Organización territorial

Según el artículo 137 de la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente en: Municipios, provincias, Comunidades Autónomas y ciudades autónomas. Municipios, provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan. Municipios, comarcas, provincias y Comunidades Autónomas. Entidades locales, provincias y Comunidades Autónomas.

La vía de acceso a la autonomía regulada en el artículo 151 de la Constitución se caracteriza por: Requerir únicamente el acuerdo de las Diputaciones provinciales. Permitir mayor autogobierno inicial pero con requisitos más exigentes. Ser aplicable solo a las nacionalidades históricas. No requerir referéndum en ningún caso.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León fue aprobado inicialmente por: Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre. Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero. Ley Orgánica 11/1994, de 24 de marzo. Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero.

Los miembros de las Cortes de Castilla y León reciben la denominación de: Diputados autonómicos. Parlamentarios. Procuradores. Consejeros.

La circunscripción electoral para las Cortes de Castilla y León es: La Comunidad Autónoma como circunscripción única. La provincia. Las comarcas históricas. Los partidos judiciales.

Cada provincia tiene derecho a un mínimo de Procuradores en las Cortes de Castilla y León de: Dos Procuradores. Tres Procuradores. Cuatro Procuradores. Cinco Procuradores.

El Presidente de la Junta de Castilla y León es: Elegido directamente por los ciudadanos. Nombrado por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno. Elegido por las Cortes de Castilla y León y nombrado por el Rey. Designado por el Consejo de Gobierno autonómico.

Las instituciones básicas de Castilla y León según el Estatuto de Autonomía son: Las Cortes, el Presidente y la Junta de Castilla y León. Las Cortes, el Presidente, la Junta y el Tribunal Superior de Justicia. Las Cortes, el Presidente, la Junta y el Procurador del Común. Todas las anteriores.

PREGUNTA 9: El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tiene su sede en: Valladolid. León. Burgos. Salamanca.

La prohibición de federación de Comunidades Autónomas se establece en el artículo: 143 de la Constitución. 144 de la Constitución. 145 de la Constitución. 146 de la Constitución.

Los períodos ordinarios de sesiones de las Cortes de Castilla y León se celebran: De enero a junio y de septiembre a diciembre. De febrero a junio y de septiembre a diciembre. De marzo a julio y de octubre a enero. De forma continuada durante todo el año.

La competencia para convocar elecciones a las Cortes de Castilla y León corresponde a: El Rey. El Presidente del Gobierno de España. El Presidente de la Junta de Castilla y León. El Presidente de las Cortes de Castilla y León.

El principio de solidaridad interterritorial se recoge en el artículo: 137 de la Constitución. 138 de la Constitución. 139 de la Constitución. 140 de la Constitución.

Castilla y León está integrada por: Ocho provincias. Nueve provincias. Diez provincias. Once provincias.

El Procurador del Común de Castilla y León es: El defensor de los derechos fundamentales frente a la administración. El presidente de las Cortes autonómicas. El representante de los municipios ante la Junta. El fiscal superior de la Comunidad Autónoma.

La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León requiere: Mayoría simple en las Cortes autonómicas. Mayoría absoluta en las Cortes autonómicas y mayoría simple en las Cortes Generales. Mayoría absoluta en las Cortes autonómicas y aprobación por las Cortes Generales. Referéndum obligatorio en la Comunidad Autónoma.

Las Diputaciones Provinciales en Castilla y León: Fueron suprimidas con la constitución de la Comunidad Autónoma. Mantienen sus competencias tradicionales de coordinación municipal. Se integraron en la administración autonómica. Solo existen en las provincias de León, Burgos y Valladolid.

El mandato de los Procuradores de las Cortes de Castilla y León es de: Tres años. Cuatro años. Cinco años. Seis años.

La iniciativa legislativa en las Cortes de Castilla y León corresponde a: Únicamente a la Junta de Castilla y León. A la Junta, a los Procuradores y a los ciudadanos mediante iniciativa popular. Solo a los Grupos Parlamentarios. Exclusivamente al Presidente de la Junta.

El control de la gestión económica del sector público autonómico corresponde a: El Consejo Económico y Social. El Consejo Consultivo. El Consejo de Cuentas. El Procurador del Común.