Organización del Estado

Titulares cualificados de la libertad de información son. Los periodistas. Todos los ciudadanos. Los profesores. Los políticos.

La llamada causa expropiandi que legitima una expropiación forzosa. No puede ser determinada por ley autonómica en ningún caso. Puede ser determinada por ley autonómica para cada caso en que una ley estatal así lo habilite. La causa expropiandi sólo puede ser determinada mediante ley orgánica estatal. Puede ser determinada por ley autonómica en el ámbito de las competencias del Comunidad Autónoma en cuestión.

El legislador modifica la ley electoral a fin de conseguir la igualdad entre mujeres y hombres cuando los partidos políticos presentan sus listas electorales. Dicha ley necesariamente tiene que ser orgánica, pues el principio de igualdad está sujeto a reserva de ley orgánica. Dicha ley necesariamente tiene que ser ordinaria, pues ni el principio de igualdad ni el derecho de sufragio pasivo están sujetos a reserva de ley ordinaria. Dicha ley necesariamente tiene que ser orgánica, pues si bien es cierto que el principio de igualdad no está sujeto a reserva de ley ordinaria, sí lo está el derecho de sufragio pasivo. Dicha ley necesariamente tiene que ser ordinaria, pues el principio de igualdad no está sujeto a reserva de ley orgánica.

Las libertades de la comunicación tienen un doble objeto de protección. Uno individual presente en todo derecho fundamental (la dignidad de la persona) y otro colectivo o político como en este caso es la libre formación de la opinión pública o, si se quiere, el sistema democrático. Sólo hay un objeto de protección: el desarrollo de la personalidad a través de la comunicación. Uno individual presente en todo derecho fundamental (la dignidad de la persona) y otro colectivo o político como en este caso es la paz social. Sólo hay un objeto de protección: el desarrollo del Estado democrático.

Un recluso es privado de mantener relaciones sexuales de forma temporal como consecuencia de aplicarle un régimen penitenciario especial al ser calificado de interno de peligrosidad extrema. Una medida de este tipo no es admitida por el Tribunal Constitucional al ser considerada trato inhumano y degradante. Una medida de este tipo es admitida por el Tribunal Constitucional, aun cuando el propio Tribunal reconoce que la privación de relaciones sexuales en ningún caso forma parte de la privación de libertad del recluso. Una medida de este tipo no es admitida por el Tribunal Constitucional por no estar orientada a la reeducación y reinserción social exigida por el artículo 25.2 CE. Una medida de este tipo es admitida por el Tribunal Constitucional, pues pueda formar parte (o ser consecuencia) de la propia privación de libertad del recluso.

Cuando un funcionario de prisiones cachea a un interno. No lesiona sus derechos de la personalidad, salvo que el cacheo se realice de forma irrespetuosa con la dignidad de la persona. Lesiona sus derechos de la personalidad, aun cuando el cacheo se realice de forma respetuosa con la dignidad de la persona. No lesiona sus derechos de la personalidad, aun cuando el cacheo se realice de forma irrespetuosa con la dignidad de la persona. Lesiona sus derechos de la personalidad en todo caso, salvo que medie consentimiento del interno.

Un estudiante lleva residiendo cinco meses en una residencia de estudiantes. Toda vez que la policía efectúa en su habitación una entrada y registro sin autorización judicial, el estudiante invoca lesión de su derecho a la inviolabilidad del domicilio. La habituación de una residencia de estudiantes sí puede considerarse domicilio, por lo que la entrada y registro es ilícita. La habituación de una residencia de estudiantes no puede considerarse domicilio, por lo que la entrada y registro es lícita. La habituación de una residencia de estudiantes no puede considerarse domicilio, salvo que se lleve residiendo en ella al menos seis meses, por lo que la entrada y registro es lícita. La habituación de una residencia de estudiantes sí puede considerarse domicilio, pero una entrada y registro policial siempre ha de entender lícita.

La afluencia de personas a un estadio para ver un partido de fútbol. Puede considerarse perfectamente ejercicio del derecho de reunión. No es ejercicio del derecho de reunión.

Una persona sufre una exposición prolongada a determinados niveles de ruido, objetivamente evitables e insoportables. Puede invocar lesión del derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario, pero no lesión del derecho a la integridad física y moral. Puede invocar lesión del derecho a la integridad física y moral, pero no lesión del derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario. No puede invocar lesión del derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario ni tampoco lesión del derecho a la integridad física y moral. Puede invocar lesión del derecho a la intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario, así como lesión del derecho a la integridad física y moral.

El derecho a la propiedad privada puede recaer. Sobre bienes pero nunca sobre derechos. Sobre bienes y derechos de cualquier contenido. Sobre bienes, muebles o inmuebles, exclusivamente. Sobre bienes y derechos de contenido económico.

El establecimiento de la edad de acceso a los distintos niveles educativos corresponde. A las Comunidades Autónomas. Desde 1986 a la Unión Europea. A los Ayuntamientos. Al Estado (poder central).

La doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el nasciturus es. La de considerar que el nasciturs no es titular del derecho a la vida y, por tanto, no posee ninguna protección al respecto. La de considerar que el nasciturus no es estrictamente titular del derecho a la vida, aunque sí debe ser objeto de protección penal, al considerar que el feto es una vida en formación. El Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre el nasciturus y su posible titularidad del derecho a la vida. La de considerar que es titular del derecho a la vida con igual plenitud que la persona nacida.

La de considerar que el nasciturus no es estrictamente titular del derecho a la vida, aunque sí debe ser objeto de protección penal, al considerar que el feto es una vida en formación. Aunque el legislador no ha establecido dicha obligación, el Tribunal Constitucional ha considerado que, de preverse en una ley, sería acorde con la Constitución. No existe dicha obligación, por lo que realmente no cabe hablar de constitucionalidad o inconstitucionalidad. El legislador ha establecido dicha obligación, pero el Tribunal Constitucional ha considerado que no se ajusta a la Constitución. El legislador ha establecido dicha obligación y el Tribunal Constitucional ha considerado que se ajusta a la Constitución.

Una ley que establece incentivos en el pago de las cuotas de la seguridad social para las empresas que contraten mayores de 45 años, arguyendo, en base a las cifras aportadas por el Ministerio de Trabajo, que los mayores de 45 años son un colectivo relegado en la contratación laboral. Está estableciendo una medida de acción positiva derivada del principio de igualdad jurídica o formal. Está incurriendo en una discriminación por razón de edad contraria al principio de igualad jurídica o formal. Está estableciendo una medida de acción positiva derivada del principio de igualdad jurídica real o material. Está incurriendo en una lesión del derecho al trabajo de todos los españoles reconocido en el artículo 35 CE.

La administración forzosa de alimentos a una persona que se declara en huelga de hambre. Según el Tribunal Constitucional, no debe autorizarse en ningún caso. Según el Tribunal Constitucional, sólo debe autorizarse cuando la vida del afectado corra verdadero y serio riesgo. Según el Tribunal Constitucional, debe autorizarse en cualquier caso. El Tribunal Constitucional no ha sentado doctrina a este respecto.

La llamada igualdad en la ley. Obliga sólo a poder judicial. Obliga sólo al poder ejecutivo. Obliga a los órganos que aplican las normas. Obliga a los órganos que dictan las normas.

La extracción de un órgano corporal de una persona viva lesiona su derecho a la integridad física. Sólo si la extracción del órgano corporal supone menoscabo para la salud de la persona. Sólo si la extracción implica menoscabo de la salud de la persona, aun cuando haya prestado su consentimiento libre. Sólo si la persona no ha otorgado su consentimiento de forma libre y voluntaria. Siempre y en todo caso, aun cuando exista consentimiento libre de la persona.

Un tribunal se plantea la posibilidad de cambiar el criterio de aplicación de una norma que había venido utilizando en los últimos años. Puede hacerlo sin vulnerar la igualdad en la ley, pero siempre que justifique suficientemente el cambio. No puede hacerlo en ningún caso, pues vulneraría la igualdad ante la ley. Puede hacerlo sin vulnerar la igualdad ante la ley, pero siempre que justifique suficientemente el cambio. Puede hacerlo sin vulnerar la igualdad ante la ley, aun cuando justifique suficientemente el cambio.

Una persona exige que no se le realice una transfusión de sangre, necesaria para salvarle la vida, alegando que dicha transfusión sanguínea es contraria a sus convicciones religiosas. Esta exigencia no está amparada por el llamado derecho a una muerte digna, pero sí por la libertad general que la Constitución reconoce a todas las personas, por lo que debe ser atendida. Esta exigencia no está amparada por ningún derecho constitucional y, por tanto, no debe ser atendida. Esta exigencia no está amparada por el llamado derecho a una muerte digna, pero sí por la libertad religiosa, por lo que debe ser atendida. Esta exigencia está amparada por el llamado derecho a una muerte digna, incluido a su vez dentro del derecho a la vida, por lo que debe ser atendida.

Señale en qué caso de los descritos cabe suspender los derechos del detenido reconocidos en el artículo 17.3 CE (asistencia letrada, derecho a ser informado de los motivos de la detención, etc.). Durante la vigencia del estado de alerta. Durante la vigencia del estado de excepción. Durante la vigencia del estado de alarma. Durante la vigencia del estado de sitio.

Imaginemos que una persona que no ha dejado testamento vital se encuentra en estado terminal e inconsciente. Aunque no haya dejado testamento vital, sí cabe rechazar un tratamiento médico cuando ocasione padecimiento excesivo e innecesario, o alargue artificialmente la vida en condiciones penosas y degradantes, bastando sólo una autorización judicial. Al no dejar testamento vital no cabe rechazar un tratamiento médico cuando ocasione padecimiento excesivo e innecesario. Aunque no haya dejado testamento vital, sí cabe rechazar un tratamiento médico cuando ocasione padecimiento excesivo e innecesario, o alargue artificialmente la vida en condiciones penosas y degradantes, pero siempre que se tenga en cuenta lo que digan al respecto los familiares más próximos, y mediando siempre la debida intervención médica y judicial. Al no dejar testamento vital no cabe rechazar un tratamiento médico cuando alargue artificialmente la vida en condiciones penosas y degradantes.

En la colisión entre libertad de información y derecho al honor. Siempre tiene cierta prevalencia el derecho al honor. Ambos derechos siempre están en situación de igualdad. Siempre tiene cierta prevalencia la libertad de información. La libertad de información pudiera tener cierta prevalencia siempre que verse sobre asuntos que contribuyan a la formación de la opinión pública.

La utilización del principio de proporcionalidad como criterio para determinar si un trato desigual es admisible. Ni en España ni en Europa se utiliza el principio de proporcionalidad, sino el principio de razonabilidad. Es exclusiva del Tribunal Constitucional español. Es exclusiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es propia del Tribunal Constitucional español y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Distinguir lo que es información de lo que es opinión. Nunca es posible. Siempre es posible. No es siempre posible.

El ámbito de protección de la intimidad. Es algo mayor en las personas públicas que en el resto, dadas las altas responsabilidades que ejercen aquéllas. Es algo menor en las personas públicas que en el resto. Es igual en las personas públicas que en el resto, pues el artículo 18 CE no hace distingos. Es inexistente en las personas públicas.

Una ley establece que las listas electorales deben tener paridad entre hombres y mujeres a fin de que haya mayor igualdad entre hombres y mujeres en la representación política. Dicha ley obedece al principio de igualdad jurídica o formal. Dicha ley obedece al principio de igualdad real o material.

Una persona es objeto de detención preventiva por las fuerzas de seguridad del Estado. No tiene derecho a designar un abogado hasta que no haya auto de procesamiento. Tiene derecho a designar un abogado y a que dicho abogado esté presente en las diligencias judiciales, pero no en las diligencias policiales. Tiene derecho a designar un abogado y a que dicho abogado esté presente en las diligencias policiales, pero no en las diligencias judiciales. Tiene derecho a designar un abogado y a que dicho abogado esté presente tanto en las diligencias judiciales como en las diligencias policiales.

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional. Como el derecho a que el proceso concluya dentro de un tiempo razonable. Como el derecho a que el proceso concluya antes de dos años. Como el derecho a que el proceso concluya antes de cinco años. Como el derecho a que el proceso concluya antes de un año.

El derecho a la vida es considerado un derecho troncal, es decir, premisa para la existencia del resto de derechos. No, el derecho a la vida es un derecho fundamental como los demás. El derecho a la vida sólo premisa del derecho a la integridad física. Sí, esta es la interpretación correcta que cabe hacer del derecho a la vida. Sí, así lo establece expresamente la propia Constitución.

La libertad de expresión tiene un mayor ámbito de protección constitucional. Cuando su ejercicio versa sobre cuestiones de naturaleza política. Cuando su ejercicio versa sobre cuestiones de crónica social. Cuando su ejercicio versa sobre cuestiones de naturaleza deportiva. Cuando su ejercicio versa sobre cuestiones culturales.

La detención preventiva deberá durar. 72 horas. El tiempo estrictamente necesario. El tiempo estrictamente necesario, pero nunca superior a 72 horas. 48 horas.

En España se considera asociación secreta. Aquella que no está inscrita en el correspondiente registro. Aquella que no tiene actividad durante más de tres meses consecutivos. Aquella que tiene la pretensión inequívoca de ocultar su existencia. Aquella que elige a sus miembros directivos de forma no democrática.

Una persona redacta en su blog un manifiesto en el que pide a los empresarios el despido inmediato de los trabajadores extranjeros contratados legalmente, aduciendo que los extranjeros han venido para robar a los españoles los puestos de trabajo. Dicho manifiesto xenófobo está amparado por la libertad ideológica siempre que se ponga en relación con el derecho al trabajo de los españoles reconocido en el artículo 35 CE. Dicho manifiesto xenófobo está amparado por la libertad ideológica y, por tanto, no lesiona la dignidad y el derecho al honor de los extranjeros. Dicho manifiesto xenófobo no está amparado por la libertad ideológica y, por tanto, pudiera estar lesionando la dignidad y el derecho al honor de los extranjeros. Dicho manifiesto xenófobo está amparado por la libertad ideológica siempre que se ponga en relación con la libertad de expresión reconocida en el artículo 20 CE.

Una modelo muy famosa es fotografiada en toples en la playa sin su consentimiento y posteriormente la fotografía es publicada en una revista también sin su consentimiento. La modelo no puede invocar lesión de su derecho a la propia imagen pues, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en un caso como el descrito el personaje público debe asumir que su imagen pueda ser captada y difundida. La modelo puede invocar lesión de su derecho a la intimidad pues, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en un caso como el descrito el personaje público no tiene obligación de asumir que su imagen pueda ser captada y difundida. La modelo puede invocar lesión de su derecho a la propia imagen pues, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en un caso como el descrito el personaje público no tiene obligación de asumir que su imagen pueda ser captada y difundida. La modelo puede invocar lesión de su derecho al honor pues, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en un caso como el descrito el personaje público no tiene obligación de asumir que su imagen pueda ser captada y difundida.

Señale en qué caso de los descritos se lesiona el derecho a la inviolabilidad del domicilio. La autoridad gubernativa ordena un registro domiciliario sin autorización judicial durante la vigencia del estado de excepción, comunicándolo de inmediato a la autoridad judicial. La autoridad gubernativa ordena un registro domiciliario previa autorización judicial y sin que medie declaración de estado de excepción o estado de sitio. La autoridad gubernativa ordena un registro domiciliario sin autorización judicial durante la vigencia del estado de sitio, comunicándolo de inmediato a la autoridad judicial. La autoridad gubernativa ordena un registro domiciliario sin autorización judicial durante la vigencia del estado de excepción, sin comunicarlo de inmediato a la autoridad judicial.

Señale en qué caso la extracción y examen de cabello de una persona contra su voluntad no lesiona el derecho a la integridad física. Como medida pública para elaborar una base de datos que en el futuro permita identificar más rápidamente a una persona. La extracción y examen de cabello de una persona sin su consentimiento siempre lesiona el derecho a la integridad física. Como medida pública para elaborar una base de datos con fines científicos. Como prueba necesaria para, por ejemplo, determinar la comisión de un delito en el curso del procedimiento judicial correspondiente.

Un periodista se pregunta si la información que difunde a través de su periódico tiene amparo constitucional aun cuando no sea completamente veraz. La información tiene amparo constitucional si se aprecia que al menos el 50% de la misma es veraz. Sólo si la información es absolutamente veraz tendrá amparo constitucional. La veracidad no es requisito sine qua non y, por tanto, la información falsa también está amparada por la Constitución. La información sólo tiene amparo constitucional si es veraz, aunque ello no significa que la información errónea no esté amparada, siempre que el informador haya actuado diligentemente a la hora de comprobar que la información era veraz.

La libertad de expresión ampara solamente la difusión de. Mensajes exclusivamente políticos. Mensajes de cualquier tipo. Mensajes exclusivamente políticos y económicos. Mensajes exclusivamente políticos, económicos y religiosos.

La recopilación de datos sobre las opiniones políticas de los ciudadanos realizada por partidos políticos. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre esta cuestión. Supone, conforme a la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, un uso ilegítimo del tratamiento informático de datos personales. No supone uso ilegítimo del tratamiento informático de datos personales. De hecho, esta práctica está prevista por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. No supone, conforme a la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, un uso ilegítimo del tratamiento informático de datos personales.

¿Qué diferencias fundamentales existen entre libertad de expresión y libertad de información?. No existen diferencias significativas entre ambas libertades. La libertad de expresión protege la difusión de ideas y pensamientos, mientras que la libertad de información protege la difusión de hechos noticiosos. La libertad de expresión protege la difusión de hechos noticiosos, mientras que la libertad de información protege la difusión de ideas y pensamientos.