La Oposición que se va a sacar Lauriña (Parte 1)

Indique la respuesta que NO es correcta: El ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas: Necesitará la autorización previa de la autoridad competente cuando se realice en lugares de tránsito público. No necesitará autorización previa. Necesitará comunicación previa a la autoridad cuando se realice en lugares de tránsito público. Podrá ser prohibido cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Según lo recogido en el RDL 2/2011, los recursos económicos de Puertos del Estado NO están integrados por: Las donaciones, legados y otras aportaciones de particulares y entidades privadas. El 4% de los ingresos devengados por las Autoridades Portuarias en concepto de tasas. Las aportaciones recibidas del Fondo de Compensación Interportuario. El producto de la aplicación del régimen sancionador.

Con arreglo a lo recogido en el RDL 2/2011, no pertenecen al dominio público portuario estatal: Las obras construidas por los titulares de una concesión de dominio público portuario. Los espacios de agua incluidos en la zona II o exterior de las aguas portuarias. Los muelles de titularidad estatal afectados al servicio de los puertos. La carretera de acceso a una instalación fija de ayudas a la navegación marítima afectada a una Autoridad Portuaria para esta finalidad.

Según lo previsto en el RDL 2/2011, el procedimiento de otorgamiento de autorizaciones corresponde al: Director de la Autoridad Portuaria, previa audiencia del interesado. Presidente de la Autoridad Portuaria si el plazo de la autorización es superior a un año. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria si el plazo de la autorización es superior a un año. Presidente de la Autoridad Portuaria, previa autorización del Consejo Rector de Puertos del Estado.

De acuerdo a lo previsto en el RDL 2/2011, ¿cuál de las siguientes no es una posible causa de extinción de una concesión?: Mutuo acuerdo entre la Autoridad Portuaria y el titular. Rescate. Disolución de la sociedad concesional en el supuesto de fusión. Revisión en caso de fuerza mayor.

La garantía de explotación de una concesión: No puede ser inferior a 3.000,00 euros. Debe constituirse en el plazo de un mes desde la notificación de la aprobación del acta de replanteo de las obras. Debe actualizarse cada cinco años en función de la evolución del IPC. Debe constituirse previamente a la devolución de la garantía definitiva.

Según el RDL 2/2011, ¿qué competencia no corresponde a las Autoridades Portuarias?: El fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo o portuario. La coordinación de las operaciones de los distintos modos de transporte en el espacio portuario. La ordenación y coordinación del tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre. La gestión del dominio público portuario, de señales marítimas y los accesos viarios y ferroviarios.

Conforme con el art. 48.2 de la LPACAP, el defecto de forma de los actos de las Administraciones Públicas determinará la anulabilidad: Salvo cuando el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. Nunca. Los defectos de forma convierten el acto en nulo de pleno derecho. Cuando el acto administrativo se notifique fuera de plazo, no siendo esencial el término o plazo. Cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

El lunes, día 11 de septiembre, a las 12:45 horas, tiene lugar la notificación a un interesado en la que se dispone un plazo de cuarenta y ocho horas para subsanar un defecto. ¿Cuándo finaliza el plazo?. El día 13 de septiembre a las 12:45 horas. Cuando finalice el día 13 de septiembre. El día 14 de septiembre. Ninguna de las anteriores es correcta.

En aplicación de lo previsto en la Ley 39/2015, no tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Las asociaciones de interés público reconocidas por la Ley. Las personas físicas incapacitadas. Los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses cuya actuación les estuviese permitida por el ordenamiento jurídico, sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

Según dispone la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es motivo de abstención: Tener interés personal en el asunto del que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel, ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del tercero, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas o con sus asesores o representantes legales. Haber prestado servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar en los últimos cinco años a persona natural interesada directamente en el asunto. Haber prestado servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar en los últimos cinco años a persona jurídica interesada directamente en el asunto.

Deberá publicarse en el Boletín Oficial correspondiente: La revocación de una delegación de competencias. La avocación del conocimiento de un asunto. La delegación de firma. Cualquier orden de servicio.

A la Autoridad Portuaria le es de aplicación la Ley 40/2015 al encuadrarse dentro de: La Administración General del Estado. El sector público institucional integrado por cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. El sector público institucional integrado por entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. Las Entidades que integran la Administración Local, según el artículo.

Quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Puertos: Las instalaciones navales y zonas portuarias que sean precisas para el cumplimiento de los fines que la legislación vigente atribuye a la Guardia Civil. La flota civil española, así como las plataformas fijas situadas en aguas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. Los buques civiles extranjeros que se encuentren en aguas situadas en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, con las limitaciones que establezca el Derecho Internacional, en particular en lo que se refiere a los supuestos de inmunidad. La Marina Mercante.

Las empresas que formalicen contratos de interinidad, para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo,. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. Tendrán derecho a una bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante doce meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. Tendrán derecho a una bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante doce meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo.

Si existe la obligación del interesado de relacionarse a través de medios electrónicos y aquel no los hubiese utilizado: Se le tendrá por desistido de su solicitud. Se le requerirá la correspondiente subsanación. El órgano administrativo competente en el ámbito de actuación le declarará decaído en su derecho al trámite correspondiente, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El órgano administrativo competente en el ámbito de actuación entenderá que el interesado renuncia a ser notificado por medios electrónicos, realizándose desde ese momento las comunicaciones por el medio empleado por el administrado.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales no es aplicable: Al tratamiento parcialmente automatizado o no automatizado de datos personales. Al tratamiento de datos de personas fallecidas. Al tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina Judicial, ya que estos se rigen por las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial. A los tratamientos derivados del Registro Civil, los Registros de la Propiedad y Mercantiles, ya que son registros públicos.

De acuerdo a lo previsto en el III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, ¿qué contenidos de los Acuerdos de Empresa han de ser consecuencia de pacto entre las partes?: La identificación de necesidades a las que se dirigirán las acciones formativas necesarias para mejorar la cualificación profesional. La definición de los complementos retributivos, tales como flexibilidad horaria, cambio de turno, etc. La planificación de plantillas del ejercicio. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, será: El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. No podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor. No podrá exceder de seis meses, salvo que venga previsto en la normativa comunitaria europea. Será de tres meses.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta, en relación con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres: En aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad, excepto en los procesos penales. En los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, únicamente estará legitimada la persona acosada y el Ministerio Fiscal. Los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones.

Será causa de caducidad de la autorización o concesión: Incremento de la superficie, volumen o altura de las instalaciones en más del 2% sobre el proyecto autorizado. Desarrollo de actividades que no figuren en el objeto del título. No reposición o complemento de la garantía provisional. Impago de la liquidación por cualquiera de las tasas giradas durante un plazo de dos meses en el caso de autorizaciones y de cuatro meses en el caso de las concesiones.

En relación con la organización territorial del Estado, la Constitución establece que: Los Alcaldes serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por la Comunidad Autónoma mediante ley. No se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes podrán acceder a su autogobierno.

Atendiendo a lo previsto en el RDL 2/2011, son puertos de interés general aquellos a los que les es de aplicación alguna de las siguientes características: Que sirvan a industrias o establecimientos de importancia estratégica para la economía nacional. Que se efectúen en ellos actividades comerciales marítimas internacionales. Que su zona de influencia comercial afecte de forma relevante a más de una comunidad autónoma. Todas las anteriores son correctas.