opo labo comun aturia

El principio de legalidad regulado en el artículo 25.1 de nuestra Constitución implica que: Nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito según la legislación vigente en aquel momento. Podrá ser sancionada una persona por la comisión de una infracción administrativa, aun cuando no constituya conducta sancionable en el momento de producirse. Podrá ser sancionada una persona por la comisión de una falta, aun cuando no constituya infracción penal en el momento de producirse, siempre que sí lo sea al dictarse sentencia. Todos los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos al imperio de la ley.

¿Cuál de las siguientes actuaciones de los poderes públicos no se encuentran constitucionalmente garantizadas por el derecho a la protección de la salud?. Medidas preventivas. Prestacionales. Asistenciales. Curativas.

La Constitución: Solamente puede garantizar la libertad ideológica al individuo que declare explícitamente su ideología. Establece que nadie puede ser obligado a declarar sobre su religión, aunque sí sobre su ideología. Establece que nadie puede ser obligado a declarar sobre su religión, ni sobre su ideología. Reconoce que el Estado español es católico.

En relación con la detención, ¿qué requisitos se deben cumplir en base al texto constitucional?. Secreto de la detención. El detenido debe ser obligado a declarar. El detenido no puede ser obligado a declarar. Se le tienen que leer los derechos al detenido, pero no es necesario explicarle las razones de su detención.

El reconocimiento que la Constitución realiza a los sindicatos en su artículo 7: En realidad, es político, pero no tienen ningún impacto jurídico. Implica la necesidad de utilización de un procedimiento agraviado si el mismo quiere ser modificado. Implica la consagración de un derecho fundamental. Los configura como instituciones públicas del Estado.

La delegación legislativa que realice la Junta General del Principado de Asturias será siempre en favor de: Su Consejo de Gobierno. Su Presidente. Cualquier autoridad de la Comunidad Autónoma. Cualquiera de los miembros que la componen.

El Defensor del Pueblo es una institución cuya función principal es ser el: Alto representante de las Cortes Generales. Alto signatario de las Cortes Generales. Alto comisionado de las Cortes Generales. Alto supervisor de las Cortes Generales.

¿Cuál de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Española y que a continuación se relacionan se tutelará ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad?. El derecho a sindicarse libremente. El derecho a trabajar. La libre de elección de profesión. El derecho a la negociación colectiva laboral.

Según el Estatuto de Autonomía de Asturias, gozan de la condición política de asturianos: Cualquiera que tenga vecindad en alguno de los Concejos de Asturias. Los nacidos en Asturias, cualquiera que sea el lugar donde residan. Los ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en el territorio de la Comunidad. Quienes hayan nacido en Asturias y acrediten esta condición en cualquier Administración Pública de España.

La Constitución Española contempla expresamente la no discriminación por razón de sexo en su regulación del derecho o derechos a: La igualdad y la libertad. La igualdad y al trabajo. La igualdad, únicamente. La igualdad, libertad e intimidad.

En relación con la vivienda, la CE consagra el derecho: A acceder a la propiedad de una vivienda. De acceso a la propiedad de una vivienda digna y adecuada. De usufructuar una vivienda. Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

¿Cuál de los siguientes no se considera domicilio a efectos de la inviolabilidad de domicilio recogida en la Constitución Española?. Habitación de hotel. Segunda residencia. Caravana. Tu oficina.

Todos tienen derecho a sindicarse libremente. En relación con los Cuerpos sometidos a disciplina militar, conforme a la Constitución Española: La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho. La ley podrá limitar el ejercicio de este derecho. La ley podrá exceptuar el ejercicio de este derecho. La ley regulará las peculiaridades de su ejercicio.

En relación con los partidos políticos: Dada su importancia, la Constitución detalla concretamente la regulación sobre la esencia de los mismos. La Constitución solamente concreta su regulación de forma indirecta. La Constitución establece que se desarrollarán directamente a través de Reglamento. Se requiere de desarrollo de la regulación establecida en la Constitución Española, a través de ley.

De acuerdo con la Constitución Española, se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá: Las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios básicos de la comunidad. Las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios básicos de la comunidad.

Para el desarrollo de la regulación relativa a la privación de libertad: Se requiere de ley. Se requiere de reglamento. Se requiere de orden. Se puede proceder a través de cualquier tipo de normativa.

El derecho a la protección de la salud: Es un principio rector de la política social y económica. Es un derecho fundamental. Es un derecho-deber de los ciudadanos. No está reconocido constitucionalmente.

¿Cuál de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Española y que a continuación se cita vinculan a todos los poderes públicos?. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. La protección de la salud. El derecho a la educación. El acceso a la cultura.

Señala la opción correcta en relación con la lengua oficial del Estado español: No hay una lengua oficial como tal, sino que se usan todas las socialmente reconocidas. Es el castellano y solamente el castellano, aunque se permita el uso de otras en determinados ámbitos. Es el castellano y solamente el castellano, sin permitirse el uso de ninguna otra lengua delante de los poderes públicos. Es el castellano, pero las demás lenguas españolas son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

La moción de censura contra el Presidente del Principado de Asturias: No podrá presentarse hasta no transcurra un año desde que se denegó la última. Ha de ser propuesta por un 15% de los miembros de la Cámara y aprobada por mayoría absoluta. No puede plantearse mientras se encuentre en trámite una cuestión de confianza. Determina, de ser aprobada, el cese inmediato del Consejo de Gobierno.

La Constitución reconoce como símbolo explícitamente: El himno. La bandera. El escudo. La moneda.

¿Cuál de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Española y que a continuación se citan vincula a todos los poderes públicos?. El derecho de asociación. El derecho a la protección de la salud. El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. El derecho de los consumidores.

No ser mayor de edad implica: Que no puedes votar en las elecciones. Que no puedes contraer matrimonio. Que no puedes trabajar. Que no puedes celebrar ningún tipo de contrato.

Según el artículo 8 de la Constitución Española, las Fuerzas Armadas se constituyen: Por el Ejército de Tierra, y se complementan con el de Aire y Agua. Por el Ejército de Tierra y el de Aire. Por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Por la Armada y la Marina.

El concepto de familia en la CE: No incluye a los hijos extramatrimoniales. Es un concepto abierto. Solo reconoce a la matrimonial. Incluye expresamente a las parejas more uxorio.

Cuando se hace referencia a la defensa del orden constitucional por parte de les Fuerzas Armadas: Se está haciendo referencia a una defensa activa y proactiva diariamente. Se está haciendo referencia a una competencia arbitraria. Se está haciendo referencia a una competencia discrecional. Se está haciendo referencia a una competencia reglada y de carácter excepcional y sometida a las decisiones institucionales.

De acuerdo con la Constitución Española de 1978, las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar: Deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Se prohíben. Podrán ser disueltas en sus actividades en virtud de resolución gubernativa motivada. Podrán ser suspendidas en sus actividades en virtud de resolución gubernativa motivada.

La Constitución Española establece que: Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación ética y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y ética que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación confesional y aconfesional que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

En los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, conforme a la Constitución Española: Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia. Se podrá imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.

Los tribunales de Justicia han considerado la nulidad absoluta de las cláusulas bancarias denominadas “suelo” en base a la protección que la CE dispensa a/al: Ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. La función social de la propiedad. Principio de seguridad jurídica. Los legítimos intereses económicos de los consumidores.

Quién puede acceder legalmente a la historia clínica de un paciente fallecido: Cualquier familiar. El personal administrativo del hospital. Personas con interés legítimo. Nadie.

Qué institución vela por la correcta utilización de los recursos sanitarios en el SNS: Consejo de Estado. Defensor del Pueblo. Tribunal de Cuentas. Consejo Interterritorial del SNS.

Qué establece la Ley 41/2002 sobre la información clínica en menores: No tienen derecho a ser informados. Solo si tienen más de 18 años. Se informará al menor si es maduro intelectualmente. Solo se informa a los padres.

Qué finalidad tiene la historia clínica según la Ley 41/2002: Servir como base para estudios de mercado. Constituir un archivo médico-legal. Facilitar la asistencia sanitaria. Justificar los costes hospitalarios.

Integrarán el Sistema Nacional de Salud: Todas las distribuciones y organismos públicos al servicio de la salud. Todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud. Todas las organizaciones y órganos públicos al servicio de la salud. Todas las ordenaciones y servicios públicos al servicio de la salud.

Los Servicios de Salud que se creen en las Comunidades Autónomas se planificarán: Con criterios sanitarios, de acuerdo con la racionalización de los recursos de cada territorio. Con criterios de racionalización de los recursos, de acuerdo con las necesidades sanitarias de cada territorio. Con criterios de salud pública, de acuerdo con la racionalización de los recursos de cada territorio. Con criterios de simplificación de los recursos, de acuerdo con las necesidades sociosanitarias de cada territorio.

Qué principio rige la actuación sanitaria según la Ley 41/2002: Equidad asistencial. Autonomía del paciente. Centralización de decisiones. Eficiencia económica.

¿Quién elaborará un Plan de Salud que comprenderá todas las acciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus Servicios de Salud?. Cada Ayuntamiento. Cada Diputación Provincial. Cada Comunidad Autónoma. El Gobierno.

Qué elemento debe contener toda historia clínica conforme a la Ley 41/2002: Un resumen del historial laboral. Datos de filiación policial. La evolución clínica y planificación terapéutica. Certificados de vacunación internacional.

Qué establece la Ley General de Sanidad sobre la participación comunitaria: Es obligatoria en centros de atención primaria. No está contemplada. Debe fomentarse en todos los niveles del sistema. Solo aplica a hospitales universitarios.

En qué casos se puede prescindir del consentimiento informado: Nunca. Cuando hay riesgo para la salud pública. Cuando el paciente lo delegue en el profesional. Cuando el procedimiento es rutinario.

Cuál de los siguientes no es un derecho reconocido por la Ley 41/2002: Ser informado. Confidencialidad de los datos. Recibir copia de la historia clínica. Obligación de donar órganos.

Las Comunidades Autónomas deberán organizar sus Servicios de Salud: De acuerdo con los principios rectores de la política social y económica previstos en la Constitución Española de 1978. De acuerdo con los principios básicos de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. De acuerdo con los principios rectores de la política social y económica previstos en su estatuto de autonomía. De acuerdo con los principios básicos previstos en su ley de salud pública.

Qué ocurre si el paciente se niega a firmar el consentimiento informado: Se suspende automáticamente el tratamiento. Debe constar por escrito con testigos. Se comunica al juzgado de guardia. No puede constar en la historia clínica.

Quiénes pueden ser informados si el paciente lo permite expresamente?. La administración sanitaria. Sus representantes legales y personas autorizadas. Todos los profesionales sanitarios. Las aseguradoras privadas.

Qué nivel de asistencia establece la Ley General de Sanidad como base del SNS: Atención hospitalaria. Atención primaria. Atención especializada. Atención concertada.

Qué norma establece el derecho a la información asistencial del paciente: Ley General de Sanidad. Ley de Protección de Datos. Ley 41/2002. Estatuto Marco del Personal Sanitario.

Las Comunidades Autónomas ajustarán el ejercicio de sus competencias en materia sanitaria a: Criterios de participación democrática de todos los interesados, así como de los representantes sindicales y de las organizaciones empresariales. Criterios de participación democrática de todos los usuarios, así como de los representantes de los consumidores y de los usuarios. Los representantes sindicales y de las organizaciones empresariales de sus respectivos Servicios de Salud. Los órganos de gestión y control de sus respectivos Servicios de Salud.

En cada Comunidad Autónoma se constituirá un Servicio de Salud integrado por: Todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias, que estará gestionado bajo la responsabilidad de la respectiva Comunidad Autónoma. Todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias, que estará gestionado bajo la responsabilidad del Ministerio con competencias en materia de sanidad. Todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias, que estará gestionado bajo la responsabilidad Ministerio con competencias en materia de salud. Todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad, Diputaciones, Ayuntamientos y cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias, que estará gestionado bajo la responsabilidad de la Administración del Estado.

A la entrada en vigor de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, no obstante el carácter integrado del Servicio de Salud de cada Comunidad Autónoma, cada Administración Territorial podrá mantener la titularidad de los centros y establecimientos dependientes de la misma, con adscripción funcional: Al Ayuntamiento del correspondiente termino municipal. A la Diputación Provincial correspondiente a la provincia. Al Servicio de Salud de cada Comunidad Autónoma. Al Sistema Nacional de Salud.

Qué documento garantiza la voluntad del paciente en intervenciones médicas: Hoja de ingreso. Informe de alta. Consentimiento informado. Protocolo de tratamiento.

El Sistema Nacional de Salud es: El conjunto de las distribuciones de Salud de la Administración del Estado y de las distribuciones de Salud de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en la presente ley. El conjunto de las estructuras de Salud de la Administración del Estado y de las estructuras de Salud de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en la presente ley. El conjunto de las organizaciones de Salud de la Administración del Estado y de las organizaciones de Salud de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en la presente ley. El conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en la presente ley.

Qué finalidad tiene el consentimiento informado: Facilitar el archivo clínico. Cumplir protocolos administrativos. Asegurar la voluntad libre y consciente del paciente. Obligar al paciente a aceptar el tratamiento.

Qué órgano de coordinación sanitaria se contempla en la Ley General de Sanidad: Consejo General de Sanidad. Consejo Nacional de la Salud. Consejo Interterritorial del SNS. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

No es una característica fundamental del Sistema Nacional de Salud: La extensión de sus servicios a toda la población. La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la curación y rehabilitación. La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único. La financiación de las obligaciones derivadas de esta ley se realizará mediante recursos de las Administraciones Públicas, cotizaciones y contribuciones especiales por la prestación de determinados servicios.

Con el fin de articular la participación en el ámbito de las Comunidades Autónomas se creará: El Área de Salud de la Comunidad Autónoma. El Consejo de Salud de la Comunidad Autónoma. El órgano de gestión de sus respectivos Servicios de Salud. El órgano de control de sus respectivos Servicios de Salud.

Qué tipo de datos deben protegerse especialmente según la normativa sanitaria y de protección de datos: Datos personales de contacto. Datos económicos. Datos clínicos y de salud. Datos de filiación laboral.

Cuál de los siguientes datos puede omitirse del acceso del paciente a su historia clínica: Datos administrativos. Anotaciones subjetivas de los profesionales. Diagnóstico clínico. Plan terapéutico.

Las Comunidades Autónomas, en ejercicio de las competencias asumidas en sus Estatutos, dispondrán acerca de: Criterios de participación democrática de todos los interesados, así como de los representantes sindicales y de las organizaciones empresariales, sin perjuicio de lo que en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad se establece. Criterios de participación democrática de todos los usuarios, así como de los representantes de los consumidores y de los usuarios, sin perjuicio de lo que en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad se establece. Los representantes sindicales y de las organizaciones empresariales de sus respectivos Servicios de Salud, sin perjuicio de lo que en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad se establece. Los órganos de gestión y control de sus respectivos Servicios de Salud, sin perjuicio de lo que en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad se establece.

Qué componente no forma parte de la estructura funcional del SNS según la Ley General de Sanidad: Áreas de salud. Servicios de atención primaria. Consejos escolares de salud. Zonas básicas de salud.

Aquellas personas que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 16/2003, no tengan derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos: Deberán obtener dicha prestación mediante el pago de la correspondiente contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial. Podrán obtener dicha prestación mediante el pago de la correspondiente contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial. No podrán obtener dicha prestación, a excepción del pago o cuota derivada de acuerdos de cooperación. Ninguna es correcta.

Señalar la opción incorrecta. El objeto de la Ley 44/2003 es regular los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas en lo que se refiere a: La participación de los profesionales en la planificación y ordenación de las profesiones sanitarias. Su ejercicio por cuenta propia o ajena. La estructura general de la formación de los profesionales. El acceso de los profesionales a la sanidad pública.

Es un principio general del ejercicio de las profesiones sanitarias: La amplia autonomía técnica y científica. La participación pasiva. La conveniencia de la posesión de un título oficial. El libre ejercicio de la profesión.

Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria: Todas las personas con nacionalidad española. Toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. Las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio español. Son correctas a) y c).

¿Cuál de las siguientes no puede considerarse una profesión sanitaria, conforme a lo establecido en la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud dental?. Odontólogo. Higienista dental. Protésico dental. Todas lo son.

Uno de los principios generales regulados en el artículo 2 de la Ley 16/2003 es: La colaboración entre las Administraciones públicas sanitarias para la superación de las desigualdades en salud, en los términos previstos en esta ley y en la Ley General de Salud Pública. La coordinación y la cooperación de las Administraciones públicas sanitarias para la superación de las desigualdades en salud, en los términos previstos reglamentariamente. La coordinación y la cooperación de las Administraciones públicas sanitarias para la superación de las desigualdades en salud, en los términos previstos en esta ley y en la Ley General de Salud Pública. Ninguna es correcta.

Atendiendo al artículo 5 de la Ley 44/2003, no es uno de los principios generales referentes a la relación entre los profesionales sanitarios y de las personas atendidas por ellos: Los profesionales tienen el deber de hacer un uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos a su cargo. Los profesionales tienen el deber de respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las personas a su cuidado y deben respetar la participación de los mismos en las tomas de decisiones que les afecten. Los profesionales tienen derecho a la libre aceptación de los pacientes a los que les corresponde atender. Los profesionales y los responsables de los centros sanitarios facilitarán a sus pacientes el ejercicio del derecho a conocer el nombre, la titulación y la especialidad de los profesionales sanitarios que les atienden.

Para la efectividad de los derechos de los ciudadanos respecto a las prestaciones sanitarias, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, crea: Los foros profesionales. Los registros de profesionales. Las acreditaciones de centros, actividades y profesionales. El Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.

Los centros sanitarios revisarán que los profesionales sanitarios de su plantilla cumplen los requisitos necesarios para ejercer la profesión, como mínimo: Cada 2 años. Cada 3 años. Cada 4 años. Cada 5 años.

El artículo 2.º núm. 2-A) de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, define como profesiones sanitarias de nivel de Licenciado universitario las siguientes: Licenciados en Medicina, en Farmacia, en Odontología, y los licenciados especialistas en Ciencias de la Salud. Licenciados en Medicina, en Farmacia, en Odontología, en Veterinaria, y los licenciados especialistas en Ciencias de la Salud. Licenciados en Medicina, en Farmacia, en Veterinaria, y los licenciados especialistas en Ciencias de la Salud. Licenciados en Medicina, en Farmacia, en Odontología, Psicólogos Clínicos, y los licenciados especialistas en Ciencias de la Salud.

Las personas con derecho a la asistencia sanitaria en España tendrán acceso a la misma: En todo caso. Siempre que residan en territorio español o durante sus desplazamientos temporales a España, en la forma, extensión y condiciones establecidos en las disposiciones comunitarias o bilaterales indicadas en el artículo 3. En ningún caso. Salvo las excepciones establecidas reglamentariamente.

¿De cuántos Capítulos consta la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud?. Once. Diez. Nueve. Ocho.

Según indica el artículo 1 de la Ley 16/2003, ¿qué se debe garantizar al establecer el marco legal para las acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas sanitarias?. La equidad. La calidad. La participación social en el Sistema Nacional de Salud. Todas son correctas.

Las acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones Públicas sanitarias, no comprenderán: Las prestaciones sanitarias. La farmacia. Los profesionales. La salud privada.

Son profesiones sanitarias, tituladas y reguladas aquellas que: Exigen una formación propia de la atención de la salud impartidas por colegios profesionales propios de su ámbito de actuación. Así lo disponga una norma con rango de Ley Orgánica. Tras la formación especializada, y acreditativa de que se poseen conocimientos y habilidades en la atención de la salud, están organizadas en colegios profesionales oficialmente reconocidos. Se encuentran vinculadas a graduaciones universitarias reconocidas por los colegios profesionales respectivos.

¿Quién realiza las acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones Públicas sanitarias?. El Consejo Interterritorial. La Alta Inspección. Son correctas las opciones a y b. Ninguna es correcta.

Según la Ley 44/2003, la unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multiprofesional e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales para realizar efectiva y eficientemente los servicios que les son requeridos, es: La unidad de gestión clínica. El Colegio Profesional. El equipo de profesionales. La cartera de servicios.

¿En qué ámbito del ejercicio de la profesión sanitaria son aplicables las disposiciones de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias?. Solo en el sector público. Únicamente en el sector privado. Tanto en el sector público como en el privado. Solo en el sector público, extensible al sector privado si el profesional se somete voluntariamente.

Entre los principios generales establecidos en el artículo 2 de la Ley 16/2003, no se encuentra: La igualdad de oportunidades y la libre circulación de los profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. La colaboración entre los servicios sanitarios públicos y privados en la prestación de servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud. La colaboración de las oficinas de farmacia con el Sistema Nacional de Salud en el desempeño de la prestación farmacéutica. La financiación privada del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con el vigente sistema de financiación autonómica.

Las profesiones sanitarias tituladas son las previstas en el art. 2 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: Exclusivamente. Sí, pero también lo son las del área sanitaria de formación profesional. No, en ningún caso. Sí, aun cuando también pueden ser otras no previstas en él si así lo dispone una ley.

Las disposiciones de la Ley 44/2003 son aplicables: Solo a los profesionales que ejercen en los servicios sanitarios públicos. Tanto si la profesión se ejerce en los servicios sanitarios públicos como en el ámbito de la sanidad privada. Solo a los profesionales que ejerzan en el ámbito de la sanidad privada. A los profesionales que ejercen en los servicios sanitarios públicos y a los que ejerzan en el ámbito de la sanidad privada por cuenta ajena; pero no a los que ejerzan en la sanidad privada por cuenta propia.

¿Qué título de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, regula el ejercicio profesional en el ámbito privado?. El título II. El título III. El título IV. El título V.

¿Qué título de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, regula el desarrollo profesional y su reconocimiento?. El título II. El título III. El título IV. El título V.

En cuanto a la ordenación de las profesiones sanitarias, la Ley 44/2003 regula en relación con la formación de los profesionales: La planificación y ordenación. Su estructura general. Los medios y actuaciones. El sistema de acreditación.

La cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se aprobó por ley, en el año: 2002. 2003. 2004. 2005.

La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias incide en la participación de los profesionales en: El desarrollo profesional. Las políticas del Sistema Nacional de Salud. Las aspiraciones de cualificación profesional. La planificación y ordenación de las profesiones sanitarias.

La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias no regula en relación con las profesiones sanitarias tituladas: Los registros de profesionales que permiten hacer efectivo los derechos de los ciudadanos respecto a las prestaciones sanitarias y la adecuada planificación de los recursos humanos del sistema de salud. La participación de los profesionales en la planificación y ordenación de las profesiones sanitarias. La estructura general de la formación de los profesionales. La colaboración activa del personal sanitario en la reducción de las desigualdades en salud.

Conforme a la Ley 44/2003, las profesiones sanitarias tituladas se dividen en: Pregraduadas y posgraduadas. Licenciados y diplomados. Licenciados, diplomados y técnicos especialistas en Ciencias de la Salud. Titulados universitarios y técnicos de formación profesional.

Las profesiones para las que habilitan los títulos oficiales de especialista en Ciencias de la Salud a que se refiere el Título II de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, se consideran: Profesiones sanitarias tituladas, pudiendo ser de cualquier nivel según el título. Profesiones del área sanitaria de formación profesional. Profesiones sanitarias tituladas de nivel licenciado. Profesiones sanitarias tituladas de nivel diplomado.

El artículo 36 de la Constitución manifiesta respecto de las profesiones tituladas que: La ley garantizará los requisitos de acceso. Los poderes públicos garantizarán la formación de los profesionales sanitarios. Se debe garantizar el acceso de todos a las titulaciones profesionales en el ámbito de la salud. La ley regulará su ejercicio.

Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación colectiva: Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño. Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas. Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.

El empleo en el sector público se caracteriza por estar configurado por un modelo: Unitario de personal funcionario. Unitario de personal estatutario. Dual de regímenes jurídicos, personal funcionario y personal laboral. De tres regímenes jurídicos, personal funcionario, personal laboral y personal de designación.

Según el EBEP, el reglamento de una Junta de Personal y sus modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de, al menos: La mayoría simple de sus miembros. La mayoría absoluta de sus miembros. Tres quintos de sus miembros. Dos tercios de sus miembros.

Basándonos en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no es una clase de empleado público: Funcionario de carrera. Personal laboral. Funcionario interino. Funcionario eventual.

¿Es aplicable a los funcionarios interinos el régimen general de los funcionarios de carrera?. Sí, en todo caso; independientemente de que el nombramiento tenga o no carácter extraordinario y urgente. No, en ningún caso. Tienen su propio régimen general. Sí, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera. No, se rigen por un convenio colectivo de carácter estatal.

Se consideran empleados públicos, a efectos del Estatuto Básico del Empleado Público: Los que desempeñan funciones retribuidas o no para la Administración Pública. Los que desempeñan funciones retribuidas o no para la Administración Pública al servicio de sus intereses propios. Los que desempeñan funciones retribuidas o no para la Administración Pública al servicio de los intereses generales. Los que desempeñan funciones retribuidas para la Administración Pública al servicio de los intereses generales.

Indica la respuesta incorrecta: Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipio. Se reconoce la legitimación negocial de las Entidades Locales de ámbito supramunicipal. Los municipios podrán adherirse con carácter previo a la negociación colectiva que se lleve a cabo en el ámbito correspondiente. Los municipios no podrán adherirse de manera sucesiva a la negociación colectiva que se lleve a cabo en el ámbito correspondiente.

Para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación, el EBEP tendrá carácter: Consultivo. Voluntario. Supletorio. Interpretativo.

De qué forma se aprobó la vigente Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Por una Ley Orgánica. Mediante un Texto Refundido. Mediante una Ley de Bases. Por un Real Decreto-Ley.

Quienes están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente, se denominan: Profesionales de la Administración Pública. Empleados de la Administración Pública. Funcionarios de carrera. Funcionarios interinos.

Dispone el Estatuto Básico del Empleado Público que en el caso de existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera: Las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada Administración Pública. Las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos no tienen por qué incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento. Las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deben incluirse en todo caso en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento. Las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos siempre deben amortizarse con la mayor celeridad posible.

El ejercicio de las funciones que impliquen la participación indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales de las Administraciones Públicas corresponde: Al personal funcionario exclusivamente. A los funcionarios públicos y al personal laboral. Al personal laboral, exclusivamente, y solo si es fijo. Al personal eventual, en todo caso.

El cese de funcionarios interinos se podrá producir: Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. Únicamente por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. La sanción disciplinaria de separación del servicio, tanto si tiene carácter provisional como si tiene carácter firme. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público, que tuviere carácter provisional o firme.

Completar la siguiente frase: “Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y …………… para la determinación de sus condiciones de trabajo”: Evaluación del desempeño. Huelga. Participación institucional. Convenio.

Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de: 15 funcionarios. 25 funcionarios. 30 funcionarios. 50 funcionarios.

En relación con las Mesas Sectoriales de Negociación: No están permitidas a nivel estatal, solamente a nivel autonómico. Son independientes de las Mesas Generales de Negociación. Se pueden constituir en atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos y a su número. Son competencias propias de las mismas las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito.

Los funcionarios interinos serán nombrados por razones expresamente justificadas de necesidad y: Economía. Eficacia. Urgencia. Calidad.

Según el artículo 53 del EBEP, es un principio del código ético de los empleados públicos: El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. Honradez. Respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Ajustar su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

El artículo 1.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015: Hace referencia explícita a la igualdad de trato entre mujeres y hombres. No hace referencia explícita a la igualdad de trato entre mujeres y hombres, pero sí que se deduce de la redacción del mismo. No hace ningún tipo de referencia a la igualdad de trato entre mujeres y hombres. No hace ningún tipo de referencia a la igualdad.

La designación del personal directivo de las Administraciones Públicas se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen: La publicidad y concurrencia. La idoneidad. El mérito y la capacidad. El control de resultados.

En relación al personal directivo, el EBEP establece que: Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad. Su designación atenderá a criterios de eficacia y eficiencia. La determinación de sus condiciones de empleo serán objeto de negociación colectiva. Cuando el personal directivo reúna la condición de funcionario estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

Están legitimados para convocar una reunión los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al siguiente porcentaje del colectivo convocado: 25 %. 30 %. 40 %. 50 %.

Según el art. 4 del TREBEP ¿Qué personal no tiene legislación específica propia?. Las Cortes Generales. El personal del Centro Nacional de Inteligencia. Las Universidades públicas. Personal militar de las Fuerzas Armadas.

Según el artículo 11 del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal laboral, en función de la duración del contrato, podrá ser (señalar la opción incorrecta): Temporal. Por tiempo indefinido. Fijo. Eventual.

Los Empleados Públicos: Podrán voluntariamente acatar la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. Podrán abstenerse en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses del Gobierno. Guardarán secreto de las materias clasificadas.

El artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público contiene normativa relativa: Al funcionario interino. Al funcionario de carrera. Al Personal laboral al servicio de la Administración Pública. Al Personal eventual.

En relación con los convenios colectivos, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, dispone que: Se garantiza su cumplimiento siempre y en todo caso. Se garantiza su cumplimiento tanto si afectan al personal laboral, como al personal funcionario y el eventual. Se garantiza su cumplimiento salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya firmados. No son de aplicación al personal laboral si está al servicio de la Administración Pública.

El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales de las Administraciones Públicas corresponde: A los funcionarios públicos y al personal laboral. Al personal laboral, exclusivamente, y solo si es fijo. Al personal funcionario exclusivamente. Al personal eventual, en todo caso.

El procedimiento del régimen disciplinario del personal estatutario responderá, entre otros, al principio de: Tipicidad. Proporcionalidad. Eficacia. Economía procesal.