oriolvieitez BLOQUE 2: TEST ORGANIZACIÓN JUDICIAL Tema 9

La carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, fue aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el: 16 de Abril de 2002. 28 de Mayo de 2001. 22 de Mayo de 2001. Ninguna es cierta.

Dicha aprobación lo fue por: Unanimidad. Mayoría absoluta. Mayoría simple. Ninguna es cierta.

La Carta desarrolla los principios de: Transparencia. Atención adecuada. Información. Todas son ciertas.

¿A qué órgano se encomienda el seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de la Carta?: Senado. Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados. Ministerio de Justicia. Todas las anteriores.

El ciudadano tiene derecho, según la Carta, a conocer el contenido actualizado de las leyes españolas y de la Unión Europea mediante: Notificación. Sistema electrónico de datos. Publicación edictal. Ninguna es cierta.

El ciudadano tiene derecho a que las comunicaciones que se le realicen contengan: Términos sencillos. Comprensibles. Evitando elementos intimidatorios. Todas son ciertas.

El ciudadano tiene derecho a ser atendido de forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias. Psicológicas. Sociales. Culturales. Todas son ciertas.

Se tramitarán con preferencia y máxima celeridad: Las indemnizaciones económicas por desplazamiento a órgano judicial. Los procesos civiles. Los derechos de Abogados y Procuradores. Todas son ciertas.

El ciudadano tiene derecho a conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le atienda: Salvo por razones de seguridad en causas criminales. Salvo no autorización del Ministerio de Justicia. Salvo razones de urgencia. Salvo no autorización del Secretario.

Las declaraciones se celebrarán siempre ante: El Juez o Tribunal de acuerdo con lo previsto en las leyes. Juez, Tribunal o Secretario. El Secretario. Ninguna es cierta.

El ciudadano tiene derecho a utilizar, con la Administración de Justicia: Únicamente el castellano. La lengua oficial que escoja. La lengua oficial que escoja en el territorio de su Comunidad. Ninguna es cierta.

El ciudadano tiene derecho a ser atendido: En los términos establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estatutos de Autonomía. Y sus normas de desarrollo. Todas son ciertas.

El ciudadano tiene derecho a comunicarse con la Administración de Justicia a través de: Correo electrónico. Videoconferencia. Medios telemáticos. Todas son ciertas.

La comunicación por medios telemáticos tendrá plena validez y eficacia: En todo caso. Siempre que quede acreditada su integridad. Su integridad y autenticidad. Ninguna es cierta.

Los ciudadanos que sean victimas de un delito tienen derecho a ser protegidos frente a publicidad no deseada sobre su vida privada: Cierto. Falso. Sólo en determinados casos. Cierto, y deberán velar por este derecho los Jueces y Magistrados.

Según la Carta de Derechos, quien velará por los intereses de los menores de edad en los procesos que estén directamente implicados, prestando la asistencia que necesite: El Ministerio Fiscal. Su Procurador. Los Jueces y Tribunales. Ninguna es cierta.

En los procesos que participe un sordomudo, discapacitado visual o de ceguera ¿qué se comprobará con especial cuidado en los actos de comunicación?. Que han llegado a su conocimiento. Su notificación. Conocimiento efectivo. Ninguna es cierta.

¿De quién dependen los Servicios de Orientación Jurídica al ciudadano?: Colegios de Abogados. Consejo General del Poder Judicial. Ministerio de Justicia, en todo caso. Ninguna es cierta.

Estarán vinculados al cumplimiento de los derechos reconocidos en la Carta: Jueces, Magistrados y Fiscales. Secretarios, Médicos forenses y Funcionarios Públicos. Abogados y Procuradores. Todas son ciertas.

El acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de Transparencia Judicial es de fecha: 21 de Octubre de 2005. 14 de Septiembre de 2006. 15 de Diciembre de 2004. Ninguna es cierta.

En el Plan de Transparencia se pretende garantizar una adecuada correspondencia: Coste y rendimiento del servicio. Coste y culpabilidad. Justicia y seguridad. Ninguna es cierta.

Son objetivos del Plan: Mejorar el acceso a la información sobre actividad judicial. Implantación de criterios que permitan la gestión. Planificación de política, nuevos órganos y medios personales y materiales. Todas son ciertas.

La estructura, composición y funciones de la Comisión Nacionalde Estadística se realiza en: Real Decreto. Real Decreto-Ley. Ley Ordinaria. Ninguna es cierta.

La anterior norma fue aprobada por: Congreso de Diputados. Consejo de Ministros. Ministerio de Justicia. Ninguna es cierta.

Es de fecha: 13 Octubre de 2004. 13 Octubre de 2005. 13 Octubre de 2006. Ninguna es cierta.

La Comisión Nacionalde Estadística es un órgano: Consultivo. Colegiado. Independiente. Todas son ciertas.

Adscrito al: Ministerio de Justicia. Consejo General del Poder Judicial. Juzgados y Tribunales. Todas son ciertas.

Uno de los principales cometidos de la Comisión Nacionalde Estadística es: Aprobar planes estadísticos generales o especiales. Criterios uniformes y obligatorios para la obtención, tratamientos y explotación de datos estadísticos. Son ciertas a) y b) pero pertenecientes al sistema judicial español. Ninguna es cierta.

Le puede requerir información sobre actividad y cargo de trabajo de los servicios de la Administración de Justicia: Cortes Generales. Gobierno. Comunidades Autónomas. Todos los anteriores.

Pero también: Consejo General del Poder Judicial. Fiscalía General del Estado. Ambas son ciertas. Ninguna es cierta.

Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, una justicia transparente supone que: El ciudadano tiene derecho a recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales. El ciudadano tiene derecho a recibir información transparente sobre el estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales de España. El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido actualizado de las leyes españolas y de la Unión Europea mediante un sistema electrónico de datos fácilmente accesible. Todas las anteriores son correctas.

En los términos de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos, una justicia comprensible supone que: El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios. El ciudadano tiene derecho a ser atendido de forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales. El ciudadano tiene derecho a que su comparecencia personal ante un órgano de la Administración de Justicia resulte lo menos gravosa posible. El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido y estado de los procesos en los que tenga interés legítimo de acuerdo con lo dispuesto en las leyes procesales.

En los términos de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos, una justicia comprensible supone que: El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios. El ciudadano tiene derecho a ser atendido de forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales. El ciudadano tiene derecho a que su comparecencia personal ante un órgano de la Administración de Justicia resulte lo menos gravosa posible. El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido y estado de los procesos en los que tenga interés legítimo de acuerdo con lo dispuesto en las leyes procesales.

El ciudadano tiene derecho a que su comparecencia personal ante un órgano de la Administración de Justicia resulte lo menos gravosa posible, y por lo tanto: La comparecencia de los ciudadanos ante los órganos jurisdiccionales solamente podrá ser exigida cuando sea estrictamente indispensable conforme a la Ley. Se procurará siempre concentrar en un solo día las distintas actuaciones que exijan la comparecencia de una persona ante un mismo órgano judicial. Se tramitarán con preferencia y máxima celeridad las indemnizaciones económicas que corresponda percibir al ciudadano por los desplazamientos para acudir a una actuación judicial. Todas las anteriores son correctas.

El ciudadano tiene derecho a conocer la identidad y categoría de la autoridad o funcionario que le atienda, salvo: Que el Juez ordene lo contrario en resolución motivada. Que el Secretario Judicial ordene lo contrario en resolución motivada. Cuando esté justificado por razones de seguridad en causas criminales. En los supuestos en los que prime el derecho a la intimidad del funcionario por causas establecidas en la Ley.

Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta: El ciudadano tiene derecho a ser atendido personalmente por el Juez o por el Secretario Judicial respecto a cualquier incidencia relacionada con el funcionamiento del órgano judicial. Las declaraciones y testimonios, los juicios y vistas, así como las comparecencias que tengan por objeto oír a las partes antes de dictar una resolución, se celebrarán siempre con presencia de Juez o Tribunal de acuerdo con lo previsto en las leyes. El ciudadano tiene derecho a ser atendido en horario exclusivo de mañana en las dependencias judiciales de aquellos órganos en los que, por su naturaleza o volumen de asuntos, resulte necesario y en los términos legalmente previstos. El ciudadano tiene derecho a utilizar con la Administración de Justicia del territorio de su Comunidad la lengua oficial que escoja, y a ser atendido en los términos establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial, y los Estatutos de Autonomía y sus normas de desarrollo.

Una justicia responsable ante el ciudadano supone que el ciudadano tiene derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia, así como a recibir respuesta a las mismas: Dentro del plazo máximo de tres meses. Con la mayor celeridad y, en todo caso, dentro del plazo de un mes. Con la mayor celeridad y en el menor plazo posible atendiendo a las necesidades del servicio. En el plazo establecido en la ley, y en su defecto a la mayor brevedad posible.

El ciudadano tiene derecho a comunicarse con la Administración de Justicia a través de: El correo electrónico. La videoconferencia. Mediante otros medios telemáticos con arreglo a lo dispuesto en las leyes procesales. Todas son correctas.

En una justicia que protege a los más débiles: El ciudadano que no sea víctima de un delito tiene derecho a ser informado con claridad sobre su intervención en el proceso penal, las posibilidades de obtener la reparación del daño sufrido, así como sobre el curso del proceso. Se asegurará que la víctima tenga un conocimiento efectivo de todas las resoluciones que recaigan en el proceso. El ciudadano que sea parte en un procedimiento penal tiene derecho a ser protegido de forma inmediata y efectiva por los Juzgados y Tribunales, especialmente frente al que ejerce violencia física o psíquica en el ámbito familiar. El ciudadano que sea víctima de un delito tiene derecho a ser protegido frente a la publicidad no deseada sobre su vida privada en toda clase de actuaciones judiciales.

El menor de edad que tuviere suficiente juicio tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social, así como a que las distintas actuaciones judiciales se practiquen en condiciones que garanticen la comprensión de su contenido. ¿Quién velará por la efectividad de este derecho prestando al menor la asistencia que necesite?. Sus representantes legales. El defensor judicial que le haya sido nombrado en el procedimiento. El Juez de menores. El Ministerio Fiscal.

El ciudadano afectado por cualquier tipo de discapacidad sensorial, física o psíquica, podrá ejercitar con plenitud los derechos reconocidos en esta Carta y en las leyes procesales. Solamente deberá comparecer ante el órgano judicial cuando: Así lo ordene el Juez instructor. Así lo acuerde el Juez instructor a instancia del Ministerio Fiscal. Lo inste el Ministerio Fiscal. Resulte estrictamente necesario conforme a la Ley.

El extranjero tiene derecho a ser atendido por todos los que prestan sus servicios en la Administración de Justicia de acuerdo con lo establecido en esta Carta y sin sufrir discriminación alguna por razón de su raza, lengua, religión o creencias, particularmente cuando se trate de menores de edad y conforme a lo dispuesto por los convenios internacionales ratificados por España. ¿En que supuestos se garantizará el uso de intérprete?. Cuando el extranjero que no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, hubiese de ser interrogado o prestar alguna declaración. Cuando el extranjero sea la víctima de un delito o falta o siga demanda civil contra el mismo. Cuando no conociendo el castellano o la lengua oficial propia de la CCAA fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución. La a) y la c) son correctas.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?. El ciudadano no tiene derecho a conocer, a través del Colegio Profesional correspondiente, si un Abogado o Procurador ha sido objeto de alguna sanción disciplinaria, no cancelada, por alguna actuación profesional. El ciudadano tiene derecho a que los profesionales que le representen, asesoren o defiendan guarden riguroso secreto de cuanto les revelen o confíen en el ejercicio de estas funciones. El ciudadano tiene derecho a la prestación de un servicio profesional de calidad por parte del Abogado en el cumplimiento de la misión de defensa que le encomiende, así como por el Procurador en la representación de sus intereses ante los órganos jurisdiccionales. El ciudadano tiene derecho a denunciar ante los Colegios de Abogados o de Procuradores las conductas contrarias a la deontología profesional y a conocer a través de una resolución suficientemente motivada el resultado de la denuncia.

Los Abogados y Procuradores estarán obligados a: A cobrar de sus defendidos o representados la factura de sus honorarios o derechos, sin necesidad de entregarles presupuesto previamente. Entregar a su cliente exclusivamente copia de todas las resoluciones judiciales relevantes que le sean notificadas. Ofrecer garantías de exito en las causas en las que asistan o representen a sus clientes. Informar a su cliente con carácter previo al ejercicio de cualquier pretensión ante un órgano judicial, sobre las consecuencias de ser condenado al pago de las costas del proceso y sobre su cuantía estimada.

El ciudadano tiene derecho a ser asesorado y defendido gratuitamente porun Abogado suficientemente cualificado y a ser representado por un Procurador cuando: Lo solicite en tiempo y forma en la causa de la que traiga razón. Sea procesado en causa por delito. En todo caso sea demandado en juicio. Tenga legalmente derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Los ciudadanos tienen derecho a exigir el cumplimiento de los derechos reconocidos en esta Carta. Estarán vinculados a ella: Todos los poderes públicos. El Gobierno y los Consejos Ejecutivos de las respectivas CCAA. Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, médicos forenses, funcionarios públicos, Abogados, Procuradores y demás personas e Instituciones que cooperan con la Administración de Justicia. El Ministerio de Justicia y las CCAA con competencias transferidas en materia de gestión de la administración de justicia.

El objetivo general de transparencia de los órganos judiciales está proclamado en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. ¿Cuál es el mismo?. Alcanzar una Administración de Justicia más ágil y eficaz. Tutelar al ciudadano en su derecho a la tutela judicial efectiva. Mostrar al ciudadano en todo momento el funcionamiento de la Administración de Justicia. Atender a los principios de transparencia, información y atención adecuada de los usuarios de la Justicia.

¿Por que disposición se aprueba el Plan de Transparencia Judicial?. Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2005. Por resolución de 28 de octubre de 2005. En virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por Decreto Ley 1/2005 de 21 de octubre.

Cual de los siguientes no es un instrumento del Plan de Transparencia Judicial: La estadística judicial. Las tecnologías de la información y comunicaciones. Las buenas prácticas judiciales. El derecho al beneficio de justicia gratuita.

Instrumento decisivo también de cualquier propósito de transparencia judicial es la existencia de un sistema central de comunicaciones, seguro y restringido entre las distintas redes judiciales territoriales. En estos momentos,¿cual es el servicio de naturaleza técnica que presta el Consejo General del Poder Judicial y que constituye el nodo de comunicaciones a través del cual las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de Justicia acceden a las distintas aplicaciones centralizadas?. El Sistema Integral de Registros de la Administración de Justicia (SIRAJ). El Registro Central del Ministerio de Justicia. El Punto Neutro Judicial. El Centro de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial.

El primer principio, pues, que debe figurar recogido en el Plan de Transparencia Judicial es el relativo a la necesaria publicidad de las actuaciones judiciales, que deberá cumplir al menos dos objetivos primordiales: Proteger a los ciudadanos de una justicia sustraída al control y conocimiento públicos. Informar al ciudadano de la práctica judicial y conseguir una justicia más rápida, ágil y eficaz. Mantener la confianza de la comunidad en los tribunales. La a) y la c) son correctas.