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Según refiere el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE: a) El tratamiento de datos personales debe estar concebido para servir a la humanidad. b) El presente reglamento no excluye el Derecho de los Estados miembros que determina las circunstancias relativas a situaciones específicas de tratamiento, incluida la indicación pormenorizada de las condiciones en las que el tratamiento de datos personales es lícito. c) El presente Reglamento no se aplica a cuestiones de protección de los derechos y las libertades fundamentales o la libre circulación de datos personales relacionadas con actividades excluidas del ámbito de del Derecho de la Unión, como las actividades relativas a la seguridad nacional. d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

A tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿se puede ampliar el plazo legal para subsanar la falta o insuficiente acreditación de la representación?. a) Sí, cuando las circunstancias del caso así lo requieran. b) Sí, cuando lo solicite el representado. c) Sí, cuando lo solicite el representante. d) No, en ningún caso.

Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello se emitirá: a) Regularmente un comprobante consistente en una copia autenticada del documento que se trate, incluyendo fecha y hora de presentación del documento con entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos. b) Automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento, con la fecha, hora y minutos de presentación del mismo y número de entrada, así como recibo justificativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el repudio de los mismos. c) Regularmente un comprobante consistente en una copia simple del documento que se trate, fecha y presentación con un número de registro de entrada del documento, así como un justificante acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos. d) Automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento que se trate, incluyendo fecha y hora de presentación y el número de entrada en registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos.

De conformidad con el artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma. Estas aplicaciones podrán ser: a) Declaradas como de fuentes cerradas, cuando de ello derive mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública y se fomente con ello la inclusión de los ciudadanos a la Sociedad de la tecnología. b) Declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública Estatal o se fomente con ello la incorporación de los administrados a la Sociedad de la tecnología. c) Declaradas como de fuentes cerradas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública Estatal y se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información. d) Declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información.

En relación al plazo para la justificación de la subvención, con carácter general, tal como dispone el artículo 23 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias: a) En el caso de procedimientos de concurrencia competitiva, no podrá superar el de 2 meses a contar desde la finalización del plazo de realización de la actividad. b) En el caso de procedimientos de adjudicación directa, no podrá superar el de 2 meses a contar desde la finalización del plazo de realización de la actividad. c) La opción a y b son correctas. d) Ninguna de las opciones planteadas es correcta.

Según el artículo 35.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿En qué procedimientos la motivación de los actos se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte?. a) En todos los actos de los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva. b) En los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva. c) En todos los actos que pongan fin a un procedimiento administrativo. d) En los actos que cada órgano competente estime convenientes, informando previamente a los interesados.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone en su artículo 40 que toda notificación: a) Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener un resumen de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa. b) Deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución. c) Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución. d) Deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener un resumen de la resolución, con indicación o no de si pone fin a la vía administrativa.

Según establece el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en su artículo 3. ¿Cuál NO se considera un principio de esta Ley?. a) La igualdad de oportunidades. b) La normalización. c) La equidad. d) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.

Indique la opción correcta respecto a las partes forman una dirección de correo electrónico: a) Nombre de usuario, dominio y contraseña. b) Dominio, arroba y extensión. c) Arroba, dominio y nombre de usuario. d) Ninguna de las opciones es correcta.

El apartado 3 del artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, va referido a la anulabilidad y establece que: a) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. b) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. c) La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. d) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.

Señala el artículo 94.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que la Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de: a) Quince días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. b) Diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. c) Quince días desde que se produjera el desistimiento o la renuncia. d) Diez días desde que se produjera el desistimiento o la renuncia.

Según establece el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se considerarán contratos de suministro: a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario y que la cuantía total del mismo esté definida al tiempo de celebrar el contrato. b) Los que no tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. c) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos. d) Los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables.

Según el tenor del artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿cuáles de los actos que se indican a continuación serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho?. a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. b) Los actos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos. c) Los actos que limiten derechos objetivos o intereses ilegítimos. d) Los actos que amplíen derechos subjetivos o intereses legítimos.

Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada, según el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, constarán de: a) Alegaciones formuladas al final del procedimiento durante el plazo de 7 días. b) Alegaciones formuladas al final del procedimiento durante el plazo de 5 días. c) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo. d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser favorable para el interesado.

Señale la respuesta correcta conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en relación con las acciones positivas: a) Son medidas específicas adoptadas por los Poderes Públicos en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. b) Son adoptadas por los Poderes Públicos con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad. c) Podrán ser adoptadas por las personas físicas y jurídicas privadas en los términos establecidos en la citada Ley. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando un día fuese hábil en la sede del órgano administrativo e inhábil en el municipio en que residiese el interesado: a) Se considerará hábil. b) Se considerará inhábil en determinados casos. c) Se considerará inhábil si es festivo nacional únicamente. d) Se considerará inhábil en todo caso.

Señale la respuesta incorrecta. A tenor de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución. b) Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. c) Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras favorables o no restrictivas de derechos individuales. d) Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que regulen materias reservadas a la Ley.

Según establece el artículo 5 del Decreto 44/2007, de 27 de febrero, por el que se regula el servicio de información y atención ciudadana en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿Quién realiza las labores de coordinación y supervisión del sistema de sugerencias y reclamaciones en el ámbito de la Consejería?. a) Las Secretarías Generales Técnicas. b) Personal habilitado a tal efecto. c) El responsable de información y atención ciudadana. d) Ninguno de los anteriores.

Señale la respuesta correcta de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sobre la solicitud de acceso a la información: a) La solicitud será presentada telemáticamente, dejando constancia de: identidad del solicitante, información solicitada, modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada y dirección de contacto, preferiblemente electrónica. b) El solicitante no está obligado a motivar, por lo que no expondrá los motivos por los que solicita la información que podrían tenerse en cuenta a la hora de emitir la resolución. c) Durante la tramitación, si la información solicitada, no obrase en poder del sujeto al que se le solicita, este la remitirá al competente si lo conociera e informará de esta circunstancia al solicitante. d) Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de 15 días.

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se presume la representación del interesado: a) Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona. b) Para actos y gestiones de mero trámite. c) Solo para interponer recursos administrativos. d) Para interponer recursos y para desistir de acciones.

El artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala entre los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas: a) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico estatal y europeo, apartado c del artículo 13, ya mencionado. b) A utilizar las lenguas cooficiales en el territorio de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico comunitario, apartado c del artículo 13, ya mencionado. c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico, apartado c del artículo 13, ya mencionado. d) A utilizar las lenguas cooficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en la Ley y en el ordenamiento jurídico español, apartado c del artículo 13, ya mencionado.

En relación con el artículo 28 de la ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, respecto a la elaboración de los programas de actuación plurianual: a) Los entes del sector público con presupuesto limitativo que así lo establezca una ley sectorial o que anualmente determine el Gobierno elaborarán los programas de actuación plurianual, referidos a un período no inferior a un año ni superior a tres, salvo que por razones debidamente justificadas se deba establecer otro mayor. b) Los entes del sector público con presupuesto estimativo que así lo establezca una ley sectorial o que anualmente determine el Gobierno elaborarán los programas de actuación plurianual, referidos a un período no inferior a dos años ni superior a tres, salvo que por razones debidamente justificadas se deba establecer otro menor. c) Los entes del sector público con presupuesto limitativo que así lo establezca una ley sectorial o que anualmente determine el Gobierno elaborarán los programas de actuación plurianual, referidos a un período no inferior a dos años ni superior a tres, salvo que por razones debidamente justificadas se deba establecer otro mayor. d) Los entes del sector público con presupuesto estimativo que así lo establezca una ley sectorial o que anualmente determine el Gobierno elaborarán los programas de actuación plurianual, referidos a un período no inferior a un año ni superior a tres, salvo que por razones debidamente justificadas se deba establecer otro mayor.

De conformidad con el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reglamentariamente las administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos, para: a) Determinados actos y procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, intelectual, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. b) Determinados procedimientos y para ciertas asociaciones de personas físicas que por razón de su capacidad económica, intelectual, técnica, dedicación profesional y laboral u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios informáticos necesarios. c) Determinados actos y procedimientos y para colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, intelectual, dedicación laboral u otros motivos quede acreditado que no tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. d) Determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿qué actos debe la Administración motivar en el procedimiento sancionador?. a) Se debe motivar tanto la propuesta de resolución como la resolución. b) Se debe motivar únicamente la propuesta de resolución en el caso de que se proponga una sanción por comisión de una infracción grave o muy grave. c) Se debe motivar únicamente la resolución. d) Se debe motivar únicamente la propuesta de resolución si rechaza alguna prueba propuesta por el interesado.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso, señale la opción correcta: a) En los casos en que el contratista reciba de la Administración algún tipo de beneficio en su situación económica, siempre que sea de forma directa. b) En los casos en que la administración le ofrezca al contratista beneficios de tipo económico, sólo de forma directa. c) En los casos en que el contratista alcance un acuerdo de tipo económico, ya sea de forma directa o indirecta. d) En los casos en que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta.

De entre las opciones planteadas, indique cuál es correcta: a) MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) son una serie de convenciones o especificaciones dirigidas al intercambio a través de Internet de todo tipo de archivos. b) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) es un protocolo de red utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos. c) Las opciones a y b son correctas. d) Ninguna de las opciones es correcta.

A tenor de lo establecido en el artículo 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué plazo existe para la interposición del recurso de reposición?. a) Tres meses, si el acto no fuera expreso. b) Un mes, si el acto fuera expreso. c) Un mes, si el acto no fuera expreso. d) Tres meses, si el acto fuera expreso.

¿Cuáles de las siguientes medidas provisionales se podrán acordar según el tenor literal del artículo 56.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil?. a) Retirada o intervención de bienes productivos por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre definitivo del establecimiento por estas y otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable. b) Retirada o intervención de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del establecimiento por estas y otras causas previstas en la normativa reguladora aplicable. c) Embargo de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya regularización se pretenda. d) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad lícita, por motivos de sanidad, higiene o seguridad.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su título I, capítulo I, artículo 3, establece que las disposiciones del capítulo II de este título serán también aplicables a: a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. b) Los partidos judiciales y organizaciones no gubernamentales. c) Las organizaciones empresariales sin ánimo de lucro. d) Únicamente los partidos políticos.

De conformidad con el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos, a menos que su naturaleza, exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán: a) Por escrito a través de medios electrónicos. b) Por escrito o de forma verbal, a criterio del órgano administrativo que lo dicte. c) Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos. d) Por escrito a través de medios no electrónicos.

De entre las opciones mostradas, ¿cuál no es considerado un cliente de correo electrónico?. a) Evolution. b) Mozilla Thunderbird. c) Microsoft Outlook. d) Todas las opciones son correctas.

De acuerdo con el artículo 122.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), respecto de un recurso de alzada: a) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de un mes. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo de la LPACAP. b) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender estimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 43.2 segundo párrafo de la LPACAP. c) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo de la LPACAP. d) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de un mes. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender estimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 43.2 segundo párrafo de la LPACAP.

El artículo 59.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece respecto del auto desestimatorio de las alegaciones previas que: a) No será susceptible de recurso y dispondrá que se conteste la demanda en el plazo que reste. b) Cabe recurso de apelación y dispondrá que se conteste la demanda en el plazo máximo de 5 días. c) Cabe recurso de súplica y dispondrá que se conteste la demanda en el plazo máximo de 15 días. d) Cabe recurso de queja y dispondrá que se conteste la demanda en el plazo máximo de 20 días.

Las administraciones públicas asegurarán que las víctimas tengan acceso efectivo a la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios, que deberá garantizar la satisfacción económicamente evaluable de, una serie de conceptos, entre los que se encuentran, definidos en el artículo 28. Ter de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, los siguientes: a) El daño físico y psicológico, incluido el daño moral y el daño a la dignidad. b) Los intereses tutelados de las víctimas. c) La necesidad de intervenir en defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

A tenor de lo regulado en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativos Común de las Administraciones Públicas, el Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo, debiendo cumplir: a) Con las garantías y seguridad básicas señaladas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. b) Con las medidas de seguridad exclusivas y previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. c) Con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. d) Con las medidas de seguridad comunes previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos administrativos se establezcan por días: a) Se entiende que son hábiles, excluyéndose sólo del cómputo los domingos y los declarados festivos. b) Se entiende que son naturales, excluyéndose del cómputo los domingos y festivos, pero no los sábados. c) Se entiende que son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y declarados festivos. d) Se entiende que son naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y declarados festivos.

Dispone el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales, que conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos, serán exactos y, si fuere necesario, actualizados. A efectos de este mismo artículo, no será imputable el responsable del tratamiento de los mismos, siempre que éste haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos: a) Hubiesen sido obtenidos por el afectado directamente del responsable. b) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamente (UE) 2016/679 y lo previsto en esta Ley Orgánica. c) Fuesen obtenidos de un registro general de datos por el afectado y trasladados a un mediador o intermediario. d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán primeramente con. a) El representante o el interesado que expresamente hayan señalado. b) El representante o el interesado que figure en último lugar. c) El representante o el interesado que acredite mayor solvencia o conocimiento administrativo. d) El interesado que figure en último lugar.

En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el artículo 15, relativo a la lengua de los procedimientos, establece que: a) La administración pública instructora y tramitadora deberá trasladar al castellano los documentos, expedientes o partes que deban causar efecto dentro y fuera del territorio de la comunidad autónoma y los documentos de los interesados afectados que así lo soliciten puntualmente. b) La administración pública instructora podrá traducir al castellano los documentos, expedientes y sus partes que deban tener efecto exclusivamente dentro del territorio de la comunidad autónoma y los documentos dirigidos a los interesados afectados que así lo soliciten expresamente. c) La administración pública tramitadora deberá trasladar al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que puedan causar efecto dentro y fuera del territorio de la comunidad autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. d) La administración pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la comunidad autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente.

El artículo 17 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, está destinado a la garantía de los derechos de las víctimas, ¿Cuál de estas previsiones está incluida en dicho artículo?. a) Cuando concurra cualquier situación que facilite el acceso o la prestación, las administraciones públicas podrán adaptarse a las necesidades que planteen las víctimas. b) Se intentará garantizar el cumplimiento de las medidas de cualquier tipo implantadas en materia de violencia de género. c) Los servicios de información y orientación, atención psicosocial inmediata, telefónica y en línea, asesoramiento jurídico 24 horas, los servicios de acogida y asistencia social integral, consistentes en orientación jurídica, psicológica y social destinadas a las víctimas de violencias contra las mujeres tendrán carácter de servicios esenciales. d) Los servicios de formación y orientación, atención psicosocial inmediata, seguimiento 24 horas, los servicios de acogida y asistencia, consistentes en orientación jurídica, psicológica y social destinadas a las víctimas de violencias contra las mujeres, en ningún caso, tendrán carácter de servicios esenciales.

Según el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación de documentos en un registro electrónico un día inhábil: a) Se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. b) Se entenderá, en todo caso, realizada en la última hora del primer día hábil anterior. c) Se entenderá, en todo caso, realizada en la primera hora del primer día natural siguiente. d) Se entenderá realizada en la última hora del primer día hábil anterior salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 16, señala que: a) En todo caso, los procedimientos de creación de registros electrónicos especificarán el órgano 0 unidad responsable de su gestión administrativa, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como hábiles. b) En todo caso, las actuaciones y proyectos de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad administrativa responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles. c) En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles. d) En todo caso, las actuaciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad técnica responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como hábiles.

Según el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de: a) Dos meses, en todo caso. b) Seis meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa. c) Seis meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa. d) Dos meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa.

Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos de especialización, como se recoge en el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género: a) Asegurarán una formación específica que coadyuve al ejercicio profesional de una defensa eficaz en materia de violencia de género. b) Asegurarán una formación básica necesaria para el ejercicio de sus funciones. c) Harán lo posible por garantizar el derecho a recibir en el momento inmediatamente posterior a la interposición de la denuncia el asesoramiento y la formación necesarios. d) Los Colegios de Abogados no están incluidos dentro del artículo 20 en lo referido a la formación específica que coadyuve al ejercicio profesional de una defensa eficaz en materia de violencia de género.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas. Señale la opción correcta: a) Del derecho al acceso a la información previa, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2014, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico Estatal. b) Del derecho al acceso personal a la información pública y registros electrónicos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico Español. c) Del derecho al acceso a la información pública y documentos del registro, según lo previsto en la Ley 19/2014, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico Comunitario. d) Del derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

Tal como dispone el artículo 43 de la ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, los estados de ingresos de los presupuestos de los entes integrantes del sector público con presupuesto limitativo se estructurarán de acuerdo con las siguientes clasificaciones. Señale la opción correcta: a) La clasificación orgánica, que agrupará por secciones y servicios los ingresos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus organismos autónomos, y otras entidades, según proceda junto con la clasificación por programas, que deberá ser coherente con los programas de ingresos de carácter plurianual. b) La clasificación orgánica, que agrupará por secciones y servicios los ingresos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus organismos autónomos, y otras entidades, según proceda junto con la clasificación territorial que agrupará los ingresos por capítulos. c) La clasificación orgánica distinguirá los ingresos correspondientes a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los correspondientes a cada uno de los organismos autónomos y los de otras entidades, según proceda junto con la clasificación económica, que agrupará los ingresos, separando los corrientes, los de capital, y las operaciones financieras. d) La clasificación por programas, que deberá ser coherente con los programas de ingresos de carácter plurianual junto con la clasificación económica, que agrupará los ingresos, separando los corrientes, los de capital, y las operaciones financieras.

Según establece el artículo 33.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia los plazos se reducirán: a) A la mitad de los establecidos para el procedimiento ordinario, en todos los trámites. b) A la mitad de los establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. c) En un tercio de los establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos que se reducirán a la mitad. d) En el tiempo que estime conveniente el órgano que deba conocer el procedimiento, salvo los relativos a la resolución del procedimiento.

Establece el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado: a) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, si lo dispone la Administración expresamente. b) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. c) Se entenderá efectuada cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. d) Se entenderá estimada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, si lo dispone la Administración expresamente.

Según establece el artículo 10 del Decreto 44/2007, de 27 de febrero, por el que se regula el servicio de información y atención ciudadana en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la información general es aquella de que disponga la Administración Autonómica como orientación general a los ciudadanos y versará sobre: a) La identificación, fines, competencias, estructura, localización y funcionamiento de los diferentes órganos y unidades administrativas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como horarios de atención al público. b) Los conocimientos técnicos y cualificados necesarios para ser facilitada y comprendida por el interesado. c) Las actividades y servicios prestados por las diferentes jefaturas de servicio. d) Los órganos gestores responsables de la tramitación de los procedimientos y las unidades de información.

De conformidad con lo establecido en el artículo 95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) La caducidad producirá por si sola la prescripción de las acciones, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. b) La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones y los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. c) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. d) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción.

¿Cuál es la diferencia entre los protocolos IMAP y POP3?. a) El protocolo IMAP permite que los mensajes de correo electrónico almacenados en un servidor remoto se descarguen en el cliente mientras que el protocolo POP3 es un protocolo de aplicación que permite el acceso a mensajes almacenados en un servidor de Internet. b) El protocolo POP3 permite que los mensajes de correo electrónico almacenados en un servidor remoto se descarguen en el cliente mientras que el protocolo IMAP es un protocolo de aplicación que permite el acceso a mensajes almacenados en un servidor de Internet. c) El protocolo IMAP asigna dinámicamente una dirección IP y otros parámetros de configuración de red a cada dispositivo en una red para que puedan comunicarse con otras mientras que el protocolo POP3 permite que los mensajes de correo electrónico almacenados en un servidor remoto se descarguen en el cliente. d) El protocolo POP3 asigna dinámicamente una dirección IP y otros parámetros de configuración de red a cada dispositivo en una red para que puedan comunicarse con otras mientras que el protocolo IMAP permite que los mensajes de correo electrónico almacenados en un servidor remoto se descarguen en el cliente.

Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación a los efectos de los actos, señale la respuesta correcta: a) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados. b) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos nulos. c) En ningún caso, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados. d) En ningún caso, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos nulos.

Según el artículo 74.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, cuando el recurrente desiste del recurso contencioso administrativo y las demás partes prestan su conformidad y no se oponen, se dictará: a) Un auto. b) Una sentencia. c) Una providencia. d) Un decreto.

(Señale la respuesta correcta en base a lo que indica el artículo que lo regula). Según establece el artículo 13 del Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado, relativo a la accesibilidad del contenido y estructura de documentos e impresos: a) Los documentos e impresos estarán redactados con un lenguaje simple y directo, utilizando siglas y abreviaturas en letra negrita para facilitar su compresión. b) Los documentos básicos de información de uso más habitual deberán contar con versiones simplificadas para personas con discapacidades intelectuales o problemas de comprensión escrita. c) Deberán estar siempre que sea posible, disponibles en las correspondientes páginas web y en formato electrónico accesible. d) En los impresos destinados a cumplimentación por los ciudadanos se reservarán espacios apropiados en tamaño para ser rellenados con comodidad y se propiciará la utilización de fondos con dibujos y tintas que presenten poco contraste para evitar confusión. Deberán ir acompañados de instrucciones claras y concisas.