OrejaDeElefante

1. ¿Cuantos Títulos tiene la Constitución española de 1978 (en adelante CE) incluyendo el título Preliminar?. 10. 11. 13. Ninguna de las anteriores es cierta.

2. ¿En qué fecha se publicó la CE?. 27 de diciembre de 1978. 28 de diciembre de 1978. 29 de diciembre de 1978. al día siguiente de haber sido ratificada en referéndum por el pueblo español.

3. ¿En la CE los derechos y deberes fundamentales dónde están recogidos?. Título I. Título II. Título III. Título IV.

4. Según el artículo 76.1 dela CE, el Congreso y el Senado y en su caso, ambas Cámaras conjuntamente podrán nombrar Comisiones de investigación: Sobre cualquier asunto de interés público. Sobre cuestiones de interés de ambas Cámaras. Sobre cuestiones de interés particular. Ninguna de las anteriores es cierta.

7. El Parlamento de Canarias elaborará su Reglamento, que deberá ser aprobado por mayoría absoluta de sus miembros, Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, artículo 41. En él se determinará: El régimen de sesiones, la formación de grupos parlamentarios. El funcionamiento de la Diputación Permanente. Cuantas cuestiones afecten a los procedimientos legislativos y de control político. Todas las anteriores son ciertas.

8. Según la Ley Orgánica 1/2018 de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, quién elige a la persona titular de la Presidencia de Canarias: El Presidente del Parlamento. Los senadores autonómicos. El Parlamento. El Gobierno de Canarias.

9. Según la Ley orgánica 1/2018 de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Gobierno cesará, entre otras: Tras la celebración de elecciones al Parlamento de Canarias. Por pérdida de la confianza parlamentaria de la persona titular de la Presidencia, según las previsiones de este Estatuto. Al producirse el fallecimiento de quien ostente la Presidencia. Todas las anteriores son ciertas.

10. De las siguientes afirmaciones, sobre las funciones del Diputado del Común, Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común, cuál no correcta: Defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos en la Constitución, frente a la vulneración producida por acciones u omisiones de las administraciones públicas canarias. Supervisión de la actividad de las administraciones públicas canarias, a la luz de lo dispuesto en la Constitución y en Estatuto de Autonomía de Canarias. Protección de los derechos de los sectores de población más protegidos, con relación a la actividad de las administraciones públicas canarias. Difusión de los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos en la Constitución.

13. Dentro de los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre otros se encuentra: A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con la Administraciones Públicas. A comunicarse con las Administraciones Públicas a través del Punto General de contacto de la Administración que tenga abierto el proceso. A la protección de datos de carácter general, y en particular a la no confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. Ninguna de las anteriores es cierta.

14. El recurso de alzada, Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse: Ante el Órgano que dictó el acto que se impugna. Ante el Órgano competente para resolverlo. Ante el Órgano competente para notificarlo. Dos de las anteriores son ciertas.

15. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de alzada, si el acto fuera expreso, Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Un mes. Dos meses. Tres meses. Ninguna de las anteriores es cierta.

16. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos, artículo 14, ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas: Las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración, los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. Las personas físicas y jurídicas, las entidades con personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que no se requiera colegiación obligatoria, para los tramites y actuaciones que realicen con la Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. Dos de las anteriores son ciertas.

17. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para dictar y notificar la resolución del recursos de reposición, el plazo es de: Dos meses. Un mes. No existe plazo. Ninguna de las anteriores es cierta.

18. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: De nuevo dicho recurso. Recurso de alzada. De nuevo recurso de alzada. Ninguna de las anteriores es cierta.

19. Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración está obligada a dictar resolución: Expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Expresa y a simplificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Expresa y a complementarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de inicia¬ción. Ninguna de las anteriores es cierta.

20. Las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos, según el artículo 41, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante. Cuando la notificación no se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesa¬do o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite publicación o notificación personal en ese momento. Dos de las anteriores son ciertas.

23. En el ámbito de lo establecido en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, las personas tienen, entre otros, los siguientes derechos: Acceder a la información obrante en poder de las Administraciones Públicas incluso cuando contravenga las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Usar la información obtenida siempre con autorización previa y con las limitaciones impuestas por esta u otras leyes. Realizar el acceso a la información incluso cuando se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos. Usar la información obtenida sin necesidad de autorización previa y sin más limitaciones que las impuestas por esta u otras leyes.

36. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales tiene por objeto, entre otros. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el Título II de la Constitución. Promover y garantizar los derechos digitales de la ciudadanía tal como se establece en el artículo 14 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía tal como se establece en el artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

37. Según la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, qué se entiende por acceso a la información pública: Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. La posibilidad de acceder a la información pública que obre en poder de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley sin más requisitos que los establecidos en la normativa básica estatal y en esta ley. La elaboración, actualización, difusión y puesta a disposición de cualquier persona, en una manera clara y entendible, de la información prevista en esta ley derivada de la actuación de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación en ejercicio de las funciones que tienen atribuidas, sin más limitaciones que las establecidas legalmente. Ninguna de las anteriores es cierta.