La Constitución Española se fundamenta: En la unidad de la Nación Española. En el compromiso de unidad de todos los pueblos y nacionalidades integrantes de la Nación Española. En la indisoluble unidad de la Nación Española.
Los valores superiores del ordenamiento jurídico propugnados desde nuestra Constitución son: La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La libertad, la justicia y la libre competencia. La libertad, la igualdad y el pluralismo político y sindical.
Sólo uno de los siguientes principios está garantizado constitucionalmente: La responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de la Administración Pública, tanto nacional, como autonómica o local. La responsabilidad de la Administración Pública. La interdicción de la arbitrariedad del poder judicial.
Una de las siguientes materias no es mencionada en el Título Preliminar de la Constitución Española: Las Cortes Generales. Las Asociaciones de Empresarios. Las Fuerzas Armadas.
La Constitución Española establece que todos los españoles, con respecto a la lengua oficial del Estado: Tienen el deber de usarla. Tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Tienen el deber y el derecho de conocerla.
Según regula la Constitución Española, las Banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas, reconocidas en sus Estatutos: Se utilizarán junto con la española sólo en los actos oficiales de carácter estatal. Se utilizarán junto a la española en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. La utilización conjunta de la bandera de España y la de cada Comunidad Autónoma es potestad de las autoridades de la administración autonómica.
La Constitución Española de 1978 consta de: 161 artículos. 167 artículos. 169 artículos.
El Defensor del Pueblo: Es designado por el Congreso de los Diputados, dando cuenta de su actividad al Rey. Es desiqnado por las Cortes Generales, a las que dará cuenta. Es designado por el Gobierno de la Nación, al que dará cuenta.
La iniciativa para la reforma total de la Constitución, del TÍTULO Preliminar, del TİTULO Segundo, o de la Sección primera del TÍTULO Primero: Llevará aparejada la abdicación del titular de la corona. Llevará aparejada la entrada en vigor del estado de excepción. Llevará aparejada la disolución inmediata de las Cortes.
El derecho a participar en los asuntos públicos, de acuerdo con la Constitución Española: Podrá corresponder a los ciudadanos extranjeros, tanto para el sufragio activo como para el pasivo en las elecciones municipales. Sólo corresponde a los ciudadanos españoles. Podrá corresponder a los ciudadanos extranjeros, pero sólo para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales.
Para la Constitución Española, la defensa de los consumidores a cargo de los poderes públicos protegerá, par procedimientos eficaces: La seguridad de los consumidores. La libre competencia. La economía de mercado.
La Constitución Española establece que sólo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido en caso de que se acuerde la declaración de estado de excepción o de sitio: Derecho de huelqa. Derecho de petición colectiva. Derecho a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales.
De acuerdo con la Constitución Española, las penas privativas de libertad: Podrán estar orientadas hacia la reeducación. Estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social, al contrario de Io que sucede con las medidas de seguridad. No podrán consistir en trabajos forzados.
En la Constitución Española, ¿quiénes tienen derecho a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales? Solo los ciudadanos españoles y los nacionales de países de la Unión Europea legalizados. Todos los ciudadanos de la Unión Europea y los españoles, pero no los extranjeros ajenos a ese ámbito. Todas las personas.
En la Constitución Española, el derecho de huelga reconocido en favor de los trabajadores para la defensa de sus intereses: Se hará compatible su ejercicio con la posible vulneración de los derechos de los empresarios. Carece de limitación. Se hará compatible su ejercicio con el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad en todo caso.
¿Qué tipo de ley es necesaria para regular el desarrollo del derecho de reunión pacífica y sin armas de la Constitución española de 1978? Ley ordinaria. Ley de bases. Ley orgánica.
De acuerdo con la Constitución Española, la educación tendrá por objeto: El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia, y a los derechos y libertades fundamentales. El pleno desarrollo de la personalidad humana conforme a los planes educativos aprobados por el Consejo Escolar Nacional a instancia de las Asociaciones Nacionales de Padres de Alumnos. El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos marcados por cada colectivo educativo.
Según la Constitución española de 1978, ¿quién dirige la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad? El presidente de la Comunidad Autónoma. Un delegado nombrado por el Gobierno. Una Asamblea Legislativa.
¿Cuál de las siguientes condiciones no se exige para ser Regente?: Ser español. Ser miembro de la familia real Ser mayor de edad.
De acuerdo con la Constitución Española, una de las siguientes no es función del Rey: Nombrar y separar a los miembros del Gobierno. En su caso, nombrar al candidato a Presidente de Gobierno, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. Proponer los nombramientos de los miembros del Gobierno.
La norma que regula en la actualidad el Estatuto de Autonomía de Canarias es: Ley Orgánica 1/2018. Ley Orgánica 10/1982. Ley 4/1996.
¿En qué Título del Estatuto de Autonomía de Canarias se encuentran reguladas las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias? En el Título II. En el Título III. En el Título V.
Según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias respecto de las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma: Se ejercen, de forma íntegra, la potestad de dirección política, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, sin perjuicio de la concurrencia de otros títulos competenciales del Estado y los Cabildos. Se ejercen, de forma íntegra la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en todo caso. Se ejercen, de forma íntegra, la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, sin perjuicio de la concurrencia de otros títulos competenciales del Estado.
Según to dispuesto en el artículo 97 del Estatuto de Autonomía de Canarias respecto de las competencias ejecutivas de la Comunidad Autónoma: Corresponden a la Comunidad Autónoma, en todo caso, la potestad de organización de su propia administración, así como las potestades de inspección y de sanción y, en general, todas aquellas funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración Pública. Además, la potestad reglamentaria, que comprende la aprobación de reglamentos internos de organización de los servicios. Corresponden a la Comunidad Autónoma, en todo caso, la potestad de ejecución de su propia administración y de las entidades locales, así como las potestades de inspección y de sanción y, en general, todas aquellas funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración Pública. Además, la potestad reglamentaria, que comprende la aprobación de reglamentos internos de organización de los servicios. Corresponden a la Comunidad Autónoma, en todo caso, la potestad de organización de su propia administración, así como las potestades de exacción, presupuestos y expropiación y, en general, todas aquellas funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración Pública. Además, la potestad legislativa limitada.
Según el Estatuto de Autonomía de Canarias en su artículo 114.1: Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de planificación y promoción de la actividad económica en Canarias, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 149.1.11.a y 13.a de la Constitución. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia ejecutiva en materia de planificación y promoción de la actividad económica en Canarias, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 149.1.11." y 13.° de la Constitución. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de ejecutiva en materia de planificación y promoción de la actividad económica en Canarias, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 149.1.29.a y 20.a de la Constitución.
Según el artículo 121 del Estatuto de Autonomía de Canarias la competencia en materia de consumo: Se considera exclusiva para la Comunidad Autónoma de Canarias. Se considera de desarrollo legislativo para la Comunidad Autónoma de Canarias. Se considera compartida con el Estado.
En materia de universidades, el artículo 134 del Estatuto de Autonomía de Canarias dispone que: Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, respetando la autonomía universitaria, la competencia de desarrollo legislativo en materia de enseñanza universitaria. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, respetando la libertad de cátedra, la competencia de ejecución en materia de enseñanza universitaria. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, respetando la autonomía universitaria, la competencia de desarrollo leqislativo y de ejecución en materia de enseñanza universitaria.
El artículo 137.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece que: Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre el patrimonio cultural, sin perjuicio del artículo 149.2 de la Constitución. En todo caso la competencia incluye la regulación del régimen jurídico de los bienes, actividades y demás manifestaciones que Io integran por sus valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos, paleontológicos, científicos o técnicos. Ambas respuestas son ciertas.
De conformidad con to establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, indique cuál de las que se señalan a continuación son una clase de competencias: Ejecutivas Independientes. Transversales.
Las competencias que ejerce la Comunidad Autónoma de Canarias de forma íntegra: potestad legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva, se denominan: Totales. Integradoras. Exclusivas.
El principio por el cual el derecho propio de Canarias en materia de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro, se denomina por el Estatuto de Autonomía de Canarias: Territorialidad Prevalencia Preferencia.
¿La Comunidad Autónoma de Canarias puede ejercer actividades de inspección y sanción en materias de una competencia estatal, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias? Sí, si existe convenio o acuerdo con el Estado. Nunca podrá ejercerlas. Siempre, dentro del territorio autonómico.
¿Qué competencias para establecer la organización y el régimen de funcionamiento de su Administración, le corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias de forma íntegra? Desarrollo reglamentario. Función ejecutiva. Exclusiva.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias competencia exclusiva en materia de: Ordenación de la actividad económica en Canarias. Registro Civil. Asociaciones.
Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, siguiendo Io establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias: En su condición de región atlántica, la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de fórmulas de colaboración con el Estado, en materia de política democrática con África y países de América con vinculaciones históricas con Canarias. En su condición de región ultraperiférica, la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de fórmulas de cooperación y colaboración con el Estado, en materia de comercio exterior con África y países de América con vinculaciones históricas con Canarias. En su condición de región ultraperiférica, la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de fórmulas de cooperación y colaboración con el Estado, en materia de comercio exterior con los países de la Unión Europea y América.
¿Qué tipo de competencia le corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de la ordenación del sector pesquero? Desarrollo legislativo y ejecución. Ejecutiva Prioritaria.
La competencia de la Comunidad Autónoma en materia de políticas de género viene regulada en el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo: 146 144 145.
De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Canarias, la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de la Legislación básica del Estado, ostenta, en materia de empleo y relaciones laborales, la competencia: Desarrollo legislativo y ejecución. Ejecutiva Prioritaria.
De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Canarias, la Comunidad Autónoma de Canarias, ostenta, en materia de servicios sociales, la competencia: Delegada Exclusiva Prioritaria.
La competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Canarias, será ejercida por: El Ministerio competente. La Delegación del Gobierno en Canarias. La Comunidad Autónoma de Canarias.
Cuando los particulares sufren una lesión como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, concurriendo fuerza mayor ¿tienen derecho a ser indemnizados por la Administración? Sí, en cualquier caso. Sí, una indemnización económica en función de Io que resulte acreditado. No.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo: La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. La Administración le advertirá que, transcurridos seis meses, se producirá la caducidad del mismo. La Administración le advertirá que continuará el procedimiento sin su audiencia.
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación a que los interesados puedan relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos: Deberá ser garantizado por las Administraciones Públicas. Podrá ser garantizado por las Administraciones Públicas. Es potestativo para cada Administración Pública.
Las personas que promuevan un procedimiento administrativo como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, se denominan: Afectados. Interesados. Administrados.
Siguiendo el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la condición de interesado derivase de una relación jurídica transmisible, ¿quién sucederá en la condición de interesado? El heredero. El derecho-habiente. El sucesor.
Siguiendo el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para actos de gestión y mero trámite: Se presumirá la representación. Se deberá acreditar la representación. No se puede actuar con representante.
Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán: Con el interesado que decida la Administración actuante. Con el interesado que se haya señalado. Siempre con el que aparece en primer lugar.
Siguiendo el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra el acuerdo de acumulación de procedimientos, cabrá: Recurso extraordinario de revisión. Recurso potestativo de reposición. No cabrá recurso alguno.
¿Cuál de las siguientes no es una forma de inicio de oficio de un procedimiento administrativo? Por solicitud de un interesado. Por petición razonada de otro órgano. Como consecuencia de una orden superior.
Se podrá solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito el derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá: A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. AI año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
Siguiendo el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver: Debe continuarse el procedimiento hasta el final. Se puede resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Se resuelve el expediente sin imponer sanción alguna.
El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedentes y fundamentos a la resolución, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla, se denomina: Cuerpo probatorio. Procedimiento administrativo. Expediente administrativo.
Siguiendo el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento, sometido at principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de: Economía y simplificación. Transparencia y publicidad. Eficacia y eficiencia.
Siguiendo el artículo 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, acordar en un solo acto todos los trámites que, par su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo, Io denomina: Concentración de trámites. Acumulación de trámites. Concatenación de trámites.
La apertura del periodo de prueba dentro de un procedimiento administrativo tendrá un plazo: No superior a treinta días ni inferior a diez. No superior a dos meses ni inferior a un mes. No superior a cuarenta y cinco días ni inferior a quince.
En un procedimiento administrativo que se esté instruyendo, el instructor podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados: Nunca. Siempre. Sólo cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias.
Salvo disposición expresa en contrario, los informes que deban emitirse dentro de los procedimientos administrativos serán: Facultativos y vinculantes. Facultativos y no vinculantes. Obligatorios y vinculantes.
En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta Iesión indemnizable, no pudiendo exceder su emisión de un plazo de: 10 días. 15 días. 1 mes.
En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe de: Ministerio de Justicia. Abogacía del Estado. Consejo General del Poder Judicial.
Siguiendo el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se dará al interesado, el denominado: Trámite de alegaciones. Trámite de audiencia. Trámite de conocimiento.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, son contratos administrativos: Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público. Todos los contratos que celebren las entidades pertenecientes al sector público. Ninguna de las anteriores es cierta.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente, con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo 1. Las dos anteriores son ciertas.
Por «obra» se entenderá, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: El resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble. La restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos. Ninguna de las anteriores es cierta.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los contratos de concesión de obras: Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que en condiciones normales de funcionamiento el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. No existe riesgo operacional para el concesionario, sino que lo asume la Administración. El riesgo operacional entre el concesionario y la Administración es compartido.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, son contratos de concesión de servicios, los: De adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios o la realización de las actividades económicas a las que sirve de soporte material. Que en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. Que tienen por objeto la realización por el concesionario de algunas prestaciones, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, indique cuál de los siguientes es un contrato de suministro: Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. Las dos anteriores son ciertas.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos, son contratos de: Obras. Suministro. Ninguna de las anteriores es cierta.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, son contrato de servicios: Aquellos en los que se está obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que esta cumpla la finalidad determinante de su construcción. Aquellos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no podrán ser objeto de contrato de servicios: Los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información. Ninguna de las anteriores es cierta.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se entenderá por contrato mixto aquel que: Contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase Los contratos no pueden ser mixtos. Ninguna de las anteriores es cierta.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables, ¿son contratos de suministro? Sí, pero solo los relativos a propiedades incorporales. No. Sí.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los órganos de contratación pueden ser: Unipersonales o colegiados Sólo unipersonales. Sólo colegiados.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a: Los órganos de contratación que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. A las Unidades Administrativas de cada contrato. A las Direcciones contractuales.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el perfil de contratante podrá incluir: En cualquier caso, deberá contener tanto la información de tipo general que puede utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación como puntos de contacto, números de teléfono y de fax, dirección postal y dirección electrónica, informaciones, anuncios y documentos generales, tales como las instrucciones internas de contratación y modelos de documentos, así como la información particular relativa a los contratos que celebre. Cualesquiera datos y documentos referentes a la actividad contractual de los órganos de contratación. Las dos anteriores son correctas.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos: Cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. Cuyas prestaciones no estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. Ninguna de las anteriores es correcta.
Ordinariamente ¿qué se consideran contratos menores? Los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 15.000 euros, cuanto se trate de contratos de obras, o a 40.000 euros, cuando se trate de otros contratos. Solo los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 40.000 euros y superior a 30.000 euros, cuando se trate de contratos de obras. Los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o de 15.000 euros, cuando se trate de otros contratos.
Los contratos administrativos se perfeccionan, cualquiera que sea el procedimiento o la forma de adjudicación utilizados: Mediante la adjudicación realizada por el órgano competente. Cuando se formalizan. Cuando se licitan.
¿Puede la Administración celebrar contratos administrativos verbalmente? La Administración no podrá contratar verbalmente, en ningún caso. La Administración no podrá contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia. La Administración no podrá contratar verbalmente, salvo pacto excepcional realizado con la empresa y previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
A tenor de lo establecido por la norma legal reguladora de los contratos administrativos de las Administraciones Públicas, señale de las siguientes respuestas aquélla que haga referencia a un órgano de contratación: La Mesa de Contratación. El Consejero. El Gobierno.
¿Cuándo se aprueban los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de los contratos administrativos? Previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre antes de la adjudicación del contrato. Siempre con carácter previo a la autorización del gasto y antes de la perfección y, en su caso, licitación del contrato. Siempre conjuntamente a la autorización del gasto y antes de la licitación del contrato.
Según Io que establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no podrán obtener la condición de beneficiario de una subvención: Los condenados mediante sentencia a la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas. Los que tengan la residencia fiscal fuera de España. Los que hayan dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
Conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en la gestión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva: La tramitación del expediente de gasto se inicia una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y abierto el plazo de presentación de solicitudes. El reconocimiento de la obligación es previo a la justificación de la aplicación de los fondos por el beneficiario y a la acreditación de que éste se encuentra at corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. El proceso de selección de los beneficiarios culmina con una resolución del órgano concedente, que Ilevará consigo el compromiso de gasto por el importe de las subvenciones concedidas.
Conforme a la Ley General de Subvenciones, el procedimiento de concesión de una subvención en régimen de concurrencia competitiva se inicia: A instancia de los beneficiarios de una subvención. A instancia del centro gestor de los créditos a distribuir. De oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deben concederse por concurrencia competitiva las subvenciones: Con asignación nominal en los Presupuestos Generales del Estado. Las de cuantía impuesta por una norma de rango legal. Las que se concedan con criterios de valoración previamente fijados.
De acuerdo con la Ley 38/2003 General de Subvenciones será nula la resolución de una concesión que: Sea constitutiva de infracción administrativa. Se otorgue a favor de persona que no haya justificado la entrega de los fondos percibidos. Se otorgue a favor de persona que no esté al corriente de sus obligaciones tributarias .
De acuerdo la Ley 38/2003, la subvención es un instrumento de la actividad administrativa: De servicio público. De limitación. De fomento.
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el gasto de subvenciones, ¿en qué momento debe efectuarse la aprobación del gasto? Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva. Durante la instrucción del procedimiento de concesión. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención.
La Ley 38/2003 General de Subvenciones, determina que para poder otorgar una subvención: Deben aprobarse, con carácter previo a su otorgamiento, las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión de la subvención. Debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado la existencia de crédito adecuado y suficiente para la concesión de la subvención en cuestión. Deben aprobarse las bases reguladoras, una vez se ha tramitado el procedimiento de concesión.
De conformidad con la Ley General de Subvenciones, el beneficiario de una subvención: Puede ser una persona física o jurídica. Puede ser sólo una persona física. Ha de ser una persona jurídica necesariamente, ya que las personas físicas reciben ayudas, no subvenciones.
El procedimiento de reintegro de subvenciones: Se iniciará de oficio y no interrumpe el plazo de prescripción de que dispone la Administración para exigir el reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley General de Subvenciones. Se iniciará de oficio, como consecuencia de la propia iniciativa del órgano concedente, a propuesta de la Intervención General o de otros órganos o de denuncia La resolución de este procedimiento se dictará previa instrucción de procedimiento administrativo con audiencia del interesado por un plazo no inferior a 15 días hábiles.
Tienen carácter de subvención pública, a los efectos de la Ley General de Subvenciones: Las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social. Las prestaciones por razón de terrorismo. Las actividades subvencionables de las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley General de Subvenciones, ¿cuál de los siguientes informes se debe recabar con carácter previo a la aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones? El informe del Ministerio de Economía y Hacienda. El informe del Ministerio de Administraciones Públicas. El informe de la Intervención Delegada correspondiente.
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿cuál es el concepto de subvención? Toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta Iey, a favor de personas públicas o privadas, cumpliendo una serie de requisitos. Toda disposición normativa realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta Iey, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos. Toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en la normativa de contratos, a favor de personas privadas, y que cumpla los siguientes requisitos.
¿Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la disposición dineraria realizada ha de hacerse con contraprestación directa de los beneficiarios? No. Sí. Sí, salvo los menores.
Las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas, según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿están comprendidas en el ámbito de aplicación de la citada Ley? Sí. No. Sí, cuando la cuantía sea superior a la cantidad subvencionada.
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no tienen carácter de subvenciones, entre otras: Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no residentes en España, en los términos establecidos en su normativa reguladora. Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado, pensiones de guerra y otras pensiones y prestaciones por razón de actos de terrorismo. Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial. Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social. Las dos anteriores son correctas.
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley: Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario. Las subvenciones previstas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos. Las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, en los términos previstos en los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado, así como las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Asambleas autonómicas y a los grupos políticos de las corporaciones locales, según establezca su propia normativa. Las dos anteriores son correctas.
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dentro de los requisitos para el otorgamiento de las subvenciones, con carácter previo a dicho otorgamiento deberán: Aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en la Ley de Contratos. Aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en la Ley General de Patrimonio. Ninguna de las anteriores es cierta.
Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones: Aquellos que la soliciten dentro del plazo. La persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión Ninguna de las anteriores es correcta.
Es obligación de la entidad colaboradora, según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre otras: Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios. Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. Las dos anteriores son correctas.
¿Es obligación del beneficiario de una subvención, según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control? Sí. No, porque ya quedó acreditada la justificación al otorgársele la subvención. Sí, pero solo en caso de subvenciones superiores a los diez mil euros.
En un procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de una subvención destinada a actividades relacionadas con el turismo, el plazo de subsanación podrá ser ampliado: Hasta cinco días. No cabe la ampliación. Hasta cinco días naturales.
Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones: Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión. Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia. Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia e incapacidad laboral temporal.
Conforme al artículo 89.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, la excedencia voluntaria por interés particular se podrá solicitar: Cuando hayan prestado servicios efectivos mínimo de cinco años inmediatamente anteriores, en cualquier administración. Cuando hayan prestado servicio efectivos mínimo de cinco años inmediatamente anteriores en la administración donde prestan en la actualidad sus servicios. Cuando hayan prestado servicio efectivos mínimo de cuatro años inmediatamente anteriores, en cualquier administración.
Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público ¿qué tipo de personal es el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o de asesoramiento especial? Personal eventual. Funcionario interino. Personal directivo.
Conforme a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando un funcionario sea designado como personal eventual, se encuentra en la situación administrativa de: Servicios especiales cuando no opten por permanecer en la situación de servicio activo Excedencia voluntaria. Excedencia forzosa.
Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué derechos retributivos se reconocen a las funcionarias víctimas de violencia de género que pasen a la situación de excedencia por razón de violencia de género? El abono de las retribuciones básicas durante los dos primeros meses. El abono de las retribuciones complementarias durante los dos primeros meses. El abono de las retribuciones íntegras durante los dos primeros meses .
Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, ¿a qué tipo de personal le corresponde el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas? A los funcionarios. AI personal laboral. AI personal eventual.
Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público y en orden a la provisión de puestos de trabajo, ¿qué tipo de personal debe pasar a la situación administrativa de servicios especiales cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas? Los funcionarios. Los funcionarios de carrera. El personal laboral.
En las Ofertas de Empleo Público se reservará, para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento, un cupo de plazas no inferior al: Tres por ciento. Cinco por ciento. Siete por ciento.
Señale cómo se clasifican los empleados públicos de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público: Funcionarios de carrera, personal laboral y personal estatutario. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal estatutario. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
Según el EBEP, ¿cuánto días de permiso se le conceden a los funcionarios por motivo de fallecimiento de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad, si no se precisa trasladarse de localidad? 4 días. 5 días. 2 días.
¿Cuánto días de permiso, según el EBEP, tienen los funcionarios públicos por cambio de domicilio sin cambio de residencia? Ninguno. 1 día 3 días.
Según el EBEP, los funcionarios públicos tienen derecho, por asuntos particulares hasta: 7 días. 5 días. 6 días.
AI cumplir el octavo trienio, ¿en cuántos días se ve incrementado el permiso por asuntos particulares? 1 día. 2 días. 3 días.
¿Cuánto tiempo, según el EBEP, tiene de permiso de ausencia de trabajo por lactancia el funcionario que es padre de un hijo de menor de 12 meses? Ningún tiempo, al ser un permiso que sólo puede disfrutar la madre. Media hora, al tener que ser compartido entre los progenitores. Una hora, ya que este derecho puede ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores.
En caso de que el hijo recién nacido tenga que permanecer en el hospital a continuación del parto, ¿tienen derecho los progenitores funcionarios, a algún tipo de reducción laboral? Sí, a la ausencia del trabajo durante dos horas diarias como máximo. Sí, a la ausencia del trabajo durante tres horas diarias como máximo. No, en ningún caso.
Según el EBEP, los funcionarios tienen derecho a disfrutar de permisos para realizar pruebas definitivas de aptitud y exámenes finales: No, en ningún caso. Sí, pero sólo si son Universitarias. Sí, durante los días de su celebración.
¿Cuál de las siguientes es una de las medidas recogidas en el EBEP, en relación a las funcionarias víctimas de violencia de género? Tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo. Tendrán derecho a la reducción de la jornada sin disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo. No tendrán derecho en ningún caso a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, pero si a la reordenación del tiempo de trabajo.
Conforme al artículo 34 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, indique cuál de las siguientes, es una causa de pérdida de la condición de funcionario: La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados. Sentencia firme que imponga el funcionario pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de cargo público. Excedencia forzosa.
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 2/1987 de Función Pública Canaria, ¿cuál de los siguientes órganos superiores no tiene competencias en materia de personal† El Gobierno de Canarias. El Consejero competente en materia de Hacienda. La Comisión de Asuntos Preparatorios del Gobierno.
De conformidad con la Ley 2/1987 de Función Pública Canaria, ¿a qué órgano le corresponde adscribir un Cuerpo o Escala de funcionarios a un Departamento u Organismo? A la Dirección General de Función Pública. A la Secretaría General Técnica. AI Gobierno de Canarias.
De acuerdo con la Ley de la Función Pública Canaria, los funcionarios públicos que adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales o de carácter supranacional, se encontrarán en la situación administrativa de: Servicio activo. Servicio en otras Administraciones Públicas. Servicios Especiales.
En cuanto a las medidas específicas para prevenir la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, tras la redacción del artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, señale la opción correcta: Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital. Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación. Ambas opciones son correctas.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el derecho a la reparación de las víctimas, incorporado por la Ley Orgánica 10/2022, comprenderá: La compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición. La compensación moral por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, las acciones de reparación simbólica y la disculpa pública en medios de comunicación social. La compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social y una indemnización adicional para las mujeres con más de cuatro hijos.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, indique quiénes serán los encargados de diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género: El Gobierno y las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de justicia, organizarán en el ámbito que a cada una le es propio los servicios forenses de modo que cuenten con unidades de valoración forense integral El Gobierno y las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de igualdad, organizarán en el ámbito que a cada una le es propio los servicios de igualdad de modo que cuenten con unidades de valoración social integral. Las comunidades autónomas y los Cabildos que hayan asumido competencias en materia de justicia organizarán, en el ámbito que a cada una le es propio, los servicios forenses de modo que cuenten con unidades de valoración forense integral.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Establece principios de actuación de los Poderes Públicos. Únicamente regula derechos y deberes de las personas físicas. Prevé medidas destinadas a eliminar y corregir exclusivamente en el sector público, toda forma de discriminación por razón de sexo.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene por objeto: Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene par objeto la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas: Política y civil. Laboral y económica. Ambas son correctas.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece que gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo: Todas las personas. Solo las mujeres. Las mujeres y los hombres.
El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece: Las personas son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Las personas son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes.
Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, serán de aplicación a toda persona: Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, con nacionalidad, domicilio o residencia española. Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. Física o jurídica, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia, aunque no se encuentre o actúe en territorio español.
El órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se denomina conforme el art. 30 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: Observatorio Estatal de Igualdad y Violencia de Género. Observatorio Estatal de Violencia de Género. Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el ámbito educativo, la Educación Infantil contribuirá a: Desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos. Desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos. Desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse œn los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el ámbito educativo, la Educación Primaria contribuirá a: Desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos. Desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos. Ninguna de las anteriores es correcta.
Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el ámbito educativo, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a: Desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. Desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos.
Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en relación a la escolarización en caso de violencia de género: Las Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género. Las Administraciones competentes deberán prever la escolarización en el curso del año siguiente, de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género. Las dos anteriores son correctas.
Qué significa la indemnidad frente a represalias, según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres Cualquier trato inverso o efecto positivo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Ninguna de las anteriores es correcta.
Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán, según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Anulables. Nulos y sin efecto. Incorrectos.
En relación a la tutela judicial efectiva, según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la persona acosada será: La única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. La principal legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Legitimada, si así Io solicita solo en los litigios sobre acoso sexual.
En relación a la prueba, según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona: Demandante probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad Ninguna de las anteriores es correcta.
En el marco de una solicitud de acceso a la información, cuando ésta no contuviera datos especialmente protegidos, el Órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información, ¿cuáles de estos no es un criterio marcado por la ley? El menor perjuicio a los afectados derivados del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho que tengan la condición de empleados públicos y motiven el acceso para fines de interés público. El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.
Conforme a la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública de Canarias, las resoluciones de acceso a la información de los órganos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias podrán ser impugnadas: Preceptivamente, previamente a la vía contencioso-administrativa, ante el mismo órgano que dictó la resolución. Preceptivamente, previamente a la via contencioso-administrativa, ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Potestativamente, previamente a la via contencioso-administrativa, ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad se considerará Iícito: Siempre que sea mayor de 14 años cuando conste su consentimiento conforme. Siempre que sea mayor de 14 años cuando conste el consentimiento conforme del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen éstos. Nunca podrá ser objeto de tratamiento si tiene una edad inferior a 13 años.
De acuerdo con el art. 5.5 de la Ley de Transparencia, toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad, conforme al principio de: Accesibilidad universal, y diseño para todos. Acceso público y gratuito. Acceso general.
En cumplimiento de la publicidad activa de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, la concesión de autorizaciones de compatibilidad para segundas actividades del personal al servicio del sector público: Alcanza únicamente a las actividades privadas, siendo objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias especificando la identificación del personal, el puesto de trabajo que desempeña y la actividad o actividades para la que se autoriza la compatibilidad. Alcanza a las actividades públicas y privadas, siendo objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias especificando la identificación del personal, el puesto de trabajo que desempeña y la actividad o actividades para la que se autoriza la compatibilidad. Alcanza a las actividades públicas y privadas, siendo objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias especificando la identificación del personal, el puesto de trabajo que desempeña y la actividad o actividades para la que se autoriza la compatibilidad y el horario que dedica a cada actividad.
El plazo máximo en que debe dictarse la resolución expresa de tutela de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, será de: Diez días. Un mes. Seis meses.
La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal tiene por objeto garantizar y proteger en to que concierne al tratamiento de los datos personales: Las libertades públicas de las personas físicas. Los derechos fundamentales de las personas físicas y jurídicas. Las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas.
La Ley Orgánica de Protección de Datos: Establece cuáles son sus objetivos, su objeto y cuáles son los datos, fìcheros y tratamiento a los que se aplica. Establece cuáles son los requisitos para la creación de ficheros de titularidad pública y privada. Ambas son correctas.
Los interesados tienen derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernen: Cuando sean tratados conforme al consentimiento expreso prestado, pero estén incompletos. Cuando su tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Cuando los datos hayan sido tratados ilícitamente.
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