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SJC

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Fecha de Creación: 2024/06/25

Categoría: Oposiciones

Número Preguntas: 226

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1. La Comisión Paritaria de Vigilancia, Interpretación y Desarrollo del Acuerdo de las condiciones comunes de las/los empleadas/os del Ayuntamiento de Fuenlabrada: a) Estará compuesta por cinco representantes de los trabajadores y las trabajadoras, designados por las centrales sindicales firmantes en proporción a su representatividad, y cinco representantes del Ayuntamiento designados por la alcaldía presidencia. b) Estará compuesta por tres representantes de los trabajadores y las trabajadoras, designados por las centrales sindicales firmantes en proporción a su representatividad, y tres representantes del Ayuntamiento designados por la alcaldía presidencia. c) Estará compuesta por cinco representantes de los trabajadores y las trabajadoras, designados por las centrales sindicales firmantes en proporción a su representatividad, y tres representantes del Ayuntamiento designados por la alcaldía presidencia.

2. Según se recoge en el artículo 9, apartado 3 del acuerdo colectivo de condiciones comunes de las empleadas/os públicas/os del ayuntamiento de Fuenlabrada y sus organismos autónomos, el plan de igualdad abordará medidas concretas en, al menos, las siguientes áreas: a Acceso al empleo, clasificación, promoción y formación, conciliación, salud laboral y comunicación y lenguaje no sexista. b Comunicación y lenguaje no sexista. c Acceso al empleo, clasificación, promoción y formación.

3. La estructura retributiva del personal funcionario contemplada en el artículo 57 del acuerdo colectivo de condiciones comunes de las empleadas/os públicas/os del ayuntamiento de Fuenlabrada y sus organismos autónomos, se compone de: a) Retribuciones básicas y retribuciones complementarias. b) Retribuciones básicas exclusivamente. c) Retribuciones básicas junto a complemento de antigüedad.

4. Según el Acuerdo Colectivo de Condiciones Comunes de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OO.AA., ordinariamente la jornada anual se realizará: a) En jornadas diarias de siete horas diarias de lunes a viernes, con excepción de los días declarados festivos. b) En jornadas diarias de 7 horas y media diarias de lunes a domingo. c) En jornadas diarias de 6 horas y media de lunes a viernes.

5. Según el Acuerdo Colectivo de Condiciones Comunes de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OO.AA., los empleados púbicos tendrán derecho a disfrutar: a) Cómo mínimo, durante cada año natural, de vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles. b) Los empleados con una antigüedad inferior a un año, o aquellos cuya jornada anual de trabajo sea inferior a la jornada anual efectiva, disfrutaran la parte proporcional de vacaciones, correspondiente al tiempo trabajado. c) Ambas son correctas.

6. Según el Acuerdo Colectivo de Condiciones Comunes de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OO.AA., el empleado tendrá derecho a un descanso semanal mínimo de: a) 48 horas ininterrumpidas sin excepción. b) 48 horas ininterrumpidas salvo aquellos Departamentos o servicios en que, en atención a su jornada especial o a los servicios que haya de prestar, se tenga acordado un descanso distinto. c) 24 horas que se pueden acumular para librar varios días seguidos.

7. Según el Acuerdo Colectivo de Condiciones Comunes de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OO.AA , la estructura retributiva de los funcionarios estará compuesta por los siguientes conceptos: a) Retribuciones básicas y retribuciones complementarias. b) Complemento de destino y complemento específico. c) Salario base y pagas extras.

8. Según se recoge en el artículo 9, apartado 3 del acuerdo colectivo de condiciones comunes de las empleadas/os públicas/os del ayuntamiento de Fuenlabrada y sus organismos autónomos, el plan de igualdad abordará medidas concretas en, al menos, las siguientes áreas: a) Acceso al empleo, clasificación, promoción y formación. b) Comunicación y lenguaje no sexista. c) Acceso al empleo, clasificación, promoción y formación, conciliación, salud laboral y comunicación y lenguaje no sexista.

9. La estructura retributiva del personal funcionario contemplada en el artículo 57 del acuerdo colectivo de condiciones comunes de las empleadas/os públicas/os del ayuntamiento de Fuenlabrada y sus organismos autónomos, se compone de: a) Retribuciones básicas y retribuciones complementarias. b) Retribuciones básicas exclusivamente. c) Retribuciones básicas junto a complemento de antigüedad.

10. Según el Acuerdo Colectivo de Condiciones Comunes de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OO.AA., el empleado tendrá derecho a un descanso semanal mínimo de: a) 48 horas ininterrumpidas sin excepción. b) 48 horas ininterrumpidas salvo aquellos Departamentos o servicios en que, en atención a su jornada especial o a los servicios que haya de prestar, se tenga acordado un descanso distinto. c) 24 horas que se pueden acumular para librar varios días seguidos.

11. Según el Acuerdo Colectivo de Condiciones Comunes de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OO.AA , la estructura retributiva de los funcionarios estará compuesta por los siguientes conceptos: a) Retribuciones básicas y retribuciones complementarias. b) Complemento de destino y complemento específico. c) Salario base y pagas extras.

12. Los trabajadores tienen como deberes laborales básicos: a) Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia. b) Observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten. c) Ambas son correctas.

13. Según el Acuerdo Colectivo de Condiciones Comunes de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OO.AA., ordinariamente la jornada anual se realizará: a) En jornadas diarias de siete horas diarias de lunes a viernes, con excepción de los días declarados festivos. b) En jornadas diarias de 7 horas y media diarias de lunes a domingo. c) En jornadas diarias de 6 horas y media de lunes a viernes.

14. Según el Acuerdo Colectivo de Condiciones Comunes de los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OO.AA., los empleados púbicos tendrán derecho a disfrutar: a) Cómo mínimo, durante cada año natural, de vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles. b) Los empleados con una antigüedad inferior a un año, o aquellos cuya jornada anual de trabajo sea inferior a la jornada anual efectiva, disfrutaran la parte proporcional de vacaciones, correspondiente al tiempo trabajado. c) Ambas son correctas.

15. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del Acuerdo de condiciones comunes de las/los empleados/os públicas/os del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OOAA, con carácter general los cuadrantes de vacaciones se confeccionarán antes del: a) 30 de abril. b) 31 de mayo. c) 30 de junio.

16. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 del Acuerdo de condiciones comunes de las/los empleadas/os públicas/os del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OOAA. ¿cuántos días de asuntos particulares o asimilados, podrán disfrutarse en el período comprendido entre el 22 de diciembre y el 07 de enero del año siguiente?. a) Tres. b) Cuatro. c) Cinco.

17. Conforme a lo dispuesto en el artículo 115.2 del Acuerdo de condiciones comunes de las/los empleadas/os públicas/os del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OOAA, ¿quién presidirá la Comisión de Ética y Deontología de Empleados y Empleadas Públicos/as?. a) Sr. Alcalde Presidente, en todo caso. b) Sr. Alcalde-Presidente, o persona en quien delegue. c) Sr. Alcalde-Presidente o Primer Teniente de Alcalde.

18. Conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 4ª del Acuerdo de condiciones comunes de las/los empleadas/os públicas/os del Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus OOAA, cuando como consecuencia de accidente de trabajo, se produzcan roturas de gafas, audífonos o similares, el Ayuntamiento de Fuenlabrada resarcirá económicamente al funcionario/a, de los gastos ocasionados, siempre y cuando: a) Exista parte médico de dicho accidente. b) La solicitud se efectúe en el mismo mes del accidente. c) Ambas son correctas.

1. No forman parte de los fundamentos del orden político y de la paz social, recogidos en el artículo 10 de la Constitución Española: a) El libre desarrollo de la personalidad. b) El respeto a la ley y a los derechos de los demás. c) La seguridad jurídica.

2. ¿Cuáles de los siguientes son fundamentos del orden político y de la paz social, según el artículo 10 de la Constitución Española?. a) La dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes. b) El libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás. c) Todas son correctas.

16. Según lo establecido en artículo 22.5 de la Constitución Española: a) Se prohíben las asociaciones secretas. b) Se prohíben las asociaciones de carácter paramilitar. c) Ambas respuestas son correctas.

17. Según el artículo 11.2 de la Constitución Española: a) Ningún español podrá ser privado de su nacionalidad. b) Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. c) Ninguna respuesta es correcta.

18. Conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Española, la potestad originaria para establecer los tributos corresponde: a) Exclusivamente al Estado y las Comunidades Autónomas, mediante Ley. b) Exclusivamente al Estado, mediante Ley. c) Exclusivamente al Estado y los territorios forales, mediante Ley.

19. En relación con los derechos fundamentales, ¿qué artículo de la Constitución Española establece el derecho a la libertad de expresión?. a) Artículo 18. b) Artículo 20. c) Artículo 25.

20. ¿Qué establece el Título VIII de la Constitución Española sobre la organización territorial del Estado en relación con las Comunidades Autónomas?. a) La igualdad de todas las Comunidades Autónomas. b) La descentralización del Estado. c) La supremacía del Estado sobre las Comunidades Autónomas.

21. ¿Qué se requiere para llevar a cabo una modificación de la Constitución Española en cuanto a su texto?. a) Una mayoría simple en el Congreso de los Diputados. b) Una mayoría de dos tercios en el Congreso y el Senado. c) Una consulta popular y mayoría simple en el Congreso de los Diputados.

22.Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de: a) Raza. b) Religión. c) Todas son correctas.

23.La Constitución Española establece que: a) Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. b) Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia, pero no a circular por el territorio nacional. c) Ninguna es correcta.

24.La responsabilidad criminal del Presidente de Gobierno y demás miembros del Gobierno será exigible ante: a) El Tribunal Supremo. b) La Audiencia Nacional. c) El Tribunal Constitucional.

25.El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a: a) Materia autonómica no asumida. b) Materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. c) No se pueden transferir materias a las Comunidades Autónomas.

26. El artículo 14 de la Constitución establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de: a) Nacimiento, raza, sexo y religión. b) Opinión. c) Ambas respuestas son correctas.

27. En el artículo 21 de la Constitución Española: a) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. b) No se reconoce el derecho de reunión. c) Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, siempre que se tenga autorización previa.

28. La libertad sindical comprende: a) El derecho a fundar sindicatos, exclusivamente. b) El derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección. c) Ninguna es correcta.

22. Según establece el artículo 97 de la Constitución Española, el Gobierno: a. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. b. Ejerce la función legislativa. c. Ninguna es correcta.

29. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: a. Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio. b. Defensa y Fuerzas Armadas. c. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

30. En relación con los derechos fundamentales, ¿qué artículo de la Constitución Española establece el derecho a la libertad de expresión?. a. Artículo 18. b. Artículo 20. c. Artículo 25.

31. ¿Qué establece el Título VIII de la Constitución Española sobre la organización territorial del Estado en relación con las Comunidades Autónomas?. a. La igualdad de todas las Comunidades Autónomas. b. La descentralización del Estado. c. La supremacía del Estado sobre las Comunidades Autónomas.

32. : ¿Qué se requiere para llevar a cabo una modificación de la Constitución Española en cuanto a su texto?. a. Una mayoría simple en el Congreso de los Diputados. b. Una mayoría de dos tercios en el Congreso y el Senado. c. Una consulta popular y mayoría simple en el Congreso de los Diputados.

33. En el artículo 21 de la Constitución Española: a. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. b. No se reconoce el derecho de reunión. c. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, siempre que se tenga autorización previa.

34. La libertad sindical comprende: a. El derecho a fundar sindicatos, exclusivamente. b. El derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección. c. Ninguna es correcta.

35. Según establece el artículo 97 de la Constitución Española, el Gobierno: a. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. b. Ejerce la función legislativa. c. Ninguna es correcta.

36. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: a. Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio. b. Defensa y Fuerzas Armadas. c. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

37. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de: a. Raza. b. Religión. c. Todas son correctas.

38. La Constitución Española establece que: a. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. b. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia, pero no a circular por el territorio nacional. c. Ninguna es correcta.

39. La responsabilidad criminal del Presidente de Gobierno y demás miembros del Gobierno será exigible ante: a. El Tribunal Supremo. b. La Audiencia Nacional. c. El Tribunal Constitucional.

40. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a: a. Materia autonómica no asumida. b. Materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. c. No se pueden transferir materias a las Comunidades Autónomas.

41. El artículo 14 de la Constitución establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de: a. Nacimiento, raza, sexo y religión. b. Opinión. c. Ambas respuestas son correctas.

42. Según el artículo 14 de la Constitución Española (marcar la respuesta más correcta): a) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión. b) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, pensamiento o cualquier otra condición personal o social. c) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

43. La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente. a) Estado. b) Estado y Comunidades Autónomas. c) Estado, Comunidades Autónomas y Municipios.

44. Conforme el artículo 138.2 de la Constitución Española, Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso: a) Privilegios Económicos. b) Privilegios Sociales. c) Ambas respuestas son correctas.

1. Según el Real Decreto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto de los trabajadores: a) Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. b) Las horas extraordinarias siempre se compensarán por tiempos equivalentes de descanso retribuido. c) Se pactará con el encargado el precio al que se abonarán las horas extraordinarias cada mes que se realicen.

2. De los siguientes derechos de los empleados públicos cuál no es un derecho individual que se ejerce de forma colectiva. a) A la libertad sindical. b) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. c) A la libre asociación profesional.

3. Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias: (artículo 41 ET). a) Jornada de trabajo. b) Horario y distribución del tiempo de trabajo. c) Ambas son correctas.

4. Según el artículo 15 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado Público, los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: a) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias. b) A la libertad sindical. c) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables.

5. En el artículo 54 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado Público, se establece que los empleados públicos tratarán con atención y respeto: a) A los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. b) No se recoge en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado Público. c) Sólo a los ciudadanos.

12. Dentro de las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, a las que se refiere el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del EBEP, no se encuentra: a) Suspensión de funciones. b) Servicios especiales. c) Expectativa de destino.

13. Entre las modalidades de excedencia, a las que se refiere el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del EBEP, no se encuentra: a) Excedencia por razón de violencia de género. b) Excedencia por razón de violencia terrorista. c) Excedencia por servicios en otras administraciones públicas.

14. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad: a) Se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. b) Se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Juzgado de Primera instancia e instrucción, correspondiente. c) Finalizará su tramitación y posteriormente se pondrá en conocimiento del Juzgado de Primera instancia e instrucción, correspondiente.

15. Las infracciones muy graves prescribirán: a) A los dos años. b) A los tres años. c) A los seis años.

1. Según el artículo 143 de la Ley 40/2015, la formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las partes, formulada en: a. Acuerdos de órganos de cooperación o en convenios. b. Únicamente en Acuerdos de órganos de cooperación. c. Únicamente en Convenios.

2. En lo no previsto en el Título III de la Ley 40/2015, las relaciones entre la Administración General del Estado o las Administraciones de las Comunidades Autónomas con las Entidades que integran la Administración Local se regirán por: a. La legislación básica en materia de régimen local. b. La legislación estatal en materia de relaciones interadministrativas. c. La legislación de la Comunidad Autónoma en materia de relaciones interadministrativas.

3. Las normas previstas en el Título X de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, son de aplicación a: a. A los municipios cuya población supere los 175.00 habitantes. b. A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. c. Ambas respuestas son correctas.

4. Corresponderá al secretario general del Pleno, que lo será también de las comisiones, las siguientes funciones: a. La comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios. b. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. c. La determinación de los recursos propios de carácter tributario.

5. Conforme al artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el alcalde tendrá el tratamiento de: a. Ilustrísima. b. Excelencia. c. Señoría.

6. Las normas previstas en el Título X de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, son de aplicación a: a. A los municipios cuya población supere los 175.00 habitantes. b. A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. c. Ambas respuestas son correctas.

7. Será también de las comisiones, las siguientes Corresponderá al secretario general del Pleno, que lo funciones: a. La comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios. b. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. c. La determinación de los recursos propios de carácter tributario.

8. Conforme al artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el alcalde tendrá el tratamiento de: a. Ilustrísima. b. Excelencia. c. Señoría.

1.- Indica la respuesta incorrecta. En las entidades locales, según la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, la Mesa de contratación: a) Tendrá un número de vocales no inferior a tres. b) Estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma. c) Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. d) Todas son correctas.

2.- Se consideran contratos menores de obras los de valor estimado inferior a: a) 40.000 €. b) 50.000 €. c) 15.000€.

3.- Los contratos menores del art. 118.1 no podrán tener una duración superior a: a) Dos años sin prórroga. b) Un año y cabe prórroga. c) Un año sin prórroga.

4.- En los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos de las Corporaciones Locales se determinará, salvo las excepciones previstas legalmente, la garantía definitiva: a) Por un importe de un 5% del precio final ofertado, excluido el IVA. b) Por un importe del 3% del precio final ofertado, excluido el IVA. c) Por un importe de un 5% del precio final ofertado, incluido el IVA.

5.- A tenor de la vigente Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, si un contrato de concesión de obras o de servicios sobrepasa el plazo de cinco años, no podrá exceder de: a) Cincuenta años para los contratos de concesión de obras. b) Cuarenta años para los contratos de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y explotación de servicio. c) Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios.

6.- Están legitimado para interponer recurso especial en materia de contratación: a) El recurso especial en materia de contratación está reservado para las Administraciones Públicas en el ejercicio de su facultad de control. b) Cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso. c) Cualquier persona física o jurídica, aunque no haya participado en el procedimiento.

7.- La ejecución del contrato de obras comenzará: a) En el plazo de un mes desde el replanteo del proyecto. b) A partir de la adjudicación del contrato. c) Con el acta de comprobación de replanteo.

8.- Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se consideran, entre otros, contratos de suministro: a) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. b) Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o servicio, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el suministro de forma sucesiva y por precio unitario. c) Todas las respuestas son correctas.

9.- Según el artículo 306 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son causas de resolución del contrato de suministro: a) El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en el pliego se señale otro menor. b) El desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la suspensión del suministro por un plazo superior a ocho meses acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor. c) Todas las respuestas son correctas.

10. A tenor de la vigente Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, si un contrato de concesión de obras o de servicios sobrepasa el plazo de cinco años, no podrá exceder de: a) Cincuenta años para los contratos de concesión de obras. b) Cuarenta años para los contratos de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y explotación de servicio. c) Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios.

11. Están legitimado para interponer recurso especial en materia de contratación: a) El recurso especial en materia de contratación está reservado para las Administraciones Públicas en el ejercicio de su facultad de control. b) Cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso. c) Cualquier persona física o jurídica, aunque no haya participado en el procedimiento.

12. La ejecución del contrato de obras comenzará: a) En el plazo de un mes desde el replanteo del proyecto. b) A partir de la adjudicación del contrato. c) Con el acta de comprobación de replanteo.

13.- Indica la respuesta incorrecta. En las entidades locales, según la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, la Mesa de contratación: a) Tendrá un número de vocales no inferior a tres. b) Estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma. c) Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.

14.- Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: a. Exclusivamente la ejecución de una obra, conjuntamente con la redacción del proyecto. b. La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. c. Todos los que no tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.

15.- En el caso de que un elemento del contrato mixto sea una obra y ésta supere los 50.000 euros, deberá elaborarse: a. Un proyecto y tramitarse de conformidad con los artículos 231 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. b. Un proyecto y tramitarse de conformidad con los artículos 231 y siguientes de la Ley 9/2016, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. c. Un proyecto y tramitarse de conformidad con los artículos 231 y siguientes de la Ley 8/2016, de 7 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

16.- En el contrato de servicios, el derecho de explotación de los servicios: a) No implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional. b) Implicará al concesionario el riesgo operacional en los mismos términos que en el derecho de explotación de obras. c) Implicará que el riesgo operacional sea a cuenta, exclusivamente, de la Administración contratante.

El Patronato Municipal de Cultura (en adelante, PMC) del Ayuntamiento de Fuenlabrada tiene previsto organizar un concierto de la cantante ganadora de la última edición del festival de la canción europea, Eurovisión, siendo la cantante representada en exclusividad por la mercantil “123”, S.L. Para ello, el PMC adjudicará el respectivo contrato Expediente nº 2023/2023B. 1. En cuanto al PMC, elija la opción correcta: a) A los efectos de la LCSP/2017, el PMC del Ayuntamiento de Fuenlabrada forma parte del sector público y tiene consideración de administración pública. b) A los efectos de la LCSP/2017, el PMC del Ayuntamiento de Fuenlabrada no forma parte del sector público, ni es administración pública. c) A los efectos de la LCSP/2017, el PMC del Ayuntamiento de Fuenlabrada forma parte del sector público pero no tiene consideración de administración pública.

2. El Órgano de Contratación del PMC del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que adjudicará el contrato Expediente nº 2023/2023B, es: a) La Dirección-Presidencia del PMC. b) La Dirección-Gerencia del PMC. c) La Presidencia del PMC.

3. 14.- El Órgano de Contratación del PMC del Ayuntamiento de Fuenlabrada adjudicará el contrato Expediente 2023/2023B para la actuación de la ganadora de Eurovisión por el procedimiento: a) Reservado, de conformidad con el artículo 168 a) 1º de la LCSP/2017. b) Negociado sin publicidad, en virtud del artículo 168 a) 1º de la LCSP/2017. c) Negociado sin publicidad, en virtud del artículo 168 a) 2º de la LCSP/2017.

4. El Ayuntamiento de Fuenlabrada precisa un servicio de limpieza de sus dependencias e instalaciones. Para que el Órgano de Contratación del Ayuntamiento de Fuenlabrada encomiende dicha limpieza al Instituto Municipal de Limpieza y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada (en adelante IMLS), será necesario: a) Que el Ayuntamiento de Fuenlabrada formalice encargo a medio propio personificado, que no tendrá la consideración de contrato y se realizará a cambio de una compensación tarifaria, siempre y cuando el Ayuntamiento sea medio propio personificado del IMLS, cumpliéndose, entre otras, las siguientes condiciones: que más del 70 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que la condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo sea reconocida expresamente en sus estatutos. b) Que el Ayuntamiento de Fuenlabrada formalice encargo a medio propio personificado, que tendrá la consideración de contrato y se realizará a cambio de una compensación tarifaria, siempre y cuando el IMLS sea medio propio personificado del Ayuntamiento, cumpliéndose, entre otras, las siguientes condiciones: que más del 90 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que la condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo sea reconocida expresamente en sus estatutos. c) Que el Ayuntamiento de Fuenlabrada formalice encargo a medio propio personificado, que no tendrá la consideración de contrato y se realizará a cambio de una compensación tarifaria, siempre y cuando el IMLS sea medio propio personificado del Ayuntamiento, cumpliéndose, entre otras, las siguientes condiciones: que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que la condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo sea reconocida expresamente en sus estatutos.

5. Animajoven, S.A., empresa participada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, con capital cien por cien municipal, adjudica un contrato de servicios. a) Los efectos y extinción del contrato mencionado se regirán por normas de derecho privado. No obstante lo anterior, le serán aplicable lo dispuesto en algunos artículos de la LCSP/2017: entre otros, el artículo 202; y los artículos 214 a 217. b) Los efectos y extinción del contrato mencionado se regirán por normas de derecho público. No obstante lo anterior, le será aplicable lo dispuesto en algunos artículos de la LCSP/2017: entre otros, el artículo 200; y los artículos 214 a 217. c) Son correctas a) y b).

6. El Ayuntamiento de Fuenlabrada licita, por el procedimiento abierto simplificado, un contrato administrativo de suministro de repuestos para los vehículos municipales (Expediente nº 2023/2023C), al que le será de aplicación la Disposición adicional trigésima tercera de la LCSP/2017, lo que significa que: a) No es obligatoria la intervención de la Mesa de Contratación. b) El empresario se obligará a entregar una pluralidad de bienes por precio unitario, sin que el número total de entregas incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar éste, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración. c) Ninguna es correcta.

7. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato administrativo de suministro Expediente 2023/2023C determina los siguientes criterios de valoración de la proposiciones (100 puntos en total): criterios sometidos a juicio de valor (40 puntos) y criterios de forma automática (60 puntos, de los cuales 10 puntos corresponden a la oferta económica y 50 puntos, a un criterio cualitativo de carácter medioambiental). ¿Se ajustan a la LCSP/2017 estos los criterios?. a) Sí, porque se incluyen criterios económicos y cualitativos. b) No, porque la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor corresponde, en los casos de que tenga una ponderación mayor del treinta por ciento, a un comité formado por expertos. c) No es correcta ninguna las dos opciones.

8. El Órgano de Contratación del Ayuntamiento de Fuenlabrada, competente para adjudicar el contrato administrativo de suministro Expediente nº 2023/2023C es: a) El Pleno, en virtud del apartado 2º de la Disposición adicional segunda de la LCSP/2017. b) La Junta de Gobierno Local, en virtud del apartado 4º de la Disposición adicional segunda de la LCSP/2017. c) La Junta de Gobierno Local, en virtud del apartado 11º de la Disposición adicional segunda de la LCSP/2017.

9. En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato administrativo de suministro Expediente nº 2023/2023C se determina que se podrá incrementar el número de unidades a suministrar, sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de modificación: a) Hasta el 10 por ciento del precio del contrato. b) Hasta el 15 por ciento del precio del contrato. c) Hasta el 20 por ciento del precio del contrato.

Enunciado: Teniendo en cuenta la información dada sobre diferentes licitaciones promovidas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y algunos de sus entes dependientes, indique la opción correcta en cada pregunta. El Ayuntamiento de Fuenlabrada tramita contrato de obras Expediente nº 2023/2023A del que se dispone de la siguiente información: - Su presupuesto base de licitación, I.V.A. incluido, es de 5.382.001 euros. - No se prevén prórrogas, ni modificaciones. - No está financiado con fondos europeos. - En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se incluye, entre otras, la siguiente cláusula: “La consideración de las bajas como desproporcionadas o temerarias, se llevará a cabo en función de lo previsto en el artículo 85 del RD 1098/2001”. 6.- Con anterioridad al inicio de la tramitación del contrato de obras Expediente nº 2023/2023A, se ha estado valorando la posibilidad de que el Ayuntamiento de Fuenlabrada lleve a cabo un concurso de proyectos, con premios o pagos a los participantes, al objeto de seleccionar el mejor proyecto para la obra en cuestión. Señale la opción correcta, en relación al concurso de proyectos planteado: a) Una vez finalizado el plazo de presentación de las propuestas de proyectos, se constituirá un jurado cuyos miembros serán designados de conformidad con lo establecido en las bases del concurso. El jurado estará compuesto por personas físicas independientes de los participantes en el concurso de proyectos y su selección respetará los principios de profesionalidad, especialización en relación con el objeto del contrato, imparcialidad, ausencia de incompatibilidad e independencia. La intervención de la mesa de contratación será potestativa, siendo posible que las funciones administrativas o de otra índole no atribuidas específicamente al Jurado sean realizadas por los servicios dependientes del órgano de contratación del Ayuntamiento de Fuenlabrada. b) Una vez finalizado el plazo de presentación de las propuestas de proyectos, se constituirá un jurado cuyos miembros serán designados de conformidad con lo establecido en las bases del concurso. El jurado estará compuesto por personas físicas independientes de los participantes en el concurso de proyectos y su selección respetará los principios de profesionalidad, especialización en relación con el objeto del contrato, imparcialidad, ausencia de incompatibilidad e independencia. No habrá intervención de la mesa de contratación. Todas aquellas funciones administrativas o de otra índole no atribuidas específicamente al Jurado serán realizadas por los servicios dependientes del órgano de contratación del Ayuntamiento de Fuenlabrada. c) Una vez finalizado el plazo de presentación de las propuestas de proyectos, se constituirá un Comité de expertos cuyos miembros serán designados de conformidad con lo establecido en las bases del concurso. El Comité estará compuesto por personas físicas independientes de los participantes en el concurso de proyectos y su selección respetará los principios de profesionalidad, especialización en relación con el objeto del contrato, imparcialidad, ausencia de incompatibilidad e independencia. La intervención de la mesa de contratación será potestativa, siendo posible que las funciones administrativas o de otra índole no atribuidas específicamente al Comité sean realizadas por los servicios dependientes del órgano de contratación del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Enunciado: Teniendo en cuenta la información dada sobre diferentes licitaciones promovidas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y algunos de sus entes dependientes, indique la opción correcta en cada pregunta. El Ayuntamiento de Fuenlabrada tramita contrato de obras Expediente nº 2023/2023A del que se dispone de la siguiente información: - Su presupuesto base de licitación, I.V.A. incluido, es de 5.382.001 euros. - No se prevén prórrogas, ni modificaciones. - No está financiado con fondos europeos. - En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se incluye, entre otras, la siguiente cláusula: “La consideración de las bajas como desproporcionadas o temerarias, se llevará a cabo en función de lo previsto en el artículo 85 del RD 1098/2001”. 8.- A la licitación del contrato de obra Expediente nº 2023/2023A concurren y resultan admitidos cuatro licitadores. Teniendo en cuenta lo indicado en el enunciado, se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en el siguiente supuesto: a) Las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. b) Las que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 20 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. c) Las que sean inferiores en más de 15 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 15 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

9.- ¿En qué plazo el adjudicatario deberá formalizar el contrato de obras Expediente nº 2023/2023A?. a) En un plazo no superior a cinco días, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento de formalización, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. b) No más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma legalmente prevista. c) En un plazo no superior a diez días, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento de formalización, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

10. Durante la ejecución del contrato de obras Expediente nº 2023/2023A, ¿será posible que el Órgano de contratación acuerde una modificación contractual?. a) Sí, en virtud del artículo 204 de la LCSP/2017. b) Sí, en caso de que la modificación contractual resulte conforme con el artículo 205 de la LCSP/2017. c) No es correcta ninguna las dos opciones.

11. Trascurrida una tercera parte del plazo de ejecución del contrato de obras Expediente nº 2023/2023A, el contratista interesa la resolución del contrato por mutuo acuerdo con el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Determine, de conformidad con la LCSP/2017, la circunstancia en la que podrá tener lugar la resolución por mutuo acuerdo: a) Cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista. b) Siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. c) Han de concurrir obligatoriamente las circunstancias de las letras a) y b).

12.- Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: a. Exclusivamente la ejecución de una obra, conjuntamente con la redacción del proyecto. b. La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. c. Todos los que no tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.

13.- En el caso de que un elemento del contrato mixto sea una obra y ésta supere los 50.000 euros, deberá elaborarse: d. Un proyecto y tramitarse de conformidad con los artículos 231 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. e. Un proyecto y tramitarse de conformidad con los artículos 231 y siguientes de la Ley 9/2016, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. f. Un proyecto y tramitarse de conformidad con los artículos 231 y siguientes de la Ley 8/2016, de 7 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

14.- En el contrato de servicios, el derecho de explotación de los servicios: g. No implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional. h. Implicará al concesionario el riesgo operacional en los mismos términos que en el derecho de explotación de obras. i. Implicará que el riesgo operacional sea a cuenta, exclusivamente, de la Administración contratante.

Enunciado: Usted trabaja en un ayuntamiento radicado en la Comunidad de Madrid en el cual es la persona responsable del archivo municipal. Nadie más trabaja con usted en el archivo: le corresponde hacer cualquier tipo de tarea necesaria para afrontar cualquier reto o proyecto del archivo, así como su funcionamiento y gestión ordinaria. En este caso, el departamento de Participación de la Ciudadanía quiere realizar una transferencia de expedientes electrónicos desde el tramitador empleado en el ayuntamiento al archivo electrónico único. Esta transferencia trata de 500 expedientes correspondientes a la serie “Expedientes de iniciativa popular”, que ocupan un terabyte y medio de capacidad y que presentan como fechas extremas los años 2015 y 2018. En paralelo, el mismo departamento también quiere realizar una transferencia de documentación física de las actas del Consejo de la Ciudad, el cual es uno de los consejos de participación ciudadana existentes en el municipio. Son un total de 10 cajas normalizadas, de documentos simples en papel y como fechas extremas los años 1980 y 2009. Ante esta transferencia de documentación física y electrónica y la falta de medios humanos para abarcar todo lo que implica dirigir un archivo municipal, usted decide establecer las siguientes dos prioridades: 1. Focalizarse en que las transferencias se lleven a buen término e ingresen en el archivo municipal 2. En paralelo, no desatender las consultas de usuarios internos y externos y las cuestiones sobre acceso a los documentos custodiados en el archivo municipal que pudiesen surgir. En base a lo anterior, como persona responsable de dicho Archivo, responda a las siguientes cuestiones: 1. Debido a la gran carga de trabajo en el archivo, usted está valorando la posibilidad de gestionar la transferencia e ingreso de los expedientes de iniciativa popular y las actas del Consejo de la Ciudad mediante la contratación de una empresa que preste servicios archivísticos a través de un contrato menor. ¿Cuál sería la duración máxima que podría tener dicho contrato?. a. Un año. b. Un año y medio si se ejecuta la prórroga. c. Dos años si se ejecuta la prórroga.

Enunciado: Usted trabaja en un ayuntamiento radicado en la Comunidad de Madrid en el cual es la persona responsable del archivo municipal. Nadie más trabaja con usted en el archivo: le corresponde hacer cualquier tipo de tarea necesaria para afrontar cualquier reto o proyecto del archivo, así como su funcionamiento y gestión ordinaria. En este caso, el departamento de Participación de la Ciudadanía quiere realizar una transferencia de expedientes electrónicos desde el tramitador empleado en el ayuntamiento al archivo electrónico único. Esta transferencia trata de 500 expedientes correspondientes a la serie “Expedientes de iniciativa popular”, que ocupan un terabyte y medio de capacidad y que presentan como fechas extremas los años 2015 y 2018. En paralelo, el mismo departamento también quiere realizar una transferencia de documentación física de las actas del Consejo de la Ciudad, el cual es uno de los consejos de participación ciudadana existentes en el municipio. Son un total de 10 cajas normalizadas, de documentos simples en papel y como fechas extremas los años 1980 y 2009. Ante esta transferencia de documentación física y electrónica y la falta de medios humanos para abarcar todo lo que implica dirigir un archivo municipal, usted decide establecer las siguientes dos prioridades: 1. Focalizarse en que las transferencias se lleven a buen término e ingresen en el archivo municipal 2. En paralelo, no desatender las consultas de usuarios internos y externos y las cuestiones sobre acceso a los documentos custodiados en el archivo municipal que pudiesen surgir. En base a lo anterior, como persona responsable de dicho Archivo, responda a las siguientes cuestiones: 2. En el supuesto en el que la necesidad de prestación del servicio al que se refiere la pregunta anterior tuviese que prolongarse durante cuatro años, con un valor estimado de 100000 euros, ¿sería posible acudir al procedimiento abierto simplificado para su adjudicación, teniendo en cuenta que en la ponderación de los criterios de adjudicación se otorgaría un 50% al precio y otro 50% a criterios relacionados con la calidad evaluables mediante juicios de valor?. A. Sí. b. No. c. Solamente al procedimiento abierto simplificado ordinario, pero no al procedimiento abierto simplificado abreviado o “supersimplificado”.

Enunciado: El Ayuntamiento de Fuenlabrada precisa contratar el suministro de dos vehículos turismo híbridos, a estrenar. A estos efectos se entiende que un vehículo es híbrido cuando sea autopropulsado por un motor de gasolina que trabaje coordinadamente con un motor eléctrico en una configuración denominada híbrida. La necesidad e idoneidad de este contrato se basa en dotar, al Ayuntamiento, de un medio de transporte necesario para el desempeño de las tareas que les son propias, que sea lo más respetuoso con el medio ambiente y lo más eficientemente posible acorde con las necesidades de movilidad. El presupuesto total de licitación es de 46.495,00 € (IVA incluido), que se computará a la aplicación presupuestaria de acuerdo con la siguiente distribución por anualidades: AÑO APLICACIÓN PRESPUESTARIA IMPORTE (IVA INCLUIDO) 2023 6011 920 64100 20.000,00 € 2024 6011 920 64100 26.495,00 € En relación con el supuesto anterior, se formulan las siguientes preguntas: 1. Conforme a lo dispuesto en el art. 101 de la Ley de Contratos del Sector Público, para determinar el valor estimado del contrato el órgano de contratación tomará: a) La cifra que resulta de sumar al presupuesto base de licitación sin IVA, las posibles prórrogas, o las modificaciones que se prevean al contrato. b) La suma del presupuesto base de licitación sin incluir prórrogas, las modificaciones y con el IVA incluido. c) Que el valor estimado del contrato es la suma del presupuesto base de licitación incluyendo las prórrogas, excluyendo las modificaciones y el con el IVA reflejado de manera independiente.

Enunciado: El Ayuntamiento de Fuenlabrada precisa contratar el suministro de dos vehículos turismo híbridos, a estrenar. A estos efectos se entiende que un vehículo es híbrido cuando sea autopropulsado por un motor de gasolina que trabaje coordinadamente con un motor eléctrico en una configuración denominada híbrida. La necesidad e idoneidad de este contrato se basa en dotar, al Ayuntamiento, de un medio de transporte necesario para el desempeño de las tareas que les son propias, que sea lo más respetuoso con el medio ambiente y lo más eficientemente posible acorde con las necesidades de movilidad. El presupuesto total de licitación es de 46.495,00 € (IVA incluido), que se computará a la aplicación presupuestaria de acuerdo con la siguiente distribución por anualidades: AÑO APLICACIÓN PRESPUESTARIA IMPORTE (IVA INCLUIDO) 2023 6011 920 64100 20.000,00 € 2024 6011 920 64100 26.495,00 € En relación con el supuesto anterior, se formulan las siguientes preguntas: 2. Considerando que estamos ante un contrato de suministros, y teniendo en cuenta el valor estimado del mismo, estamos ante un procedimiento: a) Abierto simplificado abreviado. b) Abierto simplificado. c) Contrato menor.

3. Puesto que es un contrato del sector público: a) Podrá estar sometido a un régimen jurídico de derecho administrativo o de derecho privado. b) No podrá estar sometido a un régimen jurídico de derecho administrativo, pero sí de derecho privado. c) Podrá estar sometido a un régimen jurídico de derecho administrativo, pero no de derecho privado.

4. Respecto a este expediente de contratación, señale qué documentación debe contener el mismo de modo obligatorio: a) El acuerdo de iniciación dictado por el órgano de contratación. b) El Pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas. c) La resolución de aprobación del expediente.

5. Respecto al cumplimiento de cualquier contrato de suministro, salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta del: a) El órgano de contratación. b) El contratista. c) El órgano que se determine en la legislación específica.

6. En caso de desistimiento antes de la iniciación del suministro solo tendrá derecho el contratista a percibir, por todos los conceptos, una indemnización de: a) el 3% del precio de la adjudicación del contrato, IVA incluido. b) el 5% del precio de la adjudicación del contrato, IVA excluido. c) el 3% del precio de la adjudicación del contrato, IVA excluido.

7. ¿En qué se diferencian los requisitos de solvencia de los criterios de adjudicación?. a) Los criterios de solvencia están vinculados a la actitud de los licitadores para ejecutar el contrato y los criterios de adjudicación son los instrumentos que pretenden garantizar como criterio único la selección de la oferta económica más ventajosa. b) Los criterios de solvencia están vinculados a la aptitud de los licitadores para ejecutar el contrato y los criterios de adjudicación sirven para identificar la mejor oferta de entre las presentadas por los licitadores admitidos. (Cap II Sección 1ª LCSP). c) Los criterios de solvencia sirven para identificar la mejor oferta de entre las presentadas por los licitadores admitidos y los criterios de adjudicación están vinculados a la actitud de los licitadores para ejecutar el contrato.

8. La formalización del contrato deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a: a) 10 días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación. b) 15 días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación. c) 30 días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.

9. Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de: a) 10 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. b) 15 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. c) 20 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

10. Según establece el artículo 62 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público respecto al responsable del contrato, señale opción la incorrecta: a) Le corresponde supervisar la ejecución del contrato. b) Es designado por el órgano de contratación. c) Sólo podrá ser una persona física.

11. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares deben aprobarse: a) Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de la adjudicación. b) Con posterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de la adjudicación. c) Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella y nunca antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de la adjudicación.

12. En este procedimiento de adjudicación, ¿siempre debe haber un criterio de adjudicación basado en el precio?. a) Si necesariamente. b) No deberá estar basado en los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad. c) Solo cuando haya una pluralidad de criterios de adjudicación.

13. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del precio inicial cuando en el PCAP se hubiere advertido expresamente esta posibilidad: a) Si, siempre que no supere el 10% del precio del contrato. b) Si, siempre que no supere el 20% del precio del contrato. c) Si, siempre que no supere el 30% del precio del contrato.

14. Un contrato podrá proveer una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el periodo de duración de éstas, pero para que la prórroga sea obligatoria para la empresa, es necesario realizar el preaviso con al menos: a) Dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. b) Tres meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. c) Un mes de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.

15. ¿Cuáles serían las formas de determinación del precio de este contrato de suministros?. a) Por precios unitarios. b) Por precio unitario y a tanto alzado. c) A tanto alzado.

16. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: a) Es el documento en el que constan las especificaciones y características técnicas de la prestación que constituye el objeto del contrato, así como sus calidades y sus condiciones sociales y ambientales de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la LCSP. b) Es el documento potestativo que define de forma genérica las condiciones de un determinado tipo de contrato, siendo de aplicación a todos los contratos de objeto análogo. c) Es el documento Jurídico fundamental que contiene toda la información necesaria para que el objeto del contrato de ejecute con satisfacción y en el que constan las características técnicas de la prestación que constituye el objeto del contrato.

17. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares deberán aprobarse. a) Siempre antes de la declaración responsable, o de no existir esta, antes del establecimiento de la garantía provisional. b) Siempre con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella y siempre antes de la licitación del contrato. c) Siempre antes del establecimiento de la garantía provisional, o de no existir esta, antes de la declaración responsable.

18. ¿Pueden incluirse criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor en este tipo de contrato?. a) Si, pero su ponderación no puede superar el 25% del total de la puntuación, salvo que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual como los servicios de ingeniería y arquitectura, en cuyo caso su ponderación no podrá superar el 45% del total. b) No, en ningún caso . c) Si, pero su ponderación no puede superar el 15% del total de la puntuación, salvo que el contrato tenga prestaciones de carácter social que puedan afectar de manera significativa a la ejecución del mismo.

19. Los órganos de contratación podrán establecer los criterios de desempate en los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas: a) En los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Generales. b) En los Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales. c) En los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

20. Según el art. 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público la demora en el cumplimiento de los plazos por porte del contratista: a) Es causa de resolución del contrato. b) Implica siempre la imposición de penalidades. c) Supone siempre la obligación de indemnizar a la administración por los daños y perjuicios causados.

1.- De acuerdo a la Ley 31/1995, de 08 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se entenderá como “riesgo laboral”: a) las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. b) la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. c) aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

2.- Conforme a lo previsto la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas: a) No, el empresario sólo tiene la obligación de evitar los riesgos. b) Sí es una obligación del empresario. c) No, el empresario sólo tiene la obligación de combatir los riesgos en su origen.

3. Según el artículo 17 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá proporcionar los equipos de protección individual adecuados para el desempeño de las funciones y velar por el uso efectivo de los mismos: a) En todo caso. b) Cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesario. c) Ninguna de las anteriores es correcta.

5. Según el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a una empresa de 1500 trabajadores, le corresponden: a) 5 Delegados de Prevención. b) 6 Delegados de Prevención. c) 7 Delegados de Prevención. nada.

4. Según el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. b) Informar, en plazo máximo de 48 horas, a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. c) Informar, en plazo máximo de 48 horas, a todos los trabajadores acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.

6. Conforme a lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 31/1995, de 08 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la formación que el empresario debe garantizar a cada trabajador deberá: a) Estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, su fuera necesario. b) Estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, su fuera necesario. c) Estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse cada año.

7. Conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 08 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, para tener 5 Delegados de Prevención, la escala de trabajadores de la empresa se corresponde con: a) De 1001 a 2000 trabajadores. b) De 2001 a 3000 trabajadores. c) De 3001 a 4000 trabajadores.

Según el artículo 35 de la Ley 31/1995 de 08 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los delegados de prevención son: a) Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. b) Los representantes de los trabajadores. c) Ninguna de las anteriores.

8. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar: a) Que cada trabajador reciba la formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. b) Que cada trabajador reciba formación teórica, aunque sea parcial. c) Que cada trabajador reciba la formación que estime adecuada.

9. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre: a) El derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona el trabajador. b) El derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona el trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. c) El derecho a la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.

1. Los Delegados de Prevención son: a. Los trabajadores municipales que están adscritos al departamento de Prevención. b. Los trabajadores municipales que han recibido formación de prevención. c. Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de protección de riesgos de trabajo.

2. Señale cuál de las siguientes competencias pertenece a los delegados de prevención: d. Ser consultados por los trabajadores ajenos a la empresa, acerca de las decisiones relativas a la planificación y la desorganización del trabajo de la empresa y la introducción de nuevas tecnologías. e. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. f. Colaborar con los trabajadores en la mejora de la acción preventiva.

10. Según la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Cuáles son principios generales de la acción preventiva?. a. Evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se puedan evitar, combatir los riesgos en su origen, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. b. No existe ningún principio general. c. Cumplir con el horario establecido y seguir las instrucciones del mando superior.

11. Según la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, ¿quiénes tienen derecho a la protección frente a los riesgos laborales?. a. Los operarios, los oficiales y los encargados. b. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. c. Ningún trabajador tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

12. Según el artículo 18 de la Ley 31/1995, ¿quién tiene la obligación de adoptar las medidas para informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas en su puesto de trabajo?. a. La empresa. b. Los sindicatos. c. El responsable del departamento.

13. ¿Cuál de las siguientes obligaciones NO corresponde a los trabajadores en materia de utilización de equipos de protección individual (EPIs) según el artículo 29 de la Ley 31/1995?. a. Utilizar correctamente los EPIs que les sean facilitados. b. Comprar los EPIs con su propio dinero. c. Notificar al empresario cualquier daño o defecto en los EPIs.

14. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales?. a. Utilizar correctamente los equipos de trabajo y los medios de protección. b. Informar de cualquier situación de riesgo que detecten en su lugar de trabajo. c. Ambas son correctas.

15. Conforme a lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 31/1995, de 08 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la formación que el empresario debe garantizar a cada trabajador deberá: a. Estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, su fuera necesario. b. Estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, su fuera necesario. c. Estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse cada año.

16. Conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 08 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, para tener 5 Delegados de Prevención, la escala de trabajadores de la empresa se corresponde con: a. De 1001 a 2000 trabajadores. b. De 2001 a 3000 trabajadores. c. De 3001 a 4000 trabajadores.

17. Según el artículo 18 de la Ley 31/1995, ¿quién tiene la obligación de adoptar las medidas para informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas en su puesto de trabajo?. a. La empresa. b. Los sindicatos. c. El responsable del departamento.

18. ¿Cuál de las siguientes obligaciones NO corresponde a los trabajadores en materia de utilización de equipos de protección individual (EPIs) según el artículo 29 de la Ley 31/1995?. a. Utilizar correctamente los EPIs que les sean facilitados. b. Comprar los EPIs con su propio dinero. c. Notificar al empresario cualquier daño o defecto en los EPIs.

19. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales?. a. Utilizar correctamente los equipos de trabajo y los medios de protección. b. Informar de cualquier situación de riesgo que detecten en su lugar de trabajo. c. Ambas son correctas.

20. Según el artículo 35 de la Ley 31/1995 de 08 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los delegados de prevención son: a. Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. b. Los representantes de los trabajadores. c. Ninguna de las anteriores.

21. Según la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Cuáles son principios generales de la acción preventiva?. a. Evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se puedan evitar, combatir los riesgos en su origen, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. b. No existe ningún principio general. c. Cumplir con el horario establecido y seguir las instrucciones del mando superior.

22. Según la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, ¿quiénes tienen derecho a la protección frente a los riesgos laborales?. a. Los operarios, los oficiales y los encargados. b. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. c. Ningún trabajador tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

26. De acuerdo con la Ley 31/1995, de 08 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se entenderá como “riesgo laboral”: a. las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. b. la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. c. aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

27. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar: a. Que cada trabajador reciba la formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. b. Que cada trabajador reciba formación teórica, aunque sea parcial. c. Que cada trabajador reciba la formación que estime adecuada.

28.Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre: a. El derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona el trabajador. b. El derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona el trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. c. El derecho a la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.

29. Los Delegados de Prevención son: a. Los trabajadores municipales que están adscritos al departamento de Prevención. b. Los trabajadores municipales que han recibido formación de prevención. c. Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de protección de riesgos de trabajo.

30. Señale cuál de las siguientes competencias pertenece a los delegados de prevención: a. Ser consultados por los trabajadores ajenos a la empresa, acerca de las decisiones relativas a la planificación y la desorganización del trabajo de la empresa y la introducción de nuevas tecnologías. b. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. c. Colaborar con los trabajadores en la mejora de la acción preventiva.

31.-Según lo dispuesto 17.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: a. El empresario únicamente deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones. b. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. c. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos, en todo caso.

32.- ¿Cuántos delegados de prevención le corresponden a un Ayuntamiento con 1500 trabajadores?. d. 4 Delegados de Prevención. e. 5 Delegados de Prevención. f. 6 Delegados de Prevención.

33.- El Comité de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 38.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con : g. 50 o más trabajadores. h. 75 o más trabajadores. i. 100 o más trabajadores.

1.- De acuerdo con el art 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas tendrán la capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, en todos los casos. b) Los grupos de afectados, las uniones y entidades con personalidad jurídica y los patrimonios dependientes o autónomos. c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

2.- De acuerdo al art 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes: (señale la respuesta incorrecta). a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. c) Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, aunque no cuenten con un con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad.

3.- De acuerdo al art 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: a) Formular solicitudes, e interponer recursos. b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones, formular solicitudes, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. c) Interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos.

4.- En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos (art 14 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas): a) Las personas jurídicas, y quienes ejerzan una actividad profesional para la que no se requiera colegiación obligatoria, excluidos los registradores de la propiedad. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes representen a un interesado, aunque no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

5.- El art 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, y que este plazo no podrá exceder de: a) seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. b) tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. c) un mes salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

6.- El art 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: a) el día natural siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. b) el día hábil siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. c) la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

7.- Señala la respuesta correcta: a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. b) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. c) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

8. Según el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los expedientes administrativos tendrán formato: a) Electrónico. b) Electrónico y con soporte en papel. c) Físico, en papel y con copia electrónica.

Según el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los expedientes administrativos contendrán: a. Un índice numerado de todos los documentos que contenga que se creará cuando se reciba. b. Un índice numerado de los documentos más relevantes que contenga cuando se remita. c. Un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita.

9. ¿Cuál es el principio que rige la actuación de las Administraciones Públicas según la Ley 39/2015?. a. Principio de eficacia. b. Principio de legalidad. c. Principio de buena fe.

10. ¿Cuál es el plazo para entender estimada por silencio administrativo una solicitud?. a. 1 mes. b. 3 meses. c. 6 meses.

11. ¿Cuál es el principio que rige la actuación de las Administraciones Públicas según la Ley 39/2015?. a. Principio de eficacia. b. Principio de legalidad. c. Principio de buena fe.

12. ¿Cuál es el plazo para entender estimada por silencio administrativo una solicitud?. a. 1 mes. b. 3 meses. c. 6 meses.

13. De acuerdo con el art 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas tendrán la capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a. Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, en todos los casos. b. Los grupos de afectados, las uniones y entidades con personalidad jurídica y los patrimonios dependientes o autónomos. c. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

14. De acuerdo al art 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes: (señale la respuesta incorrecta). a. Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. b. Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. c. Cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren válido en los términos y condiciones que se establezca, aunque no cuenten con un con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad.

15. De acuerdo al art 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: a. Formular solicitudes, e interponer recursos. b. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones, formular solicitudes, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. c. Interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos.

16. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos (art 14 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas): a. Las personas jurídicas, y quienes ejerzan una actividad profesional para la que no se requiera colegiación obligatoria, excluidos los registradores de la propiedad. b. Las entidades sin personalidad jurídica. c. Quienes representen a un interesado, aunque no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

17. El art 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, y que este plazo no podrá exceder de: a. seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. b. tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. c. un mes salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

18. El art 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: a. el día natural siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. b. el día hábil siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. c. la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

19. Señala la respuesta correcta: a. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. b. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. c. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Enunciado: Usted trabaja en un ayuntamiento radicado en la Comunidad de Madrid en el cual es la persona responsable del archivo municipal. Nadie más trabaja con usted en el archivo: le corresponde hacer cualquier tipo de tarea necesaria para afrontar cualquier reto o proyecto del archivo, así como su funcionamiento y gestión ordinaria. En este caso, el departamento de Participación de la Ciudadanía quiere realizar una transferencia de expedientes electrónicos desde el tramitador empleado en el ayuntamiento al archivo electrónico único. Esta transferencia trata de 500 expedientes correspondientes a la serie “Expedientes de iniciativa popular”, que ocupan un terabyte y medio de capacidad y que presentan como fechas extremas los años 2015 y 2018. En paralelo, el mismo departamento también quiere realizar una transferencia de documentación física de las actas del Consejo de la Ciudad, el cual es uno de los consejos de participación ciudadana existentes en el municipio. Son un total de 10 cajas normalizadas, de documentos simples en papel y como fechas extremas los años 1980 y 2009. Ante esta transferencia de documentación física y electrónica y la falta de medios humanos para abarcar todo lo que implica dirigir un archivo municipal, usted decide establecer las siguientes dos prioridades: 1. Focalizarse en que las transferencias se lleven a buen término e ingresen en el archivo municipal 2. En paralelo, no desatender las consultas de usuarios internos y externos y las cuestiones sobre acceso a los documentos custodiados en el archivo municipal que pudiesen surgir. En base a lo anterior, como persona responsable de dicho Archivo, responda a las siguientes cuestiones: 1. Una ciudadana solicita mediante una instancia en Registro General el acceso a los planos de su vivienda, de la cual es propietaria, para realizar una reforma en uno de sus baños. Antes de darle acceso, usted le exige que demuestre su condición de interesada. ¿Cuál de los siguientes artículos de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas debería tener presente para tener claro si la ciudadana en cuestión es interesada en el procedimiento o no?. a. 3. b. 4. c. 10.

1.- Corresponde al Presidente de los Órganos Colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella (art 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público): a) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. b) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. c) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.

2.- Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción (art 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos años, las impuestas por faltas graves a los seis meses y las impuestas por faltas leves al mes. b) las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. c) las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los tres años y las leves al año; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los seis meses.

3. Según el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el sector público institucional se integra, entre otros, por: a) Las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. b) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. c) Todas las respuestas son correctas.

4.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se aplica al sector público, que comprende según su artículo 2: a. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas que no tengan transferidas las competencias, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público estatal. b. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional. c. Ninguna de las respuestas es correcta.

5. ¿Cuál es uno de los principios fundamentales que rige la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas según la Ley 40/2015?. a. Legalidad. b. Proporcionalidad. c. Eficacia.

6. ¿Qué principio rige la potestad sancionadora según la Ley 40/2015, estableciendo la culpabilidad como un requisito esencial?. a. Principio de oportunidad. b. Principio de no culpabilidad. c. Principio de culpabilidad.

7. ¿Cuál es uno de los principios fundamentales que rige la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas según la Ley 40/2015?. a. Legalidad. b. Proporcionalidad. c. Eficacia.

8. ¿Qué principio rige la potestad sancionadora según la Ley 40/2015, estableciendo la culpabilidad como un requisito esencial?. a. Principio de oportunidad. b. Principio de no culpabilidad. c. Principio de culpabilidad.

9. Corresponde al Presidente de los Órganos Colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella (art 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público): a. Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. b. Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. c. Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.

10. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción (art 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos años, las impuestas por faltas graves a los seis meses y las impuestas por faltas leves al mes. b. las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. c. las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves los tres años y las leves al año; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los seis meses.

11.-Según el artículo 143 de la Ley 40/2015, la formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las partes, formulada en: a. Acuerdos de órganos de cooperación o en convenios. b. Únicamente en Acuerdos de órganos de cooperación. c. Únicamente en Convenios.

12.-En lo no previsto en el Título III de la Ley 40/2015, las relaciones entre la Administración General del Estado o las Administraciones de las Comunidades Autónomas con las Entidades que integran la Administración Local se regirán por: a. La legislación básica en materia de régimen local. b. La legislación estatal en materia de relaciones interadministrativas. c. La legislación de la Comunidad Autónoma en materia de relaciones interadministrativas.

1.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece que las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán, entre otras: a) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. b) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional, y promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración. c) Las dos anteriores son correctas.

2.- Establece la Ley Orgánica de igualdad efectiva de mujeres y hombres (LO 3/2007, de 22 de marzo) que: a) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. b) La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. c) Ambas son correctas.

3,- De conformidad con el artículo 42.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los programas de inserción laboral activa comprenderán: a) Todos los niveles educativos y edad de las mujeres. b) Sólo los niveles educativos superiores. c) Sólo la formación profesional, escuelas taller y casas de oficios dirigidos a personas en desempleo. nada.

4.- Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres: a) Será aplicable a toda persona física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. b) Será aplicable a toda persona física, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. c) Será aplicable a toda persona física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español con nacionalidad de un país perteneciente a la Unión Europea.

5.- Conforme a lo previsto la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas: a) Sí es una obligación del empresario. b) No, el empresario sólo tiene la obligación de evitar los riesgos. c) No, el empresario sólo tiene la obligación de combatir los riesgos en su origen.

6.- Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios: a) Aumentar la participación de las mujeres y hombres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. b) Aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. c) Aumentar la participación de los hombres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. nada.

7.- El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone: a) La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. b) La ausencia de toda discriminación directa, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. c) Ninguna es correcta.

8.- Indique la afirmación correcta. En función del Art.51 de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las Administraciones Públicas deberán observar como criterios de actuación: a) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección. b) Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. c) Evaluar anualmente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación.

9. Según el artículo 45 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en las empresas de menos de 50 trabajadores, la elaboración e implantación de planes de igualdad será: a) Voluntaria. b) Obligatoria. c) Obligatoria, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.

10. El artículo 6 de la ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tipifica como discriminación por razón de sexo: a) La discriminación directa. b) La discriminación indirecta. c) Ambos tipos de discriminación.

11. Con referencia a lo comprendido en el artículo 44 de la ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán: a) Tanto a las trabajadoras como a los trabajadores. b) Exclusivamente a las trabajadoras. c) Solamente a los trabajadores. nada.

12.Establece el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que: a) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. b) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. c) Ninguna es correcta.

13.Según el artículo12 de 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres estará legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. a) Cualquier persona física con interés legítimo. b) Cualquier persona física o jurídica con interés legítimo. c) La persona acosada será la única legitimada.

14. Según el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo, se considera: a) Discriminatoria, salvo que pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima. b) Delito. c) Discriminatoria, en cualquier caso.

15. Conforme al artículo 12.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo: a) La persona acosada será la única legitimada. b) Únicamente la persona acosada y sus familiares de hasta segundo grado estarán legitimados. c) Cualquier persona estará legitimada.

16. Según el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio: a) Informador del ordenamiento jurídico. b) Sustancial del ordenamiento jurídico. c) Principal del ordenamiento jurídico.

17. Según el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la discriminación por embarazo o maternidad se considera: a) Discriminación indirecta. b) Discriminación directa. c) Las dos son correctas.

18. Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de: a) La maternidad. b) La asunción de obligaciones familiares. c) Ambas respuestas anteriores son correctas.

19. Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo: a) Se investigarán a través de un sistema eficaz e incitador de sanciones. b) Se considerarán nulos y sin efecto. c) Ambas respuestas anteriores son correctas.

20.-El artículo 6 de la ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tipifica como discriminación por razón de sexo: a) La discriminación directa. b) La discriminación indirecta. c) Ambos tipos de discriminación.

21.-Con referencia a lo comprendido en el artículo 44 de la ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán: a) Tanto a las trabajadoras como a los trabajadores. b) Exclusivamente a las trabajadoras. a) Exclusivamente a las trabajadoras.

22.-Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de: a) La maternidad. b) La asunción de obligaciones familiares. c) Ambas respuestas anteriores son correctas.

23.-Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo: a) Se investigarán a través de un sistema eficaz e incitador de sanciones. b) Se considerarán nulos y sin efecto. c) Ambas respuestas anteriores son correctas.

24.- Según el artículo12 de 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que: a) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. b) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. c) Ninguna es correcta.

25.-Según el artículo12 de 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres estará legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. a. Cualquier persona física con interés legítimo. b. Cualquier persona física o jurídica con interés legítimo. c. La persona acosada será la única legitimada.

26. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece que las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán, entre otras: a. Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. b. Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional, y promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración. c. Las dos anteriores son correctas.

27. Según el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo, se considera: a. Discriminatoria, salvo que pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima. b. Delito. c. Discriminatoria, en cualquier caso.

28.Conforme al artículo 12.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo: a. La persona acosada será la única legitimada. b. Únicamente la persona acosada y sus familiares de hasta segundo grado estarán legitimados. c. Cualquier persona estará legitimada.

29. Según el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio: a. Informador del ordenamiento jurídico. b. Sustancial del ordenamiento jurídico. c. Principal del ordenamiento jurídico.

30. Según el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la discriminación por embarazo o maternidad se considera: a. Discriminación indirecta. b. Discriminación directa. c. Las dos son correctas.

23. Las medidas de igualdad a las que se refiere el artículo 45.1 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenidos en el Capítulo II, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral, en empresas de: a. 50 o más trabajadores. b. 75 o más trabajadores. c. 100 o más trabajadores.

24. Conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la discriminación por embarazo o maternidad: a. Constituye discriminación indirecta por razón de sexo. b. Constituye discriminación directa por razón de sexo. c. Constituye discriminación indirecta, pero negativa, por razón de sexo.

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