OPOSICIÓN A2 TSPRL JUNTA DE ANDALUCÍA T11 al T15

Según el artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con objetividad: Los intereses políticos. Los intereses económicos. Los intereses generales. Los intereses corporativos.

¿Cuál de las siguientes características define a la Administración Pública?. Persigue fines propios. Actúa únicamente cuando lo solicita el ciudadano. Está al servicio del interés general. Carece de organización jerárquica.

La actividad administrativa se caracteriza por ser: Temporal. Permanente y continuada. Exclusivamente sancionadora. Privada.

¿Cuál de las siguientes NO forma parte de la clasificación de las Administraciones Públicas?. Administración General del Estado. Administración Autonómica. Administración Local. Administración Judicial.

La Junta de Andalucía se integra dentro de: La Administración Institucional. La Administración Local. La Administración Autonómica. La Administración Corporativa.

El principio de legalidad implica que la Administración: Puede actuar libremente si persigue fines públicos. Solo puede actuar cuando el ordenamiento jurídico lo permite. Puede actuar sin norma habilitante. Tiene los mismos derechos que los particulares.

El artículo 9.3 de la Constitución garantiza: La descentralización administrativa. La libre competencia. La prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. El derecho de asociación.

Las potestades administrativas son: Derechos subjetivos de la Administración. Poderes jurídicos atribuidos por la ley para satisfacer el interés general. Privilegios personales de los funcionarios. Derechos fundamentales de la Administración.

¿Cuál de las siguientes es una potestad administrativa?. Potestad reglamentaria. Potestad sancionadora. Potestad expropiatoria. Todas las anteriores.

La potestad reglamentaria permite a la Administración: Dictar sentencias. Aprobar presupuestos generales del Estado. Dictar reglamentos. Modificar la Constitución.

La potestad sancionadora permite a la Administración: Dictar leyes orgánicas. Imponer sanciones por infracciones administrativas. Resolver conflictos judiciales. Celebrar elecciones.

La potestad de autotutela permite a la Administración: Acudir necesariamente a los tribunales para ejecutar sus actos. Ejecutar sus propias decisiones en los casos legalmente previstos. Dictar únicamente recomendaciones. Actuar sin control judicial.

Existe discrecionalidad administrativa cuando: La Administración puede actuar arbitrariamente. La norma permite escoger entre varias soluciones legalmente válidas. No existe regulación jurídica. Se incumple el principio de legalidad.

La actividad discrecional: Está exenta de control judicial. Equivale a arbitrariedad. Está sometida al ordenamiento jurídico. Solo puede ejercerse por los jueces.

¿Cuál de los siguientes NO es un límite de la potestad discrecional?. La competencia. La finalidad pública. La motivación. La voluntad personal del funcionario.

El Derecho Administrativo es una rama del: Derecho Privado. Derecho Mercantil. Derecho Público. Derecho Internacional Privado.

El Derecho Administrativo regula: La organización y actividad de las Administraciones Públicas. Las relaciones jurídico-administrativas con los ciudadanos. Las relaciones jurídico-administrativas con los ciudadanos. Todas las anteriores.

La parte orgánica del Derecho Administrativo estudia: Los recursos administrativos. Los actos administrativos. La organización administrativa. La responsabilidad patrimonial.

La autonomía del Derecho Administrativo se manifiesta, entre otras formas, en: La existencia de principios y normas propias. La existencia de una jurisdicción contencioso-administrativa. La regulación específica de la actividad administrativa. Todas las anteriores.

El criterio subjetivo de aplicación del Derecho Administrativo atiende fundamentalmente a: La función realizada. La naturaleza de la actividad. La presencia de una Administración Pública. La cuantía económica del asunto.

Las fuentes del Derecho Administrativo son: Los medios de comunicación jurídica a través de los cuales se manifiestan las normas. Únicamente las leyes. Solo la Constitución y los reglamentos. Las resoluciones administrativas.

El principio de jerarquía normativa está reconocido en: El artículo 9.3 de la Constitución Española. El artículo 14 de la Constitución. El artículo 1 del Código Penal. El artículo 23 de la Constitución.

Según la jerarquía normativa, una norma reglamentaria: Puede modificar una ley. Tiene el mismo rango que una ley. Está subordinada a la ley. Prevalece sobre la Constitución.

¿Cuál es la norma suprema del ordenamiento jurídico español?. La Ley Orgánica. El Reglamento. La Constitución. El Decreto-ley.

La Ley puede definirse como: Una norma aprobada por el Gobierno. Una disposición administrativa de carácter interno. Una norma jurídica aprobada por el poder legislativo. Una resolución judicial.

¿Cuál de las siguientes es una Ley Orgánica?. La que regula materias reservadas por la Constitución y requiere mayoría absoluta del Congreso. La aprobada por el Consejo de Ministros. La dictada por las Comunidades Autónomas. La aprobada por referéndum.

Las Leyes Ordinarias se diferencian de las Leyes Orgánicas principalmente por: Su ámbito territorial. Las materias reguladas y la mayoría exigida para su aprobación. Su publicación. Su vigencia temporal.

Son disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley: Los Reglamentos. Las Órdenes ministeriales. Los Decretos-legislativos y los Decretos-leyes. Las Instrucciones.

El Decreto-ley puede dictarse en caso de: Delegación legislativa. Extraordinaria y urgente necesidad. Desarrollo reglamentario. Reforma constitucional.

El Decreto Legislativo se dicta: En virtud de una delegación de las Cortes Generales. Por decisión exclusiva del Rey. Mediante referéndum popular. Por iniciativa judicial.

El Reglamento es: Una norma con rango de ley. Una norma jurídica dictada por la Administración con rango inferior a la ley. Una sentencia judicial. Un acto administrativo singular.

Según su relación con la ley, los reglamentos pueden ser: Ejecutivos, independientes y de necesidad. Estatales y autonómicos. Generales y especiales. Orgánicos y ordinarios.

La potestad reglamentaria consiste en: La capacidad de dictar sentencias. La facultad de aprobar leyes. La facultad de la Administración para dictar reglamentos. La facultad de controlar la constitucionalidad.

En la Administración General del Estado, la potestad reglamentaria corresponde principalmente: Al Tribunal Supremo. Al Gobierno. Al Defensor del Pueblo. A las Cortes Generales.

Uno de los límites de la potestad reglamentaria es: El respeto al principio de jerarquía normativa. La discrecionalidad absoluta. La libre modificación de leyes. La ausencia de control judicial.

Un reglamento será nulo cuando: Sea aprobado por unanimidad. Vulnere la Constitución o una ley. Sea publicado en el BOE. Desarrolle una ley.

En la elaboración de reglamentos deben observarse determinados trámites como: Consulta pública y audiencia cuando proceda. Aprobación por referéndum obligatorio. Intervención judicial previa. Ratificación parlamentaria en todos los casos.

¿Cuál de las siguientes es una fuente subsidiaria del Derecho?. La Constitución. El Reglamento. La costumbre. El Decreto-ley.

Los principios generales del Derecho tienen carácter: Principal y exclusivo. Subsidiario e informador del ordenamiento jurídico. Reglamentario. Constitucional únicamente.

La jurisprudencia se considera: Fuente directa principal. Fuente indirecta del Derecho, complementando el ordenamiento jurídico. Una ley especial. Un reglamento judicial.

Los órganos administrativos son: Entidades con personalidad jurídica propia. Unidades administrativas con funciones que producen efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tiene carácter preceptivo. Exclusivamente los Ministerios y Consejerías. Órganos de representación política.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía es un órgano: Unipersonal. Territorial. Colegiado. Consultivo.

La competencia administrativa es: Un privilegio discrecional de cada órgano. El conjunto de facultades atribuidas por el ordenamiento jurídico a cada órgano administrativo. Una delegación temporal de funciones. Un derecho subjetivo.

La competencia administrativa tiene carácter: Renunciable. Facultativo. Irrenunciable. Negociable.

La competencia por razón de la materia distribuye funciones según: El territorio. La actividad o sector administrativo correspondiente. El tiempo de ejercicio. La jerarquía.

La avocación consiste en: Delegar competencias en otro órgano. Sustituir temporalmente al titular de un órgano. Que un órgano superior asuma la resolución de un asunto atribuido a un órgano dependiente. Delegar únicamente la firma.

En la delegación de competencias: Se transmite la titularidad de la competencia. Desaparece la competencia del órgano delegante. Se delega el ejercicio, pero la titularidad sigue correspondiendo al órgano delegante. Solo puede realizarse entre Administraciones distintas.

El acto administrativo es: Una norma jurídica de carácter general. Una declaración de voluntad, juicio, conocimiento o deseo realizada por una Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa. Un acuerdo exclusivamente político. Una resolución judicial.

Una concesión de subvención es un ejemplo de: Acto de gravamen. Acto favorable. Acto nulo. Acto presunto.

Una multa administrativa constituye: Un acto favorable. Un acto reglamentario. Un acto de gravamen. Un acto presunto.

¿Cuál de los siguientes es un elemento del acto administrativo?. Elemento subjetivo. Elemento objetivo. Elemento formal. Todas las anteriores.

La motivación consiste en: Publicar el acto en el boletín oficial. Expresar las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión administrativa. Comunicar el acto al superior jerárquico. Firmar electrónicamente la resolución.

Entre los actos que deben ser motivados se encuentran: Los actos discrecionales. Las resoluciones sancionadoras. Las resoluciones de recursos. Todas las anteriores.

La notificación debe contener: El texto íntegro de la resolución. Los recursos que procedan. Los plazos para recurrir. Todas las anteriores.

La publicación puede sustituir a la notificación cuando: El interesado lo solicite. Exista una pluralidad indeterminada de destinatarios. Lo decida libremente el funcionario. El acto sea favorable.

El silencio administrativo es: La ausencia de motivación. Una sanción administrativa. La consecuencia jurídica derivada de la falta de resolución expresa en plazo. Una forma de publicación.

Como regla general, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el silencio administrativo es: Negativo. Positivo. Inexistente. Discrecional.

Son nulos de pleno derecho, entre otros: Los actos que lesionen derechos fundamentales. Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente. Los actos con contenido imposible. Todas las anteriores.

La rectificación de errores permite corregir: Errores materiales, de hecho o aritméticos. Cualquier defecto jurídico. Actos nulos exclusivamente. Reglamentos ilegales.

El principio de inderogabilidad singular del reglamento significa que: Los reglamentos nunca pueden modificarse. Un reglamento puede dejar de aplicarse libremente a un caso concreto. La Administración no puede excepcionar mediante un acto singular la aplicación de un reglamento vigente. Los reglamentos tienen rango de ley.

El procedimiento administrativo se regula con carácter general en: Ley 40/2015. Ley 39/2015. Ley 9/2007. Ley 7/1985.

El procedimiento administrativo es: Un conjunto de normas presupuestarias. Un conjunto ordenado de trámites para dictar una resolución administrativa. Un recurso administrativo. Una disposición reglamentaria.

Entre los fines del procedimiento administrativo se encuentra: Garantizar la legalidad. Proteger los derechos de los ciudadanos. Servir al interés general. Todas las anteriores.

El procedimiento administrativo común es aplicable a: La Administración General del Estado exclusivamente. Las Comunidades Autónomas exclusivamente. Todas las Administraciones Públicas. Solo a las Entidades Locales.

El principio por el que la Administración debe tramitar los procedimientos con rapidez y economía procesal es el de: Transparencia. Eficacia. Celeridad. Contradicción.

El principio de oficialidad implica que: Los interesados impulsan el procedimiento. La Administración impulsa de oficio el procedimiento en todos sus trámites. El procedimiento debe ser siempre electrónico. Todos los actos deben publicarse en boletines oficiales.

La abstención consiste en: El derecho del ciudadano a apartar a un funcionario. La obligación de una autoridad o empleado público de apartarse del procedimiento cuando concurra una causa legal. La renuncia de un interesado. La suspensión del procedimiento.

¿Cuál de los siguientes constituye una causa de abstención?. Tener interés personal en el asunto. Tener parentesco con un interesado. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta. Todas las anteriores.

La recusación es: La obligación de abstenerse. El derecho del interesado a solicitar que se aparte a una autoridad o empleado público. Una forma de terminación del procedimiento. Un recurso administrativo.

Tendrán la condición de interesados en el procedimiento: Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos. Quienes puedan resultar afectados por la resolución. Quienes se personen antes de la resolución acreditando interés legítimo. Todas las anteriores.

Uno de los derechos del interesado es: Conocer el estado de tramitación del procedimiento. Obtener copias de los documentos del expediente. Formular alegaciones. Todas las anteriores.

Los interesados tienen derecho a: No presentar documentos que ya obren en poder de la Administración. Obtener una resolución expresa. Identificar a las autoridades responsables. Todas las anteriores.

Entre los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas se encuentra: Ser tratadas con respeto y deferencia. Comunicarse electrónicamente con las Administraciones. Obtener información y orientación. Todas las anteriores.

El procedimiento administrativo puede iniciarse: Solo de oficio. Solo a solicitud del interesado. De oficio o a solicitud del interesado. Exclusivamente por denuncia.

¿Cuál de las siguientes NO es una forma de iniciación de oficio?. Iniciativa propia. Orden superior. Petición razonada. Renuncia.

La instrucción del procedimiento tiene como finalidad: Ejecutar la resolución. Determinar y comprobar los hechos necesarios para resolver. Notificar actos administrativos. Resolver recursos.

El trámite de audiencia permite: Ejecutar la resolución administrativa. Que los interesados conozcan el expediente y formulen alegaciones antes de la resolución. Resolver recursos de alzada. Publicar la resolución.

La forma normal de terminación del procedimiento es: La caducidad. El desistimiento. La resolución. La renuncia.

La caducidad puede producirse por: La resolución expresa. La inactividad del interesado cuando se le haya requerido una actuación imprescindible. La estimación por silencio administrativo. La presentación de recursos.

Entre los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos se encuentra: El apremio sobre el patrimonio. La multa coercitiva. La ejecución subsidiaria. Todas las anteriores.

La revisión de los actos administrativos tiene por finalidad: Sustituir la actuación judicial. Corregir, modificar o anular actos administrativos conforme al ordenamiento jurídico. Elaborar reglamentos. Aprobar presupuestos.

La revisión de oficio consiste en: La revisión realizada exclusivamente por los tribunales. La facultad de la Administración para revisar sus propios actos. La revisión realizada por el Defensor del Pueblo. La revisión efectuada únicamente a instancia del interesado.

La revisión de oficio de un acto nulo de pleno derecho requiere, con carácter general: Autorización judicial previa. Dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente. Acuerdo del Consejo de Ministros. Publicación en el BOE.

La declaración de lesividad se aplica respecto a: Actos nulos de pleno derecho. Reglamentos ilegales. Actos anulables favorables para los interesados. Actos sancionadores exclusivamente.

La revocación puede recaer sobre: Actos favorables únicamente. Actos de gravamen o desfavorables. Reglamentos. Leyes.

La rectificación de errores puede referirse a: Errores de oportunidad política. Errores materiales, de hecho o aritméticos. Cualquier infracción jurídica. Defectos constitucionales.

Los recursos administrativos son: Recursos judiciales. Medios de impugnación ante la propia Administración. Recursos parlamentarios. Procedimientos sancionadores.

El recurso de alzada procede contra: Actos que ponen fin a la vía administrativa. Reglamentos. Actos que no ponen fin a la vía administrativa. Leyes autonómicas.

El recurso de alzada será resuelto por: El mismo órgano que dictó el acto. El superior jerárquico. El Tribunal Supremo. El Consejo de Estado.

El plazo para interponer recurso de alzada contra un acto expreso es: 10 días. 15 días. 1 mes. 3 meses.

El recurso potestativo de reposición procede contra: Actos que no ponen fin a la vía administrativa. Actos que ponen fin a la vía administrativa. Únicamente reglamentos. Actos nulos de pleno derecho.

El recurso potestativo de reposición se interpone ante: El superior jerárquico. El Tribunal Superior de Justicia. El mismo órgano que dictó el acto. El Consejo de Estado.

El recurso extraordinario de revisión tiene carácter: Ordinario. Facultativo. Excepcional y basado en causas tasadas por la ley. Judicial.

¿Cuál de los siguientes puede justificar un recurso extraordinario de revisión?. Error de hecho que resulte de los documentos del expediente. Aparición de documentos esenciales. Existencia de documentos declarados falsos por sentencia firme. Todas las anteriores.

Los actos que agotan la vía administrativa son aquellos: Contra los que procede recurso de alzada. Frente a los que ya no cabe recurso de alzada. Que nunca pueden recurrirse. Dictados exclusivamente por Ministros.

Una resolución de un Consejero de la Junta de Andalucía: No es recurrible. No pone fin a la vía administrativa. Agota la vía administrativa. Debe recurrirse siempre en alzada.

La jurisdicción contencioso-administrativa pertenece: Al Poder Legislativo. Al Poder Ejecutivo. Al Poder Judicial. Al Tribunal Constitucional exclusivamente.

La finalidad principal de la jurisdicción contencioso-administrativa es: Controlar la legalidad de la actuación administrativa. Elaborar reglamentos. Aprobar leyes. Fiscalizar cuentas públicas.

La jurisdicción contencioso-administrativa conoce, entre otras materias, de: Actos administrativos. Disposiciones reglamentarias. Inactividad de la Administración. Todas las anteriores.

¿Cuál es el órgano superior del orden jurisdiccional contencioso-administrativo?. La Audiencia Nacional. El Tribunal Constitucional. La Sala Tercera del Tribunal Supremo. Los Tribunales Superiores de Justicia.