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De conformidad con el artículo 6 de la Constitución española, respecto a los partidos políticos: Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Los partidos políticos deben financiarse exclusivamente con recursos públicos. Está prohibida la financiación privada. Su creación y el ejercicio de su actividad requiere la autorización del Congreso de los Diputados.

De acuerdo con el artículo 16.3 de la Constitución española tendrá carácter estatal: La religión católica. La religión católica y las demás confesiones religiosas registradas en el Ministerio de Justicia. Aquellas confesiones religiosas con las que el Estado establezca acuerdos de cooperación. Ninguna religión tendrá carácter estatal.

El artículo 22.2 de la Constitución española establece que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son: Secretas. Ilegales. Prohibidas. Clandestinas.

La Constitución española en su artículo 26 prohíbe los Tribunales de Honor: En el ámbito de la Administración militar. En el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. En ámbito de las asociaciones empresariales. En los supuestos de estado de alarma, excepción y sitio.

De entre los siguientes, señale cuál constituye un derecho fundamental reconocido por la Constitución española: Derecho a una vivienda digna y adecuada. Derecho a la vida y a la integridad física y moral. Derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Derecho a la protección social, económica y jurídica de la familia.

El recurso de amparo para la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo, así como la objeción de conciencia, reconocido en el artículo 30 de la Constitución española, se interpondrá ante: Los Tribunales ordinarios. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Supremo.

¿Qué tipo de ley es necesaria para regular el desarrollo del artículo 25.2 de la Constitución española de 1978?. Ley marco. Ley de bases. Ley ordinaria. Ley Orgánica.

Señale la correcta. Según el artículo 54 de la Constitución española, el Defensor del Pueblo: Es el alto comisionado de la Cortes Generales. Es nombrado por el Presidente del Gobierno y supervisa la actuación de la Administración. Es nombrado por el Presidente del Tribunal Constitucional para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Las recomendaciones y sugerencias del Defensor del pueblo son vinculantes para la Administración.

El artículo 1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que determina como objeto de dicho Estatuto establecer el régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación, así como determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, refleja también una serie de fundamentos de actuación. ¿Cuál de los siguientes es uno de ellos?. Estabilidad presupuestaria. Lealtad institucional. Lealtad institucional. Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales.

En relación a los funcionarios de carrera, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Los funcionarios de carrera desempeñan servicios profesionales retribuidos de carácter permanente o temporal. Los funcionarios de carrera, tienen un nombramiento legal. Los funcionarios de carrera están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Laboral. Los funcionarios de carrera están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Laboral para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

De acuerdo con el ámbito de aplicación, establecido en su artículo 2, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público se aplica: Al personal funcionario al servicio de las Cortes Generales, en todo caso. Al personal funcionario y laboral al servicio del Centro Nacional de Inteligencia, sin limitaciones. Directamente al personal funcionario al servicio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las Universidades Públicas.

El artículo 7 del el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas, en materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, de lactancia y parental se regirá por: Lo previsto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su caso, corresponderían por estos supuestos. El Reglamento General del Mutualismo Administrativo. Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.

Las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, conforme el artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, corresponden exclusivamente a: Personal eventual. Personal laboral fijo. Personal directivo profesional. Funcionarios públicos.

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, diga cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: El derecho de los empleados públicos a la libertad de expresión, dentro de los límites del ordenamiento jurídico, es de carácter individual. El derecho de los empleados públicos a la libertad de expresión, dentro de los límites del ordenamiento jurídico, se ejerce de forma colectiva. Únicamente el personal laboral tiene derecho a la libertad de expresión, dentro de los límites del ordenamiento jurídico. Los empleados públicos no tienen derecho a la libertad de expresión, dentro de los límites del ordenamiento jurídico.

De los siguientes derechos que regula el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál es un derecho individual ejercido colectivamente?. El derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El derecho al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. El derecho a la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. El derecho a la libre asociación profesional.

Señale la respuesta correcta respecto del personal laboral de las administraciones públicas, conforme a lo determinado en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Es personal laboral el que en virtud de nombramiento presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato, el personal laboral de las administraciones públicas únicamente podrá ser fijo. Los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral se establecerán únicamente por los Convenios Colectivos. El personal laboral de las administraciones públicas puede ser contratado en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral.

Se entiende por negociación colectiva, a los efectos del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: El derecho a elegir representantes que participen en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que determina el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. El derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública. La facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados. El derecho a participar en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.

De acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el contrato de trabajo del personal laboral de las administraciones públicas: Únicamente puede ser de una modalidad de contratación a tiempo completo. Exclusivamente puede ser fijo o temporal, según su duración. La formalización por escrito es una característica del contrato de trabajo en las administraciones públicas. El artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no hace referencia al contrato de trabajo del personal laboral de las administraciones públicas.

Entre las casusas de suspensión del contrato de trabajo recogidas en el artículo 45 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores se encuentra: El ejercicio del derecho de huelga. El nombramiento del personal laboral como personal funcionario de carrera. La suspensión definitiva de empleo. La privación de libertad del trabajador, cuando exista sentencia condenatoria.

Podrá sancionarse con el despido disciplinario al personal laboral de las administraciones públicas: Sólo por la comisión de faltas muy graves. Sólo por la comisión de faltas graves. Tanto por las faltas graves como las muy graves. Por cualquier tipo de falta, con independencia de su graduación.

Conforme al artículo 96 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el despido disciplinario del personal laboral de las administraciones públicas comportará: La inhabilitación para ser titular de cualquier contrato de trabajo en las administraciones públicas. La inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo, sólo si es de la misma categoría a la que desempeñaba. La inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaba. La inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo exclusivamente si son funciones idénticas a las que desempeñaba.

Imponer la sanción de despido disciplinario al personal laboral de las administraciones públicas, requiere. Exclusivamente, dada la gravedad de los hechos, respetar los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, sin considerar cualquier otra garantía. Resolver, dada la gravedad de los hechos, con la máxima urgencia, sin sujeción a procedimiento establecido. La aplicación del procedimiento previamente establecido. Un procedimiento sumario, que podrá contemplar la audiencia al interesado.

El contrato de trabajo se extinguirá por: El ejercicio del derecho de huelga. Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria. Por suspensión provisional de empleo. Por expiración del tiempo convenido.

De acuerdo al artículo 52 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de los siguientes no se corresponde con los principios conforme a los cuales deben actuar los empleados públicos?. Promoción del entorno social. Imparcialidad. Dedicación al servicio público. Respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.

El artículo 52 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, determina que los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción observancia de: Únicamente de las instrucciones recibidas por sus superiores jerárquicos. De forma preferente, de las instrucciones recibidas por sus superiores jerárquicos. Exclusivamente de la Constitución. La Constitución y del resto del ordenamiento jurídico.