OPOSICIONES ADMINISTRATIVO FTV

Los accidentes sufridos por trabajadores de oficinas y despachos. Son pocos pero graves. Se producen fundamentalmente en el lugar de trabajo. Las dos anteriores son correctas.

La responsabilidad de realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores de las oficinas y despachos es. El servicio de prevención. El empresario. El servicio médico de la empresa.

¿Qué repercusiones para la salud de los trabajadores ha tenido el desarrollo de las tecnologías de la información en las últimas décadas?. Ha supuesto un aumento de la producción y la eliminación de tareas tediosas y repetitivas, que en algunos casos ha favorecido la salud y bienestar de los trabajadores. Ha supuesto mayores exigencias en cuanto a rapidez y complejidad de la información, que en algunos casos ha perjudicado la salud y el bienestar de los trabajadores. Son correctas.

Indicar cuál de los siguientes se puede considerar como efectos del síndrome de edificio enfermo sobre la salud. Asma. Enfermedad del Legionario. Irritación de ojos, nariz y garganta.

Para corregir los efectos de los radiadores y campos electromagnéticos. Debe existir una adecuada puesta a tierra. Debe existir una humedad ambiental entre el 45 y el 65%. Las dos anteriores son correctas.

El problema más habitual producido por el ruido, en oficinas y despachos es. Problemas intestinales. Sordera profesional. Interferencias en la concentración.

La posición del teclado debe permitir. Trabajar con los brazos en ángulo recto. Trabajar con los brazos lo más bajo posible. Trabajar con los brazos a la altura de los hombros.

Para levantar una carga. Se debe mantener la columna vertebral recta y alineada con la carga. Se debe evitar la torsión de la columna. Las dos anteriores son correctas.

Para evitar los golpes contra objetos se puede utilizar como medida preventiva. Mantener un nivel de iluminación de 500 lux. Despejar las zonas de tránsito de las personas. Evitar la monotonía en los puestos de trabajo.

Para evitar reflejos en las Pantallas de Visualización, las fuentes de luz se colocarán. La artificial sobre el puesto de trabajo y la natural detrás del ordenador. La artificial y la natural paralelas a los puestos de trabajo. Ambas por detrás del trabajador.

En el artículo 47 de la Ley 39/2015, nos dice que los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Todas son correctas. Los que tengan un contenido imposible. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

Si hablamos de la nulidad y anulabilidad, podemos encontrarla en la Ley 39/2015 en: Título III. Capítulo IV. Título II. Capítulo V. Título III. Capítulo III. Título II. Capítulo I.

Son anulables los actos de la administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento: Jurídico. Administrativo. Ninguna es correcta. Legislativo.

La nulidad y anulabilidad la encontramos en los siguientes artículos de la Ley 39/2015: 27-32. 47-52. 40-56. 17-31.

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 39/2015, son anulables los actos de la Administración que: Tengan un contenido imposible. Supongan la desviación de poder exclusivamente. Incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Genera efectos que pueden ser declarados nulos o pueden ser considerados válidos. Nulidad. Ninguna es correcta. Eficiencia. Anulabilidad.

Según el artículo 51 de la Ley 39/2015, el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrán. Siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. La eliminación de todos los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. La retroacción de todas las actuaciones al momento anterior al dictado del acto nulo. La retracción únicamente de las actuaciones que sea desfavorables al interesado.

La nulidad o anulabilidad de un acto: Implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. No implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean dependientes del primero. No implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean dependientes del primero.

Según el artículo 50 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la conservación de actos viciados permite que: Se conserven aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, sea conservado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. Para los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto, se produzcan los efectos de éste. Se produzcan la subsanación de un defecto de forma.

Según establece la disposición adicional tercera de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación por medio de anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado garantizará: La celeridad de la publicación. Su correcta y fiel inserción. La identificación del órgano remitente. Todas son correctas.

Según el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para tramitar el procedimiento administrativo común, las Administraciones Públicas podrán acordar: Tramitación ordinaria o tramitación simplificada. Tramitación ordinaria o tramitación urgente. Tramitación ordinaria o tramitación de emergencia. Tramitación ordinaria o tramitación abreviada.

Según el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán acordar la tramitación simplificada del procedimiento administrativo: Únicamente a solicitud del interesado. De oficio. De oficio o a solicitud del interesado. Solamente cuando lo aconsejen razones de interés público.

Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada constarán de los siguientes trámites: Subsanación de la solicitud presentada, en su caso. Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado. Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo. Todas son correctas.

El último trámite de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común se corresponde con: Conclusión. Finalización. Resolución. Ninguna es correcta.

La administración le solicita el dictamen al consejo de Estado, le puede dar un plazo de: 20 días. 10 días. 15 días. 5 días.

Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en el plazo de: 20 días desde la notificación al interesado de la tramitación simplificada. 15 días desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada. 30 días a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada. Ninguna es correcta.

Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificas del procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas en el apartado 1, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de: 20 días. 15 días. 30 días. 5 días.

Según el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el trámite de audiencia en la tramitación simplificada se producirá: En todo caso. Únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable. Cuando así lo considere el órgano instructor. Solo cuando sea preceptivo.

Según el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán acordar la tramitación simplificada del procedimiento administrativo: Por razones de interés público. Por falta de complejidad del procedimiento. En cualquier momento anterior a la resolución. Todas son correctas.

Según el artículo 96.2 de la Ley 39/2015, cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestará su oposición expresa: Contra el acuerdo no cabrá oposición alguna. La Administración deberá seguir la tramitación ordinaria. La Administración podrá resolver continuar con la tramitación ordinaria. La Administración dará audiencia al resto de los interesados.

La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, tiene por objeto la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas: Política y social. Laboral y económica. Social y cultural. Todas son correctas.

Según la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, en su artículo 3, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de: La maternidad. La asunción de obligaciones familiares. El estado civil. Todas son correctas.

Según la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, en su artículo 10, regula los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean: Probables, efectivas y superiores al perjuicio sufrido. Probables, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido. Reales, efectivas y superiores al perjuicio sufrido. Reales, efectivas y proporcionales al perjuicio sufrido.

Según establece la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, en su artículo 7, respecto al acoso sexual y acoso por razón de sexo: Constituye acoso sexual cualquier comportamiento realizado a una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento, realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo se consideran discriminatorio cuando así lo determine un juez. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo no se considerará también acto de discriminación por razón de sexo.

Según la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, en su artículo 12, en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo: Estará legitimado el Ministerio Fiscal y la persona acosada. La persona acosada será la única legitimada. Estará legitimada cualquier persona que conozca los hechos. Ninguna es correcta.

Según la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales mediadas, que serán aplicables: En tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser únicas y adecuadas con el objetivo perseguido en cada caso. Aún después de ser corregidas dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. Aún después de ser corregidas dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. En tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetico perseguido en cada caso.

Según establece el artículo 13 de la Ley Orgánica de igualdad la inversión de la carga de prueba no se aplicará a: Los procesos de ámbito civil. Los procesos penales. Los procesos sociales. Ninguno de los anteriores es correcto.

Se considera discriminación indirecta por razón de sexo según señala el artículo 6 de la ley Orgánica 3/2007 de igualdad: La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a otras, salvo que dicha disposición criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legitima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Ambos supuestos son discriminación directa. Ninguna es correcta.

Según establece el artículo 8 de la Ley 3/2007 de Igualdad, la discriminación por embarazo o maternidad: Constituye discriminación directa por razón de sexo. Constituye discriminación indirecta por razón de sexo. Constituye discriminación directa por acoso sexual. Ninguna es correcta.

En relación con las consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias del artículo 10 de la ley 3/2007 los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán: Anulables. Darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones e indemnizaciones que son reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido. Se consideran nulos y sin efectos. Son ciertas b y c.

¿Con qué artículo constitucional relaciona el derecho de acceso a la información pública el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?. Con el artículo 104.b) de la Constitución Española. Con el artículo 105.b) de la Constitución Española. Con el artículo 103.b) de la Constitución Española. Con el artículo 102.b) de la Constitución Española.

Según establece el artículo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿Cuál de los siguientes principios técnicos del Portal de Transparencia es incorrecto?. Accesibilidad. Reutilización. Fiabilidad. Interoperabilidad.

Según establece el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio (señale la opción incorrecta). La defensa. El secreto personal. La seguridad pública. La política económica y monetaria.

Según el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es causa de inadmisión a trámite, las solicitudes: Que no identifiquen de forma suficiente la información requerida. Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo. Que no estén motivadas. Que se refieran a la protección del medio ambiente.

Según señala el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno quien tiene derecho a acceder a la información pública: Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española. Las personas físicas y jurídicas que justifiquen un interés legítimo. Solo las personas físicas que tengan interés legitimo. Ninguna es correcta.

Según señala el artículo 19 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuando la solicitud de acceso a la información pública no identifique de forma suficiente la información que se requiere: Se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de quince días. Se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días. No será admitida a trámite, de forma motivada. Será admitida de forma parcial, indicando qué parte de la información va a omitir en la respuesta.

Cuál de los siguientes límites al derecho de acceso a la información pública no está incluido en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para el secreto requerido en los procesos de toma de decisión. Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad pública. Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la intimidad de las personas y en la protección de sus datos personales. Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la defensa.

De conformidad con el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es posible ampliar el plazo para notificar al solicitante la resolución en la que se le conceda o deniegue el acceso a la información pública: No, el plazo inicial no se puede ampliar. Sí, se puede ampliar en un mes más en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así como lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Sí, se puede ampliar en dos meses más en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así como lo hagan necesario y previa notificación al solicitante, bastando con indicar los motivos de la ampliación en la resolución final que se le notifique. Sí, se puede ampliar en quince días más en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así como lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.

Según el artículo 19 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados: Se le concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante será advertido de que deberá esperar el plazo de interposición de un posible recurso contencioso-administrativo por parte de los terceros interesados. Se les notificará la obligación que tienen de realizar las pertinentes alegaciones en el plazo de diez días. Solo se ofrecerá la información que no afecte a terceros, previa comunicación al solicitante de esta circunstancia.

De conformidad con el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la resolución que conceda o deniegue el derecho de acceso a la información pública deberá notificarse en el plazo máximo de: Un mes, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Dos meses, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Tres meses, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Cuatro meses, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

Según el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar: Con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Sin el consentimiento expreso y por escrito del afectado si este ostenta un cargo público. Con el consentimiento expreso y por escrito del afectado y una resolución judicial favorable. Ninguna es correcta.

El objeto de aplicación de la ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo común es: Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. Regular el procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas. Los principios de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Todas son correctas.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 39/2015 LPAC su ámbito objetivo de aplicación comprende: La Administración General del Estado. Las administraciones de las Comunidades Autónomas. Las Entidades que integran la Administración Local. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley: Verdadero. Falso. Según los casos. Ninguna es correcta.

Según establece el artículo 2 de la Ley 39/2015, el sector público institucional está integrado por: Cualquier organismo público y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una administración pública. Entidades de derecho privados vinculadas o dependientes de una administración pública. Universidades públicas. Todas son correctas.

La presente Ley tiene por objeto regular: (señala la incorrecta). Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. El procedimiento administrativo común a todas las administraciones públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las administraciones públicas. Los principios de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

Cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluir trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Solo mediante Ley. Reglamentariamente. Todas son correctas. Ninguna es correcta.

La presente Ley se aplica al sector público, que comprende (señala la incorrecta). La Administración General del Estado. Las Administraciones de la Comunidades Autónomas. Las entidades que integran la Administración Local. El sector privado Corporativo.

Podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la material, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar: Solo mediante Ley. Reglamentariamente. Todas son correctas. Ninguna es correcta.

El sector público institucional se integra por, señala la incorrecta: Cualquier organismo público y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una administración pública. Entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de una administración pública. Universidades privadas. Todas son correctas.

El sector público institucional se integra por: Cualquier organismo público y entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de una administración pública. Cualquier organismo público y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una administración pública. Cualquier organismo público y entidades de derecho público vinculadas o independientes de una administración pública. Cualquier organismo público y entidades de derecho privado no vinculadas o dependientes de una administración pública.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 39/2015, son interesados en el procedimiento administrativo: Quienes los promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Todas las respuestas anteriores son correctas.

A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Todas son correctas.

Las asociaciones y organizaciones representativas de interese económicos y sociales: Serán titulares de intereses legítimos individuales y colectivos en los términos que la Ley reconozca. Serán titulares de intereses legítimos colectivos e individuales. No serán titulares de intereses legítimos colectivos. Serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

Se presumirá la representación para: Para formular solicitudes. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. Interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona. Para los actos y gestiones de mero trámite.

La representación podrá acreditarse. Mediante cualquier título jurídico. Únicamente mediante poder notarial. Mediante resolución judicial especial. Mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

Se entenderá acreditada la representación realizada. Mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal. Por comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica. A través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamiento de la Administración Pública competente. Todas son correctas.

La falta o insuficiencia acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro de: 20 días. 15 días. 30 días. 10 días.

Será/n interoperable/s con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamiento: Los registros mercantiles. Los registros de la propiedad. Los protocolos notariales. Todas son correctas.

Respecto a los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamiento pueden ser: Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante cualquier Administración u Organismo concreto. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder. Todas son correctas.

Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima. De 1 año a contar desde la fecha de inscripción. De 3 años a contar desde la fecha de inscripción. De 5 años a contar desde la fecha de inscripción. Ninguna es correcta.

Según establece el artículo 115 de la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la interposición del recurso deberá expresar. El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo. El acto que se recurre y la razón de su impugnación. El Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación. Todas son correctas.

Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1 de la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante…. El órgano inferior jerárquico del que lo dictó. El órgano superior jerárquico del que lo dictó. Los Tribunales. El tribunal Supremo.

El plazo para la interposición del recurso de alzada si el acto fuera expreso será de. 1 mes. 2 meses. 3 meses. 15 días.

Dentro de un plazo de cuatro años siguientes a la fecha de notificación de una resolución, se podrá presentar un recurso extraordinario de revisión, siempre y cuando. Aparezcan documento de valor esencial. Al dictar los actos firmes se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Para dictar los actos firmes se hayan influido esencialmente documentos declarados falsos. Hayan influido en los dictámenes firmes esencialmente testimonios declarados falsos.

Según establece el artículo 114 de la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas pone fin a la vía administrativa. Las resoluciones del recurso de alzada. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. Las resoluciones administrativas de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Todas son correctas.

El plazo para la interposición del recurso de alzada, si el acto no fuera expreso, será de: Un mes. Dos meses. Cuatro meses. Se podrá interponer en cualquier momento, a partir del día siguiente a aquel en el que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan a los efectos del silencio administrativo.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso potestativo de reposición es: De 1 mes. De 3 meses. De seis meses. De 15 días.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso de reposición. Solamente se podrá interponer recurso de alzada. Únicamente recurso extraordinario de revisión. Únicamente recurso contencioso administrativo. Únicamente podrá interponerse recurso contencioso administrativo, sin perjuicio de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos ante: El órgano superior jerárquico. El mismo órgano que lo dictó. El orden contencioso administrativo. Ante el mismo órgano que lo dictó o impugnarlos directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.

El mismo No se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de: De alzada. De reposición. Extraordinario de revisión. Ninguna es correcta.

¿Qué actos administrativos serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derechos?. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. Todas las respuestas son correctas.

¿Cuándo se realizará una notificación de un acto administrativo por medio de un anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Estado”?. Cuando los interesados sean desconocidos. Cuando se ignore el lugar de la notificación. Cuando no se haya podido practicar la notificación. Todas las respuestas son correctas.

¿Cuándo serán objeto de publicación los actos administrativos? Indica la respuesta incorrecta. Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento. Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad determinada de personas. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo.

“Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general”. ¿A qué nos estamos refiriendo?. Efectos de los actos administrativos. Motivación de los actos administrativos. Inderogabilidad singular de los actos administrativos. Ninguna de las respuestas es correcta.

Según señala el artículo 39/2015 de la LPAC los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo. Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia quedará demorada cuando esté supeditada a la notificación. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados. Todas son correctas.

¿En qué supuesto podrán practicar las Administraciones las notificaciones por medios no electrónicos?. Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparece espontánea del interesado a su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante. Cuando el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Todas las respuestas son correctas.

¿En qué plazo deber ser cursada la notificación de un acto administrativo?. 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según dispone el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se da por efectuado el trámite de la notificación y se sigue el procedimiento: Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio. Cuando el interesado o su representante no rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio. En casos de estados de alarma. Ninguna es correcta.

Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, toda notificación deberá contener: El texto íntegro de la resolución. Indicación de si pone fin o no a la vía administrativa. La expresión de los recursos que procedan. Todas son correctas.

Según el artículo 44 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, si la notificación al interesado resulta infructuosa tras dos intentos en el domicilio, de un acto dictado por la administración, se debe de publicar: En el BOE. En el tablón de anuncios del ayuntamiento del último domicilio. No se debe de publicar. Ninguna respuesta es correcta.

De acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Administración titular de una sede electrónica. Asume sus costes. Asume sus actualizaciones. Asume la integridad, veracidad, y actualización de la información y de los servicios que soporta. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según el artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con las medidas de seguridad para el archivo electrónico de documentos establecidas en. Registro electrónico general. Según el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Según el Esquema Nacional de Seguridad. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la sede electrónica es: Aquella sede administrativa donde se controla la red intranet de una Administración Pública. Es la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad es una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. Es la sede donde radica la Dirección general de nuevas tecnologías. Ninguna es correcta.

Cada Administración Pública determinará qué condiciones e instrumentos utilizará para la creación de sus sedes electrónicas, basándose en los siguientes principios: Calidad. Seguridad. Todas son correctas. Publicidad.

Según señala el artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a, señala la incorrecta. A una Administración pública. Un organismo Público. A una entidad de derecho privado. Todas son correctas.

Según lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los medios o soportes en que se almacenan documentos asegurarán entre otros aspectos, señala la incorrecta. La identificación de los usuarios y el control de acceso. El cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. La recuperación y conservación a corto plazo de los documentos electrónicos. Garantizar la autenticidad, integridad y confidencialidad.

Los medios o soportes en que se almacenan documentos deberán contar con medidas de seguridad que garanticen entre otras. La integridad y autenticidad de los documentos almacenados. La confidencialidad y la calidad de los documentos almacenados. La protección y la conservación de documentos almacenados. Todas son correctas.

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores: Los documentos electrónicos transmitidos en entornos abiertos de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órgano, organismos públicos y entidades de derecho público o privado. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órgano, organismos públicos y entidades de derecho público. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos abiertos de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órgano, organismos públicos y entidades de derecho público. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órgano, organismos públicos y entidades de derecho público o privado.

Según establece el artículo 43 en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal, los cuales: Podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en que preste sus servicios. Identificar de forma separada al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que preste sus servicios. Únicamente identificará al titular del puesto de trabajo. Ninguna es correcta.