los pliegos, porque el órgano de contratación puede modificar libremente el contrato. d) La resolución por incumplimiento solo puede acordarse mediante sentencia judicial firme.

466. Una sociedad mercantil cuyo capital social pertenece en un 100% a una Comunidad Autónoma desarrolla actividades de gestión hospitalaria. La entidad recibe financiación pública anual procedente del presupuesto autonómico y ejerce funciones de gestión de servicios sanitarios públicos. Una asociación solicita que la entidad publique en su página web: • La relación de contratos formalizados. • Las subvenciones concedidas. • Las retribuciones de sus altos cargos. • La sociedad mercantil se niega alegando que: • Tiene personalidad jurídica privada. • No forma parte de la Administración Pública. • Se rige por Derecho privado. La asociación interpone reclamación ante el órgano competente en materia de transparencia. Conforme a la Ley 19/2013, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es jurídicamente correcta?. a) La sociedad mercantil está sujeta a las obligaciones de publicidad activa al formar parte del sector público y estar íntegramente participada por una Administración Pública. b) La sociedad mercantil no está sujeta a la Ley 19/2013 porque tiene personalidad jurídica privada. c) Solo está obligada a facilitar información si media solicitud individualizada de acceso, pero no a cumplir obligaciones de publicidad activa. d) Solo estaría obligada si ejerciera potestades administrativas propias.

467. Miren, una enfermera de Osakidetza, lleva trabajando en el sistema de salud público desde hace varios años. A lo largo de su carrera, ha pasado por varias modalidades de contratación, comenzando como funcionaria de carrera, luego como personal estatutario fijo y en ocasiones como interina, en función de las necesidades del centro en el que trabaja. Actualmente, se encuentra trabajando en el turno diurno en el ámbito de atención primaria. Además de su función asistencial, participa activamente en la coordinación de proyectos de salud comunitaria, lo que le ha permitido acceder a formación continua en gestión y actualización profesional. Recientemente, el centro de salud ha recibido instrucciones de reestructurar la jornada laboral y las condiciones de permisos. En su centro, además de las modificaciones en la jornada, Miren ha recibido una invitación para formar parte de una comisión de trabajo destinada a la mejora de la jornada laboral y las condiciones de trabajo del personal sanitario. Miren está algo preocupada, ya que no está segura de si las modificaciones afectarán a su contrato, su jornada laboral y su acceso a beneficios como permisos o formación adicional. De acuerdo con la normativa vigente, ¿qué cambios podrían afectar a las condiciones laborales de Miren si su contrato pasa a una modalidad interina para cubrir necesidades estructurales, teniendo en cuenta las siguientes posibles situaciones?. a) Si su contrato pasa a ser interino para cubrir necesidades estructurales, Miren podrá acceder a los mismos permisos y beneficios que un funcionario de carrera, pero su jornada anual será ajustada a 1463 horas para turnos nocturnos. b) Si su contrato pasa a ser interino, tendrá acceso a los 3 días de permiso por asuntos particulares, pero deberá cumplir con una jornada anual de 1610 horas, sin ninguna deducción por permisos o formación adicional. c) Si su contrato pasa a ser interino en el ámbito de necesidades estructurales, Miren podrá disfrutar de los permisos por asuntos particulares y formación, pero su jornada anual será reducida a 1587 horas efectivas si realiza turnos diurnos y nocturnos, con un factor multiplicador en los turnos nocturnos. d) Si su contrato pasa a una modalidad de carácter eventual, Miren perdería el derecho a los permisos y licencias por asuntos personales, así como a la formación continuada, pero podría solicitar un adelanto de nómina para cubrir gastos personales.

468. Eneritz trabaja como funcionaria en el Departamento de Salud del Gobierno Vasco desde hace 5 años. Durante este tiempo, ha desempeñado tareas administrativas en diversos puestos, pero hace un mes fue promovida a un puesto de jefa de unidad. En este nuevo rol, Eneritz se enfrenta a un proceso de revisión de la carrera profesional y se le ha informado de la existencia de un plan de formación y de movilidad en el empleo público vasco, como parte de su desarrollo. Eneritz está considerando solicitar una movilidad hacia otro puesto dentro de la Administración local, pues cree que ese cambio le permitirá continuar su carrera profesional y mejorar su experiencia en otras áreas. Sin embargo, tiene dudas sobre si su solicitud será viable y sobre los derechos que le corresponderían durante este proceso. Según la Ley de Empleo Público Vasco, ¿cómo debe proceder Eneritz para solicitar su movilidad hacia otro puesto en la Administración local? ¿Cuáles son las implicaciones de este proceso y qué derechos mantendría durante el mismo?. a) Eneritz puede solicitar su movilidad sin restricciones, ya que la Ley de Empleo Público Vasco garantiza que la movilidad es un derecho sin condiciones para todo el personal funcionario, independientemente de su puesto actual. b) Eneritz debe pasar por un proceso de concurso o libre designación, según lo que determine la Comisión de Coordinación del Empleo Público y debe cumplir con los requisitos específicos para cada puesto. La Ley 11/2022 también garantiza que no perderá su puesto en caso de que la movilidad no sea posible. c) Eneritz debe solicitar su movilidad a través de un proceso de concurso específico entre las administraciones públicas, según lo establecido en la Ley de Empleo Público Vasco, y su solicitud debe ser evaluada según criterios de mérito y capacidad. Si se concede la movilidad, Eneritz mantendrá sus retribuciones y condiciones laborales. d) La movilidad no está permitida según la Ley 11/2022 para las personas funcionarias en puestos directivos como el de Eneritz, ya que estos puestos son incompatibles con el proceso de movilidad entre administraciones públicas. Eneritz debería seguir en su puesto actual hasta alcanzar la jubilación.

Juan Pérez es personal estatutario fijo en el Sistema Nacional de Salud, trabajando como médico en un hospital público de la Comunidad Autónoma Vasca. Tras varios años en el cargo, decide solicitar una reducción de jornada para poder compatibilizar su trabajo con estudios de postgrado. Además, se encuentra con dificultades laborales, ya que considera que su dignidad e intimidad no están siendo respetadas por parte de algunas personas compañeras y superiores. Frente a esta situación, plantea una queja ante su superior directo. De acuerdo con la normativa aplicable, ¿cuáles de los siguientes derechos le asisten a Juan Pérez en relación con su situación?. a) Juan Pérez tiene derecho a solicitar una reducción de jornada y, en caso de conflicto laboral, a ser respetado y tratado con corrección, sin necesidad de justificación adicional, además de tener derecho a la promoción interna en el hospital. b) Juan Pérez tiene derecho a la reducción de jornada; sin embargo, debe justificar su solicitud con la compatibilidad de las necesidades del servicio, y solo podrá recibir formación continuada si su superior lo autoriza. c) Juan Pérez tiene derecho a solicitar la reducción de jornada y a la formación continuada sin restricciones, así como a que se respete su dignidad e intimidad en el entorno laboral, ya que estos son derechos reconocidos para todo el personal estatutario. d) Juan Pérez no tiene derecho a reducir su jornada laboral, ya que solo puede pedir un cambio de turno o jornada si está inscrito en un programa de formación autorizado.