oposición administrativo CAC

El artículo 49 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, dispone que: La Presidencia nombra libremente a la persona titular de la Vicepresidencia y a los restantes miembros del Gobierno, dirige y coordina su actuación y, como titular de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, ostenta la más alta representación de Canarias y la ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma. La Presidencia designa y separa libremente a la persona titular de la Vicepresidencia y a los restantes miembros del Gobierno, dirige y coordina su actuación y, como titular de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, ostenta la representación ordinaria de Canarias y la más alta representación del Estado en la Comunidad Autónoma. La Presidencia nombra libremente a la persona titular de la Vicepresidencia y a los restantes miembros del Gobierno, dirige y coordina su actuación y, como titular de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, ostenta la representación ordinaria de Canarias y la más alta representación del Estado en la Comunidad Autónoma. La Presidencia designa y separa libremente a la persona titular de la Vicepresidencia y a los restantes miembros del Gobierno, dirige y coordina su actuación y, como titular de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, ostenta la más alta representación de Canarias y la ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma.

Según dispone el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, no registrar y archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, controles, reconocimientos, investigaciones o informes a que se refieren los artículos 16, 22 y 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se considera: Infracción muy grave. Infracción grave. Infracción leve. No se considera infracción.

¿Qué Título de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se denomina “De la revisión de los actos en vía administrativa”?. El Título V. El Título VII. El Título IV. El Título VI.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, el régimen económico-fiscal de Canarias sólo podrá ser modificado: De acuerdo con lo establecido en el Título tercero de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, previo informe del Gobierno de Canarias que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Constitución, previo informe del Parlamento Canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las tres cuartas partes de sus miembros. De acuerdo con lo establecido en el Título tercero de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, previo informe del Parlamento Canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las tres cuartas partes de sus miembros. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Constitución, previo informe del Parlamento Canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros.

Le corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, según el Estatuto de Autonomía de Canarias, ejercer la competencia (Señale la respuesta correcta, incluyendo el apartado concreto del precepto donde se regula): Compartida en materia de juego y de apuestas, incluidas las modalidades por medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle en Canarias, y comprende, la regulación y revisión de las características de fabricación y homologación de los materiales e instrumentos de juego, según el artículo 129.2.a) del Estatuto de Autonomía de Canarias. Exclusiva en materia de juego, de apuestas y casinos, excluidas las modalidades por medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Canarias, y comprende, el desarrollo legislativo y ejecución en materia de juego, de apuestas y casinos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129.1.c) del Estatuto de Autonomía de Canarias. De desarrollo legislativo en materia de juego, incluidas las modalidades por medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle en Canarias, y comprende, la regulación y revisión de los locales, las instalaciones y los equipamientos utilizados para llevar a cabo estas actividades, tal como dispone el artículo 128.2.a) del Estatuto de Autonomía de Canarias. Exclusiva en materia de juego, de apuestas y casinos, incluidas las modalidades por medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Canarias, y comprende, la regulación y control de las características de fabricación y homologación de los materiales e instrumentos de juego, según establece el artículo 128.1.b) del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Según dispone el artículo 55 de la Constitución Española de 1978: Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 16, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 19, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 14, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

Según recoge el artículo 9 del Decreto 1/2015, de 22 de enero, por el que se regula la expedición de certificados, copias compulsadas, copias selladas y copias auténticas de documentos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la copia sellada será entregada a la Administración correspondiente en el momento en que el original sea devuelto al interesado. Si se produjera la pérdida o destrucción accidental de la copia: Su entrega se sustituirá por una declaración aportada por el funcionario en la que exponga por escrito la circunstancia producida. Su entrega se sustituirá por una declaración aportada por el ciudadano en la que exponga por escrito la circunstancia producida. Podrá presentarse el DNI del interesado en sustitución de la misma. No es correcta ninguna de las respuestas anteriores.

¿Qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se refiere a las especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial?. El artículo 79. El artículo 89. El artículo 93. El artículo 91.

¿Cuál de las siguientes funciones integradas en Openoffice Base corresponde con su descripción?. HEXTORAW(cadena) – Devuelve una cadena hexadecimal resultado de traducir “cadena”. UCASE(cadena) – Devuelve “cadena” convertido a minúsculas. CHAR(n) - Devuelve el carácter hexadecimal correspondiente al valor “n”. CEILING(número) - Devuelve el entero más pequeño sin ser menor que “número”.

Entre los principios de las relaciones interadministrativas, está la: Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, cooperando con el uso de los recursos comunes, salvo que resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento, artículo 140.1.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Eficacia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos propios, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento, artículo 140.1.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento, artículo 140.1.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Eficacia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo la utilización de los recursos propios, salvo que resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento, artículo 140.1.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Señale la respuesta correcta de conformidad con el artículo 74 de la Constitución Española de 1978: Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría simple. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Senado por mayoría absoluta. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirán Las Cortes por mayoría absoluta.

Según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el objeto de esta Ley, entre otros, es: Informar sobre el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad. Establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 6.2, 11, 24 y 59 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de equidad universal de las personas con discapacidad.

Señale la respuesta correcta. A tenor del artículo 126.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Se entenderá desestimado el recurso extraordinario de revisión transcurrido el plazo de tres meses desde su interposición sin haberse dictado y notificado la resolución, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. Se entenderá desestimado el recurso extraordinario de revisión en el plazo de un mes desde su interposición sin haberse dictado y notificado la resolución, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. Se entenderá desestimado el recurso extraordinario de revisión transcurrido el plazo de tres meses desde su interposición sin haberse dictado y notificado la resolución, quedando expedita la vía jurisdiccional que estime el interesado. Se entenderá desestimado el recurso extraordinario de revisión en el plazo de un mes desde su interposición sin haberse dictado y notificado la resolución, quedando expedita la vía jurisdiccional que estime el interesado.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, podrá realizarse mediante: Informes emitidos telemáticamente o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa básica de la Administración General del Estado que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas. Certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, será sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público. Testimonio judicial. Comunicación previa ante la autoridad administrativa competente.

En cumplimiento de lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Canarias, el Diputado del Común realiza la siguiente función (Señale la respuesta correcta, incluyendo el apartado concreto del precepto donde se regula): Protección y difusión de los derechos y libertades de los sectores de población más desprotegidos, con relación a la actividad de las administraciones públicas, de conformidad con el artículo 16.b) de la Ley 7/2001, de 31 de julio. Protección de los derechos de los sectores de población más desprotegidos, con relación a la actividad de las administraciones públicas canarias, de conformidad con el artículo 16.c) de la Ley 7/2001, de 31 de julio. Protección de los derechos y libertades de los sectores de población más desprotegidos, con relación a la actividad de las administraciones públicas canarias, de conformidad con el artículo 16.d) de la Ley 7/2001, de 31 de julio. Protección y difusión de los derechos de los sectores de población desprotegidos, con relación a la actividad de las administraciones públicas, de conformidad con el artículo 16.a) de la Ley 7/2001, de 31 de julio.

Según dispone el artículo 53 de la Constitución Española de 1978: Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1.ª del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1.ª del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Supremo. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 2.ª del Capítulo Primero ante los Tribunales por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1.ª del Capítulo Segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

Según establece el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en su artículo 2, el diseño universal o diseño para todas las personas: Excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten. No considera bienes, servicios, objetos o instrumentos de uso privado o público entre sus parámetros de diseño. Es la actividad por la que se modifican entornos una vez diseñados. No excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando lo necesiten.

Señala la respuesta correcta. La multa coercitiva es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible con ellas. Dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible con ellas.

Respecto a la estructura de las entradas en un índice de contenidos en OpenOffice Writer, ¿qué botón representa el número de capítulo en el área de estructura?. %E#. E#. #E. #E%.

Como órganos de gobierno, administración y representación de las islas, es competencia de los Cabildos Insulares la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y está recogida en: El artículo 7.2.d) de la Ley 8/2015, de 1 de abril. El artículo 8.1.c) de la Ley 8/2015, de 1 de abril. El artículo 7.2.f) de la Ley 8/2015, de 1 de abril. El artículo 8.2.f) de la Ley 8/2015, de 1 de abril.

Según el artículo 60 de la Constitución Española de 1978: Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. El ejercicio de la tutela es también compatible con el de todo cargo o representación política. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política. Será tutor del Rey la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En todo caso lo podrá nombrar las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.

Según el artículo 4 del Decreto 1/2015, de 22 de enero, por el que se regula la expedición de certificados, copias compulsadas, copias selladas y copias auténticas en la Administración Pública de la Comunidad autónoma de Canarias, tienen competencia para la emisión de certificaciones: Solo las personas titulares de los servicios, respecto a los datos que obren en los expedientes que tramiten o tengan bajo su custodia. Las personas titulares de órganos administrativos y otro personal funcionario a los que expresamente se les atribuya esta función por el ordenamiento jurídico. Únicamente las personas titulares de los negociados, respecto a los datos que obren en los expedientes que tramiten o tengan bajo su custodia. Únicamente las personas titulares de los servicios, responsables de los registros, respecto a los datos inscritos en los mismos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá: Al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. Al año, que empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea. Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

Tal como dispone el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, será objeto publicación en el perfil del contratante: La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera igual o inferior a 50.000 euros, IVA incluido. La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera igual o superior a 50.000 euros, IVA incluido. La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior a 50.000 euros, IVA excluido. La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera inferior a 50.000 euros, IVA excluido.

Señale la respuesta incorrecta. Según establece el artículo 129 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, le corresponde la competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de turismo, incluyendo: La ordenación del sector turístico, que abarca la regulación de las empresas, actividades y establecimientos turísticos, la regulación de los derechos y deberes específicos de los usuarios y de los prestadores de servicios turísticos, la implantación, coordinación y seguimiento del sistema de información turística y la regulación del régimen de inspección y sanción, así como de los medios alternativos de resolución de conflictos, según el artículo 129.b) del Estatuto de Autonomía de Canarias. La enseñanza y la formación turísticas que den derecho a la obtención de un título oficial, sin perjuicio de la competencia en materia de formación profesional, tal como dispone el artículo 129.f) del Estatuto de Autonomía de Canarias. La gestión de la red de establecimientos turísticos de titularidad autonómica. Para facilitar la coordinación entre estos y los establecimientos de la red de Paradores del Estado que se ubican en Canarias, el Gobierno de Canarias podrá participar, en los términos que establezca la legislación estatal, en los órganos de administración de Paradores de Turismo de España, de conformidad con lo establecido en el artículo 129.e) del Estatuto de Autonomía de Canarias. La promoción interior y exterior del turismo, en particular, la información turística, la apertura de oficinas en el extranjero, la suscripción de acuerdos con entidades promocionales no españolas y la protección y fomento de la imagen turística de Canarias, sin perjuicio de las competencias del Estado en la materia, según lo dispuesto en el artículo 129.d) del Estatuto de Autonomía de Canarias.

De conformidad con la Constitución Española de 1978, señale la respuesta incorrecta: a) En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas, salvo que, por interés general, y dentro de los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas, los cuales necesitarán la autorización de las Cortes Generales, y un periodo de cinco años, y emisión de informes de los Consejos Consultivos de los territorios afectados, se podrá mediante el trámite de Ley Orgánica, la autorización para la constitución de la misma, de conformidad con el art. 151 de la CE. Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional, autorizar o acordar, en su caso, un estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

¿Qué ruta utilizaríamos para ejecutar una macro en Openoffice Base?. Herramientas > Macros > Ejecutar Macro. Insertar > Macros > Ejecutar Macro. Archivo > Asistentes > Macros > Ejecutar Macro. Editar > Base de datos > Macros > Ejecutar Macro.

¿Cómo se denomina el Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Del ámbito de aplicación. De los interesados en el procedimiento. Del ámbito subjetivo de aplicación. Disposiciones generales.

Entre los principios de las relaciones intraadministrativas está la coordinación, en virtud del cual una Administración Pública y, singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico: Si no están afectadas por una materia diferente para la consecución de un resultado común, artículo 140.1.f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Si están afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común, artículo 140.1.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Si no están afectadas por una misma materia para la obtención de un resultado común, artículo 140.1.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Si están afectadas por una materia diferente para la consecución de un resultado común, artículo 140.1.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Para ordenar una tabla, ¿cuántos criterios de ordenación nos permite en Openoffice Writer?. Nos permite hasta 3 criterios de ordenación. Nos permite hasta 5 criterios de ordenación. Nos permite hasta 10 criterios de ordenación. Nos permite un número ilimitado de criterios de ordenación mediante claves.

Según establece el artículo 98, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale de las siguientes afirmaciones cuál NO es correcta: Las sanciones por faltas graves se llevarán a cabo a través de audiencia con el interesado. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. El tiempo de permanencia en suspensión provisional, será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan dese la fecha de suspensión.

En relación a las mejoras voluntarias de la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social, reguladas en los artículos 238 y ss. del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, señale la opción correcta: Las mejoras voluntarias de la acción protectora de este Régimen General deberán efectuarse a través del establecimiento de tipos de cotización adicionales y de mejora directa de prestaciones. Las mejoras voluntarias de la acción protectora de este Régimen General podrán efectuarse a través de mejora de los tipos de cotización y el establecimiento de prestaciones adicionales. Las mejoras voluntarias de la acción protectora de este Régimen General podrán efectuarse a través de mejora directa de prestaciones y establecimiento de tipos de cotización adicionales. Las mejoras voluntarias de la acción protectora de este Régimen General deberán efectuarse a través del establecimiento de mejoras en los tipos de cotización y de prestaciones adicionales.

Respecto al diseño de una tabla en Openoffice Base, ¿qué tipos de campo de los mostrados a continuación son alfanuméricos?. [BOOLEAN]. [CHAR]. [BIGINT]. Las opciones a y c son correctas.

De acuerdo con el artículo 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial: Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de quince días el plazo de su emisión. Será facultativo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión. Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión. Será facultativo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de quince días el plazo de su emisión.

Le corresponde a la Audiencia de Cuentas: Informar y establecer buenas prácticas administrativas, contables, económicas y financieras como medio de prevención de la corrupción en el ámbito del sector público de la comunidad autónoma, de acuerdo con el artículo 5.1.j) de la Ley de la Audiencia de Cuentas. Informar y obligar buenas prácticas administrativas, contables y financieras como medio de prevención de la corrupción en el ámbito del sector privado de la comunidad autónoma, de acuerdo con el artículo 5.1.e) de la Ley de la Audiencia de Cuentas. Informar y fijar buenas prácticas interadministrativas, contables, económicas y financieras como medio de prevención de la corrupción en el ámbito del sector público y privado de la comunidad autónoma, de acuerdo con el artículo 5.1.e) de la Ley de la Audiencia de Cuentas. Informar y recomendar buenas prácticas administrativas, contables y financieras como medio de prevención de la corrupción en el ámbito del sector público de la comunidad autónoma, de acuerdo con el artículo 5.1.j) de la Ley de la Audiencia de Cuentas.

De conformidad con el artículo 70 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Directores Insulares de la Administración General del Estado: Dependen jerárquicamente del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, a los Subdelegados del Gobierno en las provincias. Dependen orgánicamente del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia, y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, a los Delegados del Gobierno en las provincias. Dependen directamente del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia, o en su caso directamente del Gobierno, y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, a los Subdelegados del Gobierno en las provincias. Dependen jerárquicamente del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia, o directamente del Gobierno, cuando este cargo exista, y ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.

¿Desde qué menú activamos la separación silábica a nivel de documento en Openoffice Writer?. Desde el menú “Formato > Página > Separación silábica”. Desde el menú “Herramientas > Idioma > Separación silábica”. Desde el menú “Formato > Estilos y Formateo > Separación silábica”. Desde el menú “Herramientas > Opciones > Separación silábica”.

En relación con el artículo 165 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, las administraciones públicas canarias: Promoverán el desarrollo económico y social del Archipiélago. Instarán al Estado y a la Unión Europea a adoptar las medidas económicas y sociales necesarias para compensar su carácter ultraperiférico y el hecho insular. Favorecerán el equilibrio y la solidaridad entre las islas. Todas las opciones son correctas.

Según recoge el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo referente a la ampliación de plazos en los registros, señale la respuesta correcta: La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará únicamente a los procedimientos en los que intervengan interesados residentes fuera de España. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación de plazos deberán producirse, únicamente hasta dos días hábiles posteriores en el plazo de que se trate. La Administración podrá ampliar los plazos no vencidos como consecuencia de un ciberincidente que afecte gravemente a los servicios y sistemas de tramitación. Los plazos podrán ampliarse únicamente 10 días tras la fecha de finalización del plazo establecido.

Según el artículo 23 de la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución (Señale la respuesta correcta, incluyendo el apartado concreto del precepto donde se regula): La declaración de los estados de excepción o de sitio no interrumpirá la actividad del Diputado del Común, apartado 2 del artículo 23 de la citada norma legal. La declaración de los estados de alarma, de excepción o de sitio no interrumpirá la actividad del Diputado del Común, apartado 1 del artículo 23 de la citada norma legal. La declaración de los estados de excepción o de sitio interrumpirá la actividad del Diputado del Común y el derecho de los ciudadanos, apartado 2 del artículo 23 de la citada norma legal. La declaración de los estados de alarma, excepción o de sitio interrumpirá la actividad del Diputado del Común y el derecho de los ciudadanos, apartado 1 del artículo 23 de la citada norma legal.

Según el artículo 90 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que trata sobre las especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores, cuando la resolución sea ejecutiva: Se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a los juzgados o tribunales su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. No se podrá suspender cautelarmente. Se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso ordinario por vía administrativa.

Las extensiones para OpenOffice Writer, con carácter general, permiten aumentar las funcionalidades de la aplicación desde el administrador de extensiones. Indique la opción correcta de entre las cuestiones planteadas: El administrador de extensiones se selecciona desde el menú “Herramientas > Opciones > Administrador de extensiones” y si descargamos las mismas desde el repositorio oficial de Openoffice, los archivos tendrán la extensión “.ext”. El administrador de extensiones se selecciona desde el menú “Herramientas > Administrador de extensiones” y si descargamos las mismas desde el repositorio oficial de Openoffice, los archivos tendrán la extensión “.etx”. El administrador de extensiones se selecciona desde el menú “Herramientas > Opciones > Administrador de extensiones” y si descargamos las mismas desde el repositorio oficial de Openoffice, los archivos tendrán la extensión “.otx”. El administrador de extensiones se selecciona desde el menú “Herramientas > Administrador de extensiones” y si descargamos las mismas desde el repositorio oficial de Openoffice, los archivos tendrán la extensión “.oxt”.

Inclusión social: es el principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás, como se define en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social: En su artículo 3.a. En su artículo 3.g. En su artículo 2.h. En su artículo 2.j.

Es función del Parlamento de Canarias, según el artículo 43 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias: Interponer cuestiones de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y en los términos previstos en la Constitución y en su ley orgánica, siempre que se emita previamente informe del Consejo Consultivo de Canarias, y sea lesivo para los ciudadanos canarios. Interponer recursos de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y en los términos previstos en la Constitución y en su ley orgánica, siempre que se emita previamente informe del Consejo Consultivo de Canarias, y sea lesivo para los ciudadanos canarios. Interponer recursos de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y en los términos previstos en la Constitución y en su ley orgánica. Interponer cuestiones de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal Constitucional en los supuestos y en los términos previstos en la Constitución y en su ley orgánica.

En relación al artículo 22 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, la justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención, podrá revestir las siguientes modalidades: Presentación de cuenta justificativa, acreditación por módulos y memoria de estados contables. Presentación de estados contables, cuenta justificativa y acreditación por módulos. Justificación por módulos, gestión de estados contables y acreditación de cuenta justificativa. Justificación de estados contables, acreditación de cuenta justificativa e informe de gestión por módulos.

Según establece el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en la accesibilidad universal está incluida la accesibilidad cognitiva. Y además señala dicho artículo que …. La accesibilidad cognitiva se despliega y hace efectiva a través de la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin. Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. La accesibilidad cognitiva se despliega y hace efectiva a través de la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, prohíbe el uso de pictogramas, pero si el uso de otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin. La accesibilidad cognitiva es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, para favorecer el uso por parte del interesado. La accesibilidad cognitiva presupone la accesibilidad a cualquier espacio, de forma autónoma sin necesidad de asistencia por parte de otra persona.

¿Podemos proteger con contraseña tan sólo una parte del texto correspondiente a un documento en OpenOffice Writer para que quede protegido, de forma que no pueda ser modificado por ningún otro usuario?. No podemos proteger tan sólo una parte del texto de un documento, si permite la opción de protección del documento seleccionando la opción correspondiente desde el menú “Herramientas > Personalizar y Protección contra escritura”. Si podemos proteger con contraseña tan sólo una parte del texto correspondiente a un documento en OpenOffice Writer para que quede protegido seleccionando previamente el texto a proteger y, a continuación, seleccionando la opción correspondiente desde el menú “Herramientas > Propiedades y Protección contra escritura”. No podemos proteger tan sólo una parte del texto de un documento, si permite la opción de protección del documento seleccionando la opción correspondiente desde el menú “Formato > Ajustes > Propiedades de documento y Protección contra escritura”. Si podemos proteger con contraseña tan sólo una parte del texto correspondiente a un documento en OpenOffice Writer para que quede protegido seleccionando previamente el texto a proteger y, a continuación, seleccionando la opción correspondiente desde el menú “Insertar > Sección y Protección contra escritura”.

¿Qué artículo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero, establece la exigencia de la garantía definitiva?. En el artículo 109. En el artículo 107. En el artículo 105. En el artículo 111.

La Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia exclusiva en materia de juventud, que incluye en todo caso: La promoción de asociacionismo juvenil, de las iniciativas de participación de la gente, de la movilidad nacional y del turismo, artículo 145 del Estatuto de Autonomía de Canarias. La promoción juvenil, de las iniciativas de la gente joven, de la movilidad no internacional y del turismo, artículo 147 del Estatuto de Autonomía de Canarias. La promoción de asociacionismo juvenil, de las iniciativas de participación de la gente joven, de la movilidad internacional y del turismo juvenil, artículo 146 del Estatuto de Autonomía de Canarias. La promoción de asociacionismo juvenil, participación gente joven, movilidad nacional y del turismo juvenil, artículo 148 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Según lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con el régimen general de la Seguridad Social, tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal: Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros trescientos sesenta y cinco días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación. Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de ciento ochenta días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador no ser dado de alta médica por curación. Los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad. Ninguna de las opciones planteadas es correcta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 32.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, corresponde fijar el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad: Al Consejo General del Poder Judicial. Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Al propio Tribunal Constitucional. Al Consejo de Ministros.

Según el artículo 16 de la Ley 7/2001, de 31 de julio, le corresponde al Diputado del Común la función de (Señale la respuesta correcta, incluyendo el apartado concreto del precepto donde se regula): Protección de los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos en el Estatuto de Autonomía de Canarias y de la Constitución, frente a la vulneración producida por acciones u omisiones de las administraciones públicas, en el apartado b) del mencionado artículo. Defensa de los derechos de los ciudadanos reconocidos en la Constitución y Estatuto de Autonomía de Canarias, frente a la vulneración producida por acciones de las administraciones públicas canarias, en el apartado c) del mencionado artículo. Defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos en la Constitución, frente a la vulneración producida por acciones u omisiones de las administraciones públicas canarias, en el apartado a) del mencionado artículo. Protección de los derechos de los ciudadanos reconocidos en la Constitución, frente a la vulneración producida por omisiones de las administraciones públicas canarias, en el apartado d) del mencionado artículo.

De entre los siguientes, indique qué lenguaje es utilizado para trabajar con conjuntos de datos y relaciones entre los mismos: CSS. C/C++. PHP. SQL.

¿Cuál de las siguientes funciones estadísticas integradas en Openoffice Base devuelve la varianza de la muestra de un grupo de números?. STDDEV_POP. VAR_POP. STDDEV_SAMP. VAR_SAMP.