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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Osakidetza administrativo 2024-2
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Título del Test:
Osakidetza administrativo 2024-2

Descripción:
Test Temas del 1 al 9

Autor:
Jorge Rolando
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Fecha de Creación:
17/04/2022

Categoría: Otros

Número Preguntas: 441
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Temario:
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 1, establece que el Pueblo Vasco o Euskal-Herria, como expresión de su nacionalidad, y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado Español bajo la denominación de Euskadi o País Vasco, de acuerdo con: La Constitución y con el presente Estatuto, que son sus normas institucionales básicas. La Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica. La Constitución, que es su norma institucional básica. El presente Estatuto, que es su norma institucional básica.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 2 establece que el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco quedará integrado por: Las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Los Territorios Autónomos que coinciden con las provincias, en sus actuales límites, de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como la de Navarra, en el supuesto de que esta última decida su incorporación. Los Territorios Históricos que coinciden con las provincias, en sus actuales límites, de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como la de Navarra, en el supuesto de que esta última decida su incorporación de acuerdo con el procedimiento establecido en la disposición transitoria cuarta de la Constitución. Los Territorios Históricos que coinciden con las provincias, en sus actuales límites, de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como la de Navarra, en el supuesto de que esta última decida su incorporación de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto de Autonomía. .
La ley que aprueba el Estatuto de Autonomía del País Vasco, Es una Ley Orgánica Es una Ley del Parlamento Vasco Es una Ley del Parlamento europeo Es una ley Ordinaria.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 3, establece que cada uno de los Territorios Históricos que integran el País Vasco podrá, en el seno del mismo: Conservar o, en su caso, restablecer su organización e instituciones públicas de autogobierno Conservar o, en su caso, restablecer y actualizar su organización e instituciones privadas de autogobierno Conservar o, en su caso, actualizar su organización e instituciones privativas de autogobierno Conservar o, en su caso, restablecer y actualizar su organización e instituciones privativas de autogobierno.
El estatuto de autonomía del Pais Vasco en su articulo 6 establece que: El euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el deber de conocer y usar ambas lenguas. El euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua obligatoria en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el deber de conocer ambas lenguas y el derecho de usarlas. El euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes nacidos en sus Territorios Históricos tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas. El euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 6, establece que: Los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma arbitrarán y regularán las medidas y medios necesarios para asegurar el conocimiento del euskera y castellano. Las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma arbitrarán y regularán las medidas y medios necesarios para asegurar el conocimiento del euskera. La Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia es institución consultiva oficial en lo referente al euskera. Las respuestas a y c son correctas.
El estatuto de autonomía del País Vasco en su articulo 7, establece que a los efectos del presente Estatuto tendrán la condición política de vascos quienes: Tengan la vecindad administrativa de acuerdo con las Leyes Generales del Estado, en cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma. Tengan la residencia administrativa de acuerdo con las Leyes Generales del Estado, en cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma. Tengan su domicilio de acuerdo con las Leyes Generales del Estado, en cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma. Tengan la vecindad administrativa de acuerdo con este Estatuto, en cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 7, establece que los residentes en el extranjero, así como sus descendientes, si así lo solicitaren, gozarán de idénticos derechos políticos que los residentes en el País Vasco, si: Hubieran tenido su última vecindad administrativa en Euskadi, siempre que conserven la nacionalidad española. Hubieran tenido en el tiempo una vecindad administrativa en Euskadi, siempre que conserven la nacionalidad española. Hubieran tenido su último domicilio en Euskadi, siempre que conserven la nacionalidad española. Hubieran nacido en Euskadi, siempre que conserven la nacionalidad española.
El estatuto de autonomía del País Vasco en su articulo 8 establece que es requisito para poder agregarse a la Comunidad Autónoma del País Vasco otros territorios o municipios que estuvieran enclavados en su totalidad dentro del territorio de la misma: Que lo acuerden los habitantes de dicho Municipio o Territorio mediante referéndum expresamente convocado, previa la autorización competente al efecto y aprobado por mayoría absoluta de los votos válidos emitidos. Que los aprueben el Parlamento del País Vasco y, posteriormente, las Cortes Generales del Estado, mediante Ley Orgánica Que los aprueben el Parlamento del País Vasco y, posteriormente, las Cortes Generales del Estado, mediante Ley Ordinaria Las respuestas a y c son correctas.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 9, establece que los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos del País Vasco son los establecidos en: El Estatuto de Autonomía La Constitución Las leyes aprobadas por los Parlamentos español y vasco La Constitución y el Estatuto de Autonomía.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 25, establece que el Parlamento Vasco: Es inviolable Aprueba sus presupuestos Impulsa y controla la acción del Gobierno Vasco Todas son correctas.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 26, establece en lo referente al Parlamento Vasco que: Estará integrado por un número proporcional de representantes de cada Territorio Histórico elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto. La circunscripción electoral es la Provincia La elección se verificará en cada Territorio Histórico atendiendo a criterios de representación proporcional El Parlamento Vasco será elegido por un período de cinco años.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 26, establece en lo referente al Parlamento Vasco que: Los miembros del Parlamento Vasco serán inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo Durante su mandato, por los actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Supremo. Durante su mandato, por los actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, podrán ser detenidos y retenidos incluso en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Los miembros del Parlamento Vasco serán inviolables por los votos pero no por las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 27, establece que: El Parlamento elegirá de entre sus miembros un Presidente y una Diputación Permanente; funcionará en Pleno y Comisiones El Parlamento elegirá de entre sus miembros un Presidente, una Mesa y una Diputación Permanente; funcionará en Pleno y Comisiones El Parlamento elegirá de entre sus miembros un Presidente, una Mesa y una Diputación Permanente; funcionará en Pleno. El Parlamento elegirá de entre sus miembros un Presidente, una Mesa y una Diputación Temporal; funcionará en Pleno y Comisiones.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 27, establece que: Las Leyes del Parlamento serán promulgadas por el Presidente del Gobierno Vasco, el cual ordenará la publicación de las mismas en el «Boletín Oficial del País Vasco» en el plazo de quince días de su aprobación y en el «Boletín Oficial del Estado. Las Leyes del Parlamento serán promulgadas por el Presidente del Parlamento Vasco, el cual ordenará la publicación de las mismas en el «Boletín Oficial del País Vasco» en el plazo de veinte días de su aprobación y en el «Boletín Oficial de cada Provincia. Las Leyes del Parlamento serán promulgadas por el Presidente del Parlamento Vasco, el cual ordenará la publicación de las mismas en el «Boletín Oficial del País Vasco» en el plazo de quince días de su aprobación y en el «Boletín Oficial del Estado Los períodos ordinarios de sesiones durarán como mínimo nueve meses al año.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 29, establece que el Gobierno Vasco es el órgano colegiado que ostenta las funciones: Ejecutivas y políticas del País Vasco Ejecutivas y legislativas del País Vasco Ejecutivas y administrativas del País Vasco Ejecutivas del País Vasco.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 28, establece que corresponde al Parlamento Vasco: Remitir a la Mesa del Congreso un proyecto de Ley Designar los Diputados que han de representar al País Vasco Remitir al Gobierno del Estado una proposición de Ley Interponer el recurso de inconstitucionalidad.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 30, establece que: Las atribuciones del Gobierno y su organización, basada en un Presidente y Ministros, así como el Estatuto de sus miembros, serán regulados por el Parlamento. Las atribuciones del Gobierno y su organización, basada en un Presidente y Consejeros, así como el Estatuto de sus miembros, serán regulados por el Parlamento. Las atribuciones del Gobierno y su organización, basada en un Presidente, Vicepresidente y Consejeros, así como el Estatuto de sus miembros, serán regulados por el Parlamento. Las atribuciones del Gobierno y su organización, basada en un Presidente y Consejeros, así como el Estatuto de sus miembros, serán regulados por el Gobierno.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 31, establece que el Gobierno Vasco: a>Cesa en el caso de pérdida de la confianza parlamentaria. b>Cesa por dimisión o fallecimiento de su Presidente. c>Las respuestas a y b son correctas. d>El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Parlamento.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 32, establece que el Presidente del Gobierno y sus miembros, durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma: No podrán ser detenidos ni retenidos, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Podrán ser detenidos y retenidos, incluso en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. No podrán ser detenidos ni retenidos, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Supremo. No podrán ser detenidos ni retenidos, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Constitucional.
PREGUNTA 21.- El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 32, establece que el Gobierno: Responde políticamente de sus actos, de forma solidaria, ante el Parlamento Vasco, sin perjuicio de la responsabilidad penal de cada miembro por su gestión respectiva Responde políticamente de sus actos, de forma solidaria, ante el Parlamento Vasco, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria de cada miembro por su gestión respectiva Responde públicamente de sus actos, de forma directa, ante el Parlamento Vasco, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada miembro por su gestión respectiva Responde políticamente de sus actos, de forma solidaria, ante el Parlamento Vasco, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada miembro por su gestión respectiva.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 33, establece que: El Presidente del Gobierno será designado de entre sus miembros por los Consejeros del Gobierno Vasco y nombrado por el Rey. El Presidente del Gobierno será designado de entre sus miembros por el Parlamento Vasco y nombrado por el Rey. El Presidente designa y separa los Consejeros del Gobierno, dirige su acción, ostentando a la vez la más alta representación del País Vasco y la extraordinaria del Estado en este territorio. El Presidente designa y separa los Consejeros del Gobierno, dirige su acción, ostentando a la vez la representación ordinaria del País Vasco.
El Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su art. 37, establece que los órganos forales de los Territorios Históricos tendrán competencias exclusivas dentro de sus respectivos territorios en las siguientes materias: a) Organización, régimen y funcionamiento de sus propias instituciones. b) Régimen de los bienes provinciales y municipales, tanto de dominio público como patrimoniales o de propios y comunales. c) Elaboración y aprobación de sus presupuestos. d) Todas son correctas.
Según el artículo 1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a) La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. b) La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todo el sector público, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. c) La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, excluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. d) La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos formales de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
Según el artículo 2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el sector público comprende: a) La Administración General del Estado b) El sector privado institucional c) El sector público institucional d) Las respuestas a) y c) son válidas.
Según el artículo 2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen la consideración de Administraciones Públicas: a) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas b) Los organismos públicos y entidades de derecho privado vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas c) Las Entidades que integran la Administración Local d) Las respuestas a) y c) son válidas.
Según el artículo 3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas administrativas. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela En todo caso los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
Según el artículo 4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo a) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que no pueden resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. c) Las respuestas a y d son correctas. d) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
Según el artículo 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la representación en las actuaciones ante las Administraciones Públicas Los interesados con capacidad de obrar deberán actuar en todo caso por sí mismos Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante La representación deberá acreditarse en todo caso mediante poder notarial. La representación deberá acreditarse mediante poder notarial o apoderamiento apud acta.
Según el artículo 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la representación en las actuaciones ante las Administraciones Públicas: a) Para los actos representación y gestiones de mero trámite se presumirá aquella b) Para los actos representación y gestiones de mero trámite deberá acreditarse la misma c) Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, se presumirá la representación. d) Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación mediante poder notarial o apoderamiento apud acta.
Según el artículo 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a efectos de acreditar la representación en las actuaciones ante las Administraciones Públicas a) Se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. b) Se entenderá acreditada la representación realizada únicamente mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal. c) La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de tres días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. d) La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de cinco días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
Según el artículo 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula los registros electrónicos de apoderamientos a) La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, únicamente, los de carácter general otorgados apud acta electrónicamente b) La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente c) Los registros generales de apoderamientos impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo d) Las respuestas b y c son correctas.
Según el artículo 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información: a) Período de tiempo por el cual se otorga el poder y el tipo de poder según las facultades que otorgue b) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante o del apoderado. c) Las respuestas a y b son correctas d) No es necesario que se anote el período de tiempo por el cual se otorga el poder porque el mismo está determinado legalmente.
Según el artículo 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula los registros electrónicos de apoderamientos: a) El apoderamiento «apud acta» se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros. b) Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de diez años a contar desde la fecha de inscripción. c) Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de la solicitud de inscripción. d) Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo deberán dirigirse al registro de la Administración u Organismo ante la que vaya a tener efectos el poder.
Según el artículo 7 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán: a) con cualquiera de los interesados b) en todo caso con el que figure en primer término c) con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con cualquiera de ellos. d) con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer termino.
Según el artículo 8 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte: a) se colocarán edictos en el tablón de anuncios de la Administración Pública que instruye el procedimiento. b) se colocarán edictos en la sede electrónica de la Administración Pública que instruye el procedimiento. c) se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. d) se podrá comunicar a dichas personas la tramitación del procedimiento.
Según el artículo 9 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento a) Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda b) Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica c) Las respuestas a, b y d son correctas d) Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico.
Según el artículo 10 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas a) Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. b) Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar su identidad. c) Los interesados deberán firmar a través de cualquier medio electrónico. d) Las respuestas a y b son correctas.
Según el artículo 10 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas, en el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma: a) Los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica b) Los sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en sellos electrónicos cualificados c) Los sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica d) Los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en sellos electrónicos cualificados de firma electrónica.
Según el artículo 11 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: a) Presentar recursos b) Interponer recursos. c) Desistir de derechos d) Renunciar a acciones.
Según el artículo 12 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados: a) Si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello b) si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo no podrá ser válidamente realizada por un funcionario público c) Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos d) Las respuestas a y c son correctas.
Según el artículo 13 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: a) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. b) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. c) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley d) Todas son correctas.
Según el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas a) Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. b) El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas no podrá ser modificado posteriormente. c) El medio elegido por las personas jurídicas para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquellas en cualquier momento. d) Las personas jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.
Según el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas físicas b) Las personas jurídicas c) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas en cualquier caso d) Las respuestas b y c son correctas.
Según el artículo 15 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula las lengua de los procedimientos, a) La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será en todo caso el castellano b) La Administración Pública instructora deberá traducir siempre al castellano los documentos presentados en una lengua cooficial c) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. d) La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos dirigidos a los interesados aunque estos no lo soliciten expresamente.
Según el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a) Sólo la Administración General del Estado dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo b) En el Registro Electrónico General se deberán anotar la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. c) Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo d) En el Registro Electrónico General no se podrá anotar la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.
Según el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a) El registro electrónico de cada Administración u Organismo podrá emitir si así se solicita un recibo consistente en una copia autenticada del documento que se registra b) El registro electrónico de cada Administración u Organismo emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento que se registra, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro c) Concluido el trámite de registro de un documento en el registro general electrónico, los documentos serán cursados en el plazo de tres días a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas d) El registro electrónico de cada Administración u Organismo emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento que se registra, incluyendo la fecha de presentación y el número de entrada de registro.
Según el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca c) En las oficinas de asistencia en materia de registros. d) Todas son correctas.
Según el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a) Deberán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las Administraciones Públicas. b) Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, podrán ser digitalizados c) Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados d) Las respuestas a y c son correctas.
Según el artículo 17 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el archivo de documentos, a) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados b) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos físicos que correspondan a procedimientos finalizados c) Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta en el plazo de quince años desde su emisión d) Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta en el plazo de treinta años desde su emisión.
Según el artículo 18 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a) Las personas colaborarán con la Administración en los términos previstos en la Ley que en cada caso resulte aplicable b) Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante c) Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen el derecho de proporcionárselos a la Administración actuante. d) Las respuestas a y b son correctas.
Según el artículo 19 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la comparecencia de las personas, a) La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango reglamentario b) Las Administraciones Públicas entregarán en todo caso al interesado certificación acreditativa de la comparecencia. c) En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla d) En los casos en que proceda la comparecencia, el correspondiente emplazamiento hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderlo.
Según el artículo 20 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la responsabilidad en la tramitación de los procedimientos, a) Los superiores jerárquicos del personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación b) Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación c) El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y podrá adoptar las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
Según el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la obligación de resolver de la Administración, a) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. b) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos iniciados de oficio. c) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos iniciados a solicitud del interesado d) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, a excepción únicamente de los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio.
Según el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la obligación de resolver de la Administración, a) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. b) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de seis meses c) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses d) Las respuestas a y c son correctas.
Según el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la obligación de resolver de la Administración, a) Las Administraciones Públicas podrán informar a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. b) Las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la tramitación de los procedimientos. c) Las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. d) Las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, sin que en ningún caso se pueda producir el silencio administrativo.
Según el artículo 22 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos b) Cuando se soliciten informes no preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración c) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por la Administración d) Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias.
Según el artículo 23 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar, a) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, cabe recurso de alzada. b) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno. c) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, cabe recurso de revisión. d) En cualquier caso el órgano competente para resolver podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación.
Según el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, a) El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla en todo caso estimada por silencio administrativo b) El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla en todo caso desestimada por silencio administrativo c) El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario d) El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de reglamentario o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.
Según el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, a) El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas b) El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones c) El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas d) Las respuestas a y b son correctas.
Según el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, a) La estimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso- administrativo que resulte procedente. b) La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. c) La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. d) Las respuestas a y c son correctas.
Según el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser denegatoria del mismo. b) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto deberá dictarse de ser confirmatoria del mismo c) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio d) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
Según el artículo 24 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, a) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer únicamente ante la Administración b) El certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento c) El certificado acreditativo del silencio producido se expedirá a instancia del interesado quien dispondrá de un plazo de quince días para la solicitud desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento d) El certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de diez días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.
Según el artículo 25 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio, a) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras y se produzca el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se producirá la caducidad b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras y se produzca el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá impuesta la sanción c) En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, no se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. d) Ninguna es correcta.
Según el artículo 26 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por documentos públicos administrativos, a) Los emitidos por Notarios y Registradores. b) Únicamente los emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos c) Los válidamente emitidos por los interesados d) Los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas.
Según el artículo 26 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por documentos públicos administrativos, a) Los emitidos por Notarios y Registradores b) Únicamente los emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos c) Los válidamente emitidos por los interesados d) Los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas.
Según el artículo 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a) Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. b) Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los propios interesados en las que quede garantizada la identidad de la persona que ha realizado la copia y su contenido. c) Las copias simples tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. d) Las copias auténticas no tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que trata de los documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo, a) Los interesados tienen el deber de aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración b) Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. c) Las respuestas b y d son correctas d) Cuando con carácter excepcional, y de acuerdo con lo previsto en esta Ley, la Administración solicitara al interesado la presentación de un documento original y éste estuviera en formato papel, el interesado deberá obtener una copia simple, según los requisitos establecidos en el artículo 27.
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, las Administraciones podrán, a) Podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original b) Deberán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado c) Iniciar un procedimiento sancionador contra el interesado d) Archivar el procedimiento.
Según el artículo 29 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes, a) Obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos b) Obligan únicamente a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos c) Obligan únicamente a los interesados en los asuntos. d) No obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, ni a los interesados en los mismos.
El artículo 30 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que cuando los plazos se señalen por horas, a) Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. b) No podrán tener una duración superior a doce horas, en cuyo caso se expresarán en días. c) Son hábiles todas las horas de cualquier día. d) La ley no regula el computo de plazos por horas.
El artículo 30 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que cuando los plazos se señalan por días, a) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate b) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. c) Se entiende que éstos son naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos d) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
El artículo 30 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que cuando los plazos se señalan por meses o años, a) Estos se computarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, b) Estos se computarán a partir del mes siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate c) El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento d) El plazo concluirá al día siguiente en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento.
El artículo 30 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que cuando los plazos se señalan por meses o años, a) Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes b) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente c) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá hábil a efectos del procedimiento d) Las respuestas a y b son correctas.
El artículo 30 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que cuando los plazos se señalan por meses o años, a) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. b) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará hábil en todo caso c) Cuando un día fuese inhábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se estará al carácter que tenga en el municipio o Comunidad Autónoma. d) Ninguna es correcta.
Según el artículo 31 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el registro electrónico de cada Administración u Organismo: a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. b) Permitirá la presentación de documentos los días hábiles del año durante las veinticuatro horas c) Se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso d) Las respuestas a y c son correctas.
El artículo 32 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la ampliación de los plazos en los procedimientos administrativos, establece que, a) La Administración, salvo precepto en contrario, deberá conceder de oficio, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. b) La Administración, salvo precepto en contrario, deberá conceder a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero c) La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación o reducción de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero d) En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.
El artículo 32 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la ampliación de los plazos en los procedimientos administrativos, establece que, a) Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. b) Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento c) Los acuerdos sobre denegación serán susceptibles de recurso d) En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo.
El artículo 32 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración a) Deberá determinar una ampliación de los plazos no vencidos b) Podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos c) No podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos d) Ampliará automáticamente por cinco días los plazos no vencidos.
El artículo 33 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, a) se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado b) se acordará de oficio cuando razones de interés público lo aconsejen c) se acordará a petición del interesado cuando razones de interés público lo aconsejen d) se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado cuando una norma con rango de ley así lo establezca.
El artículo 33 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, a) reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos b) reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, incluidos los relativos a la presentación de solicitudes y recursos c) Podrá recurrirse en alzada contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento d) Las respuestas a y b son correctas.
El artículo 34 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la producción y contenido de los actos administrativos, establece que, a) El contenido de los actos se podrá ajustar a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos b) El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por normas con rango de ley y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos c) Las respuestas a y b son correctas d) se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.
El artículo 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la motivación de los actos administrativos, establece que, serán motivados: a) Todos los actos administrativos b) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos d) Las respuestas b y c son correctas.
El artículo 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la motivación de los actos administrativos, establece que, serán motivados: a) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. b) Los que acuerden el allanamiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio c) Los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados d) Las respuestas a y b son correctas.
El artículo 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la motivación de los actos administrativos, establece que, serán motivados: a) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador b) Los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador c) Los actos que resuelvan procedimientos de responsabilidad patrimonial d) Todas son correctas.
El artículo 36 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la forma de los actos administrativos, establece que los actos administrativos se producirán: a) Verbalmente a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia b) En todo caso por escrito c) Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. d) Verbalmente, sin perjuicio de ser posteriormente documentados necesariamente.
El artículo 37 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la eficacia de los actos administrativos, establece que: a) Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general si procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. b) Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria c) Son anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria d) Las respuestas a y b son correctas.
El artículo 38 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la ejecutividad de los actos administrativos, establece que: a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo no serán ejecutivos. b) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Civil serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley. c) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley. d) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos si los Juzgados o tribunales así lo declaran.
El artículo 39 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular los efectos de los actos administrativos, establece que: a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde el día siguiente a la fecha en que se dicten. b) Excepcionalmente, deberá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos favorables al interesado c) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos desfavorables al interesado d) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado.
El artículo 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las notificaciones, establece que toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: a) diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado b) veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado c) quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado d) cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
El artículo 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las notificaciones, establece que: a) el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa b) la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa o judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos c) la parte dispositiva de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa d) las respuestas a y b son correctas.
El artículo 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las notificaciones, establece que las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos: a) serán nulas b) serán anulables c) no es necesario que la notificación contenga el texto íntegro del acto d) surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.
El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que: a) Las notificaciones se practicarán preferentemente mediante comparecencia y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. b) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía c) Las notificaciones se practicarán preferentemente en el domicilio del interesado d) Las notificaciones se practicarán preferentemente por correo certificado con acuse de recibo.
El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos: a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento b) En cualquier caso aunque los interesados estén obligados a recibir notificaciones electrónicas c) Cuando se trate de la notificación a una persona jurídica d) Ninguna es correcta.
El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de: a) su envío o puesta a disposición b) de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro c) de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma d) todas son correctas.
El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que en ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones: a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques c) Las respuestas a y b son correctas d) Ninguna es correcta.
El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará: a) Por el medio señalado al efecto por la Administración b) De forma electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración c) De forma personal o electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de forma electrónica con la Administración d) Las respuestas a y b son correctas.
El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa: a) Se deberá volver a intentar la notificación una vez más. b) Se publicará la misma en el boletín oficial de su provincia c) Se dará por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento d) Se le enviará la misma por medios electrónicos.
El artículo 41 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las condiciones generales para la práctica de las notificaciones, establece que cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación: a) La de aquélla que se hubiera producido en último lugar b) La de aquélla que se hubiera practicado personalmente c) La de aquélla que se hubiera practicado por medios electrónicos d) La de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.
El artículo 42 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la práctica de las notificaciones en papel, establece que cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma: a) cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad b) cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad c) cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad d) un familiar o persona con la que conviva mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
El artículo 42 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la práctica de las notificaciones en papel, establece que cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, si nadie se hiciera cargo de la notificación: a) se repetirá por una sola vez y a la misma hora dentro de los tres días siguientes. b) se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los cinco días siguientes c) se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa d) se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las catorce horas, el segundo intento deberá realizarse después de las catorce horas y viceversa.
El artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la, práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, establece que las notificaciones por medios electrónicos se practicarán: a) Mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante b) A través de la dirección electrónica habilitada única c) Exclusivamente mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante d) Las respuestas a y b son correctas.
El artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la, práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, establece que se entiende por comparecencia en la sede electrónica: a) El acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación b) La comparecencia personal por el interesado o su representante debidamente identificado en la sede de la Administración c) La recepción por el interesado o su representante del aviso de notificación en su dispositivo d) Las respuestas a y c son correctas.
El artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la, práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, establece que cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado: a) se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido siete días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido b) se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido c) se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido d) se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido siete días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
El artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la, práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, establece que: a) Los interesados deberán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración b) Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración c) Los interesados no podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración d) Los interesados no deberán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
El artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la notificación infructuosa, establece que cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de: a) un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente b) un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. c) un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente d) un anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado.
El artículo 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la publicación de los actos administrativos, establece que, en todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos: a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas b) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad determinada de personas c) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo d) Las respuestas a y c son correctas.
El artículo 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la publicación de los actos administrativos se realizará: a) En el diario oficial que corresponda, según cuál sea la Administración de la que proceda el acto a notificar b) En el boletín oficial del Estado en todo caso c) En el boletín oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente en todo caso d) En el boletín oficial de la provincia correspondiente en todo caso.
El artículo 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la indicación de notificaciones y publicaciones, establece que si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos: a) Se limitará a publicar en el Boletín Oficial del Estado una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. b) En se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. c) No hará publicación alguna del contenido del acto. d) Ninguna es correcta.
El artículo 47 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. b) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido c) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. d) Todas son correctas.
El artículo 47 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren: a) La Constitución b) Las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior c) Todas son correctas d) Ninguna es correcta.
El artículo 48 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece al regular la anulabilidad de los actos administrativos que: a) Los defectos de forma en ningún caso determinarán la anulabilidad de un acto administrativo. b) El defecto de forma determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de cualquier requisito formal. c) El defecto de forma sólo determinará la nulidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. d) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
El artículo 48 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece al regular la anulabilidad de los actos administrativos que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas: a) Sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo b) Implicará la anulabilidad del acto en todo caso c) Sólo implicará la nulidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo d) Implicará la nulidad del acto en todo caso.
El artículo 49 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular los límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos, establece que: a) La nulidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento aunque sean independientes del primero. b) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los anteriores en el procedimiento que sean independientes del primero. c) Sólo la anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero d) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.
El artículo 49 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular los límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos, establece que la nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla: a) Salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado b) En ningún caso. c) Salvo que la parte viciada sea de carácter accesorio d) Ninguna es correcta.
El artículo 50 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la conversión de actos viciados, establece que: a) Está prohibida en todo caso la conversión de actos viciados b) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste c) Sólo los actos anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste d) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste si así lo declaran los Juzgados y Tribunales.
El artículo 51 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la conservación de actos y trámites, establece que el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre: a) La nulidad o anulabilidad de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción b) La anulabilidad de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. c) La conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción d) La conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido hubiese sido diferente de no haberse cometido la infracción.
El artículo 52 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la convalidación de los actos, establece que: a) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan b) La Administración deberá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan c) La Administración podrá convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de que adolezcan d) Los Juzgados y Tribunales podrán convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de que adolezcan.
Según el artículo 53 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados b) A conocer, en cualquier momento, el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo c) A acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos d) Todas son correctas.
Según el artículo 53 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: a) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. b) A identificar a las autoridades pero no al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos c) A aportar documentos en cualquier fase del procedimiento d) A no presentar en ningún caso documentos originales.
Según el artículo 53 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, además del resto de derechos previstos en esta Ley, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos: a) A ser notificado de los hechos que se le imputen b) A ser notificado de las infracciones que tales hechos puedan constituir c) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario Todas son correctas.
Según el artículo 54 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos: a) Se iniciarán en todo caso de oficio b) Se iniciarán en todo caso a solicitud del interesado c) Podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado d) Podrán iniciarse de oficio, a solicitud del interesado, o a solicitud del Ministerio Fiscal.
Según el artículo 55 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula la información y actuaciones previas a los procedimientos: a) Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente deberá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto b) Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto c) En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas serán realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. d) Las respuestas b y c son correctas.
Según el artículo 56 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, iniciado el procedimiento, será competente para adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer: a) El órgano administrativo competente para resolver b) El órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento c) Iniciado el procedimiento, no cabe adoptar de oficio medidas provisionales d) Iniciado el procedimiento, no cabe adoptar a instancia de parte medidas provisionales.
Según el artículo 56 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, iniciado el procedimiento, las medidas provisionales se podrán adoptar de acuerdo con los principios de: a) Proporcionalidad, efectividad y mayor onerosidad b) Proporcionalidad, seguridad jurídica y prohibición de indefensión c) Prohibición de indefensión, efectividad y buena fe procesal d) Proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
Según el artículo 56 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, antes de la iniciación del procedimiento administrativo, de oficio o a instancia de parte y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas: a) El órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento b) El órgano competente para resolver el procedimiento c) El órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento en los casos de urgencia inaplazable d) El órgano competente para resolver el procedimiento en los casos de urgencia inaplazable.
Según el artículo 56 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las medidas provisionales adoptadas antes de iniciarse el procedimiento administrativo, deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse: a) Dentro de los veinte días siguientes a su adopción b) Dentro de los quince días siguientes a su adopción c) Dentro de los treinta días siguientes a su adopción d) Dentro de los diez días siguientes a su adopción.
El artículo 56 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cita como medidas provisionales que se podrán acordar, entre otras, en un procedimiento administrativo, las siguientes: a) Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen b) El cierre indefinido de establecimientos por razones de sanidad, higiene o seguridad c) Embargo ejecutivo de bienes y rentas d) Todas son correctas.
Según el artículo 56 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las medidas provisionales: a) No podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento b) Deberán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción c) Podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. d) No se extinguirán pese a que surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.
Según el artículo 57 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, podrá disponer, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión: a) Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación b) De oficio o a instancia de parte c) Siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento d) Todas son correctas.
Según el artículo 58 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente: a) Por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior b) Por denuncia c) Las respuestas a y b son correctas d) A petición razonada de los interesados.
Según el artículo 59 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por propia iniciativa a efectos de iniciación de un procedimiento administrativo: a) La actuación derivada exclusivamente del conocimiento directo de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de resolución b) La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por cualquier órgano de la Administración c) La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación d) La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de resolución.
Según el artículo 60 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por orden superior a efectos de iniciación de un procedimiento administrativo como consecuencia de la misma: a) La emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento b) La propuesta emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento c) La emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la resolución del procedimiento d) La emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la tramitación del procedimiento.
Según el artículo 61 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la propuesta de iniciación del procedimiento administrativo formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo: a) Vincula al órgano competente para resolver el procedimiento, el cual deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que procede la iniciación b) No vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación c) No vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, procede o no la iniciación d) Vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, el cual deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que procede la iniciación.
Según el artículo 62 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por denuncia a efectos de iniciación de un procedimiento administrativo como consecuencia de la misma: a) El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo b) El acto por el que un interesado en el procedimiento, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo c) El acto por el que un agente de la autoridad, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo d) El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
Según el artículo 62 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la denuncia, para que pueda dar lugar a la iniciación de un procedimiento administrativo: a) Podrá ser anónima y deberá contener el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración b) Deberá expresar la identidad de la persona o personas que la presentan y el relato de los hechos que se pone en conocimiento de la Administración c) Deberá expresar la identidad de la persona o personas que la presenta y el relato de los hechos que se pone en conocimiento de la Administración, y deberá ser presentada por medios electrónicos d) Deberá expresar la identidad de la persona o personas que la presentan y el relato de los hechos que se pone en conocimiento de la Administración, adjuntando necesariamente un principio de prueba de los mismos.
Según el artículo 62 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de la denuncia que da lugar a la iniciación de un procedimiento administrativo: a) La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento b) La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de parte en el procedimiento. c) La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. d) La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de parte en el procedimiento.
El artículo 63 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo referente a los procedimientos de naturaleza sancionadora, establece que: a) Se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente b) Se iniciarán de oficio o a instancia de parte c) La fase instructora y la sancionadora de los mismos se encomendará a órganos distintos d) Las respuestas a y c son correctas.
El artículo 64 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora deberá contener al menos: a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables. b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder c) La indicación de la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad d) Todas son correctas.
El artículo 64 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación procedimientos de naturaleza sancionadora no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento: a) Deberá acordarse el sobreseimiento provisional del procedimiento sancionador b) La citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados. c) La citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un escrito de acusación, que deberá ser notificado a los interesados d) Deberá acordarse el sobreseimiento libre del procedimiento sancionador.
El artículo 65 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial establece que: a) Será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación de la Administración. b) No será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado c) El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido d) El procedimiento iniciado se instruirá si los particulares presuntamente lesionados se personan en el plazo establecido.
El artículo 66 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que las solicitudes de iniciación del procedimiento administrativo a petición del interesado deberán contener: a) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación b) Su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación. c) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación d) Las repuestas a y c son correctas.
El artículo 66 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las solicitudes de iniciación del procedimiento administrativo a petición del interesado, establece que: a) Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados b) Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, deberán ser formuladas en una única solicitud c) Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales podrán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan d) Las Administraciones Públicas podrán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes.
El artículo 67 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial establece que: a) Con carácter general, el derecho a reclamar prescribirá a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo b) Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar c) Con carácter general, el derecho a reclamar prescribirá a los cinco años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo d) Con carácter general, el derecho a reclamar prescribirá a los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
El artículo 67 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial establece que en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar entre otras: a) las lesiones producidas b) la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público c) El momento en que la lesión efectivamente se produjo d) Todas son correctas.
El artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la necesidad de subsanar las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial establece que: a) se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se archivará su petición b) se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición c) se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición d) Ninguna es correcta.
El artículo 69 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la declaración responsable y comunicación establece que, a los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que: a) Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio b) Dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida c) Pone en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho d) Las respuestas a y b son correctas.
El artículo 69 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la declaración responsable y comunicación establece que: a) Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación b) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos c) Las respuestas a y b son correctas d) Será posible la exigencia de las declaraciones responsables y las comunicaciones acumulativamente.
El artículo 70 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el expediente administrativo establece que: a) Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla b) Los expedientes tendrán formato electrónico o físico según el formato de sus documentos c) Formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas d) Formarán parte del expediente administrativo los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas.
El artículo 70 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el expediente administrativo, establece que cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico: a) Se enviará completo, foliado y autentificado b) Se enviará completo y autentificado, siendo potestativo que se envíe foliado c) Se enviará acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga d) Las respuestas a y c son correctas.
El artículo 70 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, la autenticación del índice del que ha de ir acompañado: a) Garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma aunque no permitirá su recuperación b) Garantizará la integridad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su copia siempre que sea preciso c) Garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso d) Garantizará la integridad e invariabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso.
El artículo 71 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará: a) a instancia de parte en todos sus trámites y a través de medios electrónicos b) de oficio o a instancia de parte en todos sus trámites y a través de medios electrónicos c) de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos d) a través de medios electrónicos.
El artículo 71 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el despacho de los expedientes, establece que: a) Se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario. b) Se guardará el orden riguroso de incoación en todos los asuntos, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario. c) Se guardará en todo caso el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza d) Se guardará el orden de incoación que por el titular de la unidad administrativa se acuerde.
El artículo 72 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la concentración de trámites establece que de acuerdo con el principio de simplificación administrativa: a) Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento simultaneo. b) Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y sea obligado su cumplimiento sucesivo c) Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. d) se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza homogenea, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.
El artículo 73 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el cumplimiento de los trámites, establece que los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de: a) Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto b) Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto c) Siete días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto d) Cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
El artículo 73 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el cumplimiento de los trámites, establece que a los interesados que no cumplan con los trámites en el plazo legalmente establecido: a) Se les podrá declarar desistidos en su derecho al trámite correspondiente b) Se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente c) Se les nuevo plazo de diez días para realizar el trámite correspondiente d) Se les dará nuevo plazo para realizar el trámite correspondiente.
El artículo 74 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones: a) No suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación b) No suspenderán la tramitación del mismo, salvo la abstención c) No suspenderán la tramitación del mismo, salvo la abstención y recusación d) Suspenderán la tramitación del mismo.
El artículo 75 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular los actos de instrucción del procedimiento establece que los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución: a) Se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento b) Se realizarán a instancia de parte y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento c) Se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que resuelve el procedimiento d) Se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que inició el procedimiento.
El artículo 75 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse: a) En la forma que resulte más conveniente para la Administración. b) En la forma que resulte más conveniente para el interés público. c) En la forma que resulte más conveniente para el órgano responsable de la tramitación del procedimiento d) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
El artículo 76 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las alegaciones en los procedimientos administrativos establece que: a) Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio b) Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de finalización del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio c) En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación d) Las respuestas a y c son correctas.
El artículo 77 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular los medios y periodos de prueba en el procedimiento administrativo, establece que: a) Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho b) El instructor del procedimiento sólo deberá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada c) En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes no vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien d) El instructor del procedimiento no podrá rechazar en ningún caso las pruebas propuestas por los interesados.
El artículo 77 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular los medios y periodos de prueba en el procedimiento administrativo establece que cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo: a) No superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes b) No superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse las que solicite el interesado c) No superior a veinte días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse las que solicite el interesado d) No superior a veinte días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
Según el artículo 78 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la notificación por la que se comunica a los interesados el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas: a) Se consignará el lugar en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan b) Se consignará la fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan c) Se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan d) Se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, en su caso, de que el interesado no puede nombrar técnicos para que le asistan.
Según el artículo 78 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración: a) Esta deberá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba b) Esta podrá exigir el cobro íntegro de los mismos antes de practicarse la prueba. c) Esta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba d) Esta deberá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación provisional, una vez practicada la prueba.
El artículo 79 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la petición de informes en los procedimientos administrativos establece que: a) En la petición de informe se podrá concretar el extremo o extremos acerca de los que se solicita b) En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita c) Sólo es posible la petición de informes en los procedimientos de naturaleza sancionadora d) Las respuestas a y c son correctas.
El artículo 80 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la emisión de informes en los procedimientos administrativos establece que: a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes b) A salvo las excepciones legalmente establecidas, los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y en el plazo de veinte días c) De no emitirse el informe en el plazo señalado, se deberán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se deberá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento d) El informe emitido fuera de plazo no podrá ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
El artículo 81 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial establece que: a) En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será potestativo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión. b) En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de veinte días el plazo de su emisión. c) En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión d) En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de dos meses el plazo de su emisión.
El artículo 81 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial establece que cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica: a) Será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma b) El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses c) El dictamen deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida d) Todas las respuestas son correctas.
El artículo 81 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que en el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia: a) Será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses. b) Será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de diez días c) Será facultativo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses d) Será facultativo y no vinculante el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de diez días.
El artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el trámite de audiencia establece que instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, de manera que: a) Los interesados, en un plazo de diez días, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes b) Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes c) Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, deberán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes d) Los interesados, en un plazo no inferior a quince días ni superior a veinte, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
El artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el trámite de audiencia establece que instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, de manera que: a) Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado b) Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por la Administración c) Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite d) Las respuestas a y c son correctas.
El artículo 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el trámite de información pública, establece que: a) El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, deberá acordar un período de información pública b) A efectos del trámite de información pública, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde c) Las respuestas a y b son correctas d) El plazo para formular alegaciones en el trámite de información pública en ningún caso podrá ser inferior a diez días.
El artículo 83 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el trámite de información pública, establece que: a) La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento b) La comparecencia en el trámite de información pública otorga, por sí misma, la condición de interesado c) La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado d) Las respuestas a y c son correctas.
El artículo 84 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que pondrán fin al procedimiento administrativo: a) La resolución, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, la declaración de caducidad y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas b) La resolución, el allanamiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, la declaración de caducidad y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas c) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, la declaración de caducidad y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas d) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, la declaración de prescripción y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
El artículo 85 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la terminación en los procedimientos sancionadores establece que: a) Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento c) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento posterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento d) Las respuestas a y b son correctas.
El artículo 86 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que: a) No sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado b) No sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés tanto de las personas de Derecho público como privado c) No sean contrarios al ordenamiento jurídico, aunque versen sobre materias en principio no susceptibles de transacción, y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado d) Ninguna respuesta es correcta.
El artículo 86 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los acuerdos que se suscriban por las Administraciones Públicas con personas tanto de Derecho público como privado: a) Supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos b) No supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos, ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios c) No supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos, pero sí de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios d) Supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos, pero no de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios.
El artículo 87 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las actuaciones complementarias en el seno del procedimiento administrativo, establece que: a) Se podrán realizar las que tengan carácter indispensable para resolver el procedimiento. b) Tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento c) No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento d) Son correctas las respuestas a y c.
El artículo 87 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las actuaciones complementarias en el seno del procedimiento administrativo, establece que: a) Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a veinte días b) Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a diez días c) El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. d) El plazo para resolver el procedimiento no se suspenderá por la realización de las actuaciones complementarias.
El artículo 88 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el contenido de la resolución que pone fin al procedimiento establece que: a) Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados pero no aquellas otras derivadas del mismo b) En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado de manera motivada se podrá agravar su situación inicial c) Podrá expresar los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos d) La resolución del procedimiento se dictará electrónicamente.
El artículo 88 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano: a) Será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución b) No será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución c) Podrá el instructor elevar al órgano competente para resolver una propuesta de resolución d) El instructor no podrá elevar al órgano competente para resolver una propuesta de resolución.
El artículo 89 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador establece que el órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) Cuando los hechos no resulten acreditados. b) Cuando los hechos probados no constituyan presuntamente infracción administrativa. c) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha caducado la infracción d) Cuando la persona responsable aparezca exenta parcialmente de responsabilidad.
El artículo 89 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador establece que se fijarán de forma motivada en la misma: a) Los hechos presuntamente ocurridos y su exacta calificación jurídica b) Los hechos que se consideren probados y su posible calificación jurídica c) La sanción que se proponga d) La sanción que se acuerde.
El artículo 90 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores establece que: a) En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica b) En la resolución se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, si no conllevan una diferente valoración jurídica c) Cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten menor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días d) Cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de veinte días.
El artículo 90 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores establece que: a) Cuando la resolución sea ejecutiva, se deberá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa b) La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso en vía administrativa c) Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa d) Las respuestas a y b son correctas.
El artículo 90 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores establece que cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente: a) Se continuará el procedimiento hasta fijar la cuantía b) Se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva c) Se fijará mediante un procedimiento judicial d) Se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución no será inmediatamente ejecutiva.
El artículo 91 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular las especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial establece que: a) No será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida b) Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es favorable a la indemnización del particular. c) Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular d) Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
El artículo 92 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial establece que en el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por: a) Los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local b) Los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas en todo caso c) Los órganos correspondientes de las Entidades que integran la Administración Local en todo caso d) Por el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros.
El artículo 93 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que en los procedimientos iniciados de oficio, la Administración: a) Deberá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes. b) Podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes. c) Podrá allanarse, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes d) Podrá desistir en cualquier caso.
El artículo 94 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el desistimiento y renuncia por los interesados establece que: a) Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus acciones b) Todo interesado podrá desistir de su derecho o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a su solicitud c) Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia afectará a todos d) Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
El artículo 94 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el desistimiento y renuncia por los interesados establece que si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración: a) Deberá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento b) Podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento c) Podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y podrá seguir el procedimiento d) No aceptará el desistimiento o la renuncia del interesado y seguirá el procedimiento.
El artículo 95 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la caducidad del procedimiento establece que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que: a) transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento b) transcurridos dos meses, se producirá la caducidad del procedimiento c) transcurridos seis meses, se producirá la caducidad del procedimiento d) transcurridos cuatro meses, se producirá la caducidad del procedimiento.
El artículo 95 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la caducidad del procedimiento establece que: a) Podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, aunque sean indispensables para dictar resolución b) La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración c) Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general d) Los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción.
El artículo 96 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común establece que cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen las Administraciones Públicas: a) Deberán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento b) Podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la terminación anticipada del procedimiento c) Podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento, sin que el órgano competente para su tramitación pueda acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria d) Podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento pero en cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria.
El artículo 96 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la tramitación simplificada del procedimiento administrativo establece que cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados, en cuyo caso: a) Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria b) Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración podrá seguir la tramitación ordinaria c) Si todos ellos manifiestan su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria d) Ninguna es correcta.
El artículo 96 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la tramitación simplificada del procedimiento administrativo establece que los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento, en cuyo caso el plazo del que dispondrá para resolver sobre dicha solicitud el órgano competente para la tramitación será de: a) Diez días desde su presentación, existiendo posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo se entenderá desestimada la solicitud b) Cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo de cinco días se entenderá estimada la solicitud c) Cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo de cinco días se entenderá desestimada la solicitud d) Tres días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el mencionado plazo se entenderá estimada la solicitud.
El artículo 96 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la tramitación simplificada del procedimiento administrativo establece que en el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora: a) Existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como menos grave, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado b) Existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado c) Existen elementos de juicio suficientes para archivar el procedimiento, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado d) Existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, siendo posible la oposición expresa por parte del interesado.
El artículo 96 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la tramitación simplificada del procedimiento administrativo establece que salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en: a) Treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento b) Veinte días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento c) Un mes, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento d) Treinta días, a contar desde el siguiente a la adopción del acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
El artículo 98 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa c) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía contencioso administrativa d) Las respuestas a y b son correctas.
El artículo 98 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que cuando de una resolución administrativa nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará preferentemente utilizando alguno de los medios electrónicos siguientes: a) Tarjeta de crédito y débito b) Transferencia bancaria c) Domiciliación bancaria d) Todas son correctas.
El artículo 99 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos: a) Salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley b) Las Administraciones Públicas no necesitan previo apercibimiento para proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos c) La ejecución de actos administrativos requiere en todo caso la intervención de un órgano judicial d) Las respuestas a y b son correctas.
El artículo 100 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios: a) Apremio sobre la persona b) Ejecución preventiva c) Multa preventiva d) Compulsión sobre las personas.
El artículo 100 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular los medios de ejecución forzosa establece que: a) Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el más restrictivo de la libertad individual b) Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se podrá elegir el menos restrictivo de la libertad individual c) Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado las Administraciones Públicas deberán obtener en todo caso la oportuna autorización judicial d) Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.
El artículo 102 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la ejecución subsidiaria de actos administrativos, establece que: a) Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado b) Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por ser personalísimos deban ser realizados por compulsión directa sobre la persona del obligado c) Las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado d) Las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa de la Administración.
El artículo 103 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la multa coercitiva establece que las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos: a) Imponer una multa coercitiva no reiterable y que sea suficiente para cumplir lo ordenado b) Imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, las cuales además son independientes de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatibles con ellas c) Imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, sin perjuicio de que las sanciones que puedan imponerse con tal carácter no son compatibles con ellas d) Ninguna es correcta.
El artículo 103 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos: a) Actos no personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado. b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente c) Actos cuya ejecución pueda la Administración encargar a otra persona d) Actos cuya ejecución no pueda el obligado encargar a otra persona.
El artículo 104 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la compulsión sobre las personas establece que: a) Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de hacer, no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice b) Si, tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá en vía contencioso administrativa c) Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice d) Las respuestas a y b son correctas.
- Según el artículo 106 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.: a) En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere b) En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, sin necesidad de previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere c) En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado en todo caso d) En el plazo de seis meses, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivoequivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.
Según el artículo 106 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados: a) Cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 b) Cuando las mismas carezcan de fundamento c) En el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes semejantes d) Las respuestas b y c son correctas.
Según el artículo 106 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos se hubiera iniciado de oficio: a) El transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo b) El transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la prescripción del mismo c) El transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo d) Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo .
Según el artículo 107 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48: a) Sin necesidad de ningún otro presupuesto procesal de admisibilidad de la acción judicial b) Previa su declaración de lesividad para la Administración c) Previa su declaración de lesividad para el interés general d) Previa su declaración de lesividad para el interés público.
Según el artículo 107 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad de actos anulables: a) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cinco años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo b) La declaración de lesividad no podrá adoptarse hasta una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo c) No será susceptible de recurso d) Será susceptible de recurso .
Según el artículo 108 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106 y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad: a) No podrá suspender la ejecución del acto, aun cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. b) Podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. c) Deberá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación d) Ninguna es correcta.
Según el artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes: a) Mientras no haya transcurrido el plazo de caducidad b) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción c) En el plazo de 6 meses d) En cualquier momento.
Según el artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas las Administraciones Públicas: a) Podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos b) Podrán rectificar en cualquier momento, de oficio, los errores materiales o de hecho existentes en sus actos c) Podrán rectificar en el plazo de dos meses, de oficio o a instancia de los interesados, exclusivamente los errores aritméticos existentes en sus actos d) Deberán, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
El artículo 110 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas las Administraciones Públicas establece límites a la revisión de los actos en vía administrativa al afirmar que las facultades de revisión no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a: a) La equidad, a la buena fe o a las leyes b) La buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes c) La equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes d) La equidad, a la buena fe o al derecho de los particulares.
Según el artículo 111 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables: a) El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los Ministros b) El Consejo de Secretarios de Estado, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los Secretarios c) El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los Secretarios de Estado d) El Consejo de Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por el Consejo General del Poder Judicial.
El artículo 112 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el objeto y clases de recursos administrativos establece que contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimo: a) Podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de revisión b) Podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y preceptivo de reposición c) Podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición d) Podrán interponerse por los interesados los recursos de apelación y potestativo de reposición.
Según el artículo 112 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las leyes podrán sustituir el recurso de alzada y el de reposición, en los supuestos, con las condiciones y por los procedimientos previstos en el punto 2 del art. 112: a) El recurso de reposición no podrá ser sustituido por su carácter potestativo para el interesado. b) El recurso de alzada podrá ser sustituido respetando su carácter potestativo para el interesado c) Las leyes no pueden sustituir el recurso de alzada y el de reposición en ningún caso d) El recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el art. 112.2, respetando su carácter potestativo para el interesado.
Según el artículo 112 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general: a) Cabrá recurso en vía administrativa b) No cabrá recurso en vía administrativa c) No cabrá recurso en vía contencioso administrativa d) Las respuestas a y c son correctas.
El artículo 113 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que contra los actos firmes en vía administrativa: a) Sólo procederá el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1 b) Sólo procederá el recurso extraordinario de alzada cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1 c) Sólo procederá el recurso extraordinario de reposición cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1 d) Procederá, además de los recursos ordinarios, el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.
El artículo 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que ponen fin a la vía administrativa: a) Las resoluciones de los recursos de alzada b) Las resoluciones de los recursos de reposición c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento d) Las respuestas a y c son correctas.
El artículo 115 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la interposición de recursos administrativos establece que: a) La interposición del recurso deberá expresar el acto que se recurre y la razón de su impugnación b) La interposición del recurso deberá expresar el órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación c) El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter d) Todas son correctas.
El artículo 116 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que serán causas de inadmisión de un recurso administrativo: a) Carecer de legitimación el recurrente b) Carecer de capacidad de obrar el recurrente c) Tratarse de un acto que resuelve el procedimiento administrativo d) Carecer el recurso de fundamento.
El artículo 117 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la suspensión de la ejecución establece que: a) La interposición de cualquier recurso, no suspenderá la ejecución del acto impugnado b) Es circunstancia que puede acarrear la suspensión de la ejecución del acto impugnado que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación c) Las respuestas a y b son correctas d) La interposición de cualquier recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado.
Según el artículo 117 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, transcurrido que plazo la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si desde el transcurso del mismo desde que haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto: a) 30 días b) 10 días c) Un mes d) Seis meses.
Según el artículo 117 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando: a) Habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa b) Así lo solicite previamente el interesado c) Habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía administrativa d) Aun no habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso- administrativa.
Según el artículo 117 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso: a) Se mantendrá la suspensión si así lo acuerda el órgano administrativo competente b) Se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud c) Se mantendrá la suspensión desde que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud d) Ninguna es correcta.
El artículo 118 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la audiencia de los interesados en tramitación de los recursos en vía administrativa, establece que: a) No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho b) Podrá solicitarse la práctica de pruebas aun cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado c) Si hubiera otros interesados se les dará, según el caso, traslado del recurso para que aleguen cuanto estimen procedente d) Las respuestas a y b son correctas.
El artículo 119 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular la resolución de los recursos en vía administrativa, establece que: a) La resolución del recurso admitirá en todo en parte o inadmitirá las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su desestimación b) La resolución del recurso estimará o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo c) La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión d) La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su admisión.
Según el artículo 120 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo: a) Deberá resolver el recurso antes de que recaiga pronunciamiento judicial b) No podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial c) Deberá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial d) Podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.
El artículo 121 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el recurso de alzada establece que las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa: a) Deberán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó y el recurso deberá interponerse ante el órgano competente para resolverlo b) Podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó y el recurso deberá interponerse ante el órgano competente para resolverlo c) Podrán ser recurridos en alzada ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo competente y el recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo d) Podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó y el recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
El artículo 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el plazo para la interposición del recurso de alzada: a) Será de quince días, si el acto fuera expreso b) Será de treinta días, si el acto fuera expreso c) Si el acto no fuera expreso se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo d) Si el acto no fuera expreso se podrá interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
El artículo 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el recurso de alzada establece que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de: a) Dos meses b) Tres meses c) Cuatro meses d) Un mes.
El artículo 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el recurso de alzada establece que contra la resolución de un recurso de alzada: a) No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1. b) No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión c) No cabrá ningún recurso contencioso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 d) No cabrá ningún otro recurso administrativo.
El artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el recurso de reposición establece que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa: a) Deberán ser recurridos preceptivamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado antes de ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo b) Podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo c) Podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el superior jerárquico del órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo d) Podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado y ser impugnados subsidiariamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el recurso de reposición establece que no se podrá interponer recurso contencioso- administrativo hasta que: a) Sea resuelto expresamente o se haya producido la estimación presunta del recurso de reposición interpuesto b) Sea admitido expresamente o se haya producido la inadmisión presunta del recurso de reposición interpuesto c) Sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto d) Sea resuelto o se haya producido la inadmisión del recurso de reposición interpuesto.
El artículo 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el recurso de reposición establece que el plazo para la interposición del recurso de reposición será de: a) Un mes, si el acto fuera expreso b) Treinta días, si el acto fuera expreso c) Si el acto no fuera expreso se podrá interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto d) Las respuestas a y c son correctas.
El artículo 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el recurso de reposición establece que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de: a) Un mes y contra la resolución del recurso no podrá interponerse de nuevo dicho recurso b) Un mes y contra la resolución del recurso podrá interponerse de nuevo dicho recurso c) Quince días y contra la resolución del recurso podrá interponerse de nuevo dicho recurso d) Treinta días y contra la resolución del recurso no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.
El artículo 125 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el recurso extraordinario de revisión establece que podrá interponerse: a) Ante el órgano administrativo que los dictó, siendo el competente para su resolución el superior jerárquico b) Ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución c) Ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que también será el competente para su resolución d) Ante el órgano administrativo que los dictó, siendo el competente para su resolución el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El artículo 125 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el recurso extraordinario de revisión contra la resolución que se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme, se interpondrá: a) En el plazo de seis meses a contar desde que la sentencia judicial quedó firme b) En el plazo de tres meses a contar desde que la sentencia judicial quedó firme c) En el plazo de un mes a contar desde que la sentencia judicial quedó firme d) En el plazo de tres meses a contar desde que se notificó la sentencia judicial.
El artículo 126 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el órgano competente para la resolución del recurso extraordinario de revisión podrá acordar motivadamente: a) La desestimación, en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales b) La inadmisión a trámite, en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto a la forma otros recursos sustancialmente iguales c) La inadmisión a trámite, con necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales d) La inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.
El artículo 126 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el recurso extraordinario de revisión establece que: a) Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso- administrativa b) Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso- administrativa c) Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso- administrativa d) Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso- administrativa.
La Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a) Es una Ley Orgánica b) Es una Ley del Parlamento Vasco c) Es una Ley del Parlamento europeo d) Ninguna es válida.
La Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece y regula: a) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas b) Las bases del régimen jurídico del sector público c) Las bases del régimen jurídico del sector público institucional d) Los principios del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
La Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece y regula: a) Las bases del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora b) Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora c) Los principios del régimen jurídico de las Administraciones Públicas d) Ninguna es válida.
La Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece y regula: a) La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades b) La organización y funcionamiento de la Administración Pública y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades c) La organización y funcionamiento de la Administración de las Comunidades Autónomas y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades d) Ninguna es válida.
La Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 2, establece que el sector público comprende: a) La Administración General del Estado b) El sector privado institucional c) Las Entidades que integran la Administración Local d) Las respuestas a) y c) son válidas.
La Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 2, establece que tienen la consideración de Administraciones Públicas: a) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas b) Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas c) Las Entidades que integran la Administración Local d) Las respuestas a), b) y c) son válidas.
La Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 3, establece que: a) Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho b) El sector público sirve con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho c) Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho d) Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, y desconcentración, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
egún el artículo 3 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuál de los siguientes principios no deberán respetar en su actuación y relaciones las Administraciones Públicas: a) Servicio efectivo a los ciudadanos b) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas c) Retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
Según el artículo 3 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Las Administraciones Públicas podrán relacionarse entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos b) Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos c) Sólo la Administración General del Estado actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única d) Sólo la Administración General del Estado y las de las Comunidades Autónomas actúan para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.
Según el artículo 4 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de eficacia y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen b) Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen c) Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, sin tener que motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen d) Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, podrán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen.
Según el artículo 5 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) La creación de cualquier órgano administrativo no exigirá el cumplimiento de requisito alguno b) Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo c) Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter potestativo d) Temporalmente podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes aunque al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos.
Según el artículo 6 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, pero genera en todo caso responsabilidad disciplinaria b) El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio afecta a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos c) Los órganos administrativos deberán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio d) Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.
Según el artículo 7 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público la Administración consultiva podrá articularse a través de los servicios de la Administración que prestan asistencia jurídica. En tal caso: a) dichos servicios no podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta b) dichos servicios podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional c) dichos servicios deberán estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional d) dichos servicios podrán recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta.
Según el artículo 8 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) La competencia es irrenunciable b) La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia suponen alteración de la titularidad de la competencia c) La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente no dependientes d) Todas son correctas.
Según el artículo 9 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, cuando sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas b) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma u otra Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas c) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar la titularidad de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas d) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.
Según el artículo 9 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso b) Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación c) Todas son correctas d) La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.
Según el artículo 10 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente b) Los órganos superiores deberán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente c) Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento d) Las respuestas a y c son correctas.
Según el artículo 11 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración b) La realización de actividades de carácter jurídico competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración c) La realización de actividades de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración d) La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público deberá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración.
Según el artículo 11 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) La encomienda de gestión supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio b) La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio c) La encomienda de gestión no supone cesión del ejercicio de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio d) La encomienda de gestión supone cesión de la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio.
Según el artículo 12 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Los titulares de los órganos administrativos deberán, en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan b) Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten únicamente por atribución, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan c) Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan d) Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten únicamente por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan.
Según el artículo 13 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos administrativos deberán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación b) En la forma que disponga cada Administración Pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación c) La suplencia implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación d) La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez será necesaria su publicación.
Según el artículo 14 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto podrá remitir directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados b) El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados c) El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, sin tener que notificar esta circunstancia a los interesados d) El órgano administrativo que se estime incompetente para la instrucción de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.
Según el artículo 14 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Los interesados que sean parte en el procedimiento deberán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente b) Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo c) Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo d) Las respuestas a y b son correctas.
Según el artículo 15 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran b) El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros podrán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran c) El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el plazo de 10 días en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran d) El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten instrucciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran.
Según el artículo 16 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Los órganos colegiados tendrán uno o más Secretarios que podrán ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente b) Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente c) Los órganos colegiados tendrán un Secretario que deberá ser un miembro del propio órgano d) Los órganos colegiados tendrán un Secretario que deberá ser una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente.
Según el artículo 16 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, entre las funciones del Secretario se encuentra la de: a) velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas b) certificar las actuaciones del órgano colegiado c) garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas d) Todas son correctas.
Según el artículo 17 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario b) Todos los órganos colegiados se deberán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas de forma presencial c) Todos los órganos colegiados se deberán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas de forma presencial, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario d) Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, aunque su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.
Según el artículo 17 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos: a) La identidad de los miembros o personas que los suplan b) el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen c) La interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real d) Todas son correctas.
Según el artículo 17 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Los acuerdos de los órganos colegiados serán adoptados por mayoría de votos b) Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, podrán quedar exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos c) Los acuerdos de los órganos colegiados serán adoptados por mayoría absoluta de votos d) Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, no quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
Según el artículo 18 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) De cada sesión que celebre el órgano colegiado se podrá levantar acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados b) De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que podrá hacer referencia entre otros a los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados c) De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Presidente, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados d) De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
Según el artículo 18 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) El acta de cada sesión de los órganos colegiados podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente b) El acta de cada sesión deberá aprobarse en la misma reunión c) El acta de cada sesión podrá aprobarse en la inmediata reunión siguiente d) El Presidente elaborará el acta de cada sesión de los órganos colegiados con el visto bueno del Secretario.
El artículo 19.3 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en lo referente a los miembros del órgano colegiado de la Administración General del Estado que: a) Podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan b) No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan c) No podrán excusarse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan d) No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan.
El artículo 19.2 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que corresponderá al presidente del órgano colegiado de La Administración General del Estado: a) Ostentar la representación del órgano b) Efectuar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día c) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día d) Las respuestas a y c son correctas.
El artículo 19.4 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que corresponderá al Secretario del órgano colegiado de La Administración General del Estado: a) redactar y autorizar las actas de las sesiones b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente c) Visar las actas del órgano d) Las respuestas a y b son correctas.
El artículo 19.4 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que corresponderá al Secretario del órgano colegiado de La Administración General del Estado: a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto en todo caso b) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo c) Asistir a las reuniones sin voz pero con voto, y con voz y voto si la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo d) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y sin voz pero con voto si la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo.
Según el artículo 20 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por dos o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos b) Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos c) Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por cuatro o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos d) Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por tres personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos.
Según el artículo 20 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la constitución de un órgano colegiado en la Administración General del Estado y en sus Organismos públicos tiene como presupuesto indispensable la determinación en su norma de creación o en el convenio con otras Administraciones Públicas por el que dicho órgano se cree, de los siguientes extremos: a) Sus fines u objetivos b) Su integración administrativa o dependencia jerárquica c) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento d) Las respuestas a, b y c son correctas.
Según el artículo 21 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos, por su composición, se clasifican en: a) Órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes Ministerios b) Órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de un mismo Ministerio c) Órganos colegiados ministeriales, si sus componentes proceden de los órganos de diferentes Ministerios d) las respuestas b y c son correctas.
Según el artículo 22 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos sólo requerirá de norma específica, con publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en los casos en que se les atribuyan cualquiera de las siguientes competencias: a) Competencias decisorias b) Competencias instructoras c) Competencias de propuesta o emisión de informes no preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros órganos administrativos d) Las respuestas b y c son correctas.
Según el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunos de los motivos de abstención señalados en el apartado siguiente del citado artículo: se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente: a) se podrán abstener de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente b) se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente c) se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien actuará en su lugar d) seguirán interviniendo en el procedimiento y esperarán a ser recusados.
Según el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a) La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención implicará, en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido b) La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido c) La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias podrá lugar a la responsabilidad que proceda d) La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a su recusación.
Según el artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en caso de que en las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunos de los motivos de abstención señalados en el artículo 23 no se abstengan de intervenir en el procedimiento, a) deberá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento b) podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento después de la tramitación del procedimiento c) podrá promoverse recusación por el superior jerárquico en cualquier momento de la tramitación del procedimiento d) podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
Según el artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a) La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda b) La recusación se planteará verbalmente o por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda c) Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de diez días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos d) Contra las resoluciones adoptadas en materia de recusación cabrá recurso de reposición.
Según el artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, formulada recusación frente a la autoridad y/o personal al servicio de la Administración Pública a) su inmediato superior resolverá sin necesidad de audiencia del recusado b) En el día siguiente el recusado podrá manifestar a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido c) En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido d) En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, podrá acordar su sustitución acto seguido.
Según el artículo 38 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a) La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias b) El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma c) El establecimiento de una sede electrónica no conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma d) las respuestas a y b son correctas.
Según el artículo 39 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a) un portal de internet es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones b) Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente c) Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuyo uso corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente d) Ninguna es correcta.
Según el artículo 40 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, referido a los sistemas de identificación de las administraciones Públicas: a) Las Administraciones Públicas deberán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado b) Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado c) Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico avanzado d) Se podrá entender identificada la Administración Pública respecto de la información que se publique como propia en su portal de internet.
Según el artículo 41 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a) Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público b) Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegra o parcialmente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público c) Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público d) Se entiende por actuación administrativa simplificada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.
Según el artículo 42 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada, a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado b) Certificado electrónico electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en sello electrónico reconocido o cualificado c) Son correctas las respuestas a y d d) Código seguro de verificación no vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público.
Según el artículo 43 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula la firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas, a) Por razones de seguridad pública los sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo el documento nacional de identidad del empleado público b) Por razones de seguridad pública los sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo el número de identificación fiscal del empleado público c) Por razones de seguridad pública los sistemas de firma electrónica deberán referirse sólo el número de identificación profesional del empleado público d) Por razones de seguridad pública los sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo el número de identificación profesional del empleado público.
Según el artículo 46 de la Ley 40/2015 de 1 de de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a) Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que no afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza b) Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, en todo caso c) Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza d) Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas podrán almacenarse por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.
1.- ¿Cómo serán los datos conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679? a) Precisos b) Públicos c) Exactos d) Privados.
2.- Art. 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679: No será imputable al responsable del tratamiento, siempre que éste haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando: a) Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable b) Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la cooperación c) No hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario d) No hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado.
3.- Qué respuesta es la incorrecta: a) Los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados b) El mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado c) Los datos no pueden ser obtenidos de un registro público por el responsable d) Los datos pueden ser obtenidos directamente del afectado por el responsable.
4.- ¿En qué artículo del Reglamento (UE) 2016/679 se regula el deber de confidencialidad? a) Artículo 5.1.f) b) Artículo 5.1.d) c) Artículo 5.2.f) d) Artículo 5.2.d).
5.- ¿Quiénes estarán sujetos al deber de confidencialidad? a) Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en la fase final del mismo b) Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase del mismo c) Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en la fase sustancial del mismo d) Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en la fase esencial del mismo.
6.- Qué respuesta es la correcta: a) El deber de confidencialidad será subsidiario de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable b) El deber de confidencialidad será prioritario a los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable c) El deber de confidencialidad absorberá los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable d) El deber de confidencialidad será complementario de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.
7.- El deber de confidencialidad y los deberes de secreto profesional: a) Se mantendrán hasta que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento b) Se mantendrán hasta que pasen cinco años desde que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento c) Se mantendrán hasta que pasen diez años desde que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento d) Se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
8.- ¿Qué se entiende por consentimiento del afectado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679? a) Toda manifestación de voluntad libre, directa, informada e inequívoca por la que el afectado acepta por escrito el tratamiento de datos personales que le conciernen. b) Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el afectado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen c) Toda manifestación de voluntad libre, genérica, informada e inequívoca por la que el afectado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción tácita, el tratamiento de datos personales que le conciernen d) Toda manifestación de voluntad libre, genérica, informada e inequívoca por la que el afectado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.
9.- Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades: a) Será necesario que conste en documento público b) Será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas c) No será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas d) Será preciso que conste, aunque sea de manera tácita, que dicho consentimiento se otorga para todas ellas.
10.- ¿Podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual? a) No. b) Sí. c) En algunos casos. d) Excepcionalmente.
11.- ¿Cuándo se podrá fundar en su consentimiento el tratamiento de los datos personales de un menor de edad? a) Cuando sea mayor de catorce años b) Cuando sea mayor de catorce años, salvo en los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela c) Cuando sea mayor de doce años d) Cuando sea mayor de doce años, salvo en los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela.
12.- ¿Es lícito el tratamiento de los datos de los menores de catorce años fundado en el consentimiento? a) Sí, si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela. b) No c) Sí, aunque no conste el del titular de la patria potestad o tutela d) Sí, siempre que se otorgue el consentimiento en documento público.
13.- ¿El tratamiento de datos personales cuándo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679? a) Cuando así lo prevea un Reglamento b) Cuando así lo prevea una norma de Derecho interno c) Cuando así lo prevea una norma de Derecho Internacional o una norma con rango de ley d) Cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley.
14.- La norma a la que se refiere el artículo anterior podrá: a) Podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo b) Podrá determinar las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. c) Podrá imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679 d) Todas las respuestas son correctas.
15.- ¿El tratamiento de datos personales cuándo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable? (Artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679. a) Cuando derive de una competencia atribuida por un reglamento b) Cuando derive de una competencia atribuida por una orden ministerial c) Cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley d) Cuando derive de una competencia atribuida por el Estatuto Básico de la Protección de Datos.
16.- A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, ¿qué respuesta es la correcta? a) El solo consentimiento del afectado bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. b) El solo consentimiento del afectado bastará para publicar los datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico c) El solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. d) Ninguna respuesta es correcta.
Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español: a) Deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad b) Deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada c) Deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte d) Todas las respuestas son correctas.
¿Cuándo se podrá llevar a cabo el tratamiento de datos personales relativos a condenas para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales? a) Cuando se encuentre amparado en una norma europea, en la LO 2/18 o en otras normas de rango legal. b) Cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en la LO 3/18 o en otras normas de rango legal c) Cuando se encuentre amparado en una norma europea, en la LO 2/18 o en otras normas de rango reglamentario d) Cuando se encuentre amparado en una norma europea, en la LO 1/18 o en otras normas de rango legal.
¿Cómo podrá realizarse el registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales? a) Conforme con lo establecido en la regulación del Sistema Estatal de Registros b) Conforme con lo establecido en la regulación del Sistema Estatal y Autonómico de Registros c) Conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia d) Conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Interior.
Fuera de los supuestos señalados en los apartados 1 y 2 del art. 10 de la LO de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales cuándo serán posibles los tratamientos de datos referidos a condenas? a) Cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones b) Cuando sean llevados a cabo por abogados exclusivamente y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones c) Cuando sean llevados a cabo por procuradores exclusivamente y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones d) Ninguna respuesta es correcta.
Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679: a) Facilitando al afectado información básica e indicándole un usuario y una clave que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información b) Facilitando al afectado información básica e indicándole una dirección postal que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información c) Facilitando al afectado información básica e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información d) Facilitando al afectado información básica e indicándole una contraseña que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.
La información básica deberá contener: a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso b) La finalidad del tratamiento c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 d) Todas las respuestas son correctas.
Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, ¿la información básica comprenderá esta circunstancia? a) No b) Sí c) Sí, pero el afectado no deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él d) Son correctas las opciones b y c.
Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable: a) Podrá facilitar al afectado la información básica señalada en el artículo 11.2 de la LO 3/18 b) Deberá facilitar al afectado la información básica señalada en el artículo 11.2 de la LO 3/18 c) No facilitará al afectado ningún tipo de información d) Ofrecerá al afectado por correo ordinario la información básica señalada en el artículo 11.2 de la LO 3/18.
Cuando se facilite la información básica en el caso de que los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, esta información básica incluirá: a) Las categorías de datos objeto de tratamiento b) Las fuentes de las que procedieran los datos c) Los objetivos de los datos objeto de tratamiento d) Son correctas las opciones a y b.
El derecho de acceso podrá ejercerse: a) Directamente, indirectamente o por medio de representante legal o voluntario. b) Directamente, indirectamente o por medio de representante legal c) Directamente o por medio de representante legal o voluntario d) Directamente o por medio de representante legal, pero no por medio de representante voluntario.
¿Qué respuesta es la incorrecta? a) El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden b) Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado c) El ejercicio del derecho podrá ser denegado por optar el afectado por otro medio d) Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario.
¿Podrá el encargado tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos? a) Si así se estableciere en el contrato b) Si así se estableciere por ley c) Si así se consintiere por el responsable d) Si así lo consintiere el encargado.
¿Sobre quién recaerá la prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado? a) Sobre el encargado b) Sobre el responsable c) Sobre el director d) Todas las respuestas son correctas.
¿Quiénes podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles? a) Los titulares de la patria potestad b) Los titulares de la patria potestad, pero en nombre y representación de los menores de dieciséis años c) Los titulares de la patria potestad, pero en nombre y representación de los menores de dieciocho años d) Los titulares de la patria potestad autorizados judicialmente.
¿Cómo serán las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso? a) Gratuitas b) Gratuitas, sin perjuicio de algunas excepciones c) Onerosas d) Objetivas y onerosas.
¿Cómo se ejercitará el derecho de acceso del afectado? a) De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Reglamento (UE) 2018/679 b) De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2015/679 c) De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento (UE) 2019/679 d) De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679.
El interesado: a) Tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen b) Tendrá derecho de acceso a los datos personales c) Tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control d) Todas las respuestas son correctas.
Cuando el responsable trate una cantidad de datos relativos al afectado y éste ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos: a) El responsable podrá solicitar, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud b) El responsable deberá solicitar, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud c) El responsable permitirá el acceso a todos los datos directamente d) El responsable determinará los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud.
¿Cuándo se entenderá otorgado el derecho de acceso? a) Cuando el responsable del tratamiento facilite al afectado un sistema de acceso concreto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso al contenido solicitado b) Cuando el responsable del tratamiento facilite al afectado un sistema de acceso concreto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo limitado, el acceso específico a su contenido c) Cuando el responsable del tratamiento facilite al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad d) Cuando el responsable del tratamiento facilite al afectado un sistema de acceso directo y subjetivo a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso específico a su contenido.
¿Qué afirmación es la correcta? a) La comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho b) El interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los extremos previstos en el artículo 25.1 del Reglamento (UE) 2017/679 que no se incluyese en el sistema de acceso específico c) Cuando el responsable del tratamiento facilite al afectado un sistema de acceso directo y subjetivo a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso específico a su contenido d) El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2017/679.
A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679: a) Se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello b) Se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de tres ocasiones durante el plazo de tres meses, a menos que exista causa legítima para ello c) Se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de tres ocasiones durante el plazo de un año, a menos que exista causa legítima para ello d) Se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de un mes, a menos que exista causa legítima para ello.
¿Cómo será considerada la solicitud cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado? a) Excesiva, debiendo asumir el afectado el exceso de costes b) Aceptable, no debiendo asumir el afectado el exceso de costes c) Abusiva, debiendo asumir el afectado el exceso de costes d) Tolerable, no debiendo asumir el afectado el exceso de costes.
En los casos en los que el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado: a) No se le exigirá nada al responsable del tratamiento b) Solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas c) Solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso en el plazo de un mes d) Solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso en el plazo de quince días.
¿Qué deberá indicar el afectado en su solicitud al ejercer el derecho de rectificación? a) A qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse b) Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud de los datos objeto de tratamiento c) Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa del carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento d) Todas las respuestas son correctas.
¿De acuerdo a qué artículo se ejercerá el derecho de supresión? a) De acuerdo al art. 17 del Reglamento (UE) 2012/679 b) De acuerdo al art. 16 del Reglamento (UE) 2012/679 c) De acuerdo al art. 16 del Reglamento (UE) 2016/679 d) De acuerdo al art. 17 del Reglamento (UE) 2016/679.
¿Cómo se le llama también al derecho de supresión? a) Derecho a la desaparición b) Derecho a ocultarse c) Derecho a la invisibilidad d) Derecho al olvido.
Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al art. 21.2 del Reglamento (UE): a) El responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa b) El responsable no podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios ni con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa c) El responsable deberá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia indirecta d) El responsable no deberá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia indirecta.
¿Cómo se ejercerá el derecho a la limitación del tratamiento? a) De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2012/679 b) De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679 c) De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento (UE) 2016/679 d) De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2012/679.
¿Cómo debe constar el hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado? a) Debe constar claramente en el Sistema General de Limitaciones b) Debe constar claramente en el Registro de Limitaciones c) Debe constar claramente en los sistemas de información del responsable d) Debe constar claramente en los sistemas públicos y privados de información.
¿Cuál es el objeto de la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres? a) Establecer los principios generales que han de presidir la actuación de los poderes públicos en materia de igualdad de mujeres y hombres b) Establecer los principios particulares que han de presidir la actuación de los poderes públicos en materia de igualdad de mujeres y hombres c) Establecer los principios irrenunciables que han de presidir la actuación de los poderes públicos en materia de igualdad de mujeres y hombres d) Establecer los principios universales que han de presidir la actuación de los poderes públicos en materia de igualdad de mujeres y hombres.
La Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres tiene por objeto: a) Promover la autonomía y fortalecer la posición social, económica y política de las mujeres b) Promover la independencia y fortalecer la posición social, económica y política de las mujeres c) Promover la autonomía y fortalecer la posición social y económica de las mujeres d) Promover la autonomía y fortalecer la posición social, económica, deportiva y política de las mujeres.
Es un principio general que debe regir y orientar la actuación de los poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres: a) La acción negativa b) El equilibrio c) La coordinación equilibrada d) La igualdad de trato.
Cuál no es un principio general que debe regir y orientar la actuación de los poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres: a) Igualdad de oportunidades b) El respeto a la diversidad y a la diferencia c) La eliminación de roles y estereotipos en función del sexo d) La eliminación de la diversidad y la diferencia.
El fin último de la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres es: a) Lograr una sociedad igualitaria en la que todas las personas sean libres en el ámbito público b) Lograr una sociedad igualitaria en la que todas las personas sean libres en el ámbito privado c) Lograr una sociedad igualitaria en la que todas las personas sean libres tanto en el ámbito público como en el privado d) Lograr una sociedad igualitaria en la que todas las mujeres sean libres tanto en el ámbito público como en el privado.
Marcar la afirmación correcta: a) Se prohíbe toda discriminación basada en el sexo de las personas, tanto directa como colateral y cualquiera que sea la forma utilizada para ello b) Se prohíbe toda discriminación basada en el sexo de las personas, tanto directa como indirecta y cualquiera que sea la forma utilizada para ello c) Se prohíbe toda discriminación basada en el sexo de las personas, tanto directa como solapada y cualquiera que sea la forma utilizada para ello d) Se prohíbe toda discriminación directa basada en el sexo de las personas cualquiera que sea la forma utilizada para ello.
Existirá discriminación directa: a) Cuando una persona sea o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de su sexo o de circunstancias directamente relacionadas con el sexo, como el embarazo o la maternidad b) Cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de su sexo o de circunstancias directamente relacionadas con el sexo, como el embarazo o la maternidad. c) Cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de su sexo o de circunstancias indirectamente relacionadas con el sexo, como el embarazo o la maternidad d) Cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera diferente a otra en situación análoga por razón de su sexo o de circunstancias directamente relacionadas con el sexo, como el embarazo o la maternidad.
Sin perjuicio de su tipificación como delito, el acoso sexista en el trabajo: a) No tiene la consideración de discriminación directa por razón de sexo b) Tiene la consideración de discriminación indirecta por razón de sexo c) Tiene la consideración de discriminación directa por razón de sexo d) Tiene la consideración de discriminación extrema por razón de sexo.
Existirá discriminación indirecta: a) Cuando un acto jurídico, criterio o práctica aparentemente neutra perjudique a una proporción sustancialmente mayor de miembros de un mismo sexo b) cuando un acto jurídico, criterio o práctica aparentemente neutra perjudique a una proporción sustancialmente mayor de miembros de un mismo sexo, salvo que dicho acto jurídico, criterio o práctica resulte adecuada y necesaria y pueda justificarse con criterios objetivos que no estén relacionados con el sexo c) cuando un acto jurídico, criterio o práctica aparentemente neutra perjudique a una proporción sustancialmente menor de miembros de un mismo sexo d) cuando un acto jurídico, criterio o práctica aparentemente neutra perjudique a una proporción sustancialmente menor de miembros de un mismo sexo, salvo que dicho acto jurídico, criterio o práctica resulte adecuada y necesaria y pueda justificarse con criterios objetivos que no estén relacionados con el sexo.
No se considerarán constitutivas de discriminación por razón de sexo las medidas que: a) Aunque planteen un tratamiento diferente para las mujeres y los hombres, tienen una justificación subjetiva y razonable, entre las que se incluyen aquellas que se fundamentan en la acción positiva para las mujeres b) Aunque planteen un tratamiento diferente para las mujeres y los hombres, tienen una justificación objetiva y razonable, entre las que se incluyen aquellas que se fundamentan en la acción negativa para las mujeres, c) Aunque planteen un tratamiento diferente para las mujeres y los hombres, tienen una justificación objetiva y razonable, entre las que se incluyen aquellas que se fundamentan en la acción positiva para las mujeres d) Aunque planteen un tratamiento diferente para las mujeres y los hombres, tienen una justificación objetiva y subjetiva, entre las que se incluyen aquellas que se fundamentan en la acción positiva para las mujeres.
¿Por qué se justifica la acción positiva para las mujeres? a) Las respuestas b y c son correctas b) Por la necesidad de una protección especial de los sexos por motivos biológicos c) Por la promoción de la incorporación de los hombres al trabajo doméstico y de cuidado de las personas d) Las respuestas b y c son incorrectas.
¿Cuál es la afirmación incorrecta? a) Los poderes públicos vascos no podrán conceder ningún tipo de ayuda o subvención a ninguna actividad que sea discriminatoria por razón de sexo b) Los poderes públicos vascos no podrán conceder ningún tipo de ayuda o subvención a aquellas personas físicas y jurídicas que hayan sido sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, durante el período impuesto en la correspondiente sanción c) Los poderes públicos vascos no podrán conceder ningún tipo de ayuda o subvención a aquellas personas físicas y jurídicas que hayan sido sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, durante el plazo de tres años d) Los poderes públicos vascos garantizarán el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de aquellas mujeres.
Situaciones que puedan dar lugar a una múltiple discriminación: a) Raza, color, origen étnico, lengua, religión b) Opiniones políticas o de otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio c) Nacimiento, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social d) Todas son correctas.
Los poderes públicos vascos: a) Deben adoptar las medidas oportunas para garantizar el ejercicio efectivo por parte de mujeres y hombres, en condiciones de igualdad, de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales b) Los poderes públicos vascos deben adoptar las medidas oportunas para garantizar el control y acceso al poder c) Los poderes públicos vascos deben adoptar las medidas oportunas para garantizar el acceso al poder y a los recursos y beneficios económicos y sociales d) Todas las respuestas son correctas.
A efectos de esta ley, la igualdad de oportunidades se ha de entender referida: a) No sólo a las condiciones de partida o inicio en el acceso al poder y a los recursos y beneficios, sino también a las condiciones para el ejercicio y control efectivo de aquéllos b) Sólo a las condiciones de partida o inicio en el acceso al poder y a los recursos y beneficios c) Sólo a las condiciones de partida d) No sólo a las condiciones de partida o inicio en el acceso al poder y a los recursos y beneficios, sino también a las condiciones para la diversidad.
Los poderes públicos vascos garantizarán que el ejercicio efectivo de los derechos y el acceso a los recursos regulados en esta ley no se vea obstaculizado o impedido por la existencia de barreras: a) Cuya eliminación se contemple en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad b) Cuya eliminación se contemple en la Ley 20/1999, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad c) Cuya eliminación se contemple en la Ley 20/1999, de 4 de noviembre, para la Promoción de la Accesibilidad d) Cuya eliminación se contemple en la Ley 20/1997, de 4 de noviembre, para la Promoción de la Accesibilidad.
Los poderes públicos han de poner los medios necesarios para que el proceso hacia la igualdad de sexos se realice respetando tanto la diversidad y las diferencias existentes entre mujeres y hombres en cuanto: a) A su genética, condiciones de vida, aspiraciones y necesidades, como la diversidad y diferencias existentes dentro de los propios colectivos de mujeres y de hombres b) A su biología, condiciones de vida, aspiraciones y necesidades, como la diversidad y diferencias existentes dentro de los propios colectivos de mujeres y de hombres. c) A su biología, condiciones de vida, aspiraciones y deseos, como la diversidad y diferencias existentes dentro de los propios colectivos de mujeres d) A su genética, condiciones de vida, aspiraciones y necesidades, como la diversidad y diferencias existentes dentro de los propios colectivos de mujeres.
Los poderes públicos vascos han de incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas y acciones, de modo que: a) Establezcan en todas ellas el objetivo específico de eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres b) Establezcan en todas ellas el objetivo general de estudiar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres c) Establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres d) Establezcan en todas ellas el objetivo general de discutir las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.
A efectos de esta ley, se entiende por integración de la perspectiva de género: a) La consideración modélica de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres b) La consideración específica de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres c) La consideración general de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres d) La consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres.
Se incorporan objetivos y actuaciones específicas dirigidas a: a) Estudiar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación y evaluación b) Eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación c) Eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación d) Analizar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación.
¿Qué es la acción positiva? a) Para promover la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, los poderes públicos deben adoptar medidas genéricas y temporales destinadas a eliminar o reducir las desigualdades de hecho por razón de sexo existentes en los diferentes ámbitos de la vida b) Para promover la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, los poderes públicos deben adoptar medidas específicas y perpetuas destinadas a eliminar o reducir las desigualdades de hecho por razón de sexo existentes en los diferentes ámbitos de la vida c) Para promover la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, los poderes públicos deben adoptar medidas genéricas y a largo plazo destinadas a eliminar o reducir las desigualdades de hecho por razón de sexo existentes en los diferentes ámbitos de la vida d) Para promover la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, los poderes públicos deben adoptar medidas específicas y temporales destinadas a eliminar o reducir las desigualdades de hecho por razón de sexo existentes en los diferentes ámbitos de la vida.
Qué afirmación es incorrecta: a) Los poderes públicos vascos deben promover la eliminación de los roles sociales y estereotipos en función del sexo sobre los que se asienta la desigualdad entre mujeres y hombres b) Los roles sociales y estereotipos en función del sexo asignan a las mujeres la responsabilidad del ámbito de lo doméstico c) Los roles sociales y estereotipos en función del sexo asignan a los hombres la responsabilidad del ámbito público d) En función de los estereotipos, se produce una poco desigual valoración y un semejante reconocimiento económico y social.
Qué respuesta es la correcta: a) Los poderes públicos vascos han de adoptar las medidas oportunas para lograr una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de toma de decisiones b) Los poderes públicos vascos han de adoptar las medidas oportunas para lograr una presencia desequilibrada de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de toma de decisiones c) Los poderes públicos vascos han de adoptar las medidas oportunas para lograr una presencia igual de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de toma de decisiones d) Los poderes públicos vascos han de adoptar las medidas oportunas para lograr una presencia mayoritaria de mujeres en los distintos ámbitos de toma de decisiones.
A los efectos de esta ley, se considera que existe una representación equilibrada en los órganos administrativos pluripersonales cuando los dos sexos están representados al menos: a) Al 50%. b) Al 40% c) Al 45%. d) Al 30%.
Qué respuesta es la incorrecta: a) Los poderes públicos vascos tienen la obligación de colaborar y coordinar sus actuaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres para que sus intervenciones sean más eficaces y acordes con una utilización racional de los recursos b) Asimismo, han de promover la colaboración y el trabajo en común con otras instituciones y entidades de Euskal Herria y de fuera de ella con el fin de garantizar a toda la ciudadanía vasca la igualdad de mujeres y hombres c) Los poderes públicos vascos han de adoptar las medidas oportunas para lograr una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de toma de decisiones d) Asimismo, han de promover la colaboración y el trabajo en común con otras instituciones y entidades de Euskal Herria exclusivamente con el fin de garantizar a toda la ciudadanía vasca la igualdad de mujeres y hombres.
A efectos de esta ley, se considera acoso sexista en el trabajo: a) Cualquier comportamiento verbal o físico no deseado dirigido contra una persona por razón de su sexo y con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona o de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo b) Cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado dirigido contra una persona por razón de su sexo y con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona o de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo c) Cualquier comportamiento no verbal o físico no deseado dirigido contra una persona por razón de su sexo y con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona o de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo d) Cualquier comportamiento verbal, no verbal, físico o psíquico no deseado dirigido contra una persona por razón de su sexo y con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona o de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
El acoso sexista: a) Si es de índole sexual se considera acoso sexual b) Siempre es de índole sexual c) Nunca es de índole sexual d) Si es de índole sexual se considera acoso sexista.
El acoso sexista tendrá la consideración de: a) Falta disciplinaria grave para el personal funcionario de las administraciones públicas vascas, de conformidad con lo previsto por el artículo 2.1. de la presente ley, en relación con el artículo 83.b) de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca b) Falta disciplinaria muy grave para el personal funcionario de las administraciones públicas vascas, de conformidad con lo previsto por el artículo 2.1. de la presente ley, en relación con el artículo 73.b) de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca c) Falta disciplinaria muy grave para el personal funcionario de las administraciones públicas vascas, de conformidad con lo previsto por el artículo 2.1. de la presente ley, en relación con el artículo 83.b) de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca d) Falta disciplinaria muy grave para el personal funcionario de las administraciones públicas vascas, de conformidad con lo previsto por el artículo 2.1. de la presente ley, en relación con el artículo 73.b) de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.
Las administraciones públicas vascas: a) Actuarán de oficio ante denuncias de acoso sexista b) Actuarán a instancia de parte ante denuncias de acoso sexista c) No actuarán ante denuncias de acoso sexista d) Mantendrán una entrevista reservada si así lo consideran con la presunta acosada ante denuncias de acoso sexista.
Las administraciones públicas vascas, en el ámbito de sus competencias, han de garantizar a las víctimas de acoso sexista el derecho a: a) Una asistencia jurídica y psicológica urgente, gratuita, especializada, descentralizada y accesible b) Una asistencia jurídica y psicológica urgente, gratuita, especializada, centralizada y accesible c) Una asistencia jurídica y psicológica urgente, gratuita en algunos casos, especializada, descentralizada y accesible d) Una asistencia jurídica y psicológica rápida, gratuita, especializada, centralizada y accesible.
¿Cuál es el objeto del Estatuto Básico del Empleado Público? a) Establecer exclusivamente las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación b) Determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas c) Establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación d) Son correctas las opciones b y c.
¿Qué fundamentos de actuación refleja el Estatuto Básico del Empleado Público? a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses particulares b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional c) Subordinación en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas d) Movilidad en la condición de funcionario de carrera.
¿Qué fundamento de actuación no refleja el Estatuto Básico del Empleado Público? a) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos b) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos c) Transparencia d) Participación cooperativa y normativa.
¿Qué fundamentos de actuación refleja el Estatuto Básico del Empleado Público? a) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho b) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la determinación de las condiciones de empleo c) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público d) Todas las respuestas son correctas.
¿A quién se aplica el Estatuto Básico del Empleado Público? a) Al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de la Administración General del Estado b) Al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las Administraciones de las entidades locales c) Al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de Las Universidades Públicas d) Todas las respuestas son correctas.
¿A quién no se aplica el Estatuto Básico del Empleado Público? a) Al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla b) Al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las Administraciones de las entidades locales c) Al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con o sin personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas d) Al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de la Administración General del Estado.
Qué respuesta es la incorrecta: a) En la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público al personal investigador se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades b) Cada vez que el Estatuto Básico del Empleado Público haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud c) El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el presente Estatuto, con algunas excepciones d) El Estatuto Básico del Empleado Público no tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.
¿Por qué legislación se rige el personal funcionario de las Entidades Locales? a) Por la legislación estatal que resulte de aplicación y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local b) Por el Estatuto Básico del Empleado Público y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local c) Por la legislación de las comunidades autónomas exclusivamente d) Por la legislación estatal que resulte de aplicación y por la legislación local.
¿Por qué normativa se rigen los Cuerpos de Policía Local? a) Por el Estatuto Básico del Empleado Público y por la legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad b) Por la legislación de las comunidades autónomas exclusivamente, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad c) Por el Estatuto Básico del Empleado Público y por la legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad d) Por la legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
¿A qué personal sólo se aplicarán directamente las disposiciones del Estatuto Básico del Empleado Público cuando así lo disponga su legislación específica? (Marcar la opción incorrecta) a) Personal funcionario de las Cortes enerales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas b) Personal militar de las Fuerzas Armadas c) Personal del Centro Nacional de Inteligencia d) Personal no retribuido por arancel.
¿Por qué normas se regirá el personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos? a) Por sus normas generales y supletoriamente por lo dispuesto en el Estatuto b) Por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en el Estatuto c) Por sus normas generales y subsidiariamente por lo dispuesto en el Estatuto d) Por sus normas genéricas y directamente por lo dispuesto en el Estatuto.
En desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público: a) Las Cortes Generales no desarrollarán el Estatuto Básico del Empleado Público b) Las asambleas legislativas de las comunidades autónomas aprobarán las leyes reguladoras de la Función Pública de las comunidades autónomas c) Las asambleas legislativas de las comunidades autónomas no desarrollarán el Estatuto Básico del Empleado Público d) Las asambleas legislativas de sólo algunas comunidades autónomas aprobarán las leyes reguladoras de la Función Pública de las comunidades autónomas.
¿Por qué legislación se rige el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas? a) Además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público que así lo dispongan b) Exclusivamente por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables c) Subsidiariamente por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables d) Exclusivamente por el Estatuto Básico del Empleado Público.
¿Qué legislación se aplicará en materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica y lactancia al personal laboral al servicio de las Administraciones públicas? a) El Estatuto de los Trabajadores b) La legislación laboral específica c) El Estatuto Básico del Empleado Público d) La legislación laboral general.
¿Quiénes son empleados públicos? a) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses particulares b) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales c) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses específicos d) Quienes desempeñan funciones generales en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses del Estado.
¿Cómo se clasifican los empleados públicos? a) Funcionarios de carrera, interinos y personal eventual b) Funcionarios de carrera, interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual c) Funcionarios de carrera e interinos d) Funcionarios de carrera y personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
¿Quiénes son funcionarios de carrera? a) Quienes, en virtud de contrato público, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Laboral para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente b) Quienes, en virtud de contrato, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Laboral para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente c) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente d) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Laboral para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente o eventual.
¿Qué funciones corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos? a) El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas b) El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o cooperativa en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas c) El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o subsidiaria en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas d) El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o supletoria en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.
¿Quiénes son funcionarios interinos? a) Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para un periodo mínimo de tres meses para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera b) Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para un periodo mínimo de un mes para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera c) Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera d) Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de servicio público, son nombrados como tales para un periodo máximo de tres años para el desempeño de funciones de funcionarios de carrera.
¿Qué circunstancias tienen que darse para que se nombre un interino? a) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses b) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta seis meses más c) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de dieciocho meses d) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a dos años, ampliable hasta doce meses más.
¿Cómo serán los procesos de selección del personal funcionario? a) Públicos b) Internos c) Específicos e internos d) Generales e internos.
¿Cómo se rigen los procedimientos de selección del personal funcionario? a) Por los principios de igualdad, mérito, capacidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto, dando lugar al cabo del tiempo al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera b) Por los principios de igualdad, mérito, capacidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto c) Por los principios de jerarquía, mérito, capacidad y publicidad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto d) Por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto, dando lugar al cabo de seis años al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera.
¿Por qué causas la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad, sin derecho a compensación? a) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados b) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento. c) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento d) Todas las respuestas son correctas.
En el caso de plazas vacantes: a) Transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad. b) Transcurridos tres años y un mes desde el nombramiento del personal funcionario interino la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto. c) Si la plaza vacante ya ha estado cubierta por personal funcionario interino durante tres años, ya no se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino. d) Si la plaza vacante ya ha estado cubierta por personal funcionario interino durante tres años, se deberá cubrir la plaza por comisión de servicios o por libre designación.
¿En qué caso el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente? a) Siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de dos años y medio, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino. b) Siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino. c) Siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de treinta meses, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino. d) Siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años y un mes, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino.
Qué afirmación es la correcta: a) Al personal funcionario interino le serán aplicables mientras dure el nombramiento aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera. b) Al personal funcionario interino no le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en ningún caso. c) Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento. d) Al personal funcionario interino le serán aplicables durante tres años aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.
Qué afirmación es la correcta: a) Los procedimientos de selección del personal laboral serán por concurso. b) El contrato podrá ser fijo, por tiempo indefinido o eventual. c) Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. d) Los procedimientos de selección del personal laboral se regirán por los principios de igualdad, mérito y prioridad.
Es personal eventual: a) El que, en virtud de nombramiento y con carácter permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin b) El personal interino. c) El que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. d) El que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, realiza funciones propias del personal interino, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.
¿Quiénes establecerán el número máximo de personal eventual? a) Los respectivos órganos de gobierno de las Administraciones Públicas b) Las leyes de Función Pública. c) El Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad d) Ninguna respuesta es correcta.
El número máximo de personal eventual y las condiciones retributivas serán: a) Reservadas. b) Públicas. c) Internas. d) Reservadas e internas.
El nombramiento y cese de personal eventual: a) Serán internos y estrictos. b) Se harán de acuerdo a lo que acuerde el Ministro de Justicia o el Consejero de Sanidad c) Serán tasados d) Serán libres.
¿Cuándo tendrá lugar el cese del personal eventual? a) Cuando finalice la legislatura b) Cuando transcurran tres años, pudiéndose prorrogar dicho plazo hasta que se produzca el cese de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento c) Cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento y el de su sucesor. d) Cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.
Qué afirmación es incorrecta: a) La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna b) Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. c) El nombramiento y el cese del personal eventual serán libres d) Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general del personal laboral.
¿Quiénes podrán establecer el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición? a) El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas. b) El Gobierno exclusivamente. c) Los órganos de gobierno de las comunidades autónomas exclusivamente. d) El Ministro de Sanidad y el Consejero de Sanidad.
¿Qué afirmación es correcta? a) Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración b) Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de jerarquía, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia c) Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y coordinación d) Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas generales de cada Administración.
¿El personal directivo estará sujeto a evaluación? a) Sí, con arreglo a los criterios de eficacia y suficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. b) Sí, con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados c) Sí, con arreglo a los criterios de eficacia y publicidad, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados d) En ningún caso.
Qué afirmación es la correcta: a) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva. b) Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. c) Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. d) Todas las respuestas son correctas.
¿De qué fecha es el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público? a) 30 de noviembre de 2016. b) 30 de octubre de 2015. c) 30 de octubre de 2018. d) 30 de noviembre de 2010.
1.- ¿Cuál es el objeto de la Ley 8/ 1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi? a) La reordenación sanitaria de la Comunidad Autónoma de Euskadi b) La ordenación de los hospitales de la Comunidad Autónoma de Euskadi c) La ordenación sanitaria de la Comunidad Autónoma de Euskadi d) La reordenación de la Sanidad Pública y Privada.
2.- ¿Qué misión preferente corresponde a todos los poderes públicos vascos? a) Promocionar y reforzar la salud en cada uno de los sectores de la actividad sanitaria. b) Promocionar y reforzar la salud en cada uno de los sectores de la actividad socio-sanitaria. c) Promocionar y reforzar la salud en cada uno de los sectores de la actividad socio-económica. d) Promocionar y reforzar la salud en cada uno de los sectores de la actividad social y sanitaria.
3.- ¿Cuál no es el fin de todos los poderes públicos vascos? a) Estimular los hábitos de vida saludables b) La eliminación de los factores de riesgo c) La anulación de la incidencia de efectos negativos d) La sensibilización y falta de concienciación sobre el lugar secundario que por su naturaleza corresponde a la salud.
4.- ¿A quién compete preservar el marco institucional de la salud en Euskadi? a) Al Consejero de Sanidad b) Al Parlamento Vasco c) Al Gobierno Vasco d) Al Director-general de Osakidetza.
5.- ¿Qué respuesta es la correcta? a) El Gobierno Vasco adopta las medidas que estima oportunas para velar por su consideración en todas las políticas sectoriales b) El Consejero de Sanidad adopta las medidas que estima oportunas para velar por su consideración en todas las políticas generales c) El Director-general adopta las medidas que estima oportunas para velar por su consideración en todas las políticas específicas d) El Parlamento Vasco adopta las medidas que estima oportunas para velar por su consideración en todas las políticas positivas.
6.- ¿Qué propicia el Gobierno Vasco? a) El diseño de acciones positivas individuales que complementen a las sanitarias y sociales para lograr una mejora continua del nivel de salud de la población b) El diseño de acciones positivas multidisciplinares que complementen a las estrictamente sanitarias para lograr una mejora continua del nivel de salud de la población c) El diseño de acciones positivas multidisciplinares que complementen a las no sanitarias para lograr una mejora continua del nivel de salud de la población d) El diseño de acciones positivas multidisciplinares que complementen a las socio-sanitarias para lograr una mejora continua del nivel de salud de la población.
7.- Qué respuesta es la correcta: a) Corresponde exclusivamente a la Administración competente en servicios sociales la tutela general de la salud pública a través de medidas preventivas b) Se establecerán cauces de colaboración con las Administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales c) No compete a la Administración sanitaria vasca garantizar la tutela general de la salud pública a través de medidas preventivas d) Ninguna respuesta es correcta.
8.- De acuerdo al artículo 3 de la Ley 8/1997, ¿qué no compete a la Administración sanitaria vasca? a) Adoptar medidas preventivas b) Promocionar la salud c) Garantizar prestaciones sanitarias individuales d) Garantizar prestaciones sociales.
9.- No corresponderá a la Administración sanitaria vasca: a) La promoción de la salud. b) Garantizar la tutela de la salud a través de prestaciones sanitarias individuales c) Garantizar un dispositivo adecuado de medios para la provisión de las prestaciones aseguradas con carácter público d) La dotación de prestaciones económicas a los pacientes y usuarios más favorecidos.
10.- ¿El derecho a la protección de la salud tiene carácter universal en Euskadi? a) No desde la entrada en vigor de la Ley 8/1997 de Ordenación Sanitaria de Euskadi b) Sí para todas las personas residentes, pero para las transeúntes c) Sí, para todas las personas residentes, así como para las transeúntes d) No, debido a los convenios internacionales.
11.- ¿Qué garantizará el sistema sanitario de Euskadi en los términos previstos en la Ley de Ordenación Sanitaria? a) Las prestaciones sanitarias individuales conforme a la ordenación básica de la Comunidad Autónoma de Euskadi. b) Las prestaciones sanitarias individuales conforme a la ordenación básica del sistema nacional de salud. c) Las prestaciones sanitarias individuales conforme a la ordenación básica de derechos humanos. d) Las prestaciones sanitarias individuales conforme a la ordenación general de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
12.- ¿Cómo se regulará el procedimiento de acceso, administración y régimen de prestación de los servicios sanitarios? a) Por Ley b) Por Decreto-ley c) Por Reglamento d) Por bloques.
13.- ¿Procede la reclamación del importe de los servicios prestados respecto de aquellos sujetos que accedan con la consideración de pacientes privados o en los que exista un tercero responsable obligado al pago del coste de los servicios prestados? a) En los supuestos establecidos b) No. c) Nunca a los pacientes privados d) Ninguna respuesta es correcta.
14.- ¿Qué respuesta es correcta? a) El Parlamento Vasco podrá ampliar, en el territorio de Euskadi, el catálogo de prestaciones sanitarias b) El Parlamento Vasco no podrá ampliar, en el territorio de Euskadi, el catálogo de prestaciones sanitarias c) El Gobierno Vasco no podrá ampliar, en el territorio de Euskadi, el catálogo de prestaciones sanitarias d) El Gobierno Vasco podrá ampliar, en el territorio de Euskadi, el catálogo de prestaciones sanitarias.
15.- ¿Cómo se puede producir la ampliación del catálogo de prestaciones sanitarias individuales? a) Con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. b) Con cargo a las personas que las solicitan c) En algunos supuestos procederá la reclamación del importe de los servicios realizados a los terceros obligados al pago d) Todas las respuestas son correctas.
16.- ¿Para qué se crea el sistema sanitario de Euskadi? a) Para llevar a cabo una adecuada organización y ordenación de las actuaciones que competen al Gobierno Vasco b) Para llevar a cabo una adecuada organización y ordenación de las actuaciones que competen a la Administración sanitaria vasca c) Para llevar a cabo una adecuada organización y ordenación de las actuaciones que competen al Parlamento Vasco d) Para concretar y ordenar las actuaciones derivadas de la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca.
17.- ¿Cuál es el objetivo último del sistema sanitario de Euskadi? a) El mantenimiento, la recuperación y mejora del nivel de salud de la población y que está configurado con un carácter genérico por todos los recursos sanitarios públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi b) El mantenimiento, la recuperación y mejora del nivel de salud de la población y que está configurado con un carácter genérico por todos los recursos sanitarios públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Euskadi c) El mantenimiento, la recuperación y mejora del nivel de salud de la población y que está configurado con un carácter integral por todos los recursos sanitarios públicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi d) El mantenimiento, la recuperación y mejora del nivel de salud de la población y que está configurado con un carácter integral por todos los recursos sanitarios públicos, semipúblicos y privados de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
18.- ¿Qué principios informan el sistema sanitario de Euskadi? a) Universalidad, solidaridad, equidad, humanidad, calidad de los servicios y participación ciudadana b) Universalidad, solidaridad, humanidad, equidad y participación ciudadana c) Universalidad, solidaridad, equidad, calidad de los servicios y participación ciudadana d) Universalidad, solidaridad, equidad, calidad, transversalidad y participación ciudadana.
19.- Todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi se divide en demarcaciones geográficas denominadas: a) Área sanitaria b) Área de salud. c) Zona de salud d) Zona sanitaria.
20.- Todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi se divide en demarcaciones geográficas delimitadas: a) Legalmente, de acuerdo con la situación socio-sanitaria b) Por grupos, de acuerdo con la situación sanitaria c) Básicamente, de acuerdo con la situación sanitaria d) Reglamentariamente, de acuerdo con la situación socio-sanitaria.
21.- ¿Qué respuesta es la correcta? a) En el ámbito de cada área de salud se podrá señalar la ordenación territorial inferior que resulte necesaria en función de cada circunstancia territorial y, en su caso, para cada tipología de prestaciones y servicios sanitarios b) En cada área se garantizará una adecuada ordenación de la atención primaria y su coordinación con la atención secundaria c) En el ámbito de cada área de salud se podrá señalar la ordenación territorial superior que resulte necesaria en función de cada circunstancia territorial y, en su caso, para cada tipología de prestaciones y servicios sanitarios d) En cada zona de salud se garantizará una adecuada ordenación de la atención especializada y su coordinación con la atención socio-sanitaria primaria.
22.- Es un principio programático de organización y funcionamiento: a) La participación parlamentaria tanto en la formulación de los planes y objetivos particulares como en el seguimiento y evaluación final de los resultados de su ejecución b) La orientación secundaria de los medios y actuaciones a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades c) La evaluación continua de los componentes públicos y concertados del sistema sanitario aplicando criterios objetivos y homogéneos d) El incremento de los niveles de competencia entre los centros privados, con observancia de los principios de la gestión eficiente y de calidad.
23.- ¿Cuál no es un principio programático de organización y funcionamiento? a) La consideración de la persona como objetivo fundamental del sistema, que, garantizando el respeto a su personalidad e intimidad, propiciará su capacidad de elección y el acceso a los servicios sanitarios en condiciones de igualdad efectiva b) La participación ciudadana tanto en la formulación de los planes y objetivos generales como en el seguimiento y evaluación final de los resultados de su ejecución c) La concepción integral del sistema en la planificación de actuaciones y en su orientación unitaria hacia el conjunto definido por las facetas sanitarias de promoción, prevención, curación y rehabilitación del estado de salud d) El desarrollo externo de la organización mediante el principio de coordinación de los cometidos de regulación y financiación del sistema respecto de la provisión de servicios sanitarios.
24.- ¿Cuál no es un principio programático de organización y funcionamiento? a) El incremento de los niveles de competencia entre los centros públicos, con observancia de los principios de la gestión eficiente y de calidad b) La responsabilización y participación de los ciudadanos en las decisiones de organización y gestión de los recursos que tengan asignados c) La configuración, desarrollo y especialización en las tareas de fijación de objetivos y asignación de recursos para la provisión de servicios sanitarios d) La suficiencia del marco de financiación pública del catálogo de prestaciones sanitarias que asegura la Comunidad Autónoma de Euskadi.
25.- Para facilitar el cumplimiento de los principios programáticos del sistema, ¿qué actividades no se desarrollarán prioritariamente teniendo en cuenta la regulación del artículo 9? a) Realización de los estudios epidemiológicos necesarios y su seguimiento b) Campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad vasca c) Adopción de medidas para la promoción de la calidad de los servicios sanitarios por los provisores de los mismos d) Articulación de un sistema de auditoría interna y externa.
26.- Conforme al artículo 10, ¿qué garantizará el sistema sanitario de Euskadi? a) El desarrollo y aplicación de todos los derechos de carácter instrumental y complementario que deriven de la regulación legal del derecho a la protección de la salud b) El desarrollo y aplicación de todos los derechos y deberes de carácter principal y subsidiario que deriven de la regulación legal del derecho a la protección de la salud c) El desarrollo y aplicación de todos los derechos y deberes de carácter instrumental y complementario que deriven de la regulación legal del derecho a la protección de la salud d) El desarrollo y aplicación de todos los derechos de carácter coordinado que deriven de la regulación legal del derecho a la protección de la salud.
27.- Conforme al artículo 10, ¿qué potenciará el sistema sanitario de Euskadi? a) El máximo respeto a la personalidad y a los derechos fundamentales de las personas en sus relaciones con los servicios sanitarios b) El máximo respeto a la personalidad, capacidad e intimidad de las personas en sus relaciones con los servicios sanitarios c) El máximo respeto a la personalidad, dignidad humana e intimidad de las personas en sus relaciones con los servicios sanitarios d) El máximo respeto a la personalidad y a los derechos humanos en las relaciones con los servicios sanitarios.
28.- El sistema sanitario de Euskadi potenciará: a) La observancia de la obligación de dejar constancia escrita de todo proceso diagnóstico o terapéutico b) La observancia de la obligación de recabar el consentimiento correspondiente, previas las condiciones necesarias de información c) Ninguna respuesta es correcta d) Son correctas las opciones a y b.
29.- El procedimiento de acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios de cobertura pública: a) Garantizará el principio de igualdad sanitaria b) Procurará las condiciones organizativas que permitan una progresiva ampliación de la capacidad de elección del ciudadano sobre los servicios y los profesionales sanitarios c) Procurará las condiciones organizativas que permitan información precisa sobre sus derechos y obligaciones d) Son correctas las opciones b y c.
30.- ¿Cómo se crearán los consejos de participación comunitaria? a) Reglamentariamente b) Legalmente c) Por Orden d) Por Decreto-Legislativo.
31.- ¿Para qué ámbito se crean los consejos de participación comunitaria? a) Para el ámbito de toda la Comunidad Autónoma y para el ámbito de cada área de salud b) Para el ámbito provincial y para el ámbito de cada área de salud c) Para el ámbito provincial de cada área de salud d) Para el ámbito de cada centro de asistencia primaria.
32.- ¿Qué facultades se les atribuye a los consejos de participación comunitaria? a) Consultivas y de asesoramiento en la formulación de planes y objetivos específicos del sistema, así como en el seguimiento y evaluación final de los resultados de ejecución b) Consultivas e informativas en la formulación de planes y objetivos generales del sistema, así como en el seguimiento y evaluación final de los resultados de ejecución c) Consultivas e informativas en la formulación de planes y objetivos específicos del sistema, así como en el seguimiento y evaluación final de los resultados de ejecución d) Consultivas y de asesoramiento en la formulación de planes y objetivos generales del sistema, así como en el seguimiento y evaluación final de los resultados de ejecución.
33.- ¿Qué criterios deberá observar la composición de los consejos de participación comunitaria? a) De representatividad municipal y del sector sanitario b) De representatividad provincial y del sector sociosanitario c) De representatividad territorial y del sector sanitario d) De representatividad territorial y del sector sociosanitario.
34.- La composición de los consejos de participación comunitaria deberá incorporar: a) A representantes de las Administraciones locales y forales, de los colegios profesionales sanitarios, de las asociaciones de consumidores y usuarios y de los sindicatos y organizaciones empresariales b) A representantes de las Administraciones locales, de los colegios profesionales sanitarios, de las asociaciones de consumidores y usuarios y de los sindicatos c) A representantes de las Administraciones provinciales, de los colegios profesionales sanitarios, de las asociaciones de consumidores y usuarios y de los sindicatos d) A representantes de la Comunidad Autónoma, de los colegios profesionales sanitarios y de los sindicatos y organizaciones empresariales.
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